Cuestion de San Juan Discurso del Jeneral Bartolome Mitre pronunciado En el Senado el 19 de Junio de 1869 informando en la cuestion de San Juan.

Abstract

Discourse given by Bartolomé Mitre concerning the Province of San Juan, covering the tendency of the province's issues to become nationwide, the historical antecedents and articles 5 and 6 of the Argentine Constitution, the philosophy and article 4 of the American Constitution, the interventionary powers of Congress, the conciliatory solution for San Juan proposed by the Comision de Negocios Constitucionales, a critical examination of martial law as declared in San Juan, the progress of national intervention in San Juan, impeachment studies and their practical application, and provincial sovereignty
Metadata

Item Type:	Book or pamphlet
Creators:	Mitre, Bartolomé
Date:	1869
Place of Publication:	Buenos Aires
Publisher:	Imprenta del Siglo
Number of Pages:	51
Theme:	Political Culture
Country/Region:	Argentina
Keywords:	Bartolomé Mitre, Government Institutions, Civil Unrest, Government Administration, Sovereignty, Republicanism, Constitutionalism, Civil Law
URI:	http://liberalism-in-americas.org/id/eprint/385
Document text
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                    BUESTOS AIREES
                    Etoqmota ujl ?m»lj, "*1!o Ok- lo Vfetttfe fría» WJ
                    I «liCUESTION
                    
                    DE SAN JUAN
                    
                    DISCURSO
                    
                    JEITEHAí BARTOLOHS MITP.3
                    
                    PRONUNCIADO
                    Kn el Senado el 19 de Junio de 1869
                    
                    INFORMANDO    EN    LA    CUESTION    DE    SAN JUAN
                    
                    BUENOS AIRES
                    Imprenta del Siqlo, calle de la Victoria núm. 151
                    » 18 9 9ANALISIS DEL DISCURSO
                    
                    r —Tendencia do las cuestiones do la Provincia de San
                    Juan á convertirse en nacionales..
                    II—Antecedentes históricos de la Constitución Arjentina.
                    
                    III— Filosofía de la Constitución Americana, en cuanto £.
                    
                    la forma republicana.
                    
                    IV— Exámen del art. 4 ° de la Constitución Norte Ame
                    
                    ricana y del 5 o y 6 0 de la Constitución Arjentina
                    con respecto á la garantía y á la intervención.
                    V—Facultades del Congreso en materia de intervencio-
                    nes á efecto de garantir la forma republicana y
                    deberes del Poder Ejecutivo en presencia del Con
                    greso.
                    
                    VI—Facultad del Congreso para complementar y enmen-
                    dar los actos que caen bajo la acción lejislativa.
                    
                    VII—Solución conciliatoria de la cuestión de San Juan
                    propuesta por la Comisión de Negocios Constitu-
                    cionales sobre la base de una ley de compromiso
                    
                    VIII—Exámen, historia y condenación de la ley marcial
                    con motivo de haber sido declarada parcialmente
                    en San Juan.
                    
                    IX—Crónica de la cuestión de San Juan y marcha de la
                    
                    intervención nacional.
                    X—Estudios s^bre el juicio político en sus aplicaciones
                    practicas.
                    
                    XI— Exámen de esta cuestión ¿la acusación política trao
                    
                    aparejada la suspensión T
                    
                    XII— Consideraciones sobre el sistema bi-camarista en sus
                    
                    relaciones con el juicio político.
                    XIII—Soberanías Provinciales comprometidas.CUESTION DE SAN JUAN
                    
                    Diacurso del jcncral D. Bartolomé Jffitre
                    pronunciado en el Senado el 10 de
                    julio de 18«»
                    
                    INFORMANDO EX LA CUESTION  UB SAN JUAN.
                    
                    SeSx>r Presidente:
                    
                    La Provincia de San Juan ha perdido muchas
                    batallas; pero en todas ellas ha tenido la gloria d e
                    combatir por principios invencibles que han triun-
                    fado al fin y se han impuesto con la fuerza de una
                    ley. Sus cuestiones internas han tenido en todo
                    tiempo el previlegio de apasionar el corazón de los
                    Argentinos, y de convertirse en grandes cuestio-
                    nes nacionales, que salvando sus fronteras han re-corrido la República conmoviéndola profundamen-
                    te de un estremo á otro.
                    
                    Una cuestión de órden interno en la Provincia de
                    San Juan convertida en cuestión nacional, va á
                    ocuparnos también hoy, y al informar sobre ella co
                    mo miembro de la comisión en mayoria, hago no-
                    tar la singular coincidencia de que el comentario
                    del artículo constitucional que vamos á examinar
                    ha sido escrito con la sangre de sus mejores hijos.
                    
                    En efecto,  señor Presidente, el artículo 6 ° de
                    la Constitución Argentina no está escrito, ni como
                    se sancionó por el Congreso Constituyente de San
                    ta Fó, ni como se halla en Ja Constitución que nos
                    ha servido de modelo, porque si bien responde á
                    las mismas exigencias tiene distinto significado his-
                    tórico.   Este artículo  puede decirse que ha sido
                    ilustrado desde la tumba por las víctimas del Poci-
                    to.   Sin los antecedentes que prepararon esta ca
                    tástrofe, el artículo que nos ocupa no se habría re
                    formado, y. sin ella le faltaría su comentario escri-
                    to con lágrimas y con sangre.
                    
                    Es que detrás de los códigos fundamentales de
                    los pueblos libres, detrás de aquellas prescripcio-
                    nes que mejor garanten sus derechos, hay siempre
                    un espectro histórico que simboliza la lucha, el do-
                    lor ó el sacrificio, ya sea el de un libertador como
                    Washington, de un verdugo como Rosas, ó de 'ir»
                    mártir como Aberastain.
                    
                    Cada una de las grandes cuestiones resueltas
                    entre nosotros por el derecho constitucional, ha
                    sido un drama prolongado y palpitante, una pasión
                    ó un martirio á que esas soluciones responden y
                    se ligan: y así es como el artículo 6 ° á cuya luz
                    vamos á examinar esta cuestión, se liga providen-
                    cialmente á una batalla perdida por la Provincia
                    de San Juan, y detras de él se nos presenta el es-
                    pectro ensangrentado de Aberastain triunfando
                    aun después de muerto.
                    
                    Si recorremos las páginas de nuestra ley funda-
                    mental, encontraremos en cada una de ellas los ras-
                    tros indelebles de un pasado luctuoso, que son co-
                    mo esas cicatrices que conserva el esclavo redimi-
                    do en cada una de las manos con que levanta la
                    carta de manumisión que atestigua su antiguo
                    cautiverio.
                    
                    El Congreso Constituyente de 1853 prohibió las
                    ejecuciones á lanza y cuchillo, que la conciencia
                    pública ha borrado felizmente de costumbres hijas
                    de luchas bárbaras y fratricidas; y para mayor gloria
                    de este triunfo de la humanidad, esa prohibición
                    fué promulgada y observada por el mismo que
                    antes había ordenado y practicado ejecuciones ar-
                    bitrarias á lanza y cuchillo!
                    
                    Todavía no se ha borrado del recuerdo de las
                    generaciones presentes, aquellas abdicaciones co-
                    bardes del derecho propio y aquella usurpaciónmonstruosa de poderes ágenos, de que nuestra,
                    Constitución da testimonio en la prohibición de
                    otorgar facultades estraordinarias á ningún gober-
                    nante, ni poner á su disposición, como en otro tiem
                    po, el honor, la vida y la hacienda de todos, ense
                    ñándonos así que tales renuncias son nulas de he
                    cho y de derecho.
                    
                    También existe en nuestra Constitución como
                    una garantía del derecho humano y un bálsamo
                    derramado sobre antiguas y dolorosas heridas, esta
                    otra prohibición: no se matará por delitos políticos,
                    recordando y cerrando á la vez aquella época ne
                    fasta en que el vencedor se imponía al vencido
                    matándolo para convencerlo mejor; pero sin con
                    seguir matar las ideas que son inmortales.
                    
                    La Constitución Americana que ha sido nuestro
                    tipo, á,pesar de que fué hecha en la plenitud do!
                    derecho y de la libertad de un pueblo dueño de sí
                    mismo, no obstante que es hasta hoy en materia
                    de instituciones políticas el último resultado de la
                    lógica humana emancipada de la tutela de influen
                    cias bastardas, no deja de consignar en sus decía
                    raciones ciertas garantías que son verdaderas pro-
                    testas contra antiguos abusos atentatorios del de-
                    recho y de la dignidad humana.
                    
                    En algunos de sus artículos los convencionales
                    norte-americanos tuvieron presente el proscribir
                    y correjir antiguos abusos; pero no los tuvieron
                    
                    presentes todos. El pueblo á cuya revisión fué pre-
                    sentada la Constitución, no los habia olvidado, y
                    al poner la mano sobre ella, consigné en sus en-
                    miendas las protestas y las garantías, á la vez que
                    el principio generador. Por eso fué que estatuyó
                    lo relativo al alojamiento de tropa, que equivalía
                    á lo que llamábamos auxilios; por eso declaró que
                    jamás la libertad y la vida del ciudadano podían
                    estar á merced de un bilí de attainder, y colocó ba-
                    jo los auspicios protectores del jurado el derecho
                    común escluyendo el juicio por comisiones espe-
                    ciales que habían ensangrentado la madre patria.
                    
                    En el mismo artículo de aquel código fundamen-
                    tal de la democrácia en que se garante á cada Es-
                    tado una forma republicana de gobierno, también
                    hay, no diré una señal de los antiguos dolores y de
                    los antiguos abusos; pero sí el testimonio de un ele-
                    mento corruptor de la asociación política incorpo-
                    rado á una protesta y á una profesión de fé. Cuan-
                    do se dijo en la Constitución Norte-Americana: "los
                    Estados Unidos garanten á cada estado una forma
                    republicana de gobierno," quisieron simplemente
                    entonces consagrar su triunfo contra la forma mo-
                    nárquica reaccionando contra el antiguo régimen
                    para lo presente y lo futuro, según lo habían de-
                    clarado en su acta de independencia. Pero cuando
                    añadieron que ademas garantían á cada Estado
                    contra violencias domésticas, no solo quisieron pre-—  10 —
                    
                    venir los disturbios que son el escollo de la de-
                    mocracia, como lo decían los autores del Federalista
                    al esplicar esta disposición, sino también, y muy
                    principalmente, garantir á los Estados del Sur que
                    tenian esclavos contra el alzamiento posible de
                    ellos, poniendo asi al servicio de ta opresión las
                    fuerzas de la Union. Y aqui debemos inclinarnos
                    ante el poder irresistible de la lógica de la verdad
                    y la justicia, que hace que al fin se cumpla el es-
                    píritu de los decretos de Dios no obstante la letra
                    de los decretos humanos, no obstante las cobardes
                    capitulaciones dé los hombres que sacrifican el de-
                    recho eterno ante el hecho existente!
                    
                    Cerca de ochenta años despnes, esta cláusula
                    puesta en la Constitución para protejer á los amos
                    contra los esclavos, ha sido el instramento con que
                    se han roto los grillos de los esclavos. Entonces
                    aquellos grandes fundadores de la democracia no
                    se atrevieron á invocar, como en 1864 y 1865, el
                    acta de su independencia que definía con palabras
                    dignas de ser grabadas en bronce, lo que era un
                    gobierno republicano; porque entonces sus gran-
                    des preceptos no estaban cumplidos en tudas sus
                    partes. Fué en 1865 que se dijo: un gobierno re-
                    publicano es aquel que está arreglado a* los in-
                    mortales principios del acta de la independencia
                    de los Estados Unidos, aquel en que con arreglo
                    á ellos todos los hombres en su calidad de hora
                    
                    — 11 —
                    
                    bres son iguales sean gobernantes ó gobernados,
                    en que todo poder ejercido es una emanación po-
                    pular, conservando el pueblo su soberanía origi-
                    naria.
                    
                    Ha sido necesario que pasara casi un siglo para
                    que se diese su significado verdadero al artículo
                    de la garantía, proclamando solemnemente á la
                    faz del mundo, que aquellos Estados del Sur que
                    conservaban esclavos no eran republicanos, por
                    que no profesaban y practicaban el principio de la
                    igualdad humana base de ese sistema, y porque
                    en ella había hombres siervos que aunque negros
                    debían ser política y civilmente iguales á sus anti-
                    guos amos.
                    
                    Y entonces, cumpliéndose aquella lógica fatal
                    de la Providencia, la garantía á que se había in-
                    corporado en su origen la propiedad perpetua del
                    hombre sobre el hombre, sirvió para redimir á
                    los esclavos, aboliendo la esclavitud en nombre
                    de la forma republicana garantida para todos.
                    
                    Digo esto para confortarnos en la fe* y en la es-
                    peranza de los destinos definitivos de la verdad,
                    para que cuando veamos triunfante el error, falsea-
                    dos ó descono cidos los principios, ya sea en la
                    práctica ó en la ley misma, no desmayemos en la
                    tarea, porque ya hemos visto que con la misma
                    ley con que se forjan cadenas se destrozan, como
                    ha sucedido con la garantía dada á la esclavatura— 12 —
                    
                    en el artículo 4 ° de la Constitución Norte Ame-
                    ricana que corresponde al artículo 6 o de la Cons-
                    titución Argentina.
                    
                    Y aquí me encuentro en mi punto de partida
                    que es el artículo 6 ° de nuestra Constitución,
                    que ha motivado esta digresión.
                    
                    La Nación Argentina garante á cada provincia
                    una forma republicana de gobierno lo mismo que
                    la Ünion Americana á los Estados; pero nosotros
                    además de reformar el artículo 6 ° bajo el dictado
                    de severas lecciones que la esperiencia ha confir-
                    mado, teníamos en nuestra Constitución el articu-
                    lo 5 ° que se liga con el 6 ° y cuya filiación es
                    digna de estudiarse en esta ocasión en que vamos
                    á examinar la aplicación que de él se ha hecho.
                    
                    El artículo 5 ° impone á cada Provincia la obli-
                    gación de darse una Constitución con arreglo á
                    los preceptos de la Constitución Nacional, siendo
                    esta condición indispensable para la garantía en
                    el goce y ejercicio de  sus instituciones.
                    
                    Nosotros no teníamos que reaccionar contra la
                    monarquía cuando nos constituimos definitivamen-
                    te como nación. El peligro inmediato era otro ma-
                    yor, puesto que venia de nosotros mismos como
                    nn resultado del estravio lastimoso de la revolución
                    y de las desgracias de la guerra civil. -
                    
                    La República Argentina con rarísimas escepcio-
                    nes era presa del arbitrario irresponsable: los cau-
                    
                    — 13 —
                    
                    dillos vitalicios, encarnación del gobierno perso-
                    nal, producto de la anarquía sin ley ni correctivo,
                    disponían á su antojo de la suerte de los pueblos:
                    las provincias no tenían en su mayor parte nin-
                    guna organización política, ninguna garantía ci-
                    vil, ningún derecho asegurado ni siquiera en el
                    papel. Este artículo 5 o de que algunos preten-
                    den deducir una jurisprudencia estraña, no signifi-
                    ca otra cosa que la obligación impuesta á cada pro
                    vincia de arreglarse á derecho, dándose una cons-
                    titución escrita que devolviendo al pueblo sus li-
                    bertades, arrebataba á los mandones su poder
                    usurpado. Este artículo tiene también detrás de
                    sí sus espectros errantes, que son los caudillos vi-
                    talicios depuestos por las contituciones locales.
                    
                    Asi, pues, cuando en el artículo 6 o se dijo que
                    el Gobierno Federal, garantia la forma republica-
                    na representativa de gobierno, se colocó bajo la
                    alta protección de los poderes públicos de la na-
                    ción esta hermosa conquista del derecho, dando
                    punto de apoyo á las instituciones propias de cada
                    localidad. Pero la garantia al goce y ejercicio de
                    esas instituciones de que habla el articulo 5 ° tie-
                    ne distinta aplicación y alcance. La una se refiere
                    á la forma republicana en general, la otra á las for-
                    mas, 6 mas bien dicho, al modo de funcionar de
                    las instituciones. Una Cosa es el accidente parcial
                    y otra cosa es la subversión del sistema mismo.— 14 —
                    
                    No se puede invocar el articulo 6 ° diciendo
                    que la forma republicana de gobierno ha sido sub-
                    vertida, ni intervenir por derecho propio en el ré-
                    gimen interno de las provincias, sino en dos casos
                    estrenaos. El primero seria aquel en que retroce
                    diendo á la época anterior á la revolución, reac-
                    cionásemos coutra el principio democrático de los
                    heroicos fundadores de nuestra independencia, rom"
                    piendo el testamento de nuestros padres. El segun-
                    do seria cuando volviésemos al punto de partida
                    de la constitución actual, es decir cuando volvié-
                    semos "al régimen de los caudillos irresponsables,
                    centralizando de hecho ó do derecho todos los po-
                    deres en sus manos, y anulando por lo tanto la3
                    constituciones garantidas. Entonces y únicamente
                    entonces el Congreso dictaría la ley suprema, por
                    que es el único que puede dictarla, y proveeria
                    como corresponde al restablecimiento de la forma
                    representativa republicana de gobierno subvertida.
                    Esta gran facultad, que encomendada al Gobierno
                    Federal, ó lo que es lo mismo á los dos poderes
                    políticos de la nación, solo puede ejercerse por
                    autorización del único poder que tiene potestad
                    para dar la ley, es como las armas de Rolando:
                    deben estar colgadas aqui, en el recinto donde se
                    dicta la ley: solo la representación nacional puede
                    tocarlas, solo en nombre de la ley pueden esgri-
                    mirse.
                    
