La Constitucion y La Dictadura Estudio sobre la organizacion politica de Mexico.

Abstract

Study on the political organization of Mexico, in two books. Book one, 'La dictadura en la historia', contains the following chapters: 'El desprestigio de los sistemas'; 'La lucha de los partidos'; 'Formación y trabajos del Constituyente'; 'Concesiones y derrotas de los progresistas'; 'La obra del Constituyente'; 'El prestigio de la Constitución'; 'La Constitución y su modelo'; 'Comonfort', and 'La dictadura democrática'. Book two, 'La dictadura en las instituciones', contains the following chapters: 'La elección'; 'Supremacía del Poder Legislativo'; 'Las armas del Congreso'; 'El Veto y el Congresionalismo'; 'Caracteres de la Suprema Corte'; 'Las invasiones de la Suprema Corte'; 'Los Estados', and 'Problema actual'
Metadata

Item Type:	Book or pamphlet
Creators:	Rabasa, Emilio
Date:	1912
Place of Publication:	Mexico City
Publisher:	Tip. de 'revista de revistas'
Number of Pages:	331
Theme:	Political Culture
Country/Region:	Mexico
Keywords:	Constitutionalism, Civil Law, Government Administration, Government Institutions, Ignacio Comonfort, Elections, Federalism
URI:	http://liberalism-in-americas.org/id/eprint/794
Document text
                    La Constitución y la Dictadura
                    
                    Estufa sobre la OrgaiincM* Política de MéxicoiLA CONSTITUCION Y LA DICTADURALA CONSTITUCION
                    
                    LaD
                    
                    IGTADURA
                    
                    ESHIDIO SOBRE IA ORGANIZACION POLITICA DE MEXICO
                    
                    EMILIO
                    
                    Es necesario que la filosofía políti
                    <ia anali'-e la historia política; que
                    illnlltiíra lo <iue se deoelWasnnalida
                    ■'es del pueblo de lo oue es debido &
                    la superioridad de Iím* leyf-s; .iue de-
                    termine con culiiaiio el efecto exac-
                    to de cada parte de la Constttueldo.
                    .. rlesiro de destruir a'f/unos Idolos
                    de la multitud.......
                    
                    MEXICO, D. F.
                    
                    T!f. DE «REVISTA DE REVISTAS», 3* DE CO^ON. 32
                    
                    1912
                    
                    INDICE
                    
                    UMO MHMtM
                    
                    LA DICTADURA KN LA HIRTOWA
                    
                    Capitulo 1.   El desprestigio de los sistemas.................. 9
                    
                    Capítulo 11.   La lucha de los partidos........................ 27
                    
                    Capitulo III.   formación y trabajos del Constituyente.......... +&
                    
                    Capítulo IV.   Concesiones y derrotas de los progresistas....... 67
                    
                    Capítulo V.   La obra del Constituyente..................... íl
                    
                    Capítulo VI    El prestigio de la Constitución.......... ....... W
                    
                    Capitulo Vil    La Constitución y su modelo.................... 1 »3
                    
                    Capítulo VIH.   Comonfort.................................. 123
                    
                    Capítulo IX.   La dictadura democrática....................... 137
                    
                    LIBRO SEGUNDO
                    
                    LA DICTADURA KN LAS INSTITUCION»*
                    
                    Capítulo     X.   La elección................................... 161
                    
                    Capítulo    XI.   Supremaofa del Poder Legislativo............... 187
                    
                    Capitulo   XII.   Las armas del Congreso ....................... 207
                    
                    Capítulo Xlll.   El Veto y el Congresionallsmo.................. 231
                    
                    Capítulo XIV.   Caracteres de la Suprema Corte................ 253
                    
                    Capítulo   XV.   Las invasiones de la Suprema Corte............. 277
                    
                    Capítulo XVI.   Los Estados................................... 301
                    
                    Capítulo XVII.   Problema actual............................... 336I
                    
                    «4. +i. ■
                    
                    ILIBRO PRIMERO
                    
                    LA DICTADURA EN LA HISTORIA
                    
                    CAPITULO I
                    
                    El desprestigio de los sistemas
                    
                    En los veinticinco años que corren de 1822 adelante,
                    la Nación mexicana tuvo siete Congresos Constituyentes
                    que produjeron, como obra, una Acta Constitutiva, tres
                    Constituciones y una Acta de Reformas, y como conse-
                    cuencias, dos golpes de Estado, varios cuartelazos en
                    nombre de la soberanía popular, muchos planes revolu-
                    cionarios, multitud de asonadas, é infinidad de protestas,
                    peticiones, manifiestos, declaraciones y de cuanto el inge-
                    nio descontentadizo ha podido inventar para mover al
                    desorden y encender los ániiaos. Y á esta porfía de la
                    revuelta y el desprestigio de las leyes, en que los gobier-
                    no* solían ser más activos que la soldadesca y las faccio-
                    nes, y en que el pueblo no era sino materia disponible, lle-
                    varon aquéllos el contingente mlás poderoso para aniqui-
                    lar la fe de la Nación, con la disolución violenta de dos
                    congresos legítimos y la consagración como constituyen-
                    tes de tres asambleas sin poderes ni apariencia de legiti-
                    midad.
                    
                    Reunióse en 1822 el primer Congreso que debía oon»-10 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    tituir á la Nación según las bases establecidas en el Plan
                    de Iguala y el Tratado de Córdoba; es decir, organizando
                    una monarquía moderada al estilo de 1812 y llamando al
                    trono á un príncipe de la casa real de España; pero una
                    noche, y cuando el Congreso meditaba ya la ley suprema,
                    un sargento acabó con plan y tratado, proclamando Em-
                    perador de México á D. Agustín de Iturbide; con lo que,
                    si los instigadores de Pío Marcha no lograron hacer no
                    emperador, deshicieron la idea monárquica, que no había
                    sido seguramente sino un medio de contentar por de pron-
                    to al partido español de La antigua colonia. El Congreso
                    cedió á la violencia que á una ejercían sobre él las mili-
                    cias sobornadas y un populacho inconsciente; pero á la
                    vez que, conformándose con la imposición del motín, de-
                    claraba emperador á Iturbide, trató de asumir su papel
                    de representante de la soberanía nacional, y lo hizo con
                    la convicción y entereza á que tan propicios eran, tanto
                    las ideas que al través de la Metrópoli y sus revoluciones
                    había derramado en la Nueva España la revolución fran-
                    cesa, como los sentimientos propios de un país que aca-
                    baba de conquistar su autonomía con el triunfo de una
                    rebelión contra fuerzas seculares. Pero el imperio era
                    absurdo y los absurdos políticos sólo pueden sostener su
                    vida efímera por medio de la fuerza: Tturbide disolvió el
                    Congreso.
                    
                    El hombre era desproporcionadamente pequeño para
                    la magna obra á que parecían llamarle sus destinos. In-
                    fluido de ejemplo reciente para sus audaces tentativas,
                    sus actos resultaban sin grandeza y dejaban ver siempre
                    en el fondo del cuadro el telón pintarrajeado de la farsa
                    teatral. Su 18 Brumario, que vino después de la corona-
                    ción ridicula, y que no tenia por precedentes las campa-
                    ñas de Italia y Egipto, ni por fuerza el genio napoleónico,
                    ni deslumhró ni amedrentó; y así, cuando su acto brutalEL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS
                    
                    11
                    
                    rompió el encanto de la soberanía popular y de la majes-
                    tad del Congreso que la representaba, no sustituyó en su
                    lugar el prestigio de la institución monárquica, ni siquie-
                    ra el respeto ni el temor de la fuerza dura, que siente en
                    si misma y hace sentir la confianza en su inconmovilidad.
                    
                    No hay acto en nuestra historia política más fatalmen-
                    te trascendental que éste. Los pueblos que acababan de
                    romper con sus tradiciones coloniales, perdían de un solo
                    golpe las bases en que iban á fundar el edificio de su nue-
                    va vida institucional; y por más que se argumente en
                    contra de las instituciones libres para un pueblo que co-
                    menzaba á vivir, no podrá encontrarse á la situación de
                    los pueblos americanos que se independieron de España
                    más solución que la de levantar sus gobiernos sobre el
                    principio de la soberanía popular, que habían aceptado
                    y,i los monarcas en Europa, que habían propagado en
                    aquel Continente las guerras napoleónicas, que habían
                    asegurado las constituciones de pueblos cultos y que ha-
                    bían derramado, como La buena nueva, desde los filósofos
                    del siglo XVIII basta los poetas del siglo XIX.
                    
                    El argumento de "las masas ignorantes" que aun hoy
                    suele prosperar en la ligereza de los editoriales de perió-
                    dico, no tiene valor ninguno: las masas ignorantes no go-
                    biernan en ninguna parte y precisamente el pecado del
                    jacobinismo democrático consiste en haberlas contado
                    como factor de gobierno. Para la vida política, para la
                    influencia en los destinos de un país, el pueblo es la parte
                    de la sociedad que tiene conciencia de la vida nacional.
                    Lo malo es que la palabra pueblo tiene en los idiomas oc-
                    cidentales tres connotaciones que la ignorancia y muchas
                    veces el simple descuido confunden: la de masa social en
                    conjunto, la de suma de individuos capaces de ejercitar
                    los derechos políticos, y la de pueblo bajo, por contrapo-
                    sición á la parte culta y acomodada de la sociedad. De
                    
                    12
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    esta confusión han nacido todas las teorías falsas y todas
                    las vociferaciones perversas de que se alimenta la dema-
                    gogia.
                    
                    El pueblo de la vieja colonia tenía la convicción de su
                    poder sobre el Gobierno, fundada en el motivo más incon-
                    testable: el haber destruido el existente por las armas.
                    Nada hay que dé mayor conciencia del propio derecho
                    que el hacerlo prevalecer por la fuerza. Sobre aquella
                    convicción debió ponerse la consagración del principio
                    que diera el gobierno al pueblo legítimamente represen-
                    tado, y sólo esta representación pudo ser autoridad res-
                    petable para someter por la ley las fuerzas mismas que
                    tendían por falta de disciplina á desordenarse; esto fué
                    lo que trató de hacerse y á ello conducían los primeros
                    pasos de la revolución triunfante; pero el golpe de Es-
                    tado de Iturbide, no sólo tuvo el efecto inmediato y pasa-
                    jero de disolver un congreso, sino el trascendental y du-
                    raderc de destruir en la conciencia pública el principio
                    fundamental en que había de sustentarse la organizaeióu
                    política de La Nación.
                    
                    Como si esto no bastara para prostituir la idea de la
                    representación nacional y hacerla despreciable á loa ojos
                    de los pueblos, Iturbide creó de propia autoridad la Jun-
                    ta Instituyente, reunión de representantes de las provin-
                    cias que él mismo designó de entre sus adictos, asamblea
                    que debería llenar ciertas funciones legislativas mientras
                    se reunía un nuevo Congreso; pero que de hecho iba á
                    constituir al país, y que llegó á formar el proyecto de una
                    constitución provisional del imperio. Así fué cómo por
                    dos actos sucesivos y cuando se iniciaba en el espíritu
                    público el respeto á la autoridad investida de los poderes
                    de la Nación, Iturbide destruyó todo principio de auto-
                    ridad suprema, y quitó los fundamentos de la suya pro-
                    pia, primero atentando contra la representación investidaEL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS 13
                    
                    del poder nacional y después usurpando ese poder para
                    la investidura de una asamblea sin origen legal ni auto-
                    ridad alguna. La idea democrática fué así destruida en
                    germen; la fe en los principios que la alimentan vaciló
                    desde entonces.
                    
                    Cinco meses después tocó su turno de desprestigio á
                    la autoridad fundada en la fuerza. Una revolución rápida
                    eomo pocas, sin grandes esfuerzos ni notables hechos de
                    armas, casi sin encontrar resistencias, dió al traste con
                    el principio y lanzó al Emperador del territorio nacional.
                    En menos de un año, los pueblos habían perdido la fe
                    en el Derecho y el respeto á la fuerza, y con la eficacia de
                    las lecciones de la experiencia habían aprendido á bur-
                    larse de las promesas del uno y á despreciar las amena-
                    zas del otro. El Congreso disuelto volvió á reunirse, y él,
                    que había declarado emperador á Iturbide por sesenta y
                    siete votos contra quince, declaró, tan pronto como rea-
                    sumió sus funciones, que el gobierno imperial era obra de
                    la fuerza y que eran nulos todos sus actos.
                    
                    No habían de esperarse mucho tiempo las consecuen-
                    cias de tales sucesos; por todas partes cundió un senti-
                    miento que debió de ser mezcla de desconfianzas y codi-
                    cias entre los grupos, bien reducidos en cada provincia,
                    de los hombres capacitados para intervenir en los nego-
                    cios públicos. Varias provincias una tras otra declaraban
                    su independencia; otras amenazaban proclamarla; la ma-
                    yor parte exigían del mal sostenido poder del centro el es-
                    tablecimiento de la República federal, y de tal suerte
                    apremiaron al Congreso, que éste, no obstante haber con-
                    vocado ya á elecciones de un nuevo Constituyente, se vió
                    constreñido á manifestar á la Nación en una orden dic-
                    tada en altas horas de la noche, que aunque ya sin pode-
                    res para dar leyes constitucionales, votaba por la insti-
                    tución do la República federal.
                    
                    ■14
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Reunido el muevo Constituyente, la rebelión de oasi
                    todas las provincias obligó al Gobierno á excitar á aquél
                    para que proclamase en breve término la forma de go-
                    bierno que ellas imponían, y tan serias hubieron de ser
                    
                    las circunstancias, que Ramos Arizpe formuló en tres
                    días el proyecto de bases constitutivas, que éstas circu-
                    laron dos semanas después para tranquilizar desde luego
                    los ánimos, y el Acta Constitutiva, primera ley funda-
                    mental mexicana, se expidió dos meses más tarde. Fué
                    ésta un anticipo de la Constitución que aquél Congreso
                    estaba llamado á formar, y que dió en efecto al país, en
                    Octubre del mismo año de 1824.
                    
                    La imposición del sistema federal por las provincias,
                    sobre un gobierno que lo repugnaba, no pudo ser obra
                    ciega de la ignorancia como se asentó por escritores de
                    la época. Las provincias confiaban más en sí mismas que
                    en el gobierno central, y el espíritu de independencia que
                    en ellas había dejado la guerra de separación las impul-
                    saba á obtener la mayor suma de libertades posibles para
                    atender á su propio desenvolvimiento político; pero por
                    otra parte, no debió de influir poco en su actitud resuelta
                    y amenazadora el afán de sus grupos directores de tener
                    la mayor suma de poder que fuera dable dentro de la
                    unidad de gobierno que era temerario rechazar.
                    