                    Ahora, en   cuanto á intervenir, ya para garantir
                    el orden constitucional establecido en cada provin-
                    cia, ó sea el goce y ejercicio de sus instituciones; ya
                    para garantir la estabilidad de las autoridades con
                    arreglo á esas instituciones; ya sea que de la requi-
                    sición nazca la  obligación de hacer práctica tal
                    garantía, ó que de la garantía resulte la obliga-
                    ción, puede decirse que es el mismo caso modi-
                    ficado en sus accidentes. Curtis lo. ha dicho; "El
                    fondo de estas estipulaciones (garantir á cada es-
                    tado una constitución republicana) era garantir al
                    pueblo de cada Estado el poder de gobernar su
                    propia comunidad por la acción de una mayoría,
                    de acuerdo con las reglas fundamentales que pres-
                    cribieren para establecer la voluntad pública" (Jfltst.
                    de la Const. Pág. 68.) Rossi marchando tras estas
                    huellas, ha dicho  también: (lee) "La garantía de
                    las constituciones tendrá por efecto que no po-
                    drán ser cambiadas sino del modo establecido por las
                    leyes. La garantía comprenderá á la vez los derechos
                    del pueblo y del gobierno. ¿El gobierno del pais
                    es derribado ó atacado por una facción? La nación
                    lo proteje. El gobierno trata de hacer violencias á
                    la constitución para arrebatar al pueblo el uso de
                    sus derechos? La nación proteje al pueblo" (Acta
                    Federal de Suiza pág. 468)
                    
                    En los dos casos, golpe de estado ó golpe de
                    pueblo, debe existir una ley del Congreso que de-termine el modo y forma de intervenir, al menos
                    mientras no exista como en Estados Unidos Bna
                    ley que dé esta facultad al Poder Ejecutivo.
                    
                    En los dos casos, la garantía es obligatoria ha-
                    biendo requisición y tratándose del réjiraen inter-
                    no asegurado á cada localidad.
                    
                    Cierto es que el Gobierno Federal, ó quien
                    ejerza cu su nombre esta facultad, tiene siempre su
                    juicio propio, y puede determinar si es llegado ó
                    no el caso de la garantía. Racionalmente debe su-
                    ponerse á los hombres que gobiernan las virtudes
                    cívicas, el anhelo del bien y la buena fé para apli
                    car las leyes y cumplirlas, y que en tales emerjcn
                    cias obrarán de conformidad con las prescripciones
                    constitucionales.
                    
                    Pero los hombres son falibles y pueden eqnivo
                    carse, aun procediendo de buena fé, y es por esto
                    que tan alta prerogativa no ha sido atribuida á un
                    solo poder, y ha sido distribuid i de modo que cor-
                    respondiendo á uno de ellos dictar la ley suprema
                    que hace la regla, pueda uno enmendar los errores
                    de los otros.
                    
                    La facultad para intervenir dada por la Consti-
                    tución al Gobierno Federal de la Nación Argenti-
                    na, ó en otros términos, al Poder Supremo de la
                    Nación, no es privativa de ninguno de los poderes
                    aisladamente; pero es privativo del Congreso dic-
                    tar la ley con arreglo á la cual se ha de ejercer.
                    
                    — 17 —
                    
                    Una vez dada la ley, si se comete su ejercicio al
                    Poder Ejecutivo, este no obra por derecho propio
                    sinó por una especie de delegación, que puede
                    tener mas ó menos amplitud, ser mas ó menos dis-
                    crecional. De todos modos, que la autorización
                    para intervenir sea implícita á veces, sea que es-
                    plicitamente se le cometa, esta facultad no pertene-
                    ce al número de aquellas atribuciones que son pri- -
                    vativas del Poder Ejecutivo, de cuya latitud solo
                    él es juez, que no pueden ser ampliadas ni res-
                    trinjidas por el Congreso, y de cayo uso es única-
                    mente responsable por medio del juicio político.
                    
                    La facultad de que se trata es, pues colectiva,
                    y complexa, no privativa; solo puede ejercerse en
                    el modo y forma que determine el que puede dic-
                    tar la ley, que es el Congreso; no corresponde á
                    las facultades esclusivas de cada uno de los pode-
                    res, cuya latitud solo á eílos toca medir, por con-
                    secuencia depende siempre de la ley ó de quien
                    puede dictar la ley de la materia y en el caso de
                    que por accidente el Ejecutivo desempeñe por s£
                    solo esta facultad, no estando espresamete au-
                    torizado por ley, llena una función meramente
                    suplementaria, que debe completarse y perfeccio-
                    narse por el voto del congreso, que puede ser ne-
                    gativo <5 aprobativo.
                    
                    Esto es tan elemental, ha sido dicho tantas ve-
                    ces, es tan incuestionable, que debía creerse y es-— 18 —
                    
                    perarse que jo trajese á la discusión argumentos
                    mas nuevos; pero cuando se enuncia una verdad
                    como esta, del mismo modo que cuando se levan-
                    ta una luz, no se necesitan mayores demostracio-
                    nes para probar que la luz brilla y alumbra.
                    
                    Una facultad dadada colectivamente á los dos
                    poderes políticos, no puede ser ejercida sinó por
                    los dos según su naturaleza, dando uno la .ley y
                    ejecutándola el otro, habiendo caso en que el po-
                    der que dicta la ley se reserve el control y la
                    aprobación definitiva.
                    
                    Esta afirmación que puede calificarse de pura-
                    mente teórica y tal vez de arbitraria, puedo fun-
                    darla en los precedentes y en la jurisprudencia,
                    demostrando de la manera mas clara y terminante
                    que así se ha practicado siempre, que asi se ha en-
                    tendido siempre, y que esta intelijencia es regla.
                    
                    En la biblioteca que veo por delante de los se-
                    ñores ministros no sé si se encuentra el tomo 17 de
                    las "Decisiones de la Corte Suprema de los Esta-
                    dos Unidos;" me parece que no. Si lo tuviese á la
                    vista yo pediría á uno de los señores ministros
                    abriese el tomo en la página 1 * y allí encontraría
                    la célebre sentencia del Juez Taney, gran juris-
                    consulto que ha ilnstrado y fijado la intelijencia
                    de las leyes de la materia haciendo jurisprudencia.
                    
                    Me permitiré recordar los antecedentes histéri-
                    cos de esta famosa sentencia.
                    
                    — 19 —
                    
                    Habia sucedido que en el Es;ado de Rhode
                    Islánd, existia vijente una vieja Carta de la Colo-
                    nia, que no se habia querido reformar, ó no habia
                    sido necesario hacerlo, porque era tan liberal que
                    respondía á las exijencias de la vida democrática.
                    Sin embargo, esta carta restrinjia el sufrajio de
                    los ciudadanos concediéndolo únicamente á los
                    propietarios, al estremo que, coü el andar del tiem-
                    po, Ja mayoría del pais se hallaba escluida del ejer-
                    cicio de este derecho político. Entonces vino una
                    revolución; pero una revolución pacífica y hermo-
                    sa, aunque irregular, del jénero de aquellas que ha-
                    cen los yankees en nombre del derecho, y con las
                    formas y los fines del derecho.
                    
                    Motu proprio convocaron una convención, como
                    se habia hecho antes en Pensilvania y Michigan:
                    se hizo una elección popular. No por esto se crea
                    que el pueblo se alarmase mucho, ni que hubo go-
                    bernador que lo declarase revolucionario, ni pre-
                    sidente que declarase que el Estado estaba en se
                    dicion.
                    
                    Pacíficamente se hizo la elección, y se reunió la
                    convención; pacificamente se adoptó la nueva cons-
                    titución y se nombró con arreglo á ella al nuevo
                    gobernador. Recien entonces el poder antiguo que
                    se apoyaba en la vieja Carta se sintió amagado en
                    su existencia y en sus derechos, y recien entonces
                    protestó.  Cuando el gobernador nuevamente elec-— 20 —
                    
                    to se presentó con su nombramiento popular, dire-
                    mos «si, á reclamará pacífica ó revolucionariamen
                    te el puesto que creia corresponderle, recien en-
                    tonces vino el conflicto, recien entonces el gobierno
                    del Estado se dió por entendido, declarando la ley
                    marcial. Este es el único ejemplo de un Estado
                    que haya declarado la ley marcial, y el único caso
                    en que antes de ahora la Corte Suprema de los Es-
                    tados Unidos hayo dado una declaración judicial
                    sobre el particular.
                    
                    Hasta aquel momento el Gobierno N icional no
                    habia intervenido en virtud de la garantía requeri-
                    da, sino de una manera indirecta, que sin embargo
                    daba la razón al Gobierno de la vieja Carta. Pero
                    atropellada la casa de un ciudadano en nombre de
                    la ley marcial, demandó al ejecutor de la órden an-
                    te la Corte Nacional del distrito. Esta córte era fe-
                    lizmente presidida, según creo, por el célebre Juez
                    Story,  autor de los inmortales Comentarios de la
                    Constitución Americana. Story dió su sentencia,
                    inhibiéndose de entender en la materia política, y
                    fallando en favor del derecho del antiguo gobier-
                    no del Estado. Esta sentencia fué en apelación á
                    la Suprema Córte, y motivó la sentencia del juez
                    Taney á que me he referido antes, y de que voy
                    á permitirme leer la parte mas importante que ha-
                    ce al caso.
                    
                    Dice Taney, Ó mas bien la Córte Suprema de
                    
                    — 21 —
                    
                    los Estados Unidos: (Lee) "Las Córtes de Justicia
                    uniformemente sostienen que corresponde al poder
                    político declarar si el gobierno de la Carta (en
                    Rhodei Island) ha sido depuesto ó no; y cuando
                    esta decisión haya tenido lugar, deben limitarse á
                    tomar nota de ella como la ley suprema del Estado,
                    sin necesidad de informes verbales, ni ezámen de
                    testigos. " (Dec. de la Córte. tomo 17, pag. 9.)
                    
                    Esto por lo que respecta á la jurisdicción y com-
                    petencia de los tribunales nacionales en materia de
                    intervención.
                    
                    Ahora por lo que respecta á la jurisdicción
                    constitucional, hé aquí lo que dice Taney en la
                    misma sentencia: (JLeé) wLa sección 4 05 del art. 4 °
                    de la Constitución de los Estados Unidos, garante
                    á cada Estado una forma republicana de gobierno,
                    protejiéndolos contra invasiones etc.—Con arre-
                    glo á este artículo de la constitución (continúa) toca
                    al Congreso (it rest with congresa) determinar qué
                    clase de gobierno es el que se halla establecido en
                    un Estado. Como los Estados Unidos garanten á
                    cada Estado una forma republicana de gobierno,
                    el congreso debe necesariamente decidir qué go-
                    bierno es el establecido en el Estado antes de po-
                    der determinar si es republicano ó no. Y cuando
                    (este es ejemplo meramente ilustrativo) los Senado-
                    res ó Representantes de un Estado son admitidos
                    en los consejos de la Union, la autoridad del go--   22 -
                    
                    bierno bajo el cual hao sido nombrados, asi como
                    su carácter republicano, es reconocido por la peca -
                    liar [proper~\ autoridad constitucional. Esta deci-
                    sión es obligatoria para los otros Departamentos
                    del Gobierno, y no puede ser cuestionada por un
                    tribunal judicial." (Pág. 10 id.)
                    
                    Dice ademas Taney desenvolviendo esta idea y
                    estableciendo el principio mas aplicable al caso:
                    (Z/ee) "Pertenece igualmente á la antes citada cláu
                    sula de la constitución, lo relativo á proveer á los
                    casos de violencia doméstica. Toca al congreso
                    también,   en este caso, determinar acerca de los
                    medios que deben adoptarse para hacer efectiva
                    la garantía. Pudo, por lo tanto, si asi lo hubiese
                    juzgado mas conveniente haber atribuido á un
                    tribunal (courV) la facultad de decidir cuándo ha
                    bia llegado el caso q\ie requería la intervención
                    del Gobierno Federal." (Pag. 10, id.)
                    
                    Hasta aquí habla solo con relación á la constitu
                    cion, y sigue después considerando la cuestión, en
                    sus relaciones con la legislación: "Pero el congreso
                    pensó de otro modo (no atribuyendo la facultad á
                    un tribunal como pudo hacerlo), y muy sabiamen-
                    te sin duda; y por la ley de Febrero 28 de 1795
                    dispuso que: "en el caso de una insurrección en
                    algún Estado contra el Gobierno del Estado, será
                    permitido al Presidente de loa Estados Unidos, sea
                    á requisición de la Legislatura del Estado, sea á re-
                    
                    — 23 —
                    
                    quisicion del Ejecutivo cuando la Legislatura no
                    pueda ser convocada, movilizar las milicias de cual-
                    quiera de los Estados, en el número, que considere
                    necesario á fin de dominar la insurrección."
                    (Pag. 10.)
                    
                    En cuanto á la responsabilidad del Presidente
                    usando de esta facultad, que no es suya por la
                    constitución, y que le es conferida por ley del con-
                    greso, dice Teney lo siguiente:—(üee) "Si el Pro- ¥
                    sidente ejerciendo este poder; cometiese error, ó
                    invadiese los derechos del pueblo del Estado, esta-
                    ría en las facultades del congreso aplicar por si
                    mismo el remedio (it would be in the power ofcon.
                    gress to apply the proper remedy.) En cuanto á las
                    cortes deben administrar la ley tal como la encuen-
                    tran." (id. 13.)
                    
                    Por consecuencia, según las declaraciones de es-
                    ta sentencia que hace jurisprudencia constitucio-
                    nal en los Estados Unidos, la facultad que nos ocu-
                    pa pertenece originariamente al Congreso: él pue-
                    de reglamentarla, puede delegarla ó darla ó hacer
                    de ella el uso que cree mas conveniente dentro de
                    los límites de sus facultades lcjislativas. Es el que
                    estatuye lejislando sobre lo que concierne al poder
                    supremo de la Nación. Y no solo establece que al
                    Coegreso toca determinar los medios de hacer efec-
                    tiva la garantía, y por lo tanto reglamentarla, des-
                    prendiéndose de mas ó menos poder, sino que ha— 24
                    
                    ido aun mas allá asentando de la manera mas e8-
                    plícita y categórica, que el congreso podría trasla-
                    dar ó atribuir esta facultad á un tribunal que re-
                    solviese cuando era llegado el caso de hacer efec-
                    tiva la garantía, ó sea de intervenir.
                    
                    Por muy respetable que sea esta decisión me
                    parece que en este punto nosotros no podemos ir
                    tan lejos, y si pudiéramos, no deberíamos ir. Con
                    , arreglo á nuestra Constitución no tenemos mas po-
                    der que aquel que el pueblo nos ha delegado para
                    dictar las leyes; pero no nos es permitido, ni ejecu-
                    tarlas por nosotros mismos^ ni encomendar su eje-
                    cución á otro poder que no sea el designado por la
                    Constitución: tenemos que hacer ejecutar nuestras
                    leyes por la mano del Poder Ejecutivo.
                    
                    De conformidad con esta doctrina, se dictó en
                    los Estados Unidos en 1792 la primera ley de inter-
                    vención que se rejistra en los Estatutos (Statutes
                    at lar ge, tom. 1 ° pag. 264), ley que llena todas
                    las exijencias del caso. Por ella el Congreso deter-
                    minó que en lo sucesivo fuese permitido (lawfut)
                    al Presidente de los Estados Unidos convocar las
                    milicias en el receso del Congreso, por cuanto has-
                    ta entonces no había sido permitido hacerlo por no
                    estar en sus atribuciones; pues allí lo mismo que
                    aquí es facultad privativa del Congreso que solo el
                    puede ejercer, y solo con su autorización puede
                    usarse legalmente, y asi dijo que fuese legal en los
                    
                    casos de invasión, insurrección, etc.; ó á requisi-
                    ción de los Estados para hacer efectiva la garantía
                    ó para hacer cumplir las leyes de la Union cuando
                    fuese necesario. Pero al dar esta atribusion al Pre-
                    sidente, y confiarle en cierto modo un poder dis-
                    crecional, no renunció el Congreso á la preroga-
                    tiva que le era propia, y que ningún parlamento
                    renuncia, que es reasumir la plenitud de su ejerci-
                    cio una vez reunido. Asi dijo en el art. 2 o de la
                    ley "que la milicia asi convocada, podía conti-
                    nuar en servicio únicamente hasta la espiración de
                    los treinta dias posteriores á la apertura de las sesio-
                    nes lejislati vas." Esto importa tanto como decir, que
                    en presencia del Congreso, el Presidente no puede
                    convocar las milicias sin su autorización espi esa,
                    cesando por el hecho la autorización que única-
                    mente responde á la época del re leso.
                    
                    Me parece que el señor Ministro tiene por de-
                    lante un libro que conozco y que puede suminis-
                    trar luz sobre el particular: me refiero á ese volú-
                    men blanco, que deben ser los estudios déla Cons-
                    titución americana por Paschall. Puede abrir el
                    señor Ministro el libro en la paj. 246 y confron-
                    tarlo con mis palabras para ver si me equivoco.
                    (£ee.) "Si hubiese un conflicto armado (dice Pas-
                    chall) es un caso de violencia interna, y una de las
                    partes debe hallarse en insurrección contra el go-
                    bierno legal. Como las leyes dan un poder discre-— 26 —
                    
                    cional al Presidente para ejercerlo según su jui-
                    cio respecto de los hechos, é\ es el único juez de la
                    existencia de esos hechos. Si yerra, el Congreso
                    puede aplicar por si el remedio adecuado." Es lo
                    mismo que dice el juez Taney en su sentencia: el
                    ejercicio de esa facultad nace para el Presidente
                    no de la Constitución, no de sus atribuciones pro-
                    pias, sino de las leyes del Congreso, y es responsa-
                    ble ante este de su uso.
                    
                    En el mismo capítulo habla Paschall de las cues-
                    tiones á que di<5 oríjen el ejercicio de tal facultad
                    con motivo de las leyes de reconstrucción; pero
                    estas cuestiones fueron resueltas en favor de la su-
                    prema cia del Congreso por lo que respecta al poder
                    llamado á estatuir en nombre del poder supremo
                    de la Nación, dictando en consecuencia leyes supre-
                    mas que obligan á todos los poderes ; como se re-
                    solvió igualmente lo relativo á enmendar y anular
                    actos del Poder Ejesutivo que caian bajo la acción
                    del lejislador, que es el remedio adecuado de que
                    habla el autor que el señor Ministro tiene en sus
                    manos. Puede rectificar la cita: es coheluyente.
                    