                    Así fué cómo en pueblos sin educación política ningu-
                    na se estableció el sistema de gobierno más complicado
                    de todos y que requiere más delicada comprensión de los
                    principios que lo informan. El Acta y la Constitución de
                    1824, llegaron al punto más alto á que pudieran aspirar
                    los pueblos como institución política, estableciendo la di-
                    visión y separación de los poderes públicos, la organiza-
                    ción del Legislativo y el Judicial como entidades fuertes
                    y autónomas y la independencia de los Kstados limitada
                    por el interés superior nacional. Lejos de revelar la igno-EL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS
                    
                    15
                    
                    rancia que escritores de la época atribuyeron á sus auto-
                    res, demuestran que éstos eran conocedores no superfi-
                    ciales de las teorías democráticas y federalistas, y que,
                    fuese cual fuese su opinión personal, obedecieron de bue-
                    na fe el mandato imperativo de las provincias declaradas
                    contra el centralismo, pues hay en los preceptos de am-
                    bas leyes celoso empeño de asegurar la libertad interior
                    de los Estados como una garantía contra las usurpacio-
                    nes del poder central. No hay que desconocer esos mé-
                    ritos del primer congreso republicano, ya que hay que
                    denunciar su pequeñez de miras en la organización social
                    cuando proclama la intolerancia religiosa, sostiene los fue-
                    ros, y pasando en blanco las adiciones de la Constitución
                    americana que tuvo á la vista, no garantiza los derechos
                    individuales, de los que sólo hay uno que otro regados
                    en diversos tratados de su obra. Dada la educación colo-
                    nial, adueñada de todas las conciencias y señora de todos
                    los espíritus, ni cabe siquiera formular un cargo contra
                    los que, en sus respetos por la tradición, representaban
                    fielmente á los pueblos tradicionalistas de quien deriva-
                    ban sus poderes.
                    
                    La obra estaba lejos de la perfección; pero era noble.
                    Si la porción activa de nuestro pueblo hubiese sido como
                    el americano, tan enérgico para sostener sus derechos co-
                    mo sobrio para mantenerse dentro de sus leyes, las defi-
                    ciencias se habrían llenado y los defectos corregido por
                    el sólo proceso de las necesidades públicas, que obran
                    evoluciones incontrastables, como las morosas leyes natu-
                    rales modifican el mundo y transforman los planetas. El
                    pueblo americano ha consumado la completa evolución
                    de su gobierno dentro de su misma constitución escrita,
                    rígida é inmóvil, en tanto que nosotros no hemos podido
                    modificar el sistema real que nos cabe, á pesar de todas
                    las constituciones inventadas para cambiarlo.  Todo 1»16
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    hemos esperado de la ley escrita y la ley escrita ha demos-
                    trado su incurable impotencia.
                    
                    Apenas publicada la Constitución, las Legislaturas de
                    los Estados comenzaron á proponer enmiendas sin las
                    cuales tenían por imposible el gobierno de la Nación. Ha-
                    bía afán de intervenir en lo más alto de las funciones
                    públicas; ningún empeño de prestigiar la Ley fundamen-
                    tal; los Estados, reconocida su soberanía, tendían á ser
                    señores; tras el desprestigio de la soberanía nacional y la
                    bancarrota de la fuerza, se buscaba la inconsistencia de
                    la Ley suprema, con lo que ya no habría nada de qué hacer
                    un ídolo, si el pueblo era ignorante, ó nada que respetar
                    y en qué fundar las propias garantías, si era bastante
                    culto para atender á su propia conservación.
                    
                    Cuando en el orden político no quedaba ya ningún
                    principio superior á que atribuir el origen de la autori-
                    dad, aparecía mayor la del clero, porque era la única que
                    mantenía en sus dogmas misteriosos y tradicionales el res-
                    peto y la adhesión de los pueblos. Y si á su feliz posición
                    para dominar al poder temporal se añade la amenaza que
                    sintió en la invasión de las ideas nuevas y en el afán
                    creciente de libertades, se explica que tendiera á ense-
                    ñorearse de la política y adueñarse del gobierno. Su pro-
                    grama debía ser el de todas las iglesias imperantes ¡ com-
                    batir las libertades públicas; y como el principio federal
                    no sólo era una libertad novísima en México, sino el anun-
                    cio de las otras que vendrían de las instituciones ame-
                    ricanas, el clero tuvo que ser, con todos sus parciales,
                    enemigo del sistema federal y enemigo de la Constitu-
                    ción. Así se atizó el liberalismo naciente; los partida-
                    rios de la Constitución se hicieron adversarios del clero
                    y avanzaron en sus ideas, echando en cara á la clerecía
                    «us desórdenes y su falta de patriotismo; el clero culpó
                    á la Constitución de ser origen de todos los males del país,EL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS
                    
                    17
                    
                    y á sus defensores de demagogos, de impíos y de incapa-
                    ces para el gobierno. La lucha se entabló, por lo general,
                    sin virilidad ni franqueza, salvo por parte de muy po-
                    cos; los presidentes que se sucedían, ó vacilaban entre
                    ambos extremos ó eran capaces de aceptar los dos suce-
                    sivamente. La ley fundamental, asendereada por todos,
                    no tenía autoridad ni ascendiente; los Estados no sentían
                    la cohesión federal, la política se fraguaba en los conven-
                    tos y los principios fundamentales y las libertades públi-
                    cas se discutían en los cuarteles.
                    
                    En 1835, el gobierno se determinó á acabar con el sis-
                    tema federal. El Congreso, que, de limitarse á reformar
                    la Constitución legalmente, debía, según los preceptos de
                    ésta, iniciar las modificaciones y dejar á la legislatura si-
                    guiente la aprobación necesaria para su adopción, encon-
                    tró tardío y embarazoso el procedimiento, y tuvo por más
                    fácil declararse constituyente para dar una carta nueva
                    de todo á todo. La Asamblea, que tenía su origen y sus
                    títulos de legitimidad en la Constitución de 1824, usur-
                    pa poderes que ni le han dado sus electores ni proceden
                    de aquella ley, destruye la Constitución, y dicta la de
                    1836. Su base es, pues, la más original que pueda darse:
                    un golpe de Estado parlamentario.
                    
                    No es fácil encontrar Constitución más singular ni
                    más extravagante que este parto del centralismo victo-
                    rioso, que no tiene para su disculpa ni siquiera el servi-
                    lismo de sus autores; porque si por sus preceptos, las pro-
                    vincias, el Parlamento y el Poder Judicial quedaban de-
                    primidos y maltrechos, no salía más medrado el Ejecutivo
                    que había de subordinarse á un llamado Poder Conserva-
                    dor, en donde se suponía investir algo de subrehumano,
                    intérprete infalible de la voluntad de la Nación, cuyos
                    miembros, poseídos del furor sagrado de los profetas, de-
                    clararían la verdad suprema para obrar el prodigio de18 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    la felicidad pública. Este tribunal de superhombres, im-
                    pecables, desapasionados y de sabiduría absoluta, podía
                    deponer presidentes, suspender congresos, anular leyes,
                    destruir sentencias; á él se acudía para que escudriñase
                    en las entrañas del pueblo la voluntad de la Nación, y
                    en cambio no era responsable sino ante Dios, como que
                    apenas lo sufría por superior jerárquico, y debía ser obe-
                    decido sin réplica ni demora, so pena de incurrir el rebel-
                    de en delito de lesa nación.
                    
                    La seriedad cómica de estos preceptos que debió de
                    refljarse en los miembros del gran Poder, entre asom-
                    brados y satisfechos, no pudo dejar á los demás funcio-
                    narios una tranquilidad muy completa, y como la pana-
                    cea no dió muestras de eficacia en la gobernación del
                    país, no tardó el disgusto en hacerse camino ni la hostili-
                    dad en ostentarse. La prensa hizo una campaña viva pi-
                    diendo el restablecimiento de la Constitución de 24, el
                    Gobierno declaró que la nueva era causa de todos los ma-
                    les públicos (porque siempre el mal estaba en las Cons-
                    tituciones), y pidió al Congreso que meditase si no era
                    llegada la hora de reformarla. Así lo creyó el Congreso
                    á los dos años y medio de vigencia de las llamadas Siete
                    Leyes; pero no había medio de pasarse sin el Poder Con-
                    servador, que, consultado en el caso, declaró que la vo-
                    luntad de la Nación se oponía á las reformas iniciadas.
                    La Cámara de Diputados quiso destruir el obstáculo,
                    dando de mano al tal poder; pero la fracción avanzada
                    fué vencida en la votación por los conservadores.
                    
                    Inútil era insistir en ablandar el Poder supremo, sien-
                    do que las reformas iniciadas tenían por primer objeto
                    acabar con él. El proyecto de Constitución nueva pre-
                    sentado al Congreso de 1840, no prosperó, ni el plan de
                    gobierno propuesto por Santa Anna en 41, y que reque-
                    ría, para convocar un Constituyente, la declaración favo-EL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS 19
                    
                    rabie del Consejo cuya desaparición había de ser resulta-
                    do seguro de toda autorización para reformas. Gomo no
                    podía hablar sino por boca del Poder Conservador, la
                    Nación se negaba obstinadamente á todo camlbio en las
                    instituciones; pero el General Santa Anna apeló al me-
                    dio de costumbre é hizo que la Nación hablara desde el
                    cuartel de Tacubaya. El Plan de Tacubaya dijo textual-
                    mente: "Cesaron por voluntad de la Nación en sus fun-
                    ciones los poderes llamados supremos que estableció la
                    
                    Constitución de 1836....."
                    
                    Conforme á las Bases de la revolución triunfante, se
                    convocó un nuevo Congreso para constituir por tercera
                    vez á los pueblos de México; reuniéronse los Diputados
                    y resultaron no ser enteramente del agrado de Santa
                    Anna, que por aquellos días era centralista. El Congre-
                    so, perplejo en su tarea, porque ya no podía conjeturar
                    si los pueblos querían un sistema ú otro, después de que
                    en su nombre se había impuesto á los Constituyentes de
                    24 y 36, primero el uno y después el opuesto; perplejo
                    porque invocándose la voluntad de la Nación se habían
                    proclamado muchas veces las excelencias de los dos ere-
                    dos, optó por no optar. La mayoría de la comisión en-
                    cargada del proyecto lo propuso sin declaración expresa
                    de la forma de gobierno, y colocándose en los términos
                    de ambas jurisdicciones, parecía querer el sistema fede-
                    ral con restricciones centralistas, y buscar los aplausos de
                    los conservadores sin echarse la reprobación de los avan-
                    zados. La minoría formada por Otero, Espinosa de los
                    Monteros y Muñoz Ledo, y apoyada por Lafragua y
                    otros, pidió franca y abiertamente en su voto particular
                    el establecimiento de una federación basada en más com-
                    pletas libertades. Rechazado el proyecto de la mayoría,
                    una transacción entre ambas fracciones produjo el pro-
                    yecto definitivo que, aceptado por la Cámara en lo gene-20
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    ral, prometía llegar á ser la nueva Constitución, y que
                    aunque quedaba siempre como demasiado estrecho para
                    la federación, se acercaba mucho más á ella que al siste-
                    ma central, y establecía derechos individuales y algunos
                    principios de gobierno más avanzados que ninguna de las
                    Constituciones precedentes.
                    
                    Imposible era, por tanto, que Santa Anna pudiese
                    aceptarlo ni tolerar una asamblea que tan en serio y tan
                    patrióticamente tomaba su papel; pero aunque resuelto
                    á disolverla, empleó, como siempre, los medios hipócritas
                    que le dejaban en posición propicia para aprobar ó repro-
                    bar sus propios actos y presentarse en sazón oportuna
                    para pacificar y salvar á la Nación. Llamó al Gobierno al
                    Vicepresidente D. Nicolás Bravo, que con tan triste doci-
                    lidad supo servirle en más de una vez, y se ausentó de la
                    capital, mientras su ministro Tornel fraguaba el golpe.
                    
                    De orden superior se movió una revuelta en el pueblo
                    de JInejotzingo, que declaró desconocer al Congreso Cons-
                    tituyente "por haber contrariado la voluntad de la Na-
                    ción;" de esa Nación que por el momento no tenía más
                    representante que Huejotzingo, y cuya voluntad tenía
                    tantos intérpretes como facciosos había en tierras mexi-
                    canas. Las tropas, en vez de ir á reducir á los amotina-
                    dos, se adhirieron á su intento, y después de las guarni-
                    ciones de diversas ciudades, la de la capital se re-
                    beló contra la Asamblea. El Gobierno se inclinó obe-
                    diente ante su propia farza y ordenó la disolución de la
                    Cámara, por un decreto que, como quien dispone el acto
                    más baladí de simple administración, prevenía la reunión
                    de una junta de personas nombradas por el Ejecutivo,
                    que se encargarían de formar las Bases Constitutivas de
                    la Nación; pero como la llamada Junta Nacional Legisla-
                    tiva creyera menguados sus poderes si á sólo las tales
                    bases se limitaran, resolvió que daría de una buena vezEL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS 21
                    
                    una constitución completa para el gobierno perpetuo de
                    pueblos que ninguna autoridad le habían conferido, y
                    dió en efecto la carta centralista que se conoce con el
                    nombre de Bases Orgánicas. Santa Anna, vuelto á la ca-
                    pital (puesto que todo el mal estaba hecho), sancionó,
                    como Constitución, aquel atentado cínico en que se ha-
                    bían omitido hasta las más groseras formas con que se
                    finge algo de democracia, cuando hay siquiera el pudor
                    de la hipocresía ó una sombra de respeto á la dignidad
                    de la Nación.
                    
                    Sólo porque la Constitución de 36 es tan rematada-
                    mente extravagante, vacila el criterio para tener y de-
                    clarar por peor la de 43. En los autores de aquélla hubo
                    algo de libertad de acción; en los de ésta, la única li-
                    bertad que haya habido, si alguna, se empleó en fraguar
                    una organización que dependiera por completo d«l Gral
                    Santa Auna, porque temían que éste, en apariencia irres-
                    ponsable de la disolución del Congreso, lo restableciera
                    con federalismo y todo, si no era la Asamblea Nacional
                    Legislativa bastante pródiga en concesiones de autori-
                    dad y poder para el Presidente. La carta de 43 es un
                    absurdo realizado: es el despotismo constitucional. En
                    ella, el gobierno central lo es todo; apenas los Departa-
                    mentos tienen atribuciones de administración munici-
                    pal, y todo el gobierno central está en manos del Eje-
                    cutivo. El Congreso se compone de una Cámara de Dipu-
                    tados designados por los electores terciarios, que lo fue-
                    ron por los secundarios y sólo éstos por el pueblo, y una
                    Cámara de Senadores designados por los Poderes pú-
                    blicos y las Asambleas de Departamento; pero de entre
                    ciertos grupos salientes, con quienes trata de crearse una
                    casta privilegiada, y en la que figuran muy principal-
                    mente los generales y los obispos. Así y todo, el Con-
                    greso queda casi anulado por el   veto extraordinario
                    
                    i
                    
                    3 ~jr~—^— ... . -22 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    quie corresponde al Presidente, en tanto que el Poder
                    Judicial, viene también á sus manos por las directas y
                    gravísimas facultades que tiene respecto á los tribuna-
                    les supremos. Las responsabilidades pesan sobre los mi-
                    nistros y sobre el Consejo de Gobierno; sobre el Presi-
                    dente ninguna; y sin embargo, no hay gobierno de Ga-
                    binete, pues el Presidente, oído el parecer de sus mi-
                    nistros y recogida la votación, puede proceder como bien
                    le plazca. Las irrisorias facultades de las Asambleas de-
                    partamentales, están sometidas al veto de los goberna-
                    dores, y si por caso una Asamblea insiste, es el Presi-
                    dente quien resolverá lo que quiera. Pero todavía para
                    que nada quede á los pueblos, ni nada falte á la auto-
                    ridad sin límites del Presidente, toda la organización
                    mezquina de los Departamentos, según la Constitución,
                    se anula y aniquila por la facultad que aquél tiene de
                    iniciar leyes excepcionales para la organización política
                    de señalados Departamentos, cuando lo tenga por nece-
                    sario.
                    
                    Los principios fundamentales de esta ley suprema,
                    l'ueron: captarse á Santa Auna, dando en la puja cons-
                    tituyente, más que otro fuese 1 litado de dar; ganarse al
                    clero por medio de la intoleniucia, el fuero y los privi-
                    legios; asegurarse la casta militar también por los pri-
                    vilegios y los lucros, y obtener, en suma, para el par-
                    tido conservador, un poder omnímodo brutalmente auto-
                    rizado en la ley primera de la Nación.
                    
                    Pero como la naturaleza es invencible aun para las
                    asambleas constituyentes, el absurdo era insostenible.
                    Constituir el despotismo, reglamentar la omnipotencia,
                    organizar el poder absoluto, son frases sin sentido y ex-
                    tremos de construcción imputrible. La Constitución de 43
                    resultó estrecha para el Oral. Santa Anna y hubo que
                    romperla. Rebelado en Guadalajara el  Gral. Paredes,EL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS
                    
                    23
                    
                    mientras Canalizo desempeñaba interinamente la Presi-
                    dencia, Santa Anna tomó el mando de las tropas para
                    ri'duci» á aquél y omitió el requisito de la licencia del
                    Congreso. Reclamólo éste; quiso el Gobierno desdeñar
                    la observación; encendiéronse senadores y diputados;
                    hubo entre éstos quien moviera acusación contra el Ga-
                    binete, y al fin, Canalizo, de acuerdo con el Presidente
                    propietario, cerró ambas Cámaras y desconoció su au-
                    toridad. La revolución de Paredes, secundada en Puebla
                    y en la capital, desconcertó á Santa Anna, que apeló á
                    la fuga y acabó por salir desterrado.
                    
                    Cuando tres años más tarde, este hombre que tomaba
                    su fuerza da la falta de principios y decoro, volvió al
                    país en medio de la guerra americana, apoyó su reapa-
                    rición en duras protestas contra el partido conservador,
                    que siempre le había sostenido y á quien había de ape-
                    lar otra vez andando los tiempos de su desvergonzada
                    política. Kl plan de la Ciudadela, de Agosto de 1846,
                    convocaba un nuevo congreso constituyente, y un de-
                    creto del gobierno provisional restableció la Constitu-
                    ción de 24, haciéndola regir mientras la nueva represen-
                    tación nacional expedía la suya. Santa Anna, vuelto á la
                    presidencia de la República en las elecciones que enton
                    ees se praeticaron, sancionó en 47 y juró la nueva ley
                    fundamental, y él, que denunciaba las Bases de 43 como
                    estrechas para la acción libre y eficaz del Gobierno, aceptó
                    sin vacilar la nueva organización netamente federalista
                    que establecía el Acta Constitutiva con la Constitución
                    de 24, modificadas en el Acta de Reformas, en sentido
                    más liberal y con mayores restricciones para el Poder
                    Ejecutivo.
                    
                    Aquel Congreso, que dió un paso de trascendencia en
                    nuestras instituciones, trabajó en circunstancias tan di-
                    ííeiles. (jiio es digno de admiración y de alabanza. Dícese
                    
                    24
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    por escritores de la época, que estaba dominado por el
                    talento y el carácter absorbente del diputado Rejón;
                    pero el hecho es que el alma de la reforma, el que no
                    desconfió de la supervivencia de la Nación en sus derro-
                    tas y quería á todo trance aprovechar el momento pro-
                    picio para constituirla bajo el predominio de los prin-
                    cipios federalistas, que eran los de las libertades públi-
                    cas, fué el joven jefe del partido moderado, orador elo-
                    cuente, luchador incansable, y á juzgar por sus obras,
                    uno de los espíritus más cultos de sus días ¡ D. Mariano
                    Otero.
                    
                    Las tropas nacionales eran vencidas por todas partes;
                    los invasores llegaban ya al corazón de la República;
                    cada paso resultaba desacierto; cada encuentro, retira-
                    da; cada retirada, derrota. La Nación necesitaba ejérci-
                    tos, los ejércitos necesitaban rancho, y el Erario, que ha-
                    liía vivido siempre en el déficit, estaba caído en la
                    bancarrota. El dinero, que no podía ya estar en los cam-
                    pos ni en las pequeñas industrias, se guardaba sólo en
                    la iglesia y en manos de los ricos siempre conservado-
                    res; la exacción en los tesoros del clero encendía la
                    cuestión religiosa, que llegaba al Congreso para oca-
                    sionar divisiones en la representación nacional y agi-
                    tar las más peligrosas pasiones. La Nación se abatía al
                    peso de todas sus pasadas culpas y de todos sus erro-
                    res, tan irremisible, tan fatalmente; los medios de de-
                    fensa, los sacrificios mayores se veían tan absolutamente
                    estériles é inútiles, que hay que reconocer algo de gran-
                    de, de extraordinario, de muy superior, en los poeos
                    hombres que tenían fe todavía, ya que esa fe loca no po-
                    día sino ser hija del patriotismo más noble y más alto.
                    
                    Siguió el desastre hasta el fin, en el orden de los
                    hechos irremediables, que casi aparecen con la fatalidad
                    de las leyes de la naturaleza y casi nos inspiran hoy unEL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS
                    
                    sentimiento de irresponsabilidad. La tenacidad de Otero
                    dió una obra que persistió á través de la catástrofe; el
                    sistema federal pasó á la nueva época para ser objeto de
                    embates más crudos, para arrastrar con él, en una se-
                    rie de campañas, las libertades nuevas que habían de traer-
                    le las revoluciones de Ayutla y la Reforma; pero para se-
                    guir siempre un camino de victorias, reuniendo en tor-
                    no á los pueblos, y haciendo con todos los sacrificios de
                    muchos años y los dolores de dos generaciones, el presti-
                    gio necesario para que una institución viva y perdure
                    hasta conquistar todas las voluntades, levantarse como
                    símbolo de fe para todos los espíritus y criar al fin el
                    alma nacional. '• I iCAPITULO II
                    
                    La lucha de los partidos históricos
                    
                    La unidad religiosa había sido en la Nueva España
                    un hecho sin contradicción y como espontáneo; de ahí
                    que la intolerancia fuese no sólo una institución en las
                    leyes, sino uua necesidad en la paz de las conciencias.
                    La unidad religiosa, con ser un absurdo dentro de la na-
                    turaleza para cualquier grupo social, constituía en los
                    comienzos de la era independiente de México un elemen-
                    to natural y propio de aquella comunión política que sin
                    él no habría podido explicarse su existencia como pueblo
                    organizado. La Iglesia, siempre adherida á la tradición,
                    porque ella era la primera de las tradiciones, fué enemi-
                    ga encarnizada de la rebelión insurgente, hasta que el
                    triunfo de la independencia la hizo buscar en el nuevo or-
                    den la acomodación y la vida; pero como había sido en
                    la colonia, lo mismo que en la Metrópoli, gran factor en
                    el mando y señora en la autoridad, no podía renunciar
                    fácilmente el gran poder que durante siglos mantuvo so-
                    bre los pueblos, ni resignarse á la misión evangélica, que
                    había pasado, en el orden de sus tendencias y de sus pro-
                    pósitos, á segunda categoría. Tenía mucho que pedir,
                    como que aspiraba al mando supremo; pero tenía mucho
                    que ofrecer en cambio, puesto que ofrecería como aliada
                    la influencia más eficaz, cuando iban á perder toda la su
                    ra los principios, las leyes y los gobiernos.28 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Empeñada, por supuesto, en ceder lo meno« posible,
                    ya que tuvo que aceptar la separación de España, siguió
                    á Iturbide en su movimiento, porque era de reacción res-
                    pecto al espíritu de los primeros insurgentes y pretendía
                    mantener la tradición monárquica. Se resignó con la.
                    caída del Emperador porque no estuvo en su mano evi-
                    tarla, y se resignó también con el sistema federal que im-
                    pusieron las ciudades, en parte porque la imposición era
                    irresistible y en parte porque ella misma ignoró toda la
                    trascendencia liberal de la emancipación de las provin-
                    cias; pero cuando los partidos comenzaron á esbozarse en
                    la política del país, como signo y revelación de la vida
                    nacional, púsose la Iglesia de parte del que menos franqui-
                    cias concediera, del que mostrara más tendencia al abso-
                    lutismo, que es tradición y que educa para la obediencia
                    pasiva, puesto que sabía que toda libertad es fecunda en
                    libertades, y que toda concesión debilita la influencia de
                    las religiones como instituciones políticas. El Congreso
                    de 1833 materializó los peligros del clero bajo el sistema
                    federal y mostró cómo habían germinado en la nueva na-
                    ción las semillas de las revoluciones europeas, pues con
                    él planteó Gómez Earías casi por completo el programa
                    de la reforma política y social de exclusión de la Iglesia
                    de los negocios públicos; ella entonces cargó resuelta-
                    mente todo su peso en favor de una faetión, y la enemi-
                    ga hubo de encararse con ella, rompiendo todo el respe-
                    to secular que la había protegido. Santa Anna dió al cle-
                    ro las primeras victorias para apoyarse en su influencia,
                    y á reserva de servirse de sus tesoros cada vez que él y
                    ella corrían un peligro que el astuto intrigante sabía ha-
                    cer común; se manifestó definida la oposición de centra-
                    listas y federalistas, de conservadores y liberales, y bien
                    pronto los primeros lograron derribar la Constitución
                    que, aunque intolerante para los dogmas, había estableci-
                    
                    -- - —.....LA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    29
                    
                    do las primeras libertades para los hombres y para los
                    pueblos.
                    
                    En 1842 la violación de la unidad religiosa se hizo en
                    nombre de la soberanía nacional por el Congreso Consti-
                    tuyente. El proyecto de ley suprema que resultó del
                    acuerdo entre los miembros de la comisión de constitu-
                    ción, declaraba religión del Estado la católica, prohibien-
                    do el ejercicio público de otra cualquiera; concedía com-
                    pleta libertad á la enseñanza privada; otorgaba la liber-
                    tad de imprenta con sólo la excepción en materia religio-
                    sa de no atacar el dogma; es decir, establecía, sin decla-
                    rarlo en proposición concreta, la libertad religiosa, por
                    uuis que aceptara una religión de Estado. El Congreso
                    fué disuelto antes de que aprobara en lo particular los
                    artículos de su obra, y ya hemos visto la que produjo la
                    Asamblea Nacional Legislativa nombrada para reempla-
                    zarlo. Las conciencias se escandalizaron, la gran mayo-
                    ría de la Nación vió con horror los heréticos principios
                    que se condenaban por la Iglesia y la intolerancia fué re-
                    clamada como un derecho de la sociedad, á quien tal pa-
                    recía que se despojaba de algo muy propio y muy personal.
                    Al definirse así los credos y los partidos opuestos, surgió
                    en los espíritus la enfermedad de aquella época de transi-
                    ción: la angustia religiosa. El terreno era propicio para to-
                    das las emancipaciones; la Iglesia había llevado su parte
                    en el desprestigio de las instituciones abatidas; las ideas
                    nuevas se propagaban por los periódicos cada vez que
                    las autoridades descuidaban la presión; pero la Iglesia
                    cerraba sus esperanzas y amedrentaba con su censura,
                    llenando de pavor á aquella sociedad poseída. Los hom-
                    bres de resolución fácil adoptaron un extremo, y no hu-
                    bo de ser excepcional el caso de hombres de ideas libera-
                    les que se hicieran conservadores porque no podían de-
                    jar de ser católicos, ni el de los que rompieran con el ere-30
                    
                    L\ CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    do católico porque no podían renunciar á los principios
                    liberales.
                    
                    El clero se empeñó en presentar como incompatibles
                    el catolicismo y el liberalismo para hacer inseparables el
                    sentimiento religioso y la filiación política; pero en cam-
                    bio los liberales, ya por buscar refugio á sus propias con-
                    ciencias, ya por allanar el camino á nuevos partidarios,
                    marcaron la distinción entre el clero y la Iglesia y entre
                    la Iglesia y los dogmas, de suerte que llamaron á sus ene-
                    migos "clericales" sin abjurar por su parte del título de
                    católicos. Pero en aquella época de transición, en que
                    más que una lucha de principios había una evolución do-
                    lo-rosa de conciencias, y en que cada hombre, antes de
                    combatir al adversario, comenzaba por luchar consigo
                    mismo, muchos, quizá la mayor parte, permanecían en la
                    indecisión, querían hacer de la perplejidad el punto me-
                    dio y llegaban á creer de buena fe que los extremos te-
                    nían una línea de acomodación aconsejada por la razón,
                    por el patriotismo y por los principios religiosos, listos
                    formaron el partido moderado, que si parecía avanzado
                    en tolerancia, era reaccionario en política, y del cual se
                    pasaba mucho más fácilmente al clericalismo neto que
                    al liberalismo puro; partido esencialmente débil, puesto
                    que tenía que componerse de hombres débiles, y que per-
                    judicó profundamente á la evolución rápida del liberal,
                    porque éste se veía inclinado con frecuencia á confiar en
                    los hombros de aquél, por la proximidad de sus princi-
                    pios y la elasticidad de sus concesiones.
                    