                    Preveo lo que me dirán: que el Congreso no
                    puede etimendar el error del presidente sino lla-
                    mándolo al banco de los acusados por delitos polí-
                    ticos ; qoe se lo por este medio pueden revindicarse
                    los derechos violados por él en las provincias ó en
                    la Nación. Pero, Sr., hablamos de errores y no de
                    
                    — 27 —
                    
                    delitos, y aun tratándose de faltas que no alcancen
                    i la categoría de altos crímenes ó delitos, mejor es
                    remediarlos que castigarlos.   Hombres de orden,
                    hombres de gobierno, que buscamos el bien del
                    país con ánimo imparcial y verdadero patriotismo,
                    digo, que si esa lógica ciega y rigorosa nos sirviese
                    únicamente de guia, vendríamos siempre á parar á
                    dos estremos igualmente perniciosos: ó no se po-
                    drían revindicar los derechos violados del pueblo
                    por medio del control ó fiscalización del Congreso,
                    y habría que producir para cada error una verda-
                    dera conmoción, ó para evitar este peligro habría
                    que contemporizar siempre con los errores del
                    poder.
                    
                    Esta lógica ciega, inflexible, que nos lleva ó á
                    hacer mas de lo conveniente, ó á no hacer nada,
                    dadas las imperfecciones de nuestro modo de ser
                    que todos conocemos, y los obstáculos con que lu-
                    chan los pueblos para gobernar y vivir constitucio
                    nalmente, vendría á aumentar las dificultades de los
                    hombres que gobiernan en la árdua y enojosa te-
                    rea que tienen entre manos, así como de los que
                    directa é indirectamente se interesan en la cosa pú-
                    blica.
                    
                    A propósito de esto, el autor del libro que el Sr.
                    Ministro tiene en este momento entre sus manos
                    {Paschall pág. 281) dice con motivo de las leyes
                    de reconstrucción de que habló antes, que habien-— 28 —
                    
                    do el Presidente en virtud de las facultades que le
                    daba el estado de guerra abolido parcialmente la
                    esclavatura en los Estados rebeldes, el Congreso por
                    una sé"rie de leyes enmendó alguno de los actos del
                    Presidente, anulando otros y dictando reglas distin-
                    tas de política interna, que prevalecieron á pesar del
                    veto, por este principio con que el mismo escritor
                    termina su comentario : "El Presidente como todos
                    los majistrados debe ser controlado por la Consti-
                    tución y las leyes del país." (Id. pág. 294.)
                    
                    Todo esto que es conoluyente para demostrar
                    que la facultad originaria le corresponde al Con-
                    greso y que á él toca estatuir legislativamente so-
                    bre los casos prácticos aun allí donde, como sucede
                    en los Estados Unidos, esa facultad ha sido transfe-
                    rida al Presidente para que la ejercite por sí duran-
                    te el receso, ¡ cuánto mas concluyente no será aquí
                    con aplicación á nosotros, donde esa facultad no ha
                    sido conferida por la ley á nadie, habiéndola rete-
                    nido el congreso en el hecho de no dar la ley !
                    
                    Me habia olvidado de decir (y esta es la oportu-
                    nidad de recordarlo) que después de la ley de 1792
                    de que hablé antes, se dictó en los Estados Unidos
                    la ley de 1795 de que habla el juez Taney en su
                    sentencia, que es exactamente la misma con dife-
                    rencia de pocas palabras. (St. at large, tom. 1. °
                    pág. 424.) Nosotros no hemos dado ninguna ley
                    que se parezca ni á la ley de 92, ni á la de 95 que
                    
                    — 29 —
                    
                    pío ve en á la intervención en los Estados á requisi-
                    ción de ellos. Nosotros no hemos dado al Presiden-
                    te la autorización para ejercitar la intervención con
                    pre3cindencia absoluta del Congreso. Por conse-
                    cuencia, lo único que está vijente es el artículo 6 °
                    de la Constitución Nacional que somete esta facul-
                    tad al Gobierno Federal de que el Congreso es par-
                    te integrante, y muy principal en -este caso.
                    
                    Pero ¿ el ejecutivo puede hacer uso de la facul-
                    tad de intervenir durante el róceso ? Téoricamen-
                    te podría sostenerse que no ; pero afirmo que sí.
                    Toda vez que el órden constitucional de una pro-
                    vincia esté perturbado, que haya requisición ó sea
                    llegado el de hacer efectiva la garantía constitucio-
                    nal, creo que es lícito al ejecutivo intervenir; pero
                    á condición de someter sus medidas al Congreso
                    en su próxima sesión, y estar á lo que él resuelva.
                    Esto es-lo que debe hacerse, y esto es lo que siem-
                    pre se ha hecho como lo atestiguan los precedentes
                    que han establecido jurisprudencia constitucional
                    sobre la materia.
                    
                    Sr. Presidente, señores, tal vez parezca que me
                    detengo demasiado desarrollando la parte téorica
                    de este asunto; pero como esta es una cuestión
                    mas bien constitucional que política, como interesa
                    á los principios mas que á las personas, y están
                    comprometidos en ella tanto el porvenir como el
                    presente, he querido plantearla con claridad sobre— 30 —
                    
                    las bases del derecho, antes de tratar la parte prác-
                    tica del negocio que mas interesa á la actualidad.
                    
                    Resumiendo, pues, lo dicho, establezco : 1 °
                    Que las atribuciones del art. 6 o de la Constitución
                    corresponden orijinariamentc al Congreso : 2 ° Que
                    así se ha entendido y practicado siempre entre
                    nosotros: 3 ° Que tal es la jurisprudencia consti-
                    tucional de los Estados Unidos: 4 ° Que esta fa-
                    cultad no ha sido delegada á nadie entre nosotros
                    por ley espresa y terminante y ha quedado por lo
                    tanto inmanente en el Congreso: 5 ° Que tal fa-
                    cultad aolo obra en virtud de la constitución y en
                    nombre de la ley suprema, que solo el Congreso
                    puede dictar: 6 ° Que en el receso cuando peligre
                    el orden constitucional es lícito al Poder Ejecutivo
                    intervenir en las Provincias á los efectos de la ga-
                    rantía, con la condición de dar cuenta al Congreso:
                    7 ° Que los actos del Poder Ejecutivo, en tal caso
                    caen bajo la acción lejislativa del Congreso.
                    
                    Tal es en resumen el estado de la cuestión con-
                    siderada por su faz constitucional
                    
                    La Comisión de negocios constitucionales ha es-
                    tudiado detenidamente esta cuestión, ya del punto
                    de vista de los hechos, ya en sus relaciones con el
                    derecho, ya consultando las conveniencias públi-
                    cas. Muchos son los caminos que se han propuesto
                    para dirimirla y llegar al fin que nos habíamos
                    propuesto. Al fin la mayoría de la comisión se ha
                    
                    — 31 —
                    
                    uniformado en una solución practica, tranquila y
                    legal, que respondiendo á las reglas de buen go-
                    bierno respondiese también á las exijencias lejíti-
                    mas de la opinión.
                    
                    El Gobierno Nacional interviniendo en la provin-
                    cia de San Juan durante el receso de las cámaras,
                    podría, según el juicio de algunos miembros de la
                    comisión, no haber procedido con toda la prudencia
                    y circunspección debida, ni con sugecion estricta á
                    las leyes que debían servirle de norma; pero nos-
                    otros no nos hemos ocupado tanto de esto como de
                    la cuestión de actualidad en que estaba comprome-
                    tida la soberanía y la tranquilidad de una provincia
                    hermana.
                    
                    Por mi parte, y aun cuando todos no hayan par-
                    ticipado en la misma estension de mis convicciones,
                    opino que el Ejecutivo Nacional cuando decretó
                    la intervención de San Juan, procedió en su dere-
                    cho, aunque pueda tal vez pensar que pudo em-
                    plear algún otro medio mas prudente y mas eficaz
                    que no es del caso examinar.
                    
                    Opino también, ó mas bien dicho, opinamos
                    todos los miembros de la comisión, que los poderes
                    públicos de la Provincia de San Juan, habían fal-
                    seado en la práctica, no subvertido, como se dice,
                    la forma republicana representativa de gobierno ;
                    pero no creemos que la intervención ha podido ni
                    debido llevarse á nombre del principio fundamen-— 32 —
                    
                    tal, siuo á consecuencia del mero accidente, 6 sea
                    la interrupción del ejercicio de las instituciones,
                    que era lo que iba á garantirse por la intervención,
                    y no la forma republicana de gobierno.
                    
                    Esto es lo único que nos ha enseñado este cua-
                    dro de antecedentes sobre la cuestión de San Juan
                    que se ha impreso y se nos ha distribuido. Por lo
                    que á mí respecta debo decir, que habiéndolo leído
                    con atención, habiéndolo estudiado, porque des-
                    graciadamente era mi deber hacerlo como miembro
                    informante de la comisión, he sentido una profun-
                    da tristeza. La pasión y los mezquinos intereses han
                    desfigurado los hechos, y es inútil buscar en esos
                    antecedentes la luz que debe guiar una conciencia
                    imparcial. Al leerlo he pensado que si algún dia
                    caen estas pájinas en manos de nuestros hijos, po-
                    drían decir con visos de justicia, que habíamos mal-
                    gastado miserablemente nuestro tiempo, y que ca-
                    recíamos del sentimiento y hasta de la noción de
                    la verdad!
                    
                    Veo aquí de parte de la legislatura de San Juan,
                    como del gobernador de San Juan y de todos los
                    poderes públicos que han dejado su huella en estos
                    papeles, nada mas que pasiones estrechas y errores
                    lamentables: ni una chispa de patriotismo ni de
                    fecunda inteligencia brota de estas pájinas. He se-
                    guido con afán todos los pasos de los poderes que
                    han intervenido en esta cuestión,  he buscado en
                    
                    — 33 —
                    
                    ellas una de aquellas inspiraciones que cautivan el
                    alma, para poder presentarlas como un hallazgo en
                    esta discusión, y no la he encontrado.
                    
                    Por cierto que el conflicto de San Juan no ocu-
                    pará en la historia, ni como escarmiento, ni como
                    lección, el lugar que ocupa el conflicto de la Caro-
                    lina del Sud :' ni aquel alto ejemplo de moderación
                    del Presidente, ni aquel inmortal comentario de
                    Jackson', ni siquiera aquella teoría errada, pero que
                    al menos sirvió para vencer y convencer á sus sos
                    tenedores, y muy felices si al menos resultase corno
                    en aquella ocasión una ley de compromiso!
                    
                    Sin embargo, debemos conceder á todos buena
                    intención aun en medio de sus estravíos, debemos
                    tratar á todos con benevolencia, debemos recordar
                    que son argentinos, que son hermanos, y que cua-
                    lesquiera que sean los errores en que incurran los
                    unos respecto de los otros, han sido, son, y tenemos
                    que ser todavía bastantes desgraciados parn tener
                    que dispensarnos mútuamente nuestras faltas.
                    
                    Por esta razón nosotros á la par de concienzudos,
                    hemos sido políticos prácticos, y hemos dicho, sin
                    pretender compararnos con el Redentor, que no ve-
                    níamos á cortar con la espada, sino á desatar y
                    cumplir según nos lo enseña el Evangelio.
                    
                    Queremos, pues, que esta cuestión se encamine
                    constitucionalmente, que se resuelva pacíficamen-
                    te, que se satisfagan las legítimas aspiraciones del— 34 — «
                    
                    pueblo y se salve él decoro de lo* altos poderes
                    públicos que pueden estar comprometidos.
                    
                    No proponemos un voto de censura implícito ni
                    esplícito al Poder Ejecutivo, ni lo propondríamos
                    aunque tuviésemos derecho para hacerlo; que
                    pienso no lo tenemos. No somos aquí censores del
                    Ejecutivo Nacional, ni jueces del Gobernador Za-
                    valla, ni es nuestra misión corregir los errores de
                    la lejislatura de San Juan. Miramos á todos con un
                    espíritu verdaderamente fraternal, podemos decir
                    paternal, porque no participando de las pasiones de
                    los unos, ni estando empeñado nuestro amor pro-
                    pio en la cuestión, podemos dar á cada uno con
                    ánimo tranquilo la parte de vituperio que le cor-
                    responda, dispensándolos de la responsabilidad que
                    es común á unos y otros, y de que todos son mas
                    ó menos solidarios.
                    
                    He buscado en estos documentos un hecho con-
                    ductor, un punto de apoyo cualquiera para poder
                    enmedar lógicamente esas faltas, y no le he encon-
                    trado. Lo único que he encontrado en ellos como
                    elemento de la solución buscada, y lo único que
                    encontrará probablemente el que se tome el ímpro-
                    bo trabajo de interrogar estos papeles, ha sido una
                    fecha, la fecha del 24 de Marzo.
                    
                    Estrt fecha parece misteriosa, como lo son aque-
                    llos hechos que parecen no ^tener esplicacion y que
                    sin embargo vienen á producir ciertas armonías
                    
                    — 35 —
                    
                    lógicas que llevan al hombre por caminos no pre-
                    vistos, á la solución de las mas árduas cuestiones,
                    así en el órden político como en el órden social.
                    
                    Cualquiera' otra fecha que se tome en esta cues-
                    tión, tiene que dar un resultado contrario ó nega-
                    tivo. Con ella todo queda felizmente conciliado,
                    pudiendo darse una solución tan práctica como pa-
                    cífica, que si no satisface igualmente á todos es la
                    que presenta menos inconvenientes. Es lo que pue-
                    de llamarse una ley de compromiso sobre la base
                    de una fecha.
                    
                    Para poder apreciar mejor el valor de esta fecha,
                    que puede llamarse histórica, porque hácia ella
                    converjen todos los hechos capitales, bueno es re-
                    cordar los antecedentes á que se liga.
                    
                    El 30 de Octubre de 1868 el Gobernador Zava-
                    11a, abrogándose una atribución que no le pertene-
                    cía, desconoció, á requisición de una minoría de la
                    legislatura de San Juan, los procederes de otra mi-
                    noría de la misma que se había constituido en ma-
                    yoría formando quorum por la incorporación de
                    nuevos diputados electos, cuyos poderes no habían
                    sido aprobados aun. El decreto que espidió con tal
                    motivo es verdaderamente atentatorio y contrario'
                    á las reglas del régimen parlamentario. La parte
                    de la Legislatura constituida en meyoría requirió
                    en consecuencia y en el carácter de poder público,
                    la intervención nacional á los efectos de la garan-— 36 —
                    
                    lia. El Ejecutivo Nacional la concedió, en circuns-
                    tancias que esa gran parte de los diputados que
                    habían requerido la intervención se hallaban ¡legal-
                    mente presos y sometidos á lá justicia ordinaria
                    por instigación del Gobernador Zavalla. En conse-
                    cuencia espidió el 3 de Diciembre del mismo-año
                    un decreto, sobre el cual llamo la atención de los
                    señores senadores.  En ese decreto no se dice que
                    vá á intervenir por derecho propio como lo ha de-
                    clarado después, ni que vá á restablecer la forma
                    republicana de gobierno subvertida, como lo dice
                    hoy, sino simplemente que vá á hacerlo á requisi-
                    ción del poder legislativo depuesto por el Gober-
                    nador.   Vá, pues, á reponer un poder, á ponerlo'
                    como estaba, lo que prueba que no hay forma de
                    gobierno subvertida, sino interrupción en el ejerci-
                    cio de las instituciones garantidas   Esto es claro y
                    es elemental también.
                    
                    Pero tomo este decreto tal como es, y para no
                    complicar la cuestión, escusaré* traer al debate el
                    examen ciertos principios y consideraciones que
                    podrían ilustrarlo mucho en otro sentido, porque
                    ello no nos conduce á la solución práctica de las
                    dificultades que rodearon á la provincia de San
                    Juan y al Comisionado nacional y que han dado
                    por resultado la violenta situación hija de la obce-
                    cación de los contendentes 7 de las pasiones ence-
                    guecidas en la lucha.
                    
                    — 37 —
                    
                    Al fin, mal ó bien, se instala la lejislatura el 8 de
                    Febrero de 1869. Desde este día comienza la serie
                    de irregularidades de la lejislatura, irregularidades
                    que el mismo poder interventor bajo cuyos auspi-
                    cios se verificó la reposición, no ha podido menos
                    de condenar como puede verse en la proclamación
                    del Presidente de la República.
                    
                    El primer uso que hace la lejislatura de su liber
                    tad de acción, no es como se creería, doblar la ro-
                    dilla y dar gracias á Dios porque la soberanía que
                    representaba se hubiese salvado, no. Es que aque- >
                    líos lejisladores no estaban poseídos del espíritu je-
                    neroso que anima á los defensores de los principios
                    y fortalece á sus mártires. Todos sus actos llevan
                    desde aquel instante el sello de la mezquindad ó la
                    venganza. Todas las leyes, todos los decretos, todas
                    las medidas dictadas desde entonces por la lejisla
                    tura repuesta, no son sinó pequeños medios de que
                    se valen los partidos pequeños para obtener peque-
                    ñas ventajas ; todo es tendente á dar forma y res-
                    ponder únicamente al propósito que la traía ajitán-
                    dose, que era el monopolio de las elecciones en lo
                    futuro, y la elección de un senador por el momento.
                    
                    Esto se ha dicho por una voz autorizada, y es la
                    verdad.
                    
                    Todo se ha sacrificado, todo se ha puesto en con-
                    moción en la Provincia de San Juan para obtener
                    este pobre resultado.   Se han falseado .las institu-— 38 —
                    
                    ciones, se han atropellado los poderes, se ha divi-
                    dido la sociedad en dos campos, se han hecho pro-
                    testas y se han producido conflictos por una y otra
                    parte, y después de todo esto, el primer acto de la
                    lejislatura antes de acordarse de Dios y deL pueblo
                    es asegurar vergonzosamente el fruto de la victoria
                    nombrando un Senador de la manerá menos pru-
                    dente, menos popular, y olvidando hasta las reglas
                    del decoro.   No soy yo quien dice esto : es el mis-
                    mo Presidente de la República en su manifiesto. T
                    para que ningún accidente innoble faltase á este
                    acto, el local ordinario de las sesiones se traslada a
                    la casa particular del mismo que era nombrado se-
                    nador, y allí á puertas cerradas, en sesión «ecre-
                    ta,  escluidos los   diputados de la minoría, aun
                    aquellos que no habian sido declarados cesantes,
                    se efectúa la elección !        - .
                    
                    Agregúese á esto las leyes dictadas, no inspira-
                    das ni por la inteligencia, ni consultando el bien de
                    sus comitentes ; agregúese todas las disposiciones
                    que llevan el carácter de un interés egoista ó de un
                    designio manifiesto de venganza política, y se ten
                    drá una idea de los sentimientos, de los intereses
                    y de los móviles encerrados bajo la llave del dueño
                    de casa, en aquel estrecho recinto sin horizonte y
                    sin luz que se llamaba la lejislatura.
                    
                    Tal es el triste fondo sobre el cual se dibujan las
                    cuestiones de San Juan.
                    
                    — 39 —
                    
                    Dicen que la mejor lección que puede darse para
                    corregir del vicio de la embriaguez, es mostrar un
                    ébrio. No sucede esto al parecer en el vértigo po-
                    lítico que perturba la razón serena de los hombres.
                    
                    El Gobernador Zavalla en presencia del espectá-
                    culo que ofrecía la lejislatura, debió pensar en su
                    propia dignidad, en lo que le tocaba hacer, y en
                    lo que debía evitar; pero estaba envuelto en el
                    torbellino y era arrastrado por él. Unos y otros
                    habian perdido la cabeza.
                    
                    El Gobernador Zavalla no lo hace mejor que la
                    • lejislatura. Apénas retirada la intervención, pre -
                    tende que ella ha sido limitada á poner en libertad
                    á los diputados presos; lo que sea dicho en su abo-
                    no, podía deducirse del testo de los documentos na-
                    cionales. Pero vá mas adelante. Partiendo de esa
                    base, manda poner en todo su vigor los decretos
                    anteriores que habian motivado la intervención,
                    cuya legalidad había reconocido él mismo.
                    
                    Esta reincidencia dió motivo á una nueva requi-
                    sición de parte de la lejislatura. Entonces el Eje-
                    cutivo Nacional, que aunque á la distancia parece
                    haber sido atraido por aquel vértigo de pasiones
                    que se ajitaba á sus pies, espidió con fecha 4 de
                    Márzo un decreto, que no quiero criticar, pero que,
                    ni me parece regular, ni el que la prudencia y la
                    ley aconsejaban en tales circunstancias.
                    
                    Junto con ese decreto el Ejecutivo Nacional pu-
                    
                    »— 40 —
                    
                    blicó varios documentos y entre ellos un manifies-
                    to ó proclamación del Presidente de la República,
                    de que tampoco quiero ocuparme....
                    
                    Pero antes de pasar mas adelante debo decir;
                    que antes de que el Ejecutivo Nacional diese el de
                    creto de 4 de Marzo por el cual la fuerza pública
                    era puesta al servicio de la lejislatura, el Goberna-
                    dor Zavalla mal aconsejado, habia espedido ya otro
                    decreto haciendo salir las fuerzas nacionales del
                    territorio de la provincia, dando por razón que
                    ejercian presión sjbre su autoridad, lo que parece
                    cierto. En «presencia de este hecho, que de todos
                    modos podía importar, ó un desacato ó una ame-
                    naza de parte del Gobernador de San Juan, el Eje
                    cativo Nacional dictó el decreto de que he hablado
                    antes declarándolo en verdadera sedíccion (son las
                    palabras,) mandando convocar la milicia para ha-
                    cer cumplir las leyes de la Nación, sujetando á la
                    ley militar á todos los ciudadanos de la provincia,
                    y proclamando á son de trompas la ley marcial con-
                    tra todos los que apoyasen al Gobernador Zavalla
                    en lo que se llamaba su rebelión ó sedición.
                    
                    El artículo 3. ° del decreto de 4 de Mirzo dice
                    asi: "Todo ciudadano que tome las armas para re-
                    sistir con el Gobernador de San Juan las resolucio-
                    nes de las autoridades nacionales, será considerado
                    en rebelión contra ellos y por lo tanto sujeto á
                    las leyes militares que rijen al caso."
                    
                    — 41 —
                    
                    i
                    
                    Esta era la ley militar aplicada á la milicia con-
                    tra la jurisprudencia constitucional de Kent; la
                    ley marcial proclamada contra la letra y el espíritu
                    de la "constitución; es la jurisdicción y la compe-
                    tencia militar aplicada á delitos militares, á delitos
                    políticos y á delitos comunes, contra el testo es-
                    preso de la ley de justicia federal.
                    
                    La lójica del discurso y la corriente de la pala-
                    bra me lleva á tocar una cuestión de que la comi-
                    sión habia acordado prescindir á indicación mía
                    antes de ahora.
                    
                    Aunque en este punto de la ley marcial estaba
                    yo apasionado como lo declaré entonces y lo de-
                    claro ahora, habria hecho el sacrificio de no hablar
                    de él, imponiendo silencio á mis mas hondas con-
                    vicciones.
                    
                    Fiel á este propósito me habria limitado á hacer
                    notar la transgrecion de la ley y aun á pasar por
                    alto un decreto que no habia tenido ejecución en
                    en San Juan, y habia sido revocado. Habria pres-
                    cindido también de otro acto que con este decreto
                    se liga, que es la tentativa de aplicar la misma ley
                    á los presos políticos tomados en Salta, porqué-
                    desde que la Suprema Córte de Justicia Federal
                    lo habia correjido no habia para qué*. Pero en pre-
                    sencia de la sangre derramada en San Luis, ante las
                    declaraciones que se han hecho sobre el cádaver
                    de Zacarías Segura y las leyes que se han invoca-do para justificar tal ejecución, yo no puedo guar-
                    dar silencio.
                    
                    Sean mis palabras aceptadas por la comisión ó
                    dichas en mi nombre y bajo mi sola responsabili-
                    dad, yo las profiero obedeciendo á la voz imperiosa
                    de mi conciencia, y declaro que la ejetíucion de
                    Zacarías Segura en San Luis, es un verdadero
                    asesinato!
                    
                    No quiero exaltarme, mi espíritu está sereno r
                    hablo tranquilamente.
                    
                    La ejecución de un preso c5 prisionero sea ó no
                    delincuente político, sea bandolero ó belijerante,
                    yo la califico de tal, y me ratifico en esta palabra,
                    pidiendo que se inserte en el acta de este dia.
                    
                    Es un asesinato, porque todo hombre que no es
                    muerto por sentencia de su juez natural, está mal
                    muerto; y porque, aun cuando pueda serlo con
                    motivo, no lo es con justicia y con legalidad. La
                    administración de justicia en lo criminal ha sido es-
                    tablecida, para garantir la seguridad de los que
                    viven tranquilos en su hogar; pero también y muy
                    principal y directamente para garantir la vida de
                    los desgraciados que caen bajo su jurisdicción.
                    Los tribunales y los jueces han sido instituidos
                    para juzgar los delitos y sentenciar los criminales
                    oon arreglo á las leyes. Las leyes militares solo
                    rijen á los militares. Aplicarlas al castigo de deli-
                    tos comunes ó de individuos que no corresponden
                    
                    á su jurisdicción, es lo que se llama la aplicación
                    de la ley marcial, aunque esta no se proclame
                    abiertamente, y lo que constituye el asesinato es
                    hacerlo, y hacerlo en tiempo de paz.
                    
                    Eduardo Coke el oráculo de la jurisprudencia
                    inglesa, lo ha dicho hace doscientos años: "Si
                    "un lugar teniente ú otro munido de comisión ó
                    "autoridad militar, ahorca ó de otra manera ejecu-
                    "ta en tiempo de paz á un hombre so color (jby co-
                    lor) de ley marcial, esto es un asesinato (Jthis ta
                    murder. (Coke, 3 Ynst.]
                    
                    Blackstone, el profundo comentador de las le-
                    yes inglesas repite esto mismo que complementa é
                    ilustra. (Blackstone, tom. 2 ° pag. 167, ed. de Chr.)
                    
                    La convención republicana de Maryland, tam-
                    bién lo dijo en 1788 en su declaración 13:—''Sien-
                    do contrario á la Magna Carta castigar á un hom-
                    bre libre por la ley marcial, es asesinato ejecutar-
                    lo (and murder to execute him." (Elliot, Adress
                    etc. tomo 2 ° pág. 552.)
                    
                    Sea que la ejecución se haga aplicando el códi-
                    go militar, sea que se efectúe por un tribunal mili-
                    tar invocando otra ley, el caso es el mismo desde
                    que el reo no corresponda á tal jurisdicción.
                    
                    Las leyes recopiladas que se han citado aquí
                    para demostrar la competencia de los consejos de
                    guerra en el caso en cuestión, y que se han desen-
                    terrado para justificar implícitamente la ley mar-— 44 —'
                    
                    cial, y directamente la ejecución de Zacarías Se-
                    gura en San Luis, son muy conocidas por todos
                    los hombrea que han gobernado entre nosotros.
                    Nunca ha faltado algún letrado oficioso que las lle-
                    vase al bufete del mandatario para enseñarle que
                    con ellas en la mano podia matar á sus enemigos
                    políticos con solo calificarlos de bandidos ó ban-
                    doleros, pero felizmente hasta hoy todos los go-
                    bernantes han tenido á este respecto la mas difícil
                    de todas las energías, la de la moderación. Ellos
                    han desoído esos consejos, han puesto á un lado
                    esas viejas leyes y han entregado los delincuentes á
                    sus jueces naturales, porque han entendido que con
                    ese instrumento ellos no podían matar, porque esa
                    no era la cuchilla de la ley.
                    
                    La Ley Recopilada en 1784 que se ha hecho va-
                    ler, fué daua por el rey de España en virtud del
                    poder absoluto que tenia para alterar los fueros,
                    cambiar las jurisdicciones cuando la justicia se ad-
                    ministraba en su nombre y por su órden, del mismo
                    modo por tribunales ordinarios, que por consejos
                    de guerra ó comisiones especiales. Esa ley dictada
                    contra reos contumaces que se consideraban como
                    bestias feroces, tuvo por objeto reprimir un desor-
                    den local y parcial con los medios del absolutismo,
                    á la manera fie don Pedro el Cruel, que mandaba
                    colgar á los mismos jueces prevaricadores en sn
                    tribunal, dando formas brutales,  caprichosas y re.
                    
                    — 45 -
                    
                    pugnantes á la justicia. Ella después de producir
                    los resultados que producen siempre el terror j la
                    violencia en países esclavos y mal gobernados, es-
                    tuvo en desuso hasta 1801 en qu*e se renovó y no
                    recuerdo si también en 1804. En 1821 volvió á
                    resucitarse con otras formas, primero para castigar
                    por medio de los consejos de guerra á todos los
                    que conspirasen contra el rey. constitucional, y
                    después para castigar á todos los que hablasen en
                    favor de la constitución despezada por el rey ab-
                    soluto. (V. FeNx de la Peña, Prescrip. Militar.}
                    
                    La ley dada en su oríjen contra los bandoleros
                    de camino sentenciados y escapados de la justicia,
                    y contra los cuadrilleros puestos fuera del derecho
                    común, llegó á aplicarse al fin á Riego, á Lacy á
                    Portier, y los que siguieron su gloriosa bandera,
                    para sofocar por medio de los consejos de guerra
                    el grito jeneroso de los grandes hombres de la Es-
                    paña liberal, que se levantaban en aquella época
                    reclamando sus derechos y libertades. Olvidada
                    por algún tiempo esa ley, volvió á ponerse en vijen-
                    cia reapareciendo bajo distinta forma pero con los
                    mismos caracteres, el año de 1836 en que la Espa-
                    ña fué puesta bajo lo que se llamó el réjimen escep-
                    cional, que no era sino el impeiio de los consejos
                    de guerra, ó la ley marcial con otro nombre. En
                    nombre de esa ley fué sentenciado á muerte Caste-
                    lar por un consejo de guerra, que entendía de do-— 46 —
                    
                    litos de prensa, y Castelar habla hoy desde lo alto
                    de la tribuna española, pisando la sentencia de
                    muerte pronunciada contra él por esas leyes que
                    aquí se invocan para fusilar á Segura!
                    
                    Señor Presidente: yo no he apoyado el proyec-
                    to presentado por uno de mis honorables colegas
                    condenando el fusilamiento de Segura ejecutado
                    por la ley marcial, que antes se habí* proclamado
                    en San Juan y que se ha intentado aplicar en Salta,
                    porque no creo necesario promulgar leyes para
                    anular lo que de hecho y de derecho es nulo. Me
                    basta ocupar este asiento y hablar desde él para
                    declarar que esa ley no rije, y para que no rija ya.
                    Está escrito en nuestra ley fundamental, en la con-
                    ciencia de cada ciudadano, que esa ley no tiene
                    fuerza, ni valor alguno y que basta decirlo para
                    que asi sea.
                    
                    Sin embargo, quiero hacer el debido honor á los
                    señores Ministros que han invocado esas leyea
                    Debo creer que cuando se dictaron las instruccio-
                    nes en virtud de las cuales se ha fusilado á Segura
                    por una comisión militar, las tuvieron á la vista, y
                    que su error nace de haber tenido mas presente la
                    letra muerta de esas leyes que la letra viva y el
                    espíritu inmortal de la Constitución.
                    
                    Invocando pues la letra y el espíritu de la cons-
                    titución, yo digo y declaro como argentino, como
                    publicista, como militar, que esas leyes son nulas ¡
                    
                    — 47 —
                    
                    lo digo y lo repito como senador desde mi asiento,
                    y digo que estas palabras tendrán mas fuerza y mas
                    alcance que las declaraciones hechas por los seño-
                    res Ministros.
                    
                    Yo desafio. .. . ó mas bien, no desafio á nadie !
                    Cuando se trata de la vida y de las garantías mas
                    preciosas del ciudadano, no quisiera herir á nadie.
                    Quiero únicamente inocular mis convicciones en
                    .cada uno de los que me oyen; pero no quisiera que
                    mis palabras fuesen mas allá de mi intención.
                    
                    Lo que quiero decir es que, después de esta
                    simple declaración, después de lo que se ha dicho
                    sobre el particular en la interpelación del otro dia,
                    y después de lo que se dirá aun, no habrá gobierno
                    que se atreva á invocar esa ley que sujeta los deli-
                    tos comunes á loa consejos de guerra, que en este
                    caso son verdaderas comisiones especiales prohibi-
                    das por la Constitución.
                    
                    Y si después de esto, después de la sentencia de
                    la Corte Suprema que así lo ha declarado en el pro-
                    ceso de los prisioneros de Salta, aun hubiese quien
                    se atreviese á invocarla y ejecutarla, yo enseñaré á
                    mis conciudadanos que no lo sepan, como deben y
                    pueden defenderse contra esa ley nula: les basta
                    levantar en alto la sentencia de la Corte Suprema
                    que los proteje, y ponerse al amparo de la justicia
                    federal que los amparará. Con una palabra y una
                    H'a de papel basta para anular sin necesidad depromulgar leyes, lo que de suyo es nulo. Cuando
                    hablo asi no lo hago guiado por un espíritu de ar-
                    rogancia que no está en mí: hablo con mis santas
                    convicciones, inspirado por el amor á mis conciu-
                    dadanos que deseo sustraer á tales leyes y á tales
                    tribunales.
                    
                    Sirva esto por mi parte de protesta contra la ley
                    marcial que por tantos años nos ha ensangrentado
                    con distintos nombres y bajo distintas formas, y
                    que se quiere introducir nuevamente entre nos-
                    otros.
                    
                    La ley marcial señoras, ó lo que es lo mismo, el
                    código militar ó la competencia de los tribunales
                    militares aplicada a los delitos comunes con esclu-
                    sion de las leyes y de los jueces ordinarios ó nata,
                    rales, no es institución de pueblos libres. Puede
                    imperar como un hecho en un momento supremo,
                    pero no es un derecho. Nuestra constitución al
                    asimilar á una plaza sitiada el punto donde se de-
                    clarase el estado de sitio, ha determinado las facul
                    tades de que únicamente puede usarse sin alterar
                    las leyes ni las jurisdicciones en cuanto á las perso-
                    nas. El estado ele sitio es la negación espresa de la
                    ley marcial. ,
                    
                    Los que quieren aclimatar entre nosotros la ley
                    marcial olvidan nuestra constitución, desconocen
                    la naturaleza de esa ley y no recuerdan los antece-
                    dentes del pueblo en que se pretende introducir.
                    
                    — 49 —
                    
                    Señor presidente: la ley marcial tal como senos
                    presenta hoy bajo distinta forma, viene de la In-
                    glaterra por la via de los Estados Unidos.
                    
                    En su oríjen la ley marcial en Inglaterra fué el
                    arma de los fuertes contra los débiles, y mas tarde
                    una arma de tiranía que sus reyes absolutos em-
                    plearon contra el pueblo.
                    
                    Los que invocan la aplicación de esta ley, pre-
                    tendiendo prestigiarla con la nobleza de su oríjen
                    inglés, dicen: "La Inglaterra es un país libre y
                    grande y de allí viene la ley marcial ¿porqué he-
                    mos de resistirla? Los Estados Unidos la han he-
                    redado ¿ porqué hemos de rechazarla ?"
                    
                    En Inglaterra la ley marcial no es lo que se
                    llama ley, sino la abrogación de ella, como se ha
                    definido muv bien: no hace parte de su constitu-
                    ción, y solo en virtud de la omnipotencia de su
                    parlamento se ha proclamado alguna vez, y hoy
                    nadie la sostiene téoricaraente en aquella nación li-
                    bre; por el contrario, es condenada. [V. American
                    Ciclopedice, Vol. 11, páj. 227.]
                    