                    Cual suele suceder en los períodos de indecisión que
                    sirven como de puentes entre dos etapas, dominó en Mé-
                    xico el elemento moderado, porque cada partido extremo
                    veía en él un aliado posible, porque él mismo se encon-
                    traba en aptitud de acoger á los contendientes, y porqut
                    i ra el refugio natural de todos los tibios, que son siem-LA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    31
                    
                    pre muchos, y de los acomodaticios, que no son pocos. Do-
                    minó el partido moderado bajo la Administración del
                    General Herrera y á juzgar por el éxito relativamente
                    bueno que obtuvo, pudiera haberse creído que las ideas
                    que prevalecían en aquel Gobierno demostraban ser más
                    adecuadas para mantener la armonía de los elementos po-
                    líticos del país; pero aquella relativa tranquilidad era só-
                    lo una tregua, y más bien se mentía en la superficie que
                    «e acreditaba en el fondo. Lo más notable de aquel pe-
                    ríodo íué la trasmisión pacífica del gobierno al nuevo
                    Presidente, después de una elección hecha por el sistema
                    nada popular de la Constitución de 24. Subió á la presi-
                    dencia el General Arista en calidad de liberal moderado,
                    él que había sido partidario de Santa Anna, enemigo de
                    las libertades del año 33, adicto al plan de Cuernavaca y
                    sublevado por el de lluejotzingo¡ condiciones que dan á
                    entender que no eran los moderados muy escrupulosos en
                    punto á antecedentes políticos para admitir en sus filas
                    á un hombre y confiarle el porvenir de la Nación y el
                    honor del partido. El General Arista era un hombre hon-
                    rado y bueno, y debió su elección principalmente á estas
                    cualidades, que por muy dignas de elogio que sean, no
                    eran por aquellos días las más necesarias para imponer
                    la ley y establecer el orden; las dificultades de la políti-
                    ca se complicaron en su administración con las financie-
                    ras, que si en el desorden de las revueltas se perdían en
                    la algazara de los motines y se curaban con las exaccio-
                    nes violentas, en el orden constitucional asumían y mos-
                    traban su aspecto de gravedad peligrosa y no admitían
                    sino remedios legales que era difícil encontrar. Nunca
                    había habido hacienda; por consiguiente no había tam-
                    poco hacendistas, y los que tenían que improvisarse ha-
                    cían sus primeros ensayos con la bancarrota, que es ejer-
                    cicio para desconcertar maestros.   Había que ser honra-32 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    do en medio de la inopia y era preciso hacerse con
                    fondos sin criar agitaciones ni infringir la Constitu-
                    ción; doble proposición que significaba pagar á todo el
                    mundo sin tener dinero y llenar las cajas sin exigirlo de
                    nadie. Buscóse la solución en las facultades extraordi-
                    narias que dieran esa singular legalidad á las medidas
                    que la salvación pública imponía, y el Congreso las negó
                    repetidas veces, sin cuidar si esa negativa arrojaba de
                    nuevo al país en el caos de que había salido, ó adrede
                    quizá para empujarle á él. Arista, moderado; el jefe de
                    su gabinete D. Fernando Eamírez, moderado, sumaron
                    sus debilidades é hicieron una suma debilidad un el Go-
                    bierno; el Presidente no supo hacer el sacrificio de su
                    bondad y de su nombre de oonstitucionalista, que es sa-
                    crificio propio de los grandes caracteres, y negándose al
                    golpe de Estado en que veía ilegalidad y peligros, prefi-
                    rió quedar irresponsable y tranquilo, abandonando á la
                    Nación á su propia suerte, sin gobierno, sin dinero, sin
                    principios ni fe en nada, pues volvía á darse el ejemplo
                    de la inconsistencia de la autoridad emanada de la ley.
                    Firmó una noche su renuncia, y sin esperar á que fuera
                    aceptada, abandonó la capital, dando á su salida los ca-
                    racteres de una fuga.
                    
                    ¿Qué prestigio podía alcanzar la suprema investidu-
                    ra, después de esto, en la persona diel Juez federal en
                    quien cayó? Sin embargo, quizá por un tardío arrepen-
                    timiento, el Congreso concedió á D. Juan B. Ceballos las
                    facultades extraordinarias que había negado al Presi-
                    dente constitucional. Pero Ceballos, que tampoco debía
                    ya de creer en nada, propuso á la Representación nacio-
                    nal otro golpe de Estado parlamentario como el de 1835;
                    quiso que se desconociera y anulara la Constitución de
                    24 con su acta de 47 y se convocara un nuevo Constitu-
                    yente, quizá para hacer otra ley fundamental más mode-LA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    33
                    
                    rada que aquélla, y como se negara el Congreso á tal in-
                    sinuación, dió el golpe de Estado clásico, el de gobierno,
                    que borra las leyes por acuerdo del Ejecutivo, y pone en
                    receso los cuerpos legislativos con una compañía de solda-
                    dos. Los diputados no se dieron por vencidos y nombra-
                    ron otro Presidente de la República, y á concluir con es-
                    te desorden vino la autoridad suprema del cuartel, que
                    harto se había hecho esperar. Un convenio, un acuerdo
                    de soldados sin principios ni preocupaciones legales, re-
                    solvió poner en la presidencia interinamente á otro sol-
                    dado; se despidió á Geballos, se suspendió la Constitu-
                    ción y se llamó á Santa Anna de su destierro para hacer-
                    le presidente sin Constitución, es decir, déspota, por el
                    voto de Legislaturas y Gobernadores, que estaban bien
                    persuadidos de que Santa Anna era el único hombre para
                    el gobierno, por una experiencia que demostraba preci-
                    samente todo lo contrario.
                    
                    Aquel gobierno representaba el triunfo completo del
                    partido conservador, que no tenía ya necesidad de hacer
                    concesiones ni las haría ciertamente. A la cabeza Don
                    Lucas Alamán, era un programa viviente de intolerancia
                    política y de absolutismo sin embozo, programa para cu-
                    ya completa ejecución Santa Anna no había menester del
                    jefe conservador, cuya muerte á poco acaecida, en nada
                    modificó las tendencias del Gobierno. El despotismo, sin
                    más fin que su propia satisfacción ni más mira que el ejerci-
                    cio de un poder sin límites, pisoteando todos los obstácu-
                    los, lastimando todos los intereses, tratando de amedren-
                    tnr para someter y persiguiendo para amedrentar; el
                    despotismo que toma su fuerza del temor de los buenos y
                    siempre cuenta con la bajeza de los malos, se desplegó
                    con alarde desde los comienzos de aquel período de domi-
                    nación conservadora en que los enemigos de las ideas de-
                    mocráticas iban á hacer, libres de trabas, seguros de su34
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    fuerza, su ensayo en el gobierno del país según sus prin-
                    cipios. En el curso de nuestra evolución histórica, aque-
                    lla prueba era tal vez una lección objetiva necesaria pa-
                    ra los pueblos, puesto que había de determinar su juicio
                    en cuanto á sistemas de partido.
                    
                    Santa Anna, poseído de algo como un delirio de poder,
                    que podía pasar á la clasificación de los estados patoló-
                    gicos, llevó su autoridad desde los actos más trascenden-
                    taLes de gobierno hasta los más ridículos por pequeños y
                    pueriles; no parecía ser hombre para desvanecerse en el
                    mando que había ejercido tantas veces y que conocía por
                    efímero en sus numerosas caídas, y más pudiera creerse
                    que satisfacía las necesidades de un cerebro dañado por
                    la degeneración de los peores Césares romanos, en medio
                    de sus hombres á quienes, sin ser él mejor, había apren-
                    dido á despreciar, viéndolos unas veces como juguetes de
                    su voluntad, como tránsfugas ó traidores ingratos á sus
                    beneficios.
                    
                    Sus dos años corridos de dictadura consentida y pro-
                    clamada, de absolutismo autorizado por lo que se supo-
                    nía ser la voluntad de la Nación, fueron como una em-
                    briaguez, como una crápula de mando. Tiene actos de
                    la más alta autoridad, y desciende al mínimo detalle; pe-
                    ro eso sí, malo todo. Su apoyo al clero no pone condicio-
                    nes ni límites. Declara Consejeros de Estado á todos los
                    Arzobispos y Obispo.*; da al clero todo preeminencias y
                    precedencias; restablece á los jesuítas y pone en sus ma-
                    nos la instrucción pública oficial en algunas ciudades;
                    satisface los caprichos de este eficaz aliado y llega á im-
                    poner como obligatorio, en toda la enseñanza del país, el
                    Catecismo del PMre Ripalda. En lo gubernativo, cam-
                    biados los Estados en Departamentos, los crea por su so-
                    lo decreto, define los límites entre algunos, anula las con-
                    cesiones de tierras baldías de los gobiernos locales, y eo-LA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    3S
                    
                    ino para ultrajar la memoria de los privilegios fede-
                    rales, manda que los edificios que ocuparon las Legislatu-
                    ras se conviertan en cuarteles. De los sacerdotes hace
                    abogados por un decreto; de farmacéuticos hace doctores
                    en Medicina, para que haya extravagancia cómica en me-
                    dio de los dolores trágicos de la Nación; restablece la
                    Orden de Guadalupe con todos sus ridículos arreos; pre-
                    viene el uniforme de los gobernadores y cuida de esta-
                    blecer el de los concejales, el de los empleados, el de loa
                    escribientes; decreta con pormenores el ceremonial de
                    aquella corte, para todas las asistencias oficiales; prescri-
                    be cuidadosamente los tratamientos, que quiere ver ex-
                    tremarse aun en la vida común. Por su parte no se es-
                    catima ni honores ni facultades; es el primero en todo de
                    hecho y quiere serlo de derecho, aunque nada pueda agre-
                    gar que dé lustre á su título de dictador. Apenas si lo-
                    gra algo nuevo añadiéndose el de Gran Maestre de la Or-
                    den de Guadalupe.
                    
                    Pero hay algo que le preocupa: la prórroga de mis
                    facultades omnímodas; y para que aparezca sancionada
                    por la Nación, el Gobernador de Jalisco la promueve en
                    una acta que se firma en una junta, acta que, como de
                    costumbre, será en lo sucesivo acatada y citada como par-
                    te del Derecho público nacional; el acta se reproduce en
                    todos los Departamentos; de acuerdo con ella, Santa Anna
                    expide su decreto que le prorroga las facultades extraor-
                    dinarias por todo el tiempo que quiera, que lo autoriza
                    para nombrar un sucesor con las instrucciones que estime
                    convenientes y le confiere el título de Alteza Serenísima.
                    Y hay que convenir en que anduvo modesto, porque al-
                    gunas actas le proponían el título de Generalísimo almi-
                    rante, ó el de Príncipe, y hasta hubo un pueblo que !•
                    proclamó Emperador constitucional de México.
                    
                    Las mismos convenios á que atribuía el origen de su36 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    legitimidad habían fijado un año á sus poderes y él pro-
                    rrogó así la dictadura indefinidamente; prometían una
                    nueva Constitución, y él, por uno de esos actos en que lle-
                    gaba á la extravagancia, previno oficialmente al Conse-
                    jo de Estado que se abstuviera de formar un estatuto
                    para el gobierno de la Nación, ni tratara de prever el ca-
                    so de que pudiera faltar el Presidente de la República.
                    Su propio decreto lo facultó á él para nombrarse un suce-
                    sor y aun dictarle reglas, en pliego cerrado depositado en
                    el Ministerio de Relaciones, que se abriría á su muerte ó
                    cuando él lo determinara, de modo que su voluntad ha-
                    bía de sobrevivirie para el dominio de los pueblos. El
                    pliego se depositó en efecto, y cuando Santa Anna, ama-
                    gado por todas partes, salía de la Capital en fuga, ordenó
                    que el pliego se abriera, y se halló que legaba á un
                    triunvirato, quizá como burla, el poder que ya no podía
                    sostener.
                    
                    En la persecución de los descontentos ejerció una pre-
                    sión y una crueldad de todos los días; bastaba ño adular
                    para ser sospechoso de desafecto y bastaba parecer des-
                    afecto para señalarse como rebelde. La ley de conspi-
                    radores era inicua en su letra; en su aplicación era infa-
                    me. Los hombres más distinguidos salían para el des-
                    tierro, Arista uno de los primeros; cuando acabó con los
                    prominentes pasó á los de segunda categoría; las órde-
                    nes se menudeaban sin exceptuarse ancianos, sin excusar
                    enfermos ni respetar señoras, y mientras numerosas víc-
                    timas padecían los dolores de la miseria y las nostalgias
                    profundas en países extranjeros, otras pasaban indefini-
                    dos períodos en las prisiones malsanas é inmundas que
                    les cabía en suerte ó que de intento se les señalaban para
                    hacer más duro el cautiverio. Cuando la revolución to-
                    mó creces y mostró peligros, la insolencia del déspota se
                    «onvirtió en ira, y para extremar las persecuciones y co-LA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    37
                    
                    mo si faltaran pretextos para encajar todos los actos
                    y á todas las personas en la ley de conspiradores, dió la
                    de murmuradores, que equiparó con la rebelión ¡el simple
                    acto de dar una noticia, de decir una palabra que no
                    fuese del gusto del Gobierno. Y hay que advertir, que los
                    juicios de conspiración eran gubernativos, y la pena de
                    los conspiradores la capital.
                    
                    Ningún derecho individual se reconocía; la vida, la
                    libertad, la propiedad y aun la honra estaban á merced
                    de aquel señor de los hombres, dueño de todo, arbitro de
                    las sociedades; el insulto se hizo oficial, como en la desti-
                    tución de D. Juan B. Ceballos, en que á la ofensa del
                    acto se añadió la intemperancia grosera de la frase; hay
                    ordenes y circulares de los Ministros que son desahogos de
                    uijuria contra los que no se han humillado al Gobierno
                    ó que lo combaten de algún modo. Contra la libertad,
                    prisiones y destierros, y el que muda el lugar de su
                    proscripción es conspirador y juzgado como tal; contra
                    la propiedad, la confiscación prevenida expresamente
                    Por la ley y que puede en cualquier momento fundarse
                    y ejecutarse; contra la vida, la ley de conspiradores, j
                    las órdenes especiales de Santa Anna, de que hay ejem-
                    plos; mas la brutalidad llegó al colmo suando fuera da
                    tino con los progresos de la revolución, ordenó que lo«
                    pueblos rebeldes fuesen incendiados y todos los cabeci-
                    llas pasados por las armas.
                    
                    En cuanto á la Nación como Estado, el héroe de San
                    Jacinto, que mostró en la guerra de Texas de cuánto era
                    capaz por su falta de sentimiento de amor á la patria, no
                    podía dejar de añadir una miseria á su miserable histo-
                    ria, y vendió para ello en el Tratado de la Mesilla mía
                    porción del territorio nacional
                    
                    El gobierno de Santa Anna fué cruel en el despotismo,
                    opresor y brutal; pero más que otra eosa fué insolente.38 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    7jOs hombres y los pueblos se sentían agobiados por la
                    persecución, lastimados por el abuso; pero más que todo,
                    humillados por el ultraje. Fué el oprobio el que levantó
                    á los hombres de la revolución de Ayutla, y el que les dió
                    partidarios en todo el país.
                    
                    Decir que la revolución de Ayutla fué obra del pue-
                    blo, sería dañar con la exageración una verdad que bas-
                    ta para su prestigio: que fué popular. Es decir, tuvo la
                    simpatía y la voluntad general á su favor, de suerte que
                    contó con el apoyo y con el entusiasmo de la mayoría;
                    pero sometidos los pueblos y desarmados contra la tira-
                    nía, acostumbrados á esperar todos los cambios políticos
                    de la clase militar, que hacía ó deshacía gobiernos en una
                    noche con tres artículos de plan restaurador, reformador
                    ó salvador, no tomaron en el movimiento de 55 una par-
                    ticipación mucho más importante que en los anteriores.
                    Estuvieron, sí, muy lejoa de la indiferencia pasiva con
                    que veían los simples cuartelazos; algunos paisanos acu-
                    dieron espontáneamente á las armas, iniciándose en una
                    carrera en que varios llegaron á brillar más tarde; se le-
                    vantaron tropas nuevas para combatir á las de línea; los
                    pueblos favorecían á los revolucionarios hasta merecer la
                    orden de Santa Anna para el incendio; pero lo cierto es
                    que comenzó la insurrección por un grupo de militares,
                    que se propagó entre los soldados que sublevaban las
                    guarniciones, que hubo los pronunciamientos de costum-
                    bre, y hasta importantes defecciones en el ejército en
                    campaña. Como revolución del pueblo, no puede compa-
                    rarse ni con la que hizo la Independencia ni con la que
                    realizó la Reforma.
                    
                    Su popularidad se debió á una sola idea: la de acabar
                    con la odiosa tiranía de Santa Anna. Las promesas del
                    plan eran las de todos los planes que habían burlado á
                    la Nación: una Constitución nueva, libertades, respeto á
                    
                    LA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    39
                    
                    las leyes, apelación á la voluntad general. Nadie podía
                    oreer en nada de esto; la fe estaba perdida y las fuerzas
                    exhaustas; hablar de principios era no tener auditorio.
                    Pero hablar de los abusos del Gobierno, de los agravios
                    de cada individuo, de los males padecidos por cada pue-
                    blo y de los peligros de la Nación, era encontrar resonan-
                    cias en todos los odios, hacer resentir á la vez los ultra-
                    jes recibidos y los afanes de reivindicación, de repara-
                    ción.
                    
                    El Plan de Ayutla pedía simplemente instituciones de-
                    mocráticas; prometía sólo una República representativa
                    popular; pero descubría la tendencia federalista al lla-
                    mar Estados á las fracciones del país. Comonfort avanzó,
                    en la exposición del Plan de Acapulco, cambiando las
                    '' instituciones democráticas'' en liberales; pero temió ena-
                    jenarse á los centralistas y restituyó á las partes compo-
                    nentes de la Nación el nombre de Departamentos. Bu
                    ambos documentos se culpa de conatos de traición al par-
                    tido conservador que dirigía la política de Santa Anna:
                    no se llama, pues, á todos los partidos para combatir l.-i
                    tiranía; se apela al partido liberal y en nombre de las
                    ideas liberales se hace el levantamiento para derrocar al
                    déspota y someter á la facción que lo mantiene y lo im-
                    pulsa. Pero no basta esto para calificar de liberal aquella
                    revolución, si hemos de dar al vocablo la significación
                    que después ha venido á fijarse. Gran parte de los que en
                    el movimiento figuraron, pertenecían al partido modera-
                    do, y muchos de los que con ardor combatieron en él
                    contra el gobierno despótico, pasaron poco después al
                    partido reaccionario, siguiendo convicciones íntimas que
                    probablemente habían tenido siempre. Hay declaracio-
                    nes de jefes militares que tomaron el partido de la revo-
                    lución, de que la siguieron sin conocer el plan propuestoLA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    ni empeñarse en conocerlo, y sólo porque sabían que te-
                    nía por fin inmediato derrocar á Santa Anna.
                    
                    El partido moderado estaba entre el conservador que
                    era fanático, resueltamente clerical, enemigo de las ideas
                    democráticas», y hasta monarquista, y el liberal puro que
                    pedía una Constitución fundada en la soberanía popular,
                    gobierno federado, supremacía del poder civil sobre la
                    Iglesia y reforma social. Estos dos partidos, de principios
                    netos y firmes, ocupaban dos líneas, mientras el modera-
                    do llenaba la ancha zona que dejaban aquéllos entre sí;
                    no tenía ni podía tener un credo, y esto le impedía tener
                    un programa; no sabiendo qué debía sostener, se confor-
                    maba con huir de ambos extremos, buscando un medio
                    prudente que cada uno de sus hombres se señalaba á su
                    gusto en la lucha de sus temores religiosos con sus incli-
                    naciones liberales. En realidad, este partido, si así pudo
                    llamarse, era la acumulación de los timoratos que lleva-
                    ban en la conciencia por atavismo y por tradición el es
                    erúpulo religioso como tirano y como verdugo, dominan-
                    do sobre ideas nuevas que ellos no podían desechar y so-
                    bre aspiraciones adquiridas en el medio ambiente que no
                    querían vencer; producto del período evolutivo, debía»
                    desaparecer al concluir la evolución, absorbidos por los
                    otros dos, y entonces cada hombre cedió por el lado mía
                    débil, y pasó resueltamente al extremo á que más se in-
                    clinaba. Pero durante la evolución, era el moderado el
                    partido más numeroso, por razón natural, y dió el mayor
                    contingente para triunfar de Santa Anna; el Congreso de
                    56, hijo y expresión del movimiento de Ayutla, demues-
                    tra la supremacía del partido moderado en la revolución.
                    
                    La revolución de Ayutla no fué liberal, pero tuvo á
                    todos los liberales de su parte; en tanto que el Gobiern»
                    no tuvo de la suya á todos los conservadores, aunque ha-
                    ya contado con el partido conservador. La revolución fuéLA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    41
                    
                    de reacción liberal por esto mismo; empeñado el partida
                    conservador en sostener la dictadura de Santa Anna, que
                    fué su obra, que fué la experiencia del país en el gobier-
                    no de los conservadores, luchó por él cuando todos los
                    pueblos estaban en contra, hizo causa común con el des-
                    potismo é inclinó así todas las voluntades en el sentido
                    de la reacción natural, en favor de todas las libertades
                    que pedía el partido más avanzado. Las simpatías popu-
                    lares se imponían á los moderados para obligarlos á mar-
                    char adelante, so pena de confesar la vergüenza de ser
                    conservadores y enemigos de la emancipación social, y
                    Por esto se les ve hacer concesiones en el Con-
                    greso, ante una minoría progresista; es decir, de libera-
                    les puros, que los arrastran muchas veces, y los obligan
                    il votar principios que ellos repugnan.
                    
                    Cuando la victoria se obtuvo, desapareció la causa co-
                    mún, y á los ojos de moderados y progresistas, no que-
                    daron sino sus diferencias, que babían de ser antagonis-
                    mos. El Presidente Comonfort resultó moderado; la in-
                    consciencia revolucionaria había hecho pasar á sus manos
                    el poder que tenía en las suyas el grupo progresista con
                    el general Alvarez. Comonfort y su gabinete vieron con
                    malos ojos el proyecto de Constitución en que habían do-
                    minado las ideas avanzadas de Arriaga, Mata, Guzmán.
                    y el grupo progresista no mostró desde las primeras se-
                    siones sino desconfianzas y recelos respecto á un Gobier-
                    no que presentía hostil á las ideas de reforma radical
                    'pie él intentaba. El partido conservador, aprovechando
                    estas discordias que llevaban por todas partes el males-
                    tar de la incertidumbre, movió revoluciones que fueron
                    sofocadas; pero que, de todos modos, debilitaron el pres-
                    tigio del partido liberal y de la Constitución que iba á
                    "•pedir.
                    
                    Cuando la obra del Constituyente se terminó, tenía
                    
                    342
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    enemigos por todas partes, y casi ningún partidario. El
                    grupo progresista que la había arraneado al voto del Con-
                    greso, la sostenía con amor por lo que en favor de las li-
                    bertades había logrado escribir en ella; pero la veía in-
                    completa por las concesiones que él tuvo que hacer para
                    alcanzarlas. Los moderados la habían votado con repug-
                    nancia, el Presidente la tenía por incapaz de servir para
                    un buen gobierno, y la juzgaba contraria al sentimiento
                    de la Nación. Para los pueblos cansados de promesas, de
                    congresos constituyentes y de constituciones sin aplica-
                    ción, ¿qué podía significar la nueva? Toda la historia de
                    las instituciones nacionales, /ivida por la generación de
                    57, se levantaba en su memoria para inclinarlos á recibir
                    aquella promesa de regeneración por lo menos con indi-
                    ferencia y escepticismo.
                    
                    Una constitución sin prestigio era inútil; su destino
                    era ir á aumentar el montón de constituciones hacinadas
                    en los archivos del Congreso; para prestigiarla habría
                    sido necesario envejecerla en la observancia estricta, ba-
                    sando en ella la pacificación del país y el establecimiento
                    del orden; mas esto era precisamente lo que no había de
                    lograrse. Parecía, pues, imposible la solución de aquel
                    círculo vicioso, cuando los hechos encaminados á des-
                    truir la nueva ley finieron á darle el prestigio y la fuer-
                    za que de otra suerte no habría alcanzado.
                    
                    El Plan de Tacubaya, iniciado por Zuloaga con la di-
                    visióa de su mando, y aceptado de antemano por Comon-
                    fort, desconoció la Constitución y confirió á éste de nue-
                    vo la dictadura, mientras se convocaba un noveno Con-
                    greso Constituyente para formar la quinta ley funda-
                    mental. Tránsfuga del partido conservador, Zuloaga trai-
                    cionaba al partido liberal en cuyas filas combatiera, pa-
                    ra traicionar pocos días después al mismo Comonfort y
                    ponerse él mismo á la cabeza del Gobierno y servir á. lasLA LUCHA DE LOS PARTIDOS
                    
                    43
                    
                    miras de los conservadores. La coalición de los Nstados
                    recogió la Constitución, teniendo á Juárez como sucesor
                    'egal del Presidente que fiabía renunciado sus títulos en
                    el golpe de Estado, y entonces comenzó la lucha de los
                    partidos extremos en una revolución, no ya para derri-
                    bar á un hombre, como la de Ayutla, sino para hacer pre-
                    valecer principios y dominar ó destruir los obstáculos
                    que á ellos se opusieran.
                    
                    Esta guerra interior era una necesidad fatal, porque
                    resumía todos los problemas creados por las fuerzas tra-
                    dicionalistas de una parte, y el desenvolvimiento social
                    por otra; aquéllos que nunca ceden ni evolucionan, éste
                    que es inevitable como todas las leyes de la naturaleza.
                    Comonfort, segundo jefe de una revolución, y el espíritu
                    menos revolucionario que pueda darse, quizá hubiera po-
                    dido abreviar la guerra civil sosteniendo la Constitución
                    °« 57; pero no la habría evitado. Juárez, eon todas las
                    eondiiiones de gran demoledor y de gran revolucionario,
                    ao sólo sostuvo la lucha, sino que la extremó, avanzando
                    en sus leyes, sobre la Constitución, todos los principios del
                    «redo liberal, para hacer de una vez toda la reforma y
                    dejar que en esa sola lucha pasaran sobre la Nación to-
                    dos los dolores que no por diferirse habrían de mino-
                    rarse.
                    
                    Esta revolución de tres años, fué, no sólo impersonal
                    7 de principios, sino popular y obra del pueblo mismo,
                    del cual salían los soldados para las filas y los generales
                    Para el mando; las ideas, partiendo al principio de las
                    capas superiores de la sociedad, descendieron por lo me-
                    nos hasta un nivel que no habían alcanzado ni con mu-
                    en o las mil revoluciones precedentes. Triunfante la fac-
                    ción constitucionalista, con todos sus principios íntegros,
                    por la negativa de Juárez á toda transacción, hubo d¡>
                    renovarse la lucha eon motivo de   la invasión francés44 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    que se apoyaba en el partido conservador; entonces la
                    idea liberal se fundió con la idea de la patria, que es mu-
                    cho mlás accesible al pueblo. La representación material
                    de la sumisión de la patria, hecha en la persona de un
                    monarca extranjero, de nombre exótico y de fisonomía
                    extraña, traía á las capas inferiores del pueblo la con-
                    cepción clara de la traición unida al partido conservador
                    y la de la independencia nacional hermanada con el par-
                    tido avanzado.
                    
                    La lucha reformista no concluyó sino con el triunfo de
                    la República en 1867. En realidad había durado nuevo
                    años. Juárez fué durante todo ese período el Presidente
                    emanado de la Constitución, y la Constitución había sido
                    la causa de la lucha y la bandera del partido liberal.
                    Cuando Juárez volvió á la capital de la República, ven-
                    cido sin condiciones el partido conservador, derribado el
                    imperio y aniquilada para siempre la idea monarquista, la
                    Constitución era un ídolo porque era un emblema; traía
                    la pureza de lo inviolado, la santidad que le daban todos
                    los martirios, la virtud de los sacrificios que la habían
                    consagrado, y sobre todo la majestad y la fiereza de la
                    victoria.
                    