                    Un acreditado historiador de la constitución in-
                    glesa (Hállam, 420) ha dicho: (lee) "Por el espa-
                    cio de dos siglos, á causa de sus abusos, la ley mar-
                    cial ha estado prohibida en Inglaterra como repug.
                    nante al gobierno libre y constitucional."
                    
                    El Juez Woodbury autor del dictámen en disi-
                    dencia de la famosa sentencia de Taney de que ha-— 50 —
                    
                    ble antes dice estas palabras: (lee) "En Inglaterra
                    se ha establecido gradualmente que las contiendas
                    civiles no justifican á ningún individuo, ni á los
                    militares, ni al Rey usando de la ley marcial sobre
                    el pueblo." (Decia. de la Corte de E. U. tomo 17,
                    páj. 31).
                    
                    Leeré ahora las palabras de Blackstone á que
                    me referí antes al hablar de la opinión de Eduardo
                    Coke. Dice: "La necesidad del órden y la disci-
                    plina' en un ejército puede solo autorizar el código
                    militar; y es por esta razón que no debe estar en
                    vigor en tiempo de paz, en que las Cortes Reales
                    están abiertas á todos para obtener justicia confor-
                    me á las leyes del pais. Así Thomas, conde de Lan"
                    caster, habiendo sido condenado en Pontenfract
                    con arreglo á las leyes militares en el XV año del
                    reinado de Eduardo II, su condenación fué anula-
                    da, porque este juicio habia tenido lugar en tiem-
                    po de paz. Y ha sido establecido, que si un lugar-
                    teniente ú otro, autorizándose de una comisión mi-
                    litar, hace ahorcar ó ejecutar de cualquier otra ma-
                    nera un hombre cualquiera en virtud de las leyes
                    militares, es culpable de asesinato, porque proce-
                    de contra la Magna Carta" (Cap. 29, tom, 2 °
                    pág. 157, id ChrS)
                    
                    El mismo Blackstone. dice: (lee) "Cuando Cár-
                    lo8 1 ° posesionado del trono,trató de. . . .aplicar
                    la ley marcial en tiempo de paz y otras vejaciones
                    
                    — 51 —
                    
                    sobre el pueblo, se ennegrecieron los primeros
                    momentos del reinado de este príncipe mal acon-
                    sejado," (tom. 6 ? pág. 399, id.) Y el gran histo-
                    riador Macalay lo confirma. .
                    
                    Con referencia al caso citado por Blackstone,
                    dicen Hallam y Woodbury [lee'] "Thomas conde
                    de Lancaster, tomado en abierta insurrecion fué
                    juzgado por la ley marcial, y esto, aun durante la
                    insurrección fué calificado de asesinato, porque tu-
                    vo lugar en. tiempo de paz y mientras las cortes de
                    justicia estaban abiertas." (Decís déla Corte de E.
                    U. tom. 17, pág. 31.)
                    
                    Me permitiré leer todavía otra cita de Woold-
                    bury en el mismo tomo 17 paj. 32 délas Decisio-
                    nes de la Corte Suprema de los Estados-Unidos,
                    que es de sentirse no se halle en la biblioteca de
                    los Sres. Ministros, porque asi podrían comprobar
                    la fidelidad de mi traducción. Dice Woodbury:
                    :'En Inglaterra durante siglo y medio, la ley mar-
                    cial no ha sido autorizada, y solo en virtud de ex-
                    traordinarias exijencias y esto con varias restric-
                    ciones, siempre bajo la base de que tal acto no
                    era arreglado al bilí de los derechos y constitucio-
                    nes, y que solo era sancionada en virtud de la om-
                    nipotencia parlamentaria, y esto temporariamente.
                    Así, después que varias autoridades civiles fueron
                    derrocadas en varios puntos, cuando el estruendo
                    de las armas habia alcanzado al mas alto grado po-- 52 —
                    
                    sible en una conmoción civil, un parlamento ilimi-
                    tado en sus poderes, y proveyendo únicamente á
                    los medios de guerra, aventuró in extremis, y por
                    dos ó tres ocasiones la- aplicación de la ley mar-
                    cial á los que no eran militares; pero limitándolo á
                    determinados lugares en que existia la resistencia,
                    y abrazando en su alcance únicamente á los hom-
                    bres en armas."
                    
                    Decia, pues, que la ley marcial, no era ley, que
                    no era institución de pueblo libre, que la Inglater-
                    ra misma no la reconoce como buen medio de go
                    bierno, y que aun cuando allí hubiera producido
                    algunos buenos efectos, entre nosotros, dado nues-
                    tro, estado político y social, dados nuestros antece-
                    dentes y las pasiones rencorosas á que tal medida
                    daria pávulo, la competencia de los consejos de
                    guerra en delitos políticos seria como en otro tiem-
                    po la guerra á muerte entre los partidos disiden-
                    tes y la ley marcial, la bandera roja de esterminio.
                    
                    'La ley marcial en los primeros tiempos, fué apli-
                    cada en Inglaterra en 1588 por la reina Maria con-
                    denando por ella á muerte á los herejes que tuvie-
                    sen libros prohibidos y no los presentasen sin
                    leerlos, y esto por una simple proclamación: {Fitter
                    Afl.t<1Militar Law paj. 50 apud Woodbury) ni mas ni
                    S"2/jf      4. ^. TPT^fflenos que como se ha hecho alguna vez entre no-
                    
                    sotros en tiempos que felizmente pasaron para no
                    < g&^¿v**» volver mas.
                    
                    r •'      f S   f       , '■ .
                    
                    1
                    
                    — 53 —
                    
                    Después de esto la ley marcial ha estado aplica-
                    da por la Opinión y el derecho consuetudinario y
                    no se ha usado de ella como medio de gobierno ni
                    aun en las mas difíciles circunstancias porque ha
                    pasado aquel país, y esto hace cerca de dos siglos
                    que dura, como lo he hecho ver. En este transcur-
                    so de tiempo solo una vez se ha empleado como
                    medio de guerra estremo con moti v o de la insur-
                    rección de Irlanda en 1796, y esto limitada á cier-
                    tos casos, con facultades determinadas, consideran-
                    do al Ejército desempeñando un passe comitates en
                    nombre de la autoridad civil. Todos los comenta-
                    dores y publicistas de la Gran Bretaña, y Stuart
                    Mili á la cabeza de ellos, piensan que el Gobierno
                    inglés que usase de tal facultad aplicándola al pue-
                    blo, produciría una revolución en Inglaterra, por-
                    que el pueblo inglés no toleraría su ejercicio.
                    
                    Como lo observa aquel notable pensador "En
                    la constitución británica, cada uno de los tres miem-
                    bros combinados de la soberanía está investido de
                    poderes," que si los ejerciese plenamente, lo harían
                    capaz de detener todo el mecanismo del gobierno."
                    (Stuart Mili, Oob. Representativo pá¿. 104.)
                    
                    La ley marcial repudiada en la tierra natal, ha
                    penetrado en un pueblo libre como los Estados
                    Unidos, y se ha teorizado sobre ella como una
                    institución que responde á las exijencias de buen
                    gobierno. Pero todos los comentadores de la cons-— 54 —
                    
                    titucion, Norte Americana sin escepcion, han pen-
                    sado que no se deducía lógicamente del testo de
                    ella, y que las facultades que esta dá son incon-
                    ciliables con las libertades públicas y con la exis-
                    tencia de la constitución misma que debe ser la re-
                    gla de todos los tiempos, "La regla de la paz y de
                    la guerra," como ha dicho la Corte Suprema de
                    los Estados Unidos en una sentencia reciente des-
                    tinada á ser inmortal.
                    
                    Los que mas lejos han ido en este punto han di-
                    cho que solo por implicancia puede deducirse que
                    la ley marcial sea aplicable á los Estados Unidos,
                    por cnanto la suspensión del habeos corpus en In-
                    glaterra traia aparejada esta facultad en tiempo de
                    guerra, y esto con autorización del parlamento.
                    Así es que cuando estalló la gran insurrección del
                    Sur, el Presidente Lincoln en virtud de haber de-
                    cretado la suspensión del habeas corpus (hecho que
                    por la primer vez tuvo lugar en setenta y cinco
                    años de vida constitucional), se consideró de bue-
                    na fé autorizado á declarar la ley marcial, y la de
                    claró. Por esta puerta falsa penetró la ley marcial
                    á los Estados Unidos.
                    
                    Los lejisladores americanos fueron de sentir (y
                    tal es la doctrina que ha prevalecido) que era fa-
                    cultad privativa del Congreso autorizar la suspen
                    sion del habeas corpus, y las medidas que son su
                    -consecuencia.
                    
                    — 55 -
                    
                    El Presidente Lincoln exajerando su responsabi-
                    lidad habia exajerado también sus facultades eu
                    presencia del gran peligro porque pasaba la unión,
                    y guiado por un noble proposito tomó sobre sí
                    dictarla medida autoritativamente en virtud délos
                    derechos de la guerra. El congreso, sin embargo
                    de hacer justicia al móvil patriótico del presidente,
                    no quiso aprobarlo ni reprobarlo, y manteniendo
                    sus prerogativas dió lo que se llama un bilí de in-
                    demnidad que cubría al presidente, prohibiéndole
                    implícitamente proceder del mismo modo en lo
                    futuro, i
                    
                    La opinión pública siempre protestó contra la
                    ley marcial en aquel país. Ella ha sido resistida por
                    los medios legales en los Estados aun en aquellos
                    estados leales que han sido teatro de la guerra y
                    que conservaban sus tribunales abiertos. Ultima-
                    mente, pasado el peligro, vueltos todos á la calma
                    de la razón, la conciencia pública reacciona enér-
                    gicamente contra la teoría en que se basa la ley
                    marcial, y la jurisprudencia de la Corte Suprema
                    la condena haciendo triunfar una parte de la buena
                    doctrina.
                    
                    Insisto sobre este panto que se liga únicamente
                    al asunto de que tratamos por haberse intentado
                    introducir parcialmente la ley marcial en San Juan
                    porque, aun cuando pudieran aducirse argumentos
                    para demostrar que habia un viso de legalidad— 56 —
                    
                    q.ue justificase el ejercicio de tan peligrosa facul-
                    tad, es necesario que no olvidemos que estamos en
                    la República Argentina, gobernando y lejislando
                    para los argentinos.
                    
                    Sr. Presidente, la ley marcial en sus formas es-
                    ternas, es decir la competencia de la potestad mi-
                    litar para disponer de la vida, ha sido la dura ley
                    de la guerra civil. Este es el hecho brutal contra
                    el cual venimos reaccionando de tiempo a trás, y
                    contra el cual reaccionamos pacíficamente cuando
                    se quiere elevarlo á la categoría de principio y re
                    gla de buen gobierno. Precisamente cuando deci-
                    mos en nuestra Constitución que no se matará por
                    causas políticas, hemos querido cerrar para siem-
                    pre aquel periodo luctuoso y sangriento en que
                    tantas nobles victimas fueron sacrificadas por el de-
                    recho implacable de la espada del vencedor y del
                    cuchillo del verdugo.
                    
                    .No olvidemos, señores, que el significado políti
                    co de nuestras luchas no esjsiempre el derecho, y
                    que existen causas latentes y situaciones fatales que
                    sin darles razón, les dá razón de ser; y á veces la
                    victoria ha coronado al que al principio combatía
                    por instinto y sin bandera. No criemos esas situa-
                    ciones, ni agravemos esas causas, que bastante tra-
                    bajo tenemos con las existentea Pretendiendo po-
                    ner en vijencia leyes como lar que nos ocupa es
                    como se puede dar bandera contra la Constitución.
                    
                    — 57 —
                    
                    A la Administración actual le ha tocado una
                    época sino del todo feliz, porque todavía nos falta
                    mucho para serlo, por lo menos una época en que
                    las fuerzas morales y materiales concurren mas po-
                    derosamente á la estabilidad del gobierno y de las
                    instituciones. Este es el fruto de los trabajos pa-
                    sados y de las aspiraciones del presente. La auto-
                    ridad del gobierno y de las leyes se halla sólida-
                    mente establecida y se levanta sobre todo siendo
                    obedecidos sus mandatos en todo el territorio; la
                    República está unida, constituida y en paz: las an-
                    tiguas resistencias han sido quebradas, y los viejos
                    caudillos han quedado sin  bandera, y lo  que es
                    mas sin bandera que inventar. No hay razón, cau-
                    sa, ni pretesto que se pueda hacer valer contra tal
                    situación, si nosotros mismos no nos encargamos de
                    crearla.
                    
                    Si en condiciones tan propicias, en vez de aquie-
                    tar las pasiones desarmadas, si en vez de cultivar
                    los sentimientos de humanidad y tolerancia, los en-
                    conamos levantando una bandera de guerra á
                    muerte; si decimos que todo el que haga armas es
                    bandolero,  que el que caiga prisionero- debe ser
                    jazgado por leyes militares y que debe morir á ma-
                    nos de los consejos de guerra, nosotros mismos da-
                    mos la mas terrible de las banderas á los caudillos
                    que por fortuna hoy decaen; pero que brotarían del
                    polvo de los muertos No digo que esto suceda— 58 —
                    
                    hoy, ni mañana, porque felizmente las fuerzas mo-
                    rales y conservadoras de la sociedad, gravitan en
                    el sentido del orden; pero establecido el antago-
                    nismo, la lacha puede venir, y puede tener razón
                    de ser con una enseña de derecho de que hoy
                    carece.
                    
                    Asi, pues, no es un espíritu de crítica lo que me
                    anima en este caso, sinó el deseo sincero de ver con-
                    solidada la situación, evitando tropiezos á los en-
                    cargados de presidirla, y alejando de la cabeza de
                    mi país males inmensos que puedena flijirlo, sino
                    procedemos con la previsión del hombre de Estado
                    bajo las inspiraciones del patriotismo y con arre-
                    glo ála Constitución.
                    
                    Pasaré ahora á otro punto.
                    
                    "Muy lejos nos ha llevado aquella fecha, del 24 de
                    Marzo que venia ocupándome cuando tropecé con
                    el art. 3 ° del decreto de 4 de Marzo que declaraba
                    la ley marcial en San Juan. Es que en el trans-
                    curso de ocho meses que hace que se declaró la in-
                    tervención se ha complicado con tantas cuestiones
                    y tan variados incidentes, que si hubiésemos que-
                    rido recopilar todos los documentos que con ellos
                    se relacionan, se habría repartido un volumen in-fo-
                    lio en vez de este cuaderno, que no acabaríamos de
                    leer en un mes, ni de comprender en un año.
                    
                    Como iba diciendo, el 24 de Marzo se hallaban
                    lodos felizmente de acuerdo.
                    
                    *
                    
                    — 59 —
                    
                    Después de dado el decreto de 4 de Marzo que
                    declaraba sedicioso á Za valla, y sujetaba á la ley
                    militar el delito político de rebelión, se presentó
                    en Buenos Aires el Ministro de San Juan como
                    comisionado por su gobierno para hacer acto de
                    sumisión ante el Gobierno Nacional, y el Presiden-
                    te de la República dándose por satisfecho declaró
                    sin efecto sus conminaciones.
                    
                    Cualquiera que sea el que en esta ocasión haya
                    cedido de su derecho ó sacrificado sü amor propio
                    en aras del bien público, es un buen ejemplo, un ac-
                    to de moderación y moralidad política que me ha-
                    go un deber en elogiar. El Ministro Albarracin
                    mostraba abnegación y el Presidente de la Repú-
                    blica probaba altura, declarando que no habia
                    habido motivo para conminar al señor Zavalla, q"e
                    todo provenia de una mala inteligencia, y borraba
                    en consecuencia de su frente la mancha de sedi-
                    cioso y rebelde que le habia estampado, ordenando
                    que se pusiesen de nuevo á órdenes del gobernador
                    las fuerzas nacionales en San Juan, y que estas le
                    presentasen las armas en señal de reconciliación y
                    respeto,  quedando todos en santa paz y amistad.
                    
                    Este es un momento de tregua, que también la
                    comisión pudo haber tomado como punto de par-
                    tida para derimir la cuestión; pero era incompleto.
                    Todas las partes contrincantes no se habían hecho,
                    no diré justicia,  porque esa no se la harán jamás;
                    
                    \— 60 —
                    
                    pero ni siquiera se habían hecho una sola conce-
                    sión. Pero una vez dictado el decreto revocatorio
                    de 12 de Marzo, el Gobierno Nacional reconocía
                    al gobernador Zavalla en condiciones regulares, el
                    gobernador Zavalla con mas ó menos limitación re-
                    conocía á la lejislatura después de haber reconocido
                    por medio de su ministro el derecho del Gobierno
                    Nacional; la lejislatura no insistía en llevar adelan-
                    te sus pretenciones, y manifestándose dispuesta á
                    reformar sus leyes de circunstancias no desconocía
                    la autoridad del señor Zavalla; por último, el je-
                    neral de la nación comisionado allí para entender
                    en la paz y en la guerra, se entendía igualmente
                    con todos los poderes disidentes, y el Presidente
                    de la República por el intermedio de su ministro
                    del Interior felicitaba al pais y á los disidentes en
                    presencia de este acuerdo, por haber terminado
                    pacificamente una cuestión tan complicada.
                    
                    Tomando, pues, por punto de partida el 24 de
                    Marzo, el alcance jurídico, digamos así, de esta
                    fecha, es el siguiente: 1 ° Que desde el 30 de
                    de Octubre en que fué requerida la intervención
                    del Gobierno Nacional, ó mas bien, desde el dia 30
                    de Noviembre en que fué concedida hasta el 24 de
                    Marzo en que aparecen llenados sus objetos, los ac
                    tos de la intervención habian producido resul-
                    tados que quedan aprobados : 2 ° Que la lejislatu-
                    ra queda reconocida tal como fué instalada por el
                    
                    — 61 —
                    
                    comisionado nacional, sin entrar á escudriñar mu-
                    cho, respecto de su composición, sobre lo cual tal
                    vez habría algo que observar; pero que no es ne-
                    cesario, ni conveniente hacerlo: 3 ° Que el gober-
                    nador Zavalla queda obligado á respetar todos los
                    actos lejislativos hasta el dia 24 de Marzo, cualquie-
                    ra que sea su irregularidad, fiando al tiempo y al
                    buen sentido su enmienda: 4 °  Que á esta condi-
                    ción el gobernador Zavalla queda en condiciones
                    regalares con los poderes provinciales y los pode-
                    res nacionales: 5 °  Que los actos del 24 de Marzo
                    al 2 8 de Marzo son nulos, y debe buscarse la solu-
                    ción tranquila de esta dificultad en la elección po-
                    pular interrumpida por la fuerza en el último dia
                    indicado.
                    
                    Esto es lo que se llama una solución y una ley
                    de compromiso, y á todo ello responde el proyecto
                    déla comisión.
                    
                    Del 24 de Marzo para adelante surjen nuevos
                    hechos, nuevo órden ó nuevo desorden de cosas,
                    nuevas dificultades que no pueden reducirse á
                    sistema, ni subordinarse á principio.
                    
                    Hasta el 24 de Marzo todos concurren al objeto
                    de la intervención, de la conciliación y de la paz
                    futura. Hasta aquel momento todos se reconocen
                    recíprocamente, nadie pone en duda la legalidad
                    de sus poderes, ni la lejitimidad de sus actos. Por
                    último, esta fecha, la última de la intervención enSan Juan, sirve para, determinar las relaciones del
                    gobernador Zavalla con el Gobierno Nacional en el
                    momento en que fué depuesto por la acción de las
                    tropas nacionales.
                    
                    El gobernador Zavalla recibe en ese .lia la abso-
                    lución plena que le manda el Gobierno Nacional,
                    levantando el cargo de rebelde que reconocia no
                    habia razón para sostener. Al mismo tiempo el Go-
                    bierno Nacional autoriza al general de la nación
                    encargado de ejecutar las resoluciones ordinarias ¿le
                    la lejislatura que así lo tenga entendido ; dá cono-
                    cimiento de todo esto á la lejislatura haciéndole la
                    censura mas severa de sus actos lejislativos durante
                    el conflicto ó interregno.
                    
                    El Gobierno Nacional compuesto de hombres
                    intelijentes é ilustrados no podía desconocer que
                    las leyes dictadas por la Lejislatura de San Juan
                    en medio de aquella conmoción que tan hondamen-
                    te habia trabajado la Provincia, era un obstáculo
                    al restablecimiento de la paz pública y al desar-
                    rollo armónico ó por lo menos regular de los pode-
                    res públicos de la localidad, y por eso trató de re-
                    moverlo insinuando á la lejislatura en términos
                    que importaban una improbación, la conveniencia
                    y la necesidad de reconsiderar y reformar sus
                    anteriores sanciones. El ministro del interior en
                    nota de 13 de Marzo decia á la lejislatura de San
                    Juan, de órden del Presidente (Lee)    "El Gobier-
                    
                    — 63 —
                    
                    no espera que la Cámara de Representantes de la
                    Provincia de San Juan, correspondiendo digna
                    mente tanto al apoyo que él le ha prestado como
                    á la última resolución del Gobierno de la Provin-
                    cia, dejando sin efecto las disposiciones que traje-
                    ron el desacuerdo entre ambos poderes, reconsi-
                    dere las leyes dictadas en presencia de las dificul-
                    tades que le rodeaban bajo las escitaciones del
                    momento. El corto tiempo consagrado á su dis-
                    cusión y examen según aparece de sus fechas, y la
                    falta de reconsideración que hubiera reclamado el
                    Poder Ejecutivo, usando del veto á que la consti-
                    tución de la Provincia lo autoriza, les quita la forma
                    moral de que siempre deben ir revestidas las le-
                    yes." Inf. y Doc. sobre la interv. de San Juan,
                    pag. 90. '
                    
                    En efecto todas esas leyes no podían tener la
                    sanción moral del pueblo, y no era de esperarse
                    que por tardar un poco en reconocerlas en toda su
                    estension, se produjese un nuevo conflicto por
                    parte del Gobierno Nacional, cuando este era pre-
                    cisamente el que mas los desautorizaba con su cen-
                    sura.
                    
                    Hemos entrado Señores, en lo que podemos lla-
                    mar la crónica de la cuestión de San Juan. Com-
                    binar sus fechas, y concordarlas como dicen los
                    jurisconsultos respecto de las leyes, es aquí el tra-
                    bajo mas interesante, porque realmente toda la— <S4 —
                    
                    cuestión se reduce á leyes, decretos, notas y dispo-
                    siciones que no tienen calificativo ni lójica, y que
                    necesitan ser concordadas para determinar su al-
                    cancé y fijar su verdadero significado.
                    
                    El 24 de Marzo después que parece todo arre-
                    glado vuelven á surgir dificultades que retrotraen
                    la cuestión al estado en que se hallaba.
                    
                    Recibido en San Juan el decreto revocatorio de
                    12 de Marzo, tanto el gobernador Zavalla, como la
                    lejislatura y el jeneral comisionado por la Nación,
                    se dirijen al Gobierno Nacional pidiendo su verda-
                    dera interpretación, pues unos le dan mayor y
                    otros menor alcance. Mientras tanto, el goberna-
                    dor Zavalla espedía un decreto reconociendo la le-
                    jislatura tal como habia sido instalada por el Comi-
                    sionado Nacional, aunque solo desde la fecha del
                    decreto, la que importaba no reconocer las leyes
                    dadas durante el entredicho, interpretación á que
                    se prestaba el mismo decreto y la condenación de
                    esas leyes habia hecho el Ejecutivo Nacional. Sal-
                    vo este incidente que dependia de la resolución
                    superior, en aquel momento las relaciones del go-
                    bernador Zavalla con el Gobierno Nacional eran
                    las mas regulares y constitucionales.
                    
                    Las tres consultas simultáneas hechas desde San
                    Juan llegaron á Buenos Aires el 3 de Abril. Eu
                    esa misma fecha el Ministro del Interior las absol-
                    vió diciendo que la intelijencia del decreto era
                    
                    — 65
                    
                    que la lejislatura fuese reconocida desde el dia de
                    la reinstalación por el Comisionado. Al contestar
                    al Sr. Zavalla no entendía que por su consulta se
                    constituyese nuevamente en estado de rebelión, .y
                    por el contrario, le trataba con toda consideración.
                    Llamo la atención sobre la fecha de esta nota, 3 de
                    Abril, porque en ese dia ya habia sido depuesto
                    el gobernador Zavalla por las fuerzas nacionales.
                    
                    He" aquí lo que habia pasado en el intervalo.
                    
                    Después de hecha la consulta el 24 de Marzo y
                    pendiente la contestación, el agente del Gobierno
                    Nacional en San Juan encargado de dar ejecución
                    al decreto revocatorio, no solo lo suspendió, sino
                    que por sí y ante sí mandó poner en vijencia el
                    decreto derogado, pues no importa otra cosa de-
                    clarar que las cosas volvían al estado en que antes
                    se hallaban. Si darante el conflicto ó controversia,
                    el decreto del Gobierno Nacional habia ultrapasa-
                    do la medida declarando al Sr. Zavalla sedicioso y
                    sujetándolo á la responsabilidad de las leyes milita-
                    res, después que él habia acatado al Gobierno y
                    reconocido lo hecho por la intervención y solo es-
                    peraba nuevas órdenes para obedecerlas, no se
                    comprende como un subalterno vuelve á declararlo
                    sedicioso y proceder á tratarlo como tal !
                    
                    El ájente del Gobierno Nacional en San Juan,
                    después de declarar nuevamente rebelde al gober-
                    nador Zavalla, vuelve á poner las tropas naciona-— 66 —
                    
                    les á órdenes de la legislatura, y á constituirse en
                    ejecutor y poder ejecutivo de sus medidas elimi-
                    nando de hecho al Ejecutivo Provincial reconocido
                    ya por la Nación. Esto que era realmente una sub-
                    versión de la forma representativa de Gobierno,
                    era por el modo como se procedía, una revolución,
                    sin mucho ruido, sin efusión de sangre; pero lo
                    que propiamente se llama una revolución con to-
                    dos los accidentes de una conjuración, como vá á
                    verse.
                    
                    Entre las leyes anteriores dictadas por la lejisla-
                    tura á puerta cerrada durante el conflicto de los
                    poderes, habia una destinada á derribar de su
                    puesto al Sr. Zavalla: —una ley de enjuiciamiento*
                    Pero como una vez reconocido este por el Gobier-
                    no Nacional, la máquina para derribar gobernado-
                    res quedaba inútil, se apeló al arbitrio de conside-
                    rarlo como puesto fuera de la ley, y hecha la con-
                    sulta se procedió en consecuencia.
                    
                    El 25 de Marzo vuelve á abrir la lejislatura su
                    campaña contra el gobernador Zavalla, y vuelven
                    las grandes irregularidades. En ese dia la lejislatu-
                    ra dá una ley declarando que el gobernador Zava-
                    lla era rebelde y traidor á la Nación, y apoya esta
                    declaración en las fuerzas nacionales que habían
                    sido nuevamente puestas á su servicio para apoyar-
                    la en el ejercicio de sus funciones ordinarias....
                    (declarar rebeldes á los gobernadores que come -
                    
                    — 67 —
                    
                    tian el delito de pedir la intelijencia dudosa de un
                    decreto!)
                    
                    A propósito de la calificación de sediciosos de
                    qce tanto se ha abusado en esta ocasión, usándose
                    siempre sin propiedad y sin motivo, el mismo Go-
                    bierno Nacional que habia incurrido en este error,
                    decia á su Comisionado en nota 3 de Diciembre:
                    "La sedición la establecen hechos materiales. La
                    sedición es la resistencia opuesta al cumplimiento
                    de las leyes.   A la sedición se opone la fuerza ar-
                    mada."   La ley de Justicia federal le define mas
                    claramente diciendo que es alzarse públicamente en
                    armas. Pero no importaba esto : era necesario que
                    Zavalla apareciese como traidor, sedicioso y rebel-
                    de para que la máquina para derribar Gobernado-
                    res pudiese funcionar y el Gobernador cayese de
                    su puesto.
                    
                    A esta intriga se mezclaba un interés bastardo,
                    el mismo que por desgracia encontramos ce mo mó-
                    vil principal en las cuestiones provinciales toda vea
                    que levantamos el velo político con que se cubren.
                    En el fondo de todas esas cuestiones lo que encon-
                    tramos siempre es el fraude electoral, el complot
                    de los círculos para arrebatar al pueblo sub de-
                    rechos.
                    
                    ~V esto que digo con respecto á la Lejislatura, 1©-
                    digo también con respecto del Ejecutivo de 1*
                    Provincia; pero ahora voy á contraerme á la pri-— 68 —
                    
                    mera. Esta corporación que todo lo había compro-
                    metido por una elección de senador de bandería,
                    en vez de hacer lo que correspondía para devolver
                    al pueblo la paz alterada ¿ de qué se ocupaba en
                    aquel momento? No se ha de creer: de dictar le-
                    yes electorales que no eran tales leyes electorales,
                    sinó modos y medios de cambiar rejistros y escru-
                    tadores para escamotear el sufrajio popular ! Ver-
                    daderamente esto causa repugnancia y desconsuelo!
                    
                    Si no hubiese abasado tanto de la palabra entra-
                    ría á comentar esas pretendidas leyes electorales,
                    y entonces se vería hasta qué punto pueden abdi-
                    car el decoro los que, obcecados por las pasiones
                    políticas todo lo inmolan á la avaricia del éxito.
                    Pero basta este llamamiento que hago para que cada
                    uno estudie en silencio esas vergonzosas pajinas y
                    convencerse ruborizado de que he dicho la verdad!
                    
                    Pero á pesar de medidas tan hábilmente toma-
                    das las elecciones para la renovación de la Cámara
                    debían efectuarse con arreglo á la ley antes vijen-
                    te el día 28 de Marzo, es decir bajo los auspicios
                    del gobernador Zavalla. Esta fecha esplica otro de
                    los misterios de San Juan. Para que la elección no
                    se verificase en ese dia, se reformó la ley, y se
                    trasladó la elección para el segundo domingo de
                    Abril, porque para entonces calculaban que el go-
                    bernador estaría derribado y serian dueños de^
                    mpo. Pero el gobernador había convocado aj
                    
                    — 69 —
                    
                    pueblo á elecciones para el dia que señalaba la ley
                    que él consideraba vijente. Entonces la lejislatura
                    viendo frustrados sus planes se constituyó en poder
                    revolucionario y empezó á conspirar.
                    
                    Habiéndose restablecido las cosas al estado en
                    que se hallaban ántes, declarando rebelde al go-
                    bernador, se consideró dispensada de toda regla
                    porque tenia á sus órdenes un servidor armado
                    para realizar sus propósitos. Desde entónces empe-
                    zó á proceder como un remedo de la convención
                    francesa ó un comité de salud pública. Dictó leyes
                    retroactivas creando el delincuente y el delito, es-
                    pidió decretos gubernativos, se hizo ejecutora de
                    sus propias disposiciones, se constituyó en juez,
                    acusador y parte, y pi-esidiendo la conjuración llegó
                    hasta confeccionar planes de campaña, como vá á
                    verse.
                    
                    Empezó por acusar al gobernador Zavalla con
                    arreglo á la ley que en ódio Á él había dictado du-
                    rante el conflicto. Una vez hecha la acusación se
                    dictaron las medidas que diesen el doble resultado
                    de derribar al gobernador de su puesto y de impe-
                    dir por la violencia la reunión de los comicios pú
                    blicos, convocados por el Gobernador con arreglo
                    á la ley anterior vijente en la Provincia.
                    
                    Aun cuando esta convocatoria no fuese arregla-
                    da, aun cuando las elecciones que se practicasen
                    hubiesen de ser nulas con arreglo á la ley, una-   70 —
                    
                    cuando el gobernador Zavalla cometiese abuso al
                    llamar al pueblo á sufragar, la Lejislatura nunca,
                    en ningún caso, de ninguna manera pudo creerse
                    autorizada para constituirse en ejecutora de sus
                    propias leyes; y si lo que iba á ejecutar 110 era
                    una ley sinó un decreto imperativo como ella mis-
                    ma lo llamaba y como lo era en efecto, puesto que
                    por él se mandaba suspender directamente un acto
                    que no competía al poder lejislativo juzgar ¿qué
                    calificativo daremos á este proceder ?  Qué necesi-
                    dad tenia de marchar por estas vias tortuosas, man-
                    dando suspender un  acto que como lejislador po-
                    día aprobar ó anular cuando las actas electorales le
                    fuesen sometidas y ella fallase como único juez de
                    ellas con pleno derecho ?
                    
                    Pero hasta donde estarían de obcecadas aquellas
                    intelijencías, que la Lejislatura que hasta entonces
                    había publicado sus resoluciones á son de cajas y
                    cornetas por medio de bandos, reservó cuidadosa-
                    mente esta disposición que parecía tendente á pre-
                    venir un acto público, esperando que el hecho se
                    produjese para sorprender al pueblo cometiendo
                    el gran delito de votar! Es que no se quería cora
                    prometer el éxito de las medidas que habían de
                    tomarse en el mismo dia y que debían dar por re-
                    sultado la caída del gobernador; es que todo se
                    sacrificaba al éxito de la conspiración! Tales pro-
                    -«ederes si no constituyan un delito en un cuerpo
                    
                    — 71 —
                    
                    parlamentario, son por lo menos actos indignos; j
                    no pueden merecer la aprobación de un corazón
                    honrado.
                    
                    Acusado el gobernador Zavalla se había acorda-
                    do sorprenderlo (punto de que me ocuparé mas
                    adelante) y para conseguirlo era necesario que todo
                    se hiciese á la vez. Consecuente con este propósi-
                    to la Lejislatura pasó una nota reservada al coman-
                    dante del batallón San Juan, que dice lo siguiente :
                    (Lee). "Comunico á vd. los decretos sancionados
                    por esta Cámara para hacerlos promulgar solemne-
                    mente mañana, y ejecutar en seguida cnanto se re
                    fiere á la ocupación militar de las dependencias de
                    la administración provincial. Se le recomienda el
                    sijilo mas completo respecto á las medidas que se le
                    comunican, porque habiendo sido dictadas en sesión
                    secreta, la Cámara desea que se hagan públicas por
                    el acto de su promulgación y ejecución. {Boletín
                    Oficial de San Juan núm. 1.)
                    
                    Esta nota lleva la fecha de 28 de Marzo y debe
                    haber sido escrita en altas horas de la noche. Las
                    medidas á que se refiere son la disolución de los
                    comicios y la ocupación de la casa de Gobierno por
                    la fuerza nacional, arrojando por medio de ella al
                    pueblo y al Gobernador de su puesto. No creo que
                    un cuerpo parlamentario pueda ir mas lejos. Es
                    una órden secreta, secretamente dictada en la os.
                    luridad, que se manda ejecutar con sijilo para que— 72 —
                    
                    el éxito no falle, contra el pueblo y el Gobierno á
                    la vez. Y este número del Boletin que así los acusa
                    me ha sido enviudo por el'Sr. Godoy, Gobernador
                    Provisorio nombrado por ellos mismos.
                    
                    Con arreglo á este plan acordado en secreto Y
                    ejecutado como una sorpresa militar, los comicios
                    populares son disueltos por la fuerza y el Goberna-
                    dor Zavalla depuesto por la acción directa de las
                    bayonetas nacionales.
                    
                    Se dirá que el Gobernador Zavalla habia sido
                    suspendido y que las fuerzas nacionales no hacían
                    sino apoyar a" la lejislatura en sus funciones ordina
                    rias. Pero esta no era función ordinaria y por con-
                    consecuencia la fuerza armada no debia apoyarla
                    ni ejecutarla si la provincia estaba intervenida ; y
                    si no lo estaba, era un ataque contra la soberanía
                    local. Luego veremos que esa fuerza ejecutaba ac-
                    tos contrarios fí las mismas leyes que se dice apo-
                    yaba.
                    