                    La Constitución estaba salvada y no correría la suerte
                    de las anteriores. Su prestigio era inmenso; pero no se
                    había aplicado todavía. Se la amaba como símbolo; pero
                    como ley era desconocida de todos.CAPITULO III
                    
                    Formación y trabajos del Constituyente
                    
                    La dictadura de Santa Anna, que exasperó y lastimó
                    tanto á todos los hombres que tenían que ver en la cosa
                    Pública, excepción hecha de los conservadores que le ser-
                    vían, produjo el buen efecto de hacer avanzar ¿i los mode-
                    rados en sus ideas de libertad y de emancipación de con-
                    ciencia; el período revolucionario fué también favorable
                    á ese progreso. La revolución no prometía la reforma so-
                    cial que los liberales avanzados pretendían; lejos de eso,
                    el Plan de Ayutla sólo tenía en su programa el estable-
                    cimiento de instituciones republicanas, de que el partido
                    conservador no se había atrevido aún á renegar en el
                    suyo; Ja reforma de Acapuleo cambió de expresión de-
                    clarando que las instituciones liberales eran las únicas
                    que convenían al país, y al señalar las aspiraciones mo-
                    narquistas del partido que sostenía al dictador, se con-
                    formó con lanzarle este cargo y con designarlo por su
                    situación política; pero se abstuvo de llamarlo por su
                    nombre. Los autores del movimiento parecían querer ex-
                    cusar todo ataque directo y franco al partido conser-
                    vador, que era el partido del clero, no tanto porque ere-46 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    yeran posible atraerse á los conservadores separados de
                    Santa Anna, cuanto por temor de enajenarse voluntades,
                    si el credo liberal se ponía en pugna con el credo de la
                    Iglesia.
                    
                    Esto era precisamente lo que caracterizaba el tempe-
                    ramento moderado. Toda acción estaba subordinada á la
                    prudencia. La revolución, valiente y arrojada para em-
                    bestir á un gobierno fuerte por las armas, resultaba tími-
                    da para atacar al partido que lo sostenía. Los mismos li-
                    berales avanzados parecían desconfiar del sentimiento de
                    las mayorías en la Nación y temerosos de perder presti-
                    gio y retraer parciales si descubrían su intento, expo-
                    niendo toda la extensión de sus principios; pero la fuer-
                    za de la reacción contra un despotismo odioso que se apo-
                    yó siempre en el partido conservador, favoreció la ten-
                    dencia hacia las ideas progresistas; los liberales puros se
                    pusieron al servicio del movimiento revolucionario con-
                    quistando las simpatías populares, y como sucede siem-
                    pre, las victorias de los rebeldes enardecieron el entu-
                    siasmo y exaltaron de día en día la audacia de sus princi-
                    pios en odio á los profesados por el bando enemigo.
                    
                    De aquí que, cuando la revolución triunfó, los mode-
                    rados, aunque sin dejar de serlo, hubiesen adelantado
                    algo en el sentido liberal con respecto á las ideas que los
                    dominaban en 1847. Sin embargo, no debieron de ver con
                    buenos ojos que al ser nombrado Presidente interino el
                    General Alvarez, eligiese éste por ministros á hombres
                    como Oeampo y Juárez, que aseguraban un gobierno de
                    radicales reformas; se los culpó entonces de no ser extra-
                    ños á las dificultades levantadas al jefe de la revolución,
                    ni aun al movimiento subversivo que se inició en Guana-
                    juato para obligar á aquél á abandonar la Presidencia,
                    y seguramente recibieron con satisfacción el nombra-
                    miento que   Alvarez hizo en favor de Comonfort comoTRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    47
                    
                    Presidente sustituto, pues no eran desconocidas las ten-
                    dencias conciliadoras de éste.
                    
                    Para cumplir la promesa de Ayutla, Alvarez había
                    expedido la convocatoria para elecciones del nuevo Con-
                    greso Constituyente que debía reunirse en el pueblo de
                    Dolores en que se proclamó la independencia; simplicidad
                    patriótica tan propia de la exaltación y de la puerilidad
                    de los iniciadores de un régimen de libertades. Comon-
                    fort, que tenía que habérselas con las dificultades prácti-
                    cas de la nueva organización, dejó después á un lado los
                    sentimentalismos históricos y decretó que el Congreso se
                    reuniría en la capital.
                    
                    El sistema electoral establecido por la convocatoria
                    era nada menos que el mismo de la Constitución centra-
                    lista de 43, hecha exprofesamente para dar á Santa Anna
                    el mayor poder que fuera posible. Los ciudadanos harían
                    en las asambleas primarias la designación de electores
                    primarios; reunidos éstos en las cabeceras de partido,
                    nombrarían electores secundarios, y al fin éstos, consti-
                    tuyendo un colegio electoral en la capital de su Estado,
                    debían elegir á todos los diputados que al Estado corres-
                    pondiesen según su censo. Tal sistema, ideado para el po-
                    der absoluto, y perfectamente adaptado á su objeto, fué
                    el escogido para iniciar la época de las libertades públi-
                    cas, y ya se comprende que si en cualquier país culto hu-
                    biera imposibilitado la manifestación de la voluntad del
                    pueblo, en México imponía á los gobiernos locales aún la
                    necesidad de suplantarla.
                    
                    No debe de haber tenido gran parte en la designación
                    de candidatos el gobierno central, tanto porque á raíz de
                    cada revolución los gobernadores han obrado con poca
                    sumisión al centro, como porque él, Comonfort, recién lle-
                    gado al poder, no inspiraba ni gran adhesión ni much»
                    respeto. Fueron los gobiernos locales los que designaron48 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    á los nuevos legisladores, aunque haya sido con la liber-
                    tad restringida por los compromisos emanados de la re-
                    volución y las conveniencias de la política de partido.
                    
                    Si pudiera caber duda de que los colegios electorales
                    no obraron por propia inspiración, bastaría recorrer la
                    lista de los diputados constituyentes para desecharla. En-
                    tre los efectos antidemocráticos del sistema establecido
                    por la convocatoria, estaba el de que un sólo colegio elec-
                    toral nombraba todos los representantes de un Estado,
                    lo que excluía la más remota posibilidad de la represen-
                    tación de las minorías en una entidad federal. Organiza-
                    da una mayoría de electores, ella triunfaría necesaria-
                    mente en toda la elección, lo que debía dar una diputa-
                    ción uniforme para cada Estado; pues bien, esto no resul-
                    tó así: el mismo colegio elige á Gómez Farías, Arriaga,
                    Oeampo y Prieto del grupo liberal más avanzado, y á
                    Arizcorreta y Romero Díaz que son moderados de la ex-
                    trema conservadora; el colegio que nombra al exaltado
                    Gamboa, nombra taiübién á Escudero y Echánove; otro
                    elige juntamente á Castañeda y á Zarco, y en general
                    puede decirse que no hay Estado que no lleve en su dipu-
                    tación hombres de principios disímiles y aún antagónicos.
                    
                    No se explica esta inconsecuencia por transacciones de
                    colegio electoral, porque las mayorías que triunfan no
                    transigen nunca con las minorías impotentes; esto lo que
                    significa es que la política de conciliación entre las frac-
                    ciones liberales era una tendencia general en el país y
                    que los gobernadores la seguían al designar diputados al
                    Congreso. Aun los más avanzados cedían á la necesidad del
                    momento y renunciaban al triunfo definitivo de la refor-
                    ma ó preferían ponerla en peligro, antes que romper re-
                    sueltamente con el numeroso partido moderado. Descon-
                    fiaron del sentimento progresista de la Nación y temie-
                    ron no contar con los pueblos para llevar ndelanle la re-TRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    49
                    
                    volución comenzada, ó retrocedieron ante la perspectiva
                    de una lucha que había de ensangrentar al país, cuando
                    la facción conservadora no perdía aún la esperanza de
                    recobrar el poder á viva fuerza. El hecho es que en casi
                    todas las diputaciones se confundían las opiniones extre-
                    mas, que las listas fueron obra de los gobernadores y sus
                    amigos, y que del espíritu conciliador no escapó el mismo
                    Juárez, que puso entre los diputados oaxaqueños á don
                    Pedro Escudero y Echánove, cuyo moderatismo estaba
                    sobre un fondo conservador y que era desconocido en
                    Oaxaca.
                    
                    El Congreso Constituyente inauguró sus labores el 18
                    de Febrero de 1856, día fijado por la convocatoria, re-
                    uniéndose apenas los representantes necesarios para el
                    quorum. No obstante ser aquella asamblea ei producto
                    de una revolución y el cumplimiento de su principal com-
                    promiso, parecía que en el conjunto de los elegidos la ti-
                    bieza y la desconfianza habían tomado el lugar que las
                    circunstancias prometían al entusiasmo y á la audacia.
                    De ciento cincuenta y cinco diputados electos, sólo hubo
                    en las primeras sesiones unos ochenta; muchos fueron
                    los que no se presentaron jamás ni se movieron de su pro-
                    vincia, algunos estaban ó se declararon enfermos y aún
                    hubo renuncias en forma del honroso cargo. Es probable
                    que en la sesión en que se votó el artículo sobre libertad
                    religiosa, hayan estado todos los diputados que asistieron
                    al Congreso con poquísimas excepciones (así lo hace enten-
                    der Zarco) y en aquella sesión memorable no hubo más
                    que ciento diez representantes.
                    
                    No es despreciable este dato para juzgar del estado de
                    espíritu de los hombres que jugaban en la política de
                    la época: un veinte por ciento de los elegidos no se pre-
                    sentó en el Congreso llamado á organizar á la Nación; es
                    decir, llamado á !a obra patriótica por excelencia, á raíz50 LA CONSTITUCION Y L\ DICTADURA
                    
                    de acontecimientos y después de una dictadura execrables,
                    que habían hecho de relieve la necesidad de un remedí»
                    á los males que los pueblos habían sufrido durante tan-
                    tos años. Quizá pueda explicarse aquella abstención pol-
                    la falta de fe y por el desaliento; pero la falta de fe suele
                    no ser sino una forma de la falta de patriotismo.
                    
                    Al comenzar el Congreso sus sesiones, se comprende
                    que las diferencias de opinión, aunque se presintieran, no
                    alimentaban celos ni inspiraban temores. La elección de
                    Arriaga como presidente fué unánime en el primer escru-
                    tinio, y su nomlbre fué vitoreado al concluir la sesión de
                    apertura. El título común de liberales daba á todos los
                    representantes un motivo de unión, que no tuvo en los
                    primeros días causa que la rompiera, y el presidente pro-
                    gresista pudo predominar en la asamblea, como él mismo
                    lo dijo más tarde, en la.grave sesión del 4 de Septiembre.
                    El designó á los miembros que debían formar la comisión
                    de Constitución, y era tal el sentimiento conciliador de
                    todos, que el mismo Arriaga, cediendo á él, incluyó en la
                    lista de siete, cuatro que en Septiembre no estaban dis-
                    puestos á sostener el proyecto contra los partidarios del
                    establecimiento de la Constitución de 1824. Tenía, pues,
                    una mayoría de moderados, y así lo debió de entender,
                    cuando al día siguiente hizo agregar dos miembros más
                    y eligió entonces á dos progresistas avanzados: Oeampe
                    y Castillo Velaseo. En cuanto á los suplentes, fueron tam-
                    bién designados con tendencias de compensación recípro-
                    ca : Mata, que tocó siempre los principios mñn liberales, j
                    Cortés Esparza, que en varias ocasiones retrocedió hasta
                    las filas moderadas más llenas de prudencia.
                    
                    El espíritu de fraternidad y de concordia prevalece
                    con tendencia á la exageración entre los hombres de una
                    revolución que derroca un gobierno despótico; Arriag»
                    pudo predominar con el grupo progresista en el Cons-TRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    51
                    
                    tituyente; pero prefirió los medios conciliadores, y isn roz
                    de ir á la reforma, arrastrando á los moderados, cedió
                    para obtener, abrió las puertas á todas las opiniones para
                    no romper con ellas. Esto sirvió para alentarlas; los tí-
                    midos, no obligados á marchar por una vía forzesa, se sin-
                    tieron en libertad para tomar la que cuadraba mejor con
                    su debilidad, y de secuaces que pudieron ser se convirtie-
                    ron en votos para formar en las ocasiones más difíciles la
                    mayoría que malogró las reformas y puso en peligro la
                    obra del Congreso.
                    
                    Como la obra de 57 fué después la bandera de una re-
                    volución reformista y se integró en el sentido del progre-
                    so por las leyes de Juárez, tomó en la conciencia pública
                    las proporciones de una obra eminentemente liberal. De
                    aquí fué muy fácil pasar á la inferencia de que la obra
                    se debió á una asamblea de liberales, y la inconsciencia
                    popular llegó por último á tener por dogma indiscutible,
                    que cada uno de los diputados al Congreso Constituyen-
                    te fué un liberal acabado y un patriota insigne. La re-
                    petición de estas afirmaciones sin verdad ni justicia, de
                    que se encargaron después los oradores de cada 5 de Fe-
                    brero en cada lugar de la República, hizo de ellas un
                    principio fundamental del patriotismo y de la vanidad de
                    todo ciudadano que de tal se precie, al punto de que hu-
                    bo de pasar con sus respetos á la prensa más culta y aun á
                    la tribuna del Parlamento, en donde no es raro que se in-
                    voquen en nombre de la fe patriótica cuando hay que ex-
                    cusarse de razonar ó cuando se necesita exaltar y atraer
                    el entusiasmo de las galerías.
                    
                    No pensaron así los hombres más prominentes y ver-
                    daderos patriotas del Congreso; ya veremos cómo juzga-
                    ban á un grupo de sus colegas los diputados como Arria-
                    ga. Zarco, Mata y otros, echándoles en cara su conducta ¡
                    pero comencemos por seguir á la asamblea en sus laborts.5,2
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    A los diez días de inauguradas, se consagró toda una
                    sesión (la del primero de Marzo) á discutir una propo-
                    sición de don Melchor Ocampo que proveía como reme-
                    dio contra los faltistas la publicación de los nombres de
                    los ausentes. Después de una larga discusión, la propo-
                    sición fué aprobada, y sin embargo, faltó el quorum para
                    los que, á la hora de cita, estuviesen presentes, y los de
                    ocho sesiones en el mismo mes, además de haberse éstas
                    suspendido durante la Semana Santa. En Abril, Arriaga,
                    informando sobre los trabajos de la Comisión de Cons-
                    titución decía: "Todo estímulo que no sea el patriotismo
                    y el cumplimiento del deber ha de ser ineficaz como lo
                    lia demostrado la experiencia con la lista de doce y la pu-
                    blicación de los nombres de los faltistas," á pesar de lo
                    cual solía no haber sesión por falta de número. (*)
                    
                    El hecho se repitió con triste frecuencia durante el
                    año de duración del Congreso, y varias veces se presen-
                    '.arou proposiciones en que se buscaba un remedio efi-
                    caz á aquella falta que no podía tener más correctivo que
                    á patriotismo de cada diputado, según la frase de Ama-
                    ga. También se propusieron medios casi igualmente inefi-
                    caces para hacer llegar á la capital á los elegidos que
                    se negaban á abandonar sus, provincias, y sin adelantar
                    cosa en el número de concurrentes, veían los asiduos en
                    el trabajo cómo se acercaba la fecha señalada para la
                    clausura del Congreso y cómo la falta de interés patrió-
                    tico de muchos de sus miembros podía dejar incompleta
                    la obra en que se fundaba la salvación de la República.
                    
                    El 28 de Enero, cuando sólo faltaban algunos días pa-
                    ra que concluyese el año que la ley daba al Congreso pa-
                    ra ejercer sus poderes, treinta diputados pidieron que la
                    asamblea se declarara en sesión permanente. Quedaban
                    
                    (*)   Zarco.   Historia del Congreso Constituyente.TRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    53
                    
                    todavía varios artículos por discutir de los que la Co-
                    misión había retirado durante los debates para presen-
                    tarlos de nuevo; había que ver la minuta de la Comisión
                    de estilo; no había tiempo bastante para concluir la obra,
                    sino trabajando mal y de prisa; cincuenta y seis diputa-
                    dos que veían el peligro suscitaban un compromiso de
                    honor para permanecer reunidos hasta terminar la Cons-
                    titución; pero se necesitaban setenta y nueve para el
                    quorum. Hubo en la discusión frases duras: "Los nego-
                    cios públicos, decía Mata, se ven con abandono; falta por
                    desgracia la conciencia del deber.... No se exige á los
                    diputados un gran sacrificio ¡ permanecer en el salón diez
                    ó doce horas, y esto no es nada cuando hay quienes pier-
                    dan el tiempo en los teatros y en otras diversiones. Na-
                    die puede negar que la situación es grave y que se cons-
                    pira abiertamente por dejar al país sjn Constitución y por
                    suscitar desconfianzas en el partido liberal." (*)
                    
                    La proposición fué adoptada; pero á las seis de esa
                    ¡uism>a tarde la sesión hubo de suspenderse porque varios
                    diputados se habían retirado y faltaba número. La sesión
                    debió continuar á las siete; sin embargo, á las nueve y
                    media no era posible reanudarla ]¿orque faltaban repre-
                    sentantes ; entre los ausentes se contaban algunos de los
                    treinta que pidieron la sesión permanente. Mata pide que
                    la sesión no se disuelva y que una comisión vaya á los
                    teatros á buscar diputados, porque "cuando falta la con-
                    ciencia del deber, cuando se trata de hombres sin honor,
                    es preciso recurrir á medidas extremas." La comisión
                    vuelve después de una hora é informa que en un teatro
                    encontró siete diputados, de los cuales sólo dos han ofre-
                    cido asistir á la sesión. Pero la reunión se disuelve á las
                    
                    (*) Zarco. -O?. CU..r,4
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    •nce y inedia de la noche, convencida de que es inútil es-
                    perar más.
                    
                    Al día siguiente la sesión citada para las diez de la
                    mañana, no comienza sino á la una y media de la tarde;
                    pero hay que suspenderla un momento después porque se
                    lian ausentado diez miembros; se continúa más tarde con
                    setenta y nueve asistentes; es decir, con el número es-
                    trictamente necesario. La sesión debe continuar á las sie-
                    te de la noche: á las nueve y media sólo hay setenta y
                    ocho diputados; falta uno para que pueda haber sesión,
                    y la reunión delibera.
                    
                    "El señor Zarco exeita á la mesa á que ejerza sus fa-
                    cultades para hacer efectivo el acuerdo del Congreso. Lo
                    que está pasando es ridículo y vergonzoso: se dice que
                    las circunstancias son muy apremiantes y los represen-
                    tantes del pueblo emplean el tiempo en contarse unos á
                    otros, y cuando hay quorum, hay quienes desaparecen co-
                    mo si estuvieran jugando á escondidillas y entre éstos hay
                    algunos de los que pidieron la sesión permanente. Si no
                    se quiere engañar al pueblo, si • ■ reprueba tanta falta de
                    vergüenza......" (*)
                    
                    A indicación de! Presidente, el misino Zarco presenta
                    una proposición autorizando á la mesa para dictar las
                    medidas que juzgue convenientes para cumplir el acuerdo
                    sobre sesión permanente "como compeler á los ausentes
                    ó declararlos indignos de la confianza pública." G-uzmán,
                    que preside, declara que prefiere pasar por débil antes
                    que herir á los descuidados en el cumplimiento de su de-
                    ber, porque son precisamente los más susceptibles. Prieto
                    teme que las medidas de rigor imposibiliten la reunión
                    de la Cámara y aconseja una conducta prudente para no
                    aumentar el ridículo de la situación. Moreno dice que
                    
                    (*) Zarco.—Historia del Congreso Constituyente, temo II. -í^. 840TRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    55
                    
                    "cuando faltan virtudes en los hijos de una República,
                    es preciso perder toda esperanza de salvación." Mata tie-
                    ne las frases más duras para sus colegas: "Si en todo
                    esto hay infamia, vergüenza y humillación, no es para
                    el sistema representativo, no es para la mayoría de lo»,
                    diputados, sino para los pocos que faltan á su deber, pa-
                    ra los que se fingen enfermos para ir al teatro. Cuan-
                    do falta el honor, cuando falta la vergüenza, no hay que
                    andar con miramientos: se debe al país la verdad, y es
                    preciso apellidar traidores á los que quieren dejar al país-
                    sin Constitución." Aguado, dice que "no hay que esqui-
                    var las medidas de rigor ni que pensar en el honor de
                    hombres que no lo conocen." Zarco confirma estas pala-
                    bras así: "De buena gana quisiera abrigar la esperanza de
                    que se pueda recurrir al honor y al patriotismo de los.
                    faltistas; pero hace un año que se les busca honor y pa-
                    triotismo y no se les encuentra." Para Villalobos, "los
                    que faltau ultrajan al país, insultan á la soberanía na-
                    cional y son indignos de todo miramiento."
                    
                    Al fin, se aprueba de la proposición la parte que auto-
                    riza á la mesa para compeler á los ausentes; pero se re-
                    prueba la que los declara indignos de la confianza públi-
                    ca. A las doce de la noche se disuelve la reunión y se-
                    cita para las diez de la mañana siguiente. Y al día si-
                    guiente, á la una, faltaban tres diputados para completar
                    el número....
                    
                    Nos referimos de un modo especial á la sesión perma-
                    nente, por la gravedad de la situación y para copiar las
                    frases que entonces se prodigaron al calificar la conduc-
                    ta de los faltistas; mas no fué esta una ocasión excepcio-
                    nal : repetidas veces se trató en la Cámara de hacer con-
                    currir con regularidad á los diputados, y ya se ve que
                    concluían las sesiones sin obtenerlo.
                    
                    No es admisible la suposición de algunos de los ora-56
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    dores de que la falta de asistencia fuese un sistema de
                    obstrucción intencionado, puesto que entre los faltistas
                    figuraban algunos de los que subscribían la proposición
                    que dió origen á le sesión permanente. Tampoco se dió
                    gran crédito á la insinuación maliciosa de que el Gobier-
                    no se proponía frustrar la obra del Constituyente, por-
                    que la desaprobaba, ordenando á los diputados que des
                    empeñaban empleos que no asistieran á las sesiones; el
                    mismo Zarco reconoció que había entre ellos algunos que
                    concurrían con puntualidad, cuando acababa de liquidar
                    el patriotismo del Congreso en esta dura expresión: " lo
                    que pasa demuestra que el pueblo no acertó á encontrar
                    setenta y nueve personas que tuvieran la conciencia del
                    deber." Y en verdad que esta frase sólo tuvo de injus-
                    ta el no tomar en cuenta á los diputados que estaban au-
                    sentes de la capital por causa de un servicio público de
                    importancia.
                    
                    Algunos de los que más crudamente calificaron á los
                    faltistas, para salvar al Congreso hacían sus ataques á
                    los pocos que ocasionaban el atraso de las labores. La
                    verdad es que eran por lo menos setenta y nueve de los
                    elegidos los que faltaban cuando no había número; y aun
                    ciñendo la cuenta á los que estaban en la capital, no de-
                    bían llamarse pocos, si fueron ciento diez para la sesión
                    que reprobó el artículo sobre libertad religiosa y ciento
                    cinco en la que consintió en tomar en consideración el
                    restablecimiento de la Carta de 1824. Para combatir los
                    principios progresistas siempre había quorum.
                    
                    Si la escasa asistencia hubiera sido obra de un mane-
                    jo obstruccionista por parte de Comonfort ó de una agru-
                    pación política concertada, nada habría impedido la rea-
                    lización del propósito. ¿A qué pues atribuirla 1 A sim-
                    ple apatía, á ausencia de un ideal intenso, que es el ver-
                    dadero estímulo de las asambleas, y para convenir en laTRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    57
                    
                    falta de ese ideal, precisa admitir la razón de las invecti-
                    vas que hemos copiado, y aún, subiendo muy poco el nú-
                    mero de setenta y nueve, aceptar la frase de Zarco que
                    abarcó en conjunto al Congreso elegido en 56.
                    
                    Así trabajó la memorable asamblea. Vamos á aban-
                    donarla momentáneamente, para mostrar cómo trabajó
                    su órgano principal: la comisión encargada del proyec-
                    to de ley fundamental.
                    
                    Ya apuntamos ©1 desacierto de Arriaga al designar á
                    los diputados que habían de constituir la comisión, des-
                    acierto que confesó el gran patriota en la angustiosa se-
                    sión en que vió rodar toda su obra, derribada por la te-
                    nacidad y estrechez de miras de los enemigos y la incon-
                    cebible debilidad de algunos de sus correligionarios. La
                    comisión primitiva se componía de siete: Arriaga, Olve-
                    ra, Guzmán, Yáñez, Romero Díaz, Escudero y Bchánove
                    y Cardoso. En Septiembre, los cuatro últimos eran con-
                    siderados por Arriaga como adversarios del proyecto ó
                    como indiferentes; Cardoso no concurrió nunca á las de-
                    liberaciones ni firmó jamás el proyecto; Escudero lo
                    subscribió con reservas y lo combatió muchas veces; Ro-
                    mero Díaz votó por el restablecimiento de la Constitu-
                    ción de 24, después de firmar el proyecto aunque tardo
                    y de mala gana. En cuanto á Yáñez, abandonó á sus
                    compañeros, y si alguna vez tomó la palabra para defen-
                    der un artículo, fué sobre materia sin importancia.
                    
                    Corrigiendo su error, Arriaga hizo agregar dos miem-
                    bros más, y tuvo cuidado de elegirlos bien: Ocampo y
                    Castillo Velasco Los suplentes fueron ^Iata y Cortés
                    Esparza; sus funciones fueron iguales á las de los de-
                    más miembros, y en el primero de los dos tuvo Arriaga
                    su más constante auxiliar, y el proyecto su más elocuen-
                    te y apasionado defensor.
                    
                    La Comisión invitó con encarecimiento á los diputa-
                    
                    458
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    dos todos á que asistieran á sus deliberaciones, y en efec-
                    to muchos concurrieron á ellas. Gamboa, según su pro-
                    pia declaración, no faltaba nunca ,y es de creer que no
                    fué el único en tan inconveniente puntualidad. Por pro-
                    posición de Arriaga, el Congreso acordó manifestar al
                    Ejecutivo que juzgaba indispensable la asistencia á los
                    trabajos de la Comisión, por lo menos uno de los Secreta-
                    rios del despacho. Ya puede juzgarse de cómo sería el
                    trabajo de invención, de discusión y de adopción de un
                    proyecto, en el conjunto abigarrado de once miembros
                    especiales de la Cámara, uno ó más miembros del Gabi-
                    nete desconcertado con la Asamblea, y de varias dipula-
                    dos que podían renovarse cada día para llevar todo géne-
                    ro de ideas, de temperamentos y de preocupaciones.
                    
                    Si algo requiere indispensablemente unidad de pen-
                    samiento y de carácter personal es la obra jurídica; una
                    asamblea puede modificar el detalle, desechar ó introdu-
                    cir una modalidad; pero sobre el conjunto, que obedece
                    á la idea madre que le da la unidad y armonía, no pue-
                    de tener más que un voto de general aprobación ó de re-
                    probación absoluta. Esto por lo que atañe á la obra; por
                    lo que mira á la tarea, su dificultad está en razón direc-
                    ta del número de personas que á ella se ponen. Ramos
                    Arizpe pidió tres días para hacer el Acta Constitutiva d-^
                    Í824; Randolph necesitó cuatro para la creación de una
                    forma de gobierno en el Plan de Virginia, base inmortal
                    de la Constitución americana; treinta y dos días ocupó
                    Fu comisión de cinco miembros para redactar la misma
                    Constitución. Cuatro meses hubo menester la Comisión
                    de 56 para presentar d proyecto de la nuestra.
                    
                    lié aijuí en breves palabras la labor de la Convención
                    americana. Comenzó sus trabajos el 25 de Mayo de
                    1787, á puerta cerrada, sin duda porque no creyó como
                    nosotras que la concurrencia de las galerías sea el pue-TRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    59
                    
                    blo. El 29 Randolph presentó en quince resoluciones las
                    bases de la organización nacional, estableciendo en ellas
                    con admirable sabiduría los grandes lineamientos del sis-
                    tema federativo, la división clara de poderes, el derecho
                    electoral, la representación y carácter de los Estados y el
                    procedimiento de las reformas constitucioEales. Fronte
                    á este llamado Plan de Virginia, se presentó el Plan de
                    Jersey por Patterson, que proponía sólo modificaciones
                    á la Confederación existente; Pinckney propuso bases d-:
                    gobierno federal. El 19 de Junio, la Convención aceptó
                    al debate el Plan de Virginia, y después de discutirlo has-
                    ta el -4 de Julio, lo pasó á una comisión de cinco miem-
                    bros que debía redactar el proyecto de ley suprema. Es-
                    te llegó á la Cámara el 6 de Agosto, los diputados lo dis-
                    cutieron hasta el 8 de Septiembre, resolviendo cuestiones
                    gravísimas, pasó á una comisión de estilo, que despachó
                    su tarea concienzudamente en tres días, y la Constitución
                    fué firmada el 17 del mismo mes. En total la Conven-
                    ción no gastó cuatro meses para su obra; algo menos de
                    lo que la Comisión mexicana empleó en formar un pro-
                    yecto.
                    