                    Si las fuerzas nacionales no hubiesen estado á
                    órdenes de la lejislatura, aquel conflicto se habría
                    arreglado, como se terminan todos los conflictos en
                    los pueblos democráticos, apelando al sufrajio po-
                    pular. Creo mas, haciendo justicia A la prudencia y
                    previsión del gobierno, que si él hubiese estado
                    mas inmediato al teatro de los sucesos no habría
                    desperdiciado la ocasión que se le presentaba para
                    
                    — 73 —
                    
                    resolver la cuestión de San Juan de la manera mas
                    radical y benéfica para todos.
                    
                    Toda la cuestión habia sido en su orijen una
                    cuestión entre dos minorías parlamentarias, una de
                    las cuales se habia abstenido, y la otra habia obra-
                    do hasta formar quorum y hacerse reconocer como
                    poder lejislativo, y escluir de su seno á los miem-
                    bros disidentes.   Por una coincidencia verdadera-
                    mente feliz terminaban el 28 de Marzo una gran
                    parte de los diputados de una y otra fracción, ter-
                    minaban su mandato por ministerio de la ley, y la
                    lejislatura quedaba de  nuevo en minoría. Lla-
                    mado  el  pueblo á las urnas para   integrar la
                    lejislatura,  se presentaba la ocasión  propicia de
                    hacer intervenir en la cuestión el mas eficaz y po-
                    deroso de todos los interventores, y la opinión pú-
                    blica la habia resuelto muy pacificamente inoculan-
                    do un nuevo elemento de vida y fuerza al gobierno
                    provincial. Era la solución mas natural,  el triunfo
                    mas bello de la intervención nacional y el resultado
                    mas benéfico para la localidad.
                    
                    Indudablemente que si el Gobierno Nacional
                    hubiese estado allí, en vez de mandar sus soldados
                    para disolver á culatazos los comicios públicos, los
                    habría enviado para garantir el orden á la ves que
                    la libertad del sufrajio.
                    
                    Pero desgraciadamente, el Ejecutivo Nacional,
                    enyo plan no alcanzo en esta intervención, no diri-jia el movimiento, ni preveía los acontecimientos;
                    y según ellos iban viniendo, iba proveyendo á
                    ellos, obedecía á impulsiones que lo llevaban a*
                    aceptar hechos consumados de que se hacia solida-
                    riamente responsable.
                    
                    Asi, luego que tuvo lugar la deposición del go-
                    bernador Zavalla por las fuerzas nacionales, no obs
                    tante que este hecho era producido contra sus pre
                    visiones, y según aparece de los documentos, hasta
                    contra sus deseos, se considera obligado á sostener
                    la conducta de su ájente en San Juan.
                    
                    Entonces viene la teoría od hoc de que las fuer
                    zas nacionales no habian depuesto al Gobernador
                    Zavalla, que era la lejislatura, la que lo habia sus-
                    pendido, y que aquella no habia hecho otra cosa
                    que apoyar á la lejislatura en la ejecución de leyes
                    y decretos que no era de su resorte objetar.
                    
                    Para llegar á esta conclusión, el Ejecutivo Nacio-
                    nal tuvo necesidad de establecer un precedente
                    que aparece por primera vez en la cuestión, y de
                    Invocar una doctrina fundamental que correspon-
                    de á la parte teórica de este negocio.
                    
                    Los examinaré por su óVden.
                    
                    Solicitada por el Gobernador Zavalla la in-
                    tervención para ser repuesto, el Gobierno Na-
                    cional le contesta que no le debe protección
                    por cuanto no habiendo acatado sus resoluciones
                    no se encontraba en pié regular de las relacio-
                    
                    — 75 —
                    
                    nes oficiales.   Esto se decia el 19 de Abril, cuan-
                    do quince  dias antes, en la nota de 3 de Abril,
                    se habia dicho lo contrario, reconociendo al señor
                    Zavalla en condiciones regulares, después de haber-
                    le dispensado de la acusación de rebelde y mandá-
                    dole presentar las armas; cuando estaba publicado
                    el decreto del Gobernador acatando las resolucio-
                    nes del interventor, y cuando lo único que habia
                    ocurrido era una simple consulta que fué absuelta
                    amistosamente á los cinco dias de estar depuesto
                    el señor Zavalla,  sin que entonces aparezca p ira
                    nada este precedente que aparece por primera vez
                    luego que se conoce la deposición.
                    
                    Llamo la atención del Senado sobre esta circuns.
                    tancia,  y prescindiendo de lo errado de la juris-
                    prudencia que se hace valer en la nota del 19 de
                    Abril y de lo inexacto de los precedentes en que
                    se funda, paso á ocuparme del principio fundamen-
                    tal que ella envuelve y compromete.
                    
                    La lejislatura de San Juan, qué impulsada por
                    el ódio y ajitada por pasiones del  momento, ha
                    procedido por instinto y todo lo ha sacrificado al
                    éxito, ha encontrado un teorizador para esplicar y
                    justificar uno de sus actos mas trascendentales, y
                    este teorizador ha sido el mismo Gobierno Nacional.
                    Me refiero, señores, al juicio político.
                    Después de las varías cuestiones que se han to-
                    cado y que se ligan á este debate, tal vez ningunaes mas útil que la que he enunciado. Desearía por
                    lo tanto tratarla con detención en sus aplicaciones
                    prácticas; pero siendo la hora avanzada, y desean-
                    do ceder la palabra de que he usado con tanta de
                    ferencia por parte de mis honorables colegas, pro-
                    curaré ser lo mas conciso que me sea posible.
                    
                    Se ha dicho, señor Presidente, que el juicio poli
                    tico es inherente á las instituciones representativ¡.s
                    republicanas, porque siendo la responsabilidad de
                    los gobernantes un principio fundamental del sis
                    tema democrático, todo mandatario ó funcionario
                    público responsable de sus actos ante el pueblo,
                    debe tenor un tribunal ante quien responder de los
                    delitos ó faltas que cometa en el ejercicio de sus
                    funciones, y esta atribución corresponde en su
                    esencia á la lejislatura.
                    
                    Creo haber presentado el argumento que podría
                    hacerse valer, con todo el vigor y toda la correc-
                    ción que exije la discusión cuando de buena fié se
                    busca la verdad.
                    
                    Me parece conocer uno de los libros que el señor
                    Ministro tiene por delante: me refiero á la obra de
                    Cushing sobre las prácticas parlamentarias. En
                    ella se establece la proposición en forma de cues-
                    tión y se dice: "Entre nosotros la cuestión de si
                    el procedimiento por via de impeachment es ó no
                    un atributo necesario do un cuerpo lejislativo, no
                    hay para que resolverla, por cuanto este procedi-
                    
                    — 77 —
                    
                    miento es materia constitucional entre nosotros,
                    estando espresamente mencicnado y establecido
                    por la Constitución de los Estados Unidos y de
                    todos los Estados de la Union." (Lex parlamen-
                    taria Americana, pag. 985.)
                    
                    En efecto, tanto en la Constitución de los Esta-
                    dos Unidos como en la de los treinta y cinco Esta-
                    dos que los componen, se halla espresamente de-
                    terminado: la responsabilidad, la competencia, los
                    delitos y el procedimiento, sin que se libre nada á
                    la discreción de la lejislatura.   Todas ellas sancio-
                    nan el principio de la responsabilidad, pero cada
                    uno le da distinto alcance y forma. Asi en la Cá-
                    mara del Norte acusa el gran jurado,   en Nueva
                    York interviene el poder judicial, en Virjinia se
                    pueden aplicar todas las penas como en el parlamen-
                    to inglés en unas partes;  se refiere á los crímenes,
                    en otras á la mala conducta, en otras simplemente
                    á la mala administración, y en algunas no se desig-
                    nan los crímenes siendo ilimitada la responsabili-
                    dad ante el tribunal político. Asi es que en aquella
                    escuela práctica de las instituciones libres, jamas se
                    ha entendido que era una facultad inherente, un
                    atributo del cuerpo lejislativo, ra no le estaba es-
                    presamente delegada, ó en otras palabras, que era
                    "materia constitucional" como dice Cushing.
                    
                    Los Estados Unidos marcan una era en la histo-
                    ria del desarrollo y ejercicio de la soberania popu.78 —
                    
                    lar. Ellos han enseñado al mundo como la soberanía
                    popular se delega y no se abdica, reteniendo aque-
                    lla parte que no ha sido espresamente delegada. En
                    otras partes, y muchas veces entre nosotros hasta
                    hoy mismo, se ha incurrido en el grave error de sos-
                    tener que los representantes son el pueblo, porque
                    representaban al pueblo. La noción contraria es la
                    base del propio gobierno y la mas eficaz garantia
                    contra la exajeracion de los poderes ilimitados.
                    Asi, en los pueblos libres, únicamente se dice Nos
                    el pueblo, cuando se reúne una convención constitu-
                    yente cuyos actos deben ser revisados, por otra
                    convención de delegados del pueblo. De este prin-
                    cipio luminoso fluye la doctrina de que todo aque-
                    llo que no es derecho natural, ó llamémosle de orí-
                    jen divino, por cuanto pertenece al hombre creado
                    por Dios y en su calidad de hombre, es indispen-
                    sable que esté espresamente escrito en la constitu-
                    ción para que tenga valor y fuerza de ley. Por
                    esto se ha dicho que una constitución escrita es un
                    gran progreso, porque se limitan y definen las fa-
                    cultades de los poderes públicos y se consagran los
                    derechos inalienables de los pueblos.
                    
                    Entre nosotros la facultad de hacer efectiva la
                    responsabilidad de los Gobernadores por medio del
                    juicio político, fué en un tiempo atribuida al Sena-
                    do de la Confederación.   Cuando se reformó la
                    Constitución se borró esto, diciendo que no corres-
                    
                    — 79 —
                    
                    pondia á la Nación juzgar Gobernadores por actos
                    del órden provincial, habiendo además 1* esperien-
                    cia señalado los peligros que para las soberanías
                    provinciales podía acarrear tal facultad.
                    
                    Si esta reforma á que me refiero hubiese versado
                    sobre uno de aquellos derechos inherentes á los
                    poderes,  quiere decir que eliminado de la Consti-
                    tución Nacional habría sido devuelto al poder que
                    tenia tácita ó espresamente la facultad de ejercerlo
                    en el círculo provincial,  ó al poder que según el
                    derecho local lo ejercía antes de la Constitución.
                    Pero si era, como lo es, un derecho que reside orí-
                    jinariamente en el pueblo y que él debe espresa-
                    mente delegar para que pueda ser ejercitado, es
                    claro que volvió á quedar inmanente en el pueblo,
                    no para autorizar de su parte resistencias ni revola •
                    ciónos,  sino habilitándolo á llenar ese vacío que
                    quedaba en las constituciones locales en el modo y
                    forma que lo hallase mejor, y mientras tanto rejir-
                    se por sus antecedentes. -
                    
                    La ausencia de una disposición sobre la materia
                    tiene el inconveniente de no hacer práctica la res.
                    ponsabilidad reconocida en principio, pero es me^
                    ñor que librar al acaso una facultad que debe ser
                    claramente definida.
                    
                    Por otra parte señores, esta atribución que es
                    muy útil, no es tan absolutamente esencial al buen
                    gobierno de los pueblos libres,porque precisamente,— 80 —
                    
                    cuanto mas libres, menos necesitan hacer efectiva
                    la responsabilidad de sus mandatarios. Es mas bien
                    una arma de combate que de defensa usual
                    
                    Esta institución tuvo su orijen en Inglaterra
                    cuando el pueblo luchaba cuerpo á cuerpo con la
                    corona, cuando los parlamentos se defendian con-
                    tra los poderosos, cuando necesitaban de un arma
                    terrible para atacar y defenderse á la vez. Fué en-
                    tonces que el parlamento inglés armándose de esta
                    alta facultad constituyó el juicio político para po-
                    der llamar ante su barra á los criminales políticos;
                    hacerlos responsables de los abusos de poder come-
                    tidos en daño del pueblo, y hacer rodar sus cabe-
                    zas si querían. Pero hace mas de setenta años que
                    en Inglaterra no se ejercita el juicio político, por-
                    que carece de objeto práctico por el ensanche de
                    la misma libertad. Como lo observa Cushing en el
                    libro que cité antes, la vijilancia eñcaz de los par-
                    lamentos, su control inmediato sobre los funciona-
                    rios públicos, la actividad de la opinión, la acción
                    morijeradora de la prensa, la influencia de los tri-
                    bunales de justicia, y los mil modos mas ó menos
                    directos que hay para hacer efectiva la responsabi-
                    lidad dia por dia, hace que los delitos propiamente
                    punibles por el juicio político sean prevenidos en
                    vez de castigados, y que no sea tan necesario al
                    complemento del organismo político (V. Lex Par-
                    lamentaria páj. 981.)
                    
                    %
                    
                    —  81 —
                    
                    Además, Sr. Presidente, no tratándole de un
                    principio incontrovertible que basta enunciar para
                    saber á quien pertenece y quien lo ha de ejecutar,
                    si ese principio no está escrito en la Constitución, no
                    es inherente á ningún poder público, y no le es
                    permitido ejercitarlo sin delegación eeprest del
                    pueblo. Tal es el caso de San Juan; y tal es el
                    punto en discusión.
                    
                    El juicio político que es el cumplimiento de la
                    ley de la responsabilidad, tiene variadas explica-
                    ciones y diversas formas como se ha visto ; y si
                    bien la responsabilidad es la esencia de las ins-
                    tituciones libres, la competencia para hacerla efec-
                    tiva no es, ni puede ser inherente al poder legislati-
                    vo con arreglo á la naturaleza de estas mismas ins-''
                    tituciones.
                    
                    Uno de los principios fundamentales, inconcu-
                    sos, del réjimen representativo, es la rigurosa divi-
                    sión de los poderes, de tal manera que si uno de
                    ellos por escepcion ejerce facultad que no corres-
                    ponda á su naturaleza, sea solo en virtud de delega
                    cion espresa. La facultad de juzgar en juicio polí-
                    tico, no es función lejislativa, sino judicial, como
                    lo reconocen unánimente todos los publicistas, y
                    por k> tanto es desconocer los elementos del siste-
                    ma representativo, sostener que tal atribución es
                    de la esencia del poder lejislativo, y que es un atri-
                    buto necesario de las lejislaturas. Lo contrario se—  82 -
                    
                    desprende lójicaraente "de la noción de la división
                    de los poderes. Así,lpues, la facultad de juzgar se
                    deriva para los parlamentos de la autorización, y
                    no implícitamente*¡del principio de la responsabili-
                    dad. Esto es^evidente. La lejislatura de San Juan
                    no la tenia, luego no estaba autorizada para consti
                    tuirse en juez.
                    
                    Por último, en[San Juan existe como en todas las
                    demás Provincias la responsabilidad por medio de
                    la residencia, que suple hasta cierto punto al juicio
                    político, y allí por su constitución de 1825 que está
                    aun vijente en la parte relativa al poder judicial,
                    se comete á la Corte de Justicia el conocimiento y
                    juzgamiento de las causas de residencia y responsa-
                    bilidad, y ademas de los delitos que se cometan
                    contra la constitución y el órden público, de ma-
                    nera que si por los antecedeutes constitucionales,
                    á algún poder le correspondiese tal jurisdicción
                    seria á aquel que lo habia ejercido anteriormente,
                    según lo observe' antes. (V. Carta de Mayo, cap.
                    V., art. 1 ? y 2 ° )
                    
                    Mas, podría decir sobre esta cuestión, que consi-
                    dero como la mas importante de las que se deba-
                    tan ; pero tendría que estenderme demasiado, y
                    necesito descender á las aplicaciones prácticas
                    para pasar en seguida á ocuparme de ctro punto
                    conexo con ella y que no es menos importante.
                    
                    } Cual era el rol de la intervención  nacional en
                    
                    — 83 —
                    
                    San Juan con respecto al juicio político de que se
                    trata? Absolutamente ninguno.   El Ejecutivo Na-
                    cional como poder interventor no tenia nada que
                    hacer para apoyar la ley de enjuiciamiento de la
                    lejislatura de San Juan,  ni menos en lo relativo a'
                    la acusación del Gobernador Zavalla ; porque no
                    era de su incumbencia, y la Constitución se lo pro-
                    hibe. Así, cuando se dice que ha apoyado á la le-
                    jislatura para cumplir estas  sanciones no se habla
                    correctamente. Lo que se ha apoyado es lo que por
                    ahora llamare* decreto, como ella lo llama, por el
                    cual se mandaba suspender al Gobernador Zavalla.
                    Las fuerzas nacionales ejecutando este decreto,
                    convirtieron la suspensión en deposición,ocupando
                    con fuerza armada la casa del gobierno provincial
                    y arrojando violentamente de ella al Gobernadoi-.
                    
                    Pero tomo la ley de enjuiciamiento dictada por
                    la Lejislatura tal como es; hasta concedo que estu-
                    vo en su derecho al darla, no obstante que lo hizo
                    expost Jacto con violación del art. 18 de la consti-
                    tución, y me pongo en el caso de que esto es lo
                    que el Ejecutivo ha querido y entendido apoyar
                    en su calidad de interventor.
                    
                    ¿ Qué dirían los Sres. ministros si yo les probase
                    que esa misma ley es la que se ha violado y que es
                    la violación y no la ley la que ha sido apoyada y
                    ejecutada por las fuerzas nacionales ? Qué me di-
                    rán ? Pues voy á probarlo.84 —
                    
                    La Ley do enjuiciamiento que nos ocupa lleva
                    la fecha de 15 de Febrero y fué recien promulga-
                    da el 2 de Abril según consta del Boletín de San
                    Juan.
                    
                    Por el artículo 25 de esa ley se dispone lo que
                    va á oírse ; (?ee) "Cuando el acusado sea el Go-
                    bernador de la Provincia, si la Cámara pronunciara
                    su destitución, nombrará el Gobernador interino
                    que deba reemplazarlo." (núm. 3 del Boletín Ofi-
                    cial.")
                    
                    Esto vale tanto como decir que del hecho de la
                    acusación no deduce la lejislatura sino el derecho
                    de juzgar; que el interinato empezará cuando se
                    pronuncie la destitución del Gobernador ; que solo
                    en ese caso se nombrará quien lo remplace interi-
                    namente y que no será depuesto ni suspendido sin
                    previo juicio y sentencia legal.
                    
                    Mientras, tanto, el 27 de Marzo por la noche se
                    declara el interinato y se decreta la suspensión del
                    Gobernador acusado, y el 28 por la mañana es eje-
                    cutado este decreto por las fuerzas nacionales, de-
                    poniendo de hecho al Sr. Zavalla. Debo hacer no
                    tar que uno de los considerandos del decreto (el
                    2o) dice que Zavalla "se halla en rebelión con-
                    tra el Poder Lejislativo provincial *y contra Ja
                    autoridad nacional," cosa que nadie sostiene hoy,
                    y que por el contrario el Ejecutivo Nacional ha
                    refutado en documentos posteriores.   De manera
                    
                    -— 85 -
                    
                    que lo que se ha apoyado es una violencia de la
                    ley misma que se dice apoyar, una falsedad á la
                    vez que una violación, y lo que es peor que todo,
                    una transgresión manifiesta de las reglas del juicio
                    político, como voy á demostrarlo.
                    
                    Es una regla universal monte reconocida, que
                    puede llamarse un principio, y creo que nadie se
                    atreverá á contradecirlo, que no puerle suspender-
                    se á un alto funcionario de la categoría de los go-
                    bernadores de provincia, mientras no se pronuncia
                    la sentencia condenatoria y sea en consecuencia
                    destituido.
                    
                    Dice Pomeroy (en un libro que debe tener el
                    Sr. Ministro.sobre su mesa,) en su Introducción al
                    Derecho Constitucional de los Estados Unidos,
                    obra publicada recientemente y que tiene autori-
                    dad, lo que voy á leer: (lee.), "Puede un funcio-
                    nario acubado ser suspendido en el ejercicio desús
                    funciones oficiales durante los procedimientos del
                    juicio final y antes de ser absuelto 6 condenado?
                    El Presidente, el Vice Presidente y los Jueces evi-
                    dentemente no pueden ser suspendidos ni por una
                    sanción de la Cámara de Diputados, ni por una
                    ley del Congreso. De seguro la Constitución no dá
                    el poder espreso para suspender; y si tal autoridad
                    existiese debería derivarse por implicancia de otras
                    fuentes. Un hecho es de todo punto concluyente
                    sobre esta cuestión, sin que quede la mas mínima
                    
                    I
                    
                    — 86 —
                    
                    duda respecto del testo de la Constitución. El Pre-
                    sidente, Vice Presidente y Jueces, mientras des-
                    empeñan sus funciones, están colocados por la Cons
                    titucion en una posición enteramente independien
                    te de la lejislatura : los períodos para el desempe-
                    ño y duración de sus funciones son fijos y determi-
                    nados: ellos, así como el Congreso, derivan su
                    autoridad de la ley fundamental : el único modo
                    de removerlos es la acusación, el proceso y la con -
                    denación. Este proceder no es lejtslatwo sino un
                    acto judicial. El Congreso como corporación no
                    remueve, sino que la Cámara de Diputados acusa,
                    y el Senado procesa y condena." (Pomeroy, Const.
                    Laio. &a. páj. 494.)
                    
                    Agrega el mismo autor: (lee.) "Con respecto á
                    funcionarios subalternos en el orden ministerial,
                    pienso que la facultad existe. Estos funcionarios
                    son creados por la ley ; la Constitución no les ha
                    prescripto termino para su duración, hallándose
                    por consecuencia en este punto á disposición com-
                    pleta del Congreso. Parece por lo tanto que la
                    lejislatura puede, por una ley de carácter jeneral,
                    (by yeneral statute) proveer respecto de la suspen-
                    sión de todos los funcionarios subalternos en el or-
                    den ministerial, durante el transcurso de una acu-
                    sación entablada contra ellos. No pienso que las
                    medidas de arresto, caución ó confinación en los
                    procedimientos criminales ordinarios tengan nin-
                    
                    guna analojía con esto, y los precedentes de la In-
                    glaterra, sin embargo de ser tan numerosos, no
                    dan ningún auxilio á la interpretación de la Cons-
                    titución al respecto." {Pomeroy, etc., id. id.}
                    
                    Tenemos aquí por una autoridad competente,
                    corroborada por la práctica universal, que aun
                    cuando la lejislatura hubiese estado en su derecho
                    al acupar, no ha tenido la facultad para suspender.
                    
                    Como lejislatura dictó bien ó mal la ley de en-
                    juiciamiento, como tal lejislatura acusó. Pero cuan-
                    do mandó suspender al gobernador Zavalla, ya no
                    procedía en su carácter de lejislador.  sino atribu-
                    yéndose la calidad de jurado, dictando lo que se
                    llama judicialmente auto de juez. Es decir, que
                    estando acusado el Sr. Zavalla  en virtud de una
                    ley que disponía que solo en el caso de destitución
                    se procedería  á   nombrar  gobernador interino,
                    suspende al propietario  en contravención  de su
                    misma ley, con violación de los principios á que el
                    caso se subordina.
                    
                    Por consecuencia, no es un acto legislativo en el
                    desempeño de las funciones ordinarias de la lejisla-
                    tura, lo que el Ejecutivo Nacional ha apoyado y
                    hecho ejecutar en tal ocasión, sino un auto del que
                    se llamaba juez sin serlo, y quebrantaba la misma .
                    ley que debia ser su norma.
                    
                    Me parece que esto es concluyente para demos-
                    trar la proposición que habia avanzado.—  88 —
                    
                    Diré ahorn algo mas para ilustrar esta materia,
                    que podría ser largamente esplanada; pero que
                    me falta tiempo para hacerlo.
                    
                    Después de la reforma de la Constitución, que
                    abolió la responsabilidad de los gobernadores para
                    ante el Senado Nacional, varias provincias quisie-
                    ron proveer á este vacio haciendo efectiva la res-
                    * ponsabilidad de los gobernantes, comprendiendo,
                    como no podían dejar de comprenderlo, que esto
                    solo podría efectuarse por una delegación espresa
                    del pueblo, es decir, por uñar, forma de su consti-
                    tución local sanciouada por una convención adh<><-.
                    
                    En consecuencia de esto establecieron medios y
                    modos constitucionales de arreglar el •juicio po-
                    lítico.
                    
                    La provincia de Corrientes m.; parece que fué la
                    primera que reformó su constitución, atribuyendo
                    esa facultad á la Corte de Justicia unida con la
                    Lejislatura.
                    
                    La provincia de Santa E"é hizo otro tanto en 18C3
                    creando una especie de gran jurado sacado del
                    seno del colegio electoral.
                    
                    La provincia de Jujuy creó un tribunal extraor-
                    dinario para entender en este caso.
                    
                    En la Rioja se atribuyó también esa facultad á
                    un tribunal independiente de la lejislatura.
                    
                    Lo mismo se hizo en Santiago del Estero.
                    
                    En Buenos Aires existía ya en su constitución,
                    
                    I
                    
                    — 89
                    
                    siendo ]n única provincia en que, existiendo el sis-
                    tema bicamarista se halla mas regularmente esta-
                    blecido.
                    
                    En seis provincias se ha entendido que solo por
                    delegación espresa podía ejercerse esta facultad :
                    que no podía presumirse, que debía espresarse.
                    
                    Otras, como la de Córdoba, por ejemplo, se han
                    abstenido de usar de tal facultad, entendiendo que
                    no podían ejercerlas por mera deducción.
                    
                    En San Juan ya hemos visto que por la Carta de
                    Mayo el juicio político y el de resideucia estaba
                    atribuido á la Corte de Justicia.
                    
                    En todas partes se obedece á la misma lójica, se
                    determina de antemano el tribunal, y se distinguen
                    el acusador del juez.
                    
                    Es que esta es una de las nociones mas claras del
                    derecho constitucional, por cuanto nace del prin-
                    cipio fundamental de la división de los poderes, y
                    de la limitación de las facultados que no estén es-
                    presamente conferidas por la constitución en nom-
                    bre del pueblo.
                    
                    fíamilton al'hablar de esti materia en el Federa-
                    lista examinaren qué casos y de qué modo puede
                    ejercitarse esta facultad, una vez dada la delega-
                    ción, que era su Apunto de partida. La conclusión
                    á que llega es que, sin el sistema bicamarista no
                    puede atribuirse tal facultad al cuerpo lejislativo,
                    y que la existencia de las dos cámaras es indispon-— 90 —
                    
                    sable para que produzca sus efectos. (V. 77¿e Ferie-
                    rah'st, cap. XVI.)
                    
                    En Inglaterra donde tuvo su oríjen la institución,
                    hubo siempre una Cámara popular para acusar, y
                    una Cámnra superior considerada como alta Corte
                    de justiciado la Nación que juzgaba en último
                    grado.
                    
                    Los Eslados Unidos adoptando el sistema bica-
                    marista fueron bastante felices para establecer el
                    juicio político sobre la mismas bases, aunque con
                    distintas formas y diverso alcance : pero siempre
                    dividiendo el acusador del juez, y procediendo no
                    en virtud de facultados presuntivas, sino por dele-
                    gación espresa del pueblo.
                    
                    Que no es facultad inherente al poder lcjislativo
                    el juzgar en juicio político, ni que le sea atribuida
                    implícitamente en virtud de la forma republicana,
                    es punto sobre el cual no hay para qud volver.
                    Los que han sostenido lo contrario han confundido
                    la escepcion con la regla.
                    
                    Pero lo que no se le ha ocurrido á ningún publi-
                    cista sostener, es que tal atribución pudiera ser fa-
                    cultad inherente á una Cámara íinica, que hiciese
                    de juez y parte, acusando y condenando á la vez,
                    que calificase el delito, determinase el reo, aplica-
                    se la pena y la ejecutase por sí mismo, como lo ha
                    hecho la Lojislatura de San Juan, cuyos actos han
                    merecido el honor de ser teorizados.
                    
                    — 91 —
                    
                    Señor Presidente: no soy de los mas ardientes
                    abogados de los gobernadores do provincia, de
                    quienes he dicho con frecuencia Pque no llenan
                    cumplidamente las funciones para'que el pueblo
                    los ha elejido, que malgastan las fuerzas del go-
                    bierno en objetos ajenos y contrarios á su institu-
                    ción, y, que buscando en las legislaturas cómplices
                    ó instrumentos para el falseamiento del sufrajio po-
                    pular, comprometen el crédito de las instituciones
                    privándose del apoyo de las fuerzas viriles de la
                    opinión. Por consecuencia no soy aquí el abogado
                    del gobernador Za valla, sino el defensor de la dig-
                    nidad y de la, soberanía de la provincia de San
                    Juan.
                    
                    Quiero que se respete la base fundamental de
                    nuestro sistema que son los derechos de las |>rovin-
                    cias con todas sus imperfecciones, concillándola
                    con las exijencias del orden y do la libertad : quie-
                    ro la paz entre los poderes públicos, para que su
                    acción se arregle á la ley do las democracias, que
                    es la mayoría: quiero por fin, quo no Complique-
                    mos el difícil problema de consolidar el orden á la
                    par de la libertad, propalando doctrinas que no
                    pueden dar otro resultado sino el descrédito de
                    las instituciones aismas establecidas sobre bases
                    falsas.
                    
                    Es de deplorarse que altas y privilegiadas intoli-
                    jencias acrediten erradas doctrinas.— 92 —
                    
                    S<mor Presidente : lo que ha sucedido en San
                    Juan v en varias otras provincias nos dá la medida
                    de lo que sucedería si la facultad del juicio políti-
                    co se considerase función inherente á la lejislatura,
                    es decir: función oi-dinaria con Cámaras únicas,
                    sin regla anterior en la Constitución. Faltando el
                    contraposo-y correctivo, toda la mayoría parlamen-
                    taria en ellas se convertiría ó en instrumento del
                    Bjecativo ó ce. mayoría.revolucionaria. Corno en
                    San Juan crearía el delito en cada cuestión con el
                    gobernador, daria la ley penal para el caso ocurrí
                    do, suspendería por el solo hecho de acusar, ^e
                    constituiría en acusador y juez á un mismo tiempo,
                    y ¡ulularía la independencia de los poderes como
                    la ha anulado la Lejislatura de San Jupn al disponer
                    por el art. 28 de su ley de enjuiciamiento que la
                    simple acusación de un ministro obliga al goberna-
                    dor á separarlo de sus consejos, lo que es todavía
                    mas monstruoso que la suspensión del gobernador
                    
                    Tales serian los resultados prácticos de tales
                    doctrinas una vez acreditadas, con nuestras asam-
                    bleas únicas y nuestro estado político y moral. Y
                    felices si en medio de tales escesos las fuerzas de
                    la opinión no abandonase á los poderes públicos,
                    v los dejase ajitarse en el vacio dando el triunfo á
                    ia violencia.
                    
                    ESI mismo gobierno que teorizando sobre la leji
                    midad de la ley de enjuiciamiento de San Juau
                    
                    la ha sostenido, ha determinado reglas fundamen-
                    tales que han sido violadas en ella, como por ojeni*
                    pío las acusaciones aceptadas por simple mayoría,
                    cuando el voto de las dos terceras partes es tan
                    esencial para la acusación como la condenación !
                    
                    El mismo gobierno nacional invocando prece-
                    dentes errados y una jurisprudencia que la ciencia
                    y la esperiencia contradicen, ha au >riz; lo la de-
                    posición de un gobernador de provincia por medio
                    desús tropas, poniéndose al servicio de una simple
                    mayoría, que ni como lejislador, ni como juez pro-
                    cedía !
                    
                    Cuando esto sucede en las altas rejiones de la
                    intelijencia, ¡qué suc-deria si tales teorías se acre-
                    ditasen allí donde no tienen correctivo !
                    
                    Por lo que á mí hace y no obstante lo dicho, no
                    improbaría ála lejislatura de San Juan sise hubic.
                    ra limitado á dar una  ley jeneral de responsabiü--
                    dad para lo futuro, por mas que sostenga que esta
                    facultad solo puede ejercerse por delegación espre-
                    sa.  Lo que deploro es que no haya tenido mesura
                    al dictar esa ley, y que cuando vuelva el goberna-
                    dor á su puesto, si es que el congreoo así lo dispo.
                    ne, no se encuentre delante de una ley justa, de un
                    juicio imparcial y severo y de una jurisprudencia
                    equitativa, para que pudiese ser legalmente con-
                    denado si lo merecía, y se defendiese si le era po-
                    sible. Habría deseado esto para dar un buen ejena.— 94 -
                    
                    pío, para robustecer el poder de loa pueblos, para
                    dar mas ensanche á las libertades, para cimentar
                    mas las instituciones, mejorando así la condición
                    de los gobernadores cuyos procederes he criticado
                    tantas veces.
                    
                    Pero si esto no es posible por el momento, si la
                    responsabilidad del Sr. Zavalla no puede hacerse
                    efectiva en esta forma, debo declarar que después
                    de haber sido imparcial y conciliador dando á
                    cada cnal la parte de reprobación ó de justicia que
                    le corresponde tal como lo he entendido, conside-
                    ro que, los errores del Sr. Zavalla de que no somos
                    jueces, y de que en todo tiempo será responsable
                    con arreglo á la ley, no lo inhabilitan para ser Go-
                    bernador mientras no sea legalmente condenado ;
                    y que por consecuencia se halla bajo los auspicios
                    de la Soberania'provincial, porque ha sido ilegal-
                    mente suspendido, y porque en todo caso no era
                    al Gobierno Nacional á quien tocaba deponerlo
                    por medio de¿la fuerza.
                    
                    Que la bandera de la soberanía provincial lo
                    cubra!
                    
                    Que pase la mercancía cubierta por la bandera!
                    Voy á terminar, señores.
                    
                    Creo que la solución que propone la Comisión
                    es no solo constitucional, sino también práctica y
                    tranquilizadora. Si ella no fuese adoptada habría
                    siempre que buscar una solución que respondiese
                    
                    — 95 —
                    
                    á las necesidades de la provincia de San Juan, res-
                    tituyéndole su paz alterada, y encaminándola por
                    el sendero de sus instituciones propias. Porque si
                    en vez de esto llegásemos á la adopción de una fór-
                    mula negativa como la de la comisión en disiden-
                    cia que propone que no se haga nada, no habría-
                    mos hecho otra cosa que ejecutar aquel movimiento
                    estéril que la mecánica realiza en los molinos, y que
                    un publicista célebre ha aplicado á los gobiernos
                    incapaces de producir resultados.
                    
                    Hay momentos en que cuando no se quiere ó no
                    se puede moler el trigo en los molinos, se trans-
                    porta la correa sin fin que imprime el movimiento,
                    á una rueda aislada que se llama la polea loca.
                    Todo el sistema se paraliza entonces : el trigo no
                    se muele, la harina no cae. Sin embargo, si el mo-
                    lino es de vapor, sigue el fuego ardiendo, si es de.
                    agua sigue esta corriendo, mientras las grandes
                    ruedas disipan sus fuerzas en el vacio sin producir
                    ningún trabajo útil.
                    
                    Esta es una cuestión nacional que ha llamado la
                    atención de la República, y en la que están com-
                    prometidos los mas importantes principios do go-
                    bierno : si después de tan larga espectativa en
                    que el pueblo ha estado pendiente de las resolu-
                    ciones del Congreso, le diésemos finalmente un
                    voto negativo que nada resuelve, nada remedia y
                    nada salva, nos habríamos declarado por el hecho— 96 —
                    
                    tan incapaces como impotentes. Y mas adelante,
                    si es que estos debates llegasen á ocupar algún dia
                    la atención de nuestros descendientes, ellos po-
                    drían decir, y con razón, que los Congresos y los
                    ejecutivos de esta é"poca eran como las poleas locas
                    de la muquiua constitucional, que bastaba traspor-
                    tar á ollas la cuerda que imprime el movimiento
                    para que las fuerzas se perdiesen en el espacio, sin
                    dar mas resultado que un ton ente de palabras y
                    de papeles sin aplicación útil! —Hé dicho.
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