                    No podía ser de otro modo, dada la organización de
                    los trabajos y las personas que en ellos intervenían. "Los
                    trabajos seguían á mediados de Abril lenta y dificultosa-
                    mente, ya por su propia naturaleza, ya porque en esos
                    días algunos miembros de la Comisión habían estado en-
                    fermos y otros ocupados en asuntos urgentes del servi-
                    cio." "La Comisión se había consagrado á sus tareas
                    con actividad y celo, llevando actas de sus reuniones, re-
                    dactando cuantos discursos se pronunciaban (no había
                    taquígrafos), y tomando apuntes de todo lo que podía
                    después ilustrar al Congreso." "Muchas veces después
                    del trabajo de muchas horas para redactar un artículo
                    cuando se creía haber acertado, ocurrían nuevas obser-í>0 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    vaciones que hacían comenzar de nuevo porque se descu-
                    bría algún error." (Arriaga.) (*)
                    
                    De cierto que no hubo exageración ninguna en estas
                    palabras; porque nada hay más ocasionado á tropiezos
                    que la concepción colectiva de un pensamiento ni más di-
                    fícil que reducirlo á palabras entre veinte personas;
                    y la dificultad toca en lo imposible si hay entre los veinte
                    un Mata junto á un Romero Díaz, un Gamboa reformista
                    sin miedo ni transacciones y un Escudero y Echánove
                    que ha de ser más tarde ministro del Emperador. El es-
                    píritu de concordia que llamó al seno de la Comisión á
                    hombres de credos contrarios, lleva á la discordia más
                    llena de obstáculos y á la incoherencia de los preceptos
                    producto de las concesiones mutuas. A fines de Abril,
                    "Los puutos principales están ya convenidos. Ha habi-
                    do grandes dificultades al tratarse de los artículos rela-
                    tivos á materias religiosas; á la organización política del
                    distrito y al deslinde de la facultad legislativa." (Arria-
                    ga.)
                    
                    El dictamen dice en la parte expositiva: "Después
                    de repetidas y prolongadas discusiones, nunca llegamos
                    á quedar del todo satisfechos del plan adoptado para
                    formular los principios constitucionales, y mucho menos
                    cuando una fracción respetable de la comisión se nos
                    separó desde el principio de nuestros trabajos y no ha
                    tenido á bien asistir sino á muy pocas de nuestras labo-
                    riosas y dilatadas conferencias." Y sigue diciendo que
                    los miembros de la Comisión se vieron obligados á traba-
                    jar con premura, para satisfacer la ansiedad pública y li-
                    bertar al país de la zozobra en que la dilación lo ponía,
                    temeroso de caer otra vez en el desorden ó bajo el des-
                    potismo si no venía la nueva organización á conjurar los
                    peligros.
                    
                    (*) Zarco.   Od. cit.
                    
                    TRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    6!
                    
                    Y estos peligros eran ciertos y bien los patentizaban
                    las insurrecciones de cuartel que tuvo Comonfort la for-
                    tuna de vencer varias veces. Cierto era que había
                    ansiedad, y que en la nueva Constitución se fundaban las
                    esperanzas de paz y de orden que no se confiaban á un
                    gobierno provisional y transitorio sin más origen legal
                    que un plan revolucionario. Y en medio de esta situa-
                    ción apremiante, la Comisión llamaba premura á la acti-
                    vidad que forjara un proyecto en cuatro meses. Olvera
                    desde muy temprano había declarado que la obra de la
                    Constitución bien debía consumir dos años, y presentó
                    proposición formal para que las sesiones se prorrogasen
                    por seis meses; y á pesar de los cuatro gastados en el
                    proyecto, Guzmán confesó, al ver objetado el artículo 3o.,
                    que los primeros artículos del proyecto no habían sido
                    detalladamente discutidos por la Comisión, y que se ha-
                    bían presentado como estaban por no retardar la presen-
                    tación del dictamen; añadió que le era penoso tener que
                    defender aquellos artículos.
                    
                    A esta declaración singular aludía Zarco cuando en
                    la discusión del artículo 5o. decía: "Después de las re-
                    velaciones que nos ha hecho la Comisión, todo esto no me
                    sorprende. Los artículos que estamos examinando han
                    sido escritos con precipitación, no han sido discutidos,
                    ni perfeccionados, y á pesar de las firmas, en realidad
                    no tenemos dictamen de comisión, sino opiniones de un so-
                    lo diputado." Guzmán reincidió en la infidelidad, con-
                    ferenció con algunos miembros de la comisión y añadió
                    que ésta deseaba retirar todo el título de los Derechos
                    del Hombre ¡ opúsose Arriaga, y reunidos en conferencia
                    los ocho miembros presentes, resultó que cuatro estaban
                    por retirar todo aquel título, que á pesar de tenerse por
                    el más trascendental del proyecto, se había hecho de pri-
                    sa y sin cuidado.  Las frases de Zarco se confirmaban po-62
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    co después por el presidente de la comisión, que decía es-
                    peraba que el artículo 13 "encontrara apoyo de parte de
                    algunos diputados, siquiera de los que eran miembros de
                    
                    la comisión; pero fallida esta esperanza....."
                    
                    Arriaga reportaba las consecuencias de su mala elec-
                    ción; no sólo le faltó la voz de algunos de sus compañe
                    ros, sino hasta sus votos, que no tuvieron empacho en dar
                    en ocasiones contra lo que ellos mismos propusieran bajo
                    su firma. Yáííez y Cortés Esparza, votaron contra el ar-
                    tículo 15 (libertad religiosa), siendo que habían suscrito
                    sin reservas el proyecto; Eomero Díaz en medio de la ri-
                    sa de los representantes, votó contra el proyecto entero
                    en la sesión de 4 de Septiembre. Los moderados de la co-
                    misión, según las palabras de Arriaga, "vieron con indi-
                    ferencia la Constitución del país. Algunos señores ape
                    ñas concurrieron; hubo uno que no asistió á una sola
                    discusión; uno asistió una sola vez."
                    
                    En la sesión del 13 de Agosto, Prieto propuso el nom-
                    bramiento de suplentes para integrar la Comisión. Para
                    apoyarla manifestó que "el señor Cardoso ni siquiera lia
                    firmado el proyecto;" que "los señores Escudero y Ech;i-
                    nove y Homero Díaz, lo suscriben, excepto en algunos
                    puntos que no explican y ni una sola vez han hablado eu
                    nombre de la comisión; que el señor Yáñez no asiste á
                    las sesiones; que el señor Guzmán falta hace algunos días
                    y que, por tanto, el hecho es que no hay comisión." Arria-
                    ga, en el desaliento que le producían la negligencia de al-
                    gunos de sus compañeros, la apatía de los que imposibi-
                    litaban las sesiones con sus faltas de asistencia, y la re-
                    pugnancia do la mayoría por los principios avanzados, lle-
                    gó á ser injusto con sus mejores auxiliares. Mata estuvo
                    siempre á su lado, prestándole -el concurso de su palabra
                    elocuente, de su actividad en la labor y de su energía sin
                    flaquezas, y trabajó de tal modo, que más de una veaTRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    63
                    
                    superó en eficacia y en vigor al mismo Arriaga. Castillo
                    Velasco no desertó nunca y fué fiel en la defensa del pro-
                    yecto; Guzmán trabajó con fe y patriotismo; Olvera co-
                    laboró empeñosamente, salvo en los puntos que compren-
                    día su voto particular; Ocampo puso al servicio de la
                    Constitución su alta intelectualidad, cuando pudo asis-
                    tir á las sesiones. Pero el desaliento del noble presidente
                    se justifica porque estos mismos, si se exceptúa á Mata y
                    Castillo Velasco, ya por ausencia, por flaqueza ó por in-
                    conformidad de ideas, hubieron de abandonarle alguna
                    vez en la lucha.
                    
                    Pero nada más singular en la obra de la Constitución,
                    ni más demostrativo de que aquel congreso encontró la
                    manera de hacer en un año una obra precipitada, que la
                    corrección de estilo. Con mucha anticipación, desde el 10
                    de Noviembre, se nombró la comisión que debía encargar-
                    se de esa tarea, y que se compuso de Ocampo, Guzmán y
                    Ruiz. El 26 de Enero, Guzmán, único miembro presente,
                    anunció que la minuta estaba formada; pero que falta-
                    ban los artículos pendientes aún de discusión, y aunque
                    se propuso por Cortés Esparza que se imprimiese para
                    distribuir ejemplares entre los representantes, el Con-
                    greso reprobó la proposición, porque la obra no estaba
                    concluida. Cinco días después, Guzmán presentó la minu-
                    ta completa, Cortés Esparza volvió á proponer su impre-
                    sión "para que todos los diputados pudieran examinarla
                    detenidamente antes de discutirla;" pero los diputados,
                    que llevaban cuatro días de sesión permanente, querían
                    concluir á todo trance y desecharon la juiciosa proposi-
                    ción. Siguió un ligero debate y la minuta fué aprobada
                    en aquella sesión final, que logró reunir ochenta y un
                    diputados (sólo dos más de los indispensables), y que las
                    galerías coronaron vitoreando á la Constitución y al Con-
                    greso.64
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    En todo el año no habían dado los representantes un
                    voto tan trascendental con menos ceremonias; faltaban
                    en la minuta y faltan por tanto, en nuestra ley fundamen-
                    tal, una adición, una fracción de un artículo y dos artícu-
                    los enteros, discutidos, disputados y aprobarlos por id
                    Congreso.
                    
                    En la sesión del 20 de Enero de 57 se aprobó una adi-
                    ción al art. 18 (3o. de la Constitución), propuesta por ei
                    diputado Buenrostro, según la cual se establecían jura-
                    dos populares para impedir que en la enseñanza se ofen-
                    diese á la moral. Fué aprobada y no se conservó en la
                    minuta.
                    
                    Decía el artículo 99: "Corresponde á los Tribunales
                    de la Federación conocer:.... 7a. de las (controversias)
                    que versen entre ciudadanos de un mismo Estado por
                    concesiones de diversos Estados." Aprobada por 49 votos
                    contra 30 en la sesión del 27 de Octubre. Esta fracción
                    fué suprimida en la minuta.
                    
                    Largamente discutido el artículo 102 del proyecto que
                    determinó los casos y la forma del jmicio de amparo, fué
                    retirado por la Comisión, que lo presentó de nuevo eu
                    tres artículos con los números 100, 101 y 102; este último
                    fué otra vez motivo de controversia animada, y con una
                    ligera modificación fué aprobado por 65 votos contra 27
                    en estos términos: "En todos los casos de que hablan los
                    dos artículos anteriores, se procederá con la garantía de
                    un jurado competente compuesto de vecinos del distri-
                    to en que se promoviere el juicio. Este jurado se formará
                    y calificará el hecho de la manera que disponga la ley
                    orgánica." No hay que lamentar la desaparición misterio
                    ta de este precepto: el Constituyente reparó en la minuta
                    con un voto ciego, un error que habría echado á perder
                    su acierto más grande: el juicio de amparo.
                    
                    El artículo 120 era así: "Los Estados para formarTRABAJOS DEL CONSTITUYENTE
                    
                    65
                    
                    su hacienda particular sólo podrán establecer contribu-
                    ciones directas. La Federación sólo podrá establecer ira-
                    puestos indirectos, y formará parte del tesoro federal el
                    producto de la enajenación de terrenos baldíos." Apro-
                    bado por 55 votos contra 24, después de consumir una
                    sesión entera en el debate. La vieja cuestión de clasifica-
                    ción de rentas federales y locales quedó en pie por la omi-
                    sión de este artículo, lo mismo que el embrollo de los te-
                    rrenos baldíos. El precepto sería bueno ó malo; lo que no
                    tiene duda es que era de grande importancia.
                    
                    Quizá el balance de estas omisiones resulte favora-
                    ble para nuestra ley suprema; en tal caso hay que reco-
                    nocer que la casualidad tiene grandes aciertos para en-
                    mendar los desaciertos de los hombres; pero las venta-
                    jas obtenidas no valen atenuantes en el juicio de respon-
                    sabilidad del Congreso Constituyente. (*)
                    
                    (*) Enil879, el periódico "La Libertad" hizo cargos á Guzmán por
                    algunas de estas omisiones, que él contestó en "La Verdad Desnuda,"
                    rechazándolos con sobra de razones. Nadie pudo suponer ni negligencia
                    ni malicia en el ilustre constituyente, que se distinguió siempre por la
                    rectitud de su carácter Refiere en su respuesta el procedimiento escru-
                    puloso que emp'eó. ayudado por Gamboa, para formar la minuta, y de-
                    muestra que las omisiones se habían cometido en el inventario hecho por
                    la secretaría, de que se sirvieron para su trabajo. Entre sus datos hay
                    este muy curioso: el artículo 102 fué suprimido por acuerdo de cuatro de
                    los secretarios, que consultaron la opinión de la Comisión y de otros
                    miembros de la Cámara, por ser en su concepto contrario á las preven-
                    ciones del 101. Guzmán, que notó la omisión, inquirió la causa y obtuvo
                    esa explicación que creyó suficiente.68 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    No hubieran podido imaginar Arriaga y Mata en aque-
                    llos días que el Congreso iba á ganarse en el sentimiento
                    popular inconsciente el título de liberal por excelencia,
                    ni la obra el renombre de modelo de instituciones libera-
                    les avanzadas. Para ellos, la asamblea, por la fuerza re-
                    sultante, era una asamblea más conservadora que mode-
                    rada, y la obra, que en más de un punto importante aban-
                    donaron á sus contradictores, quedaba sin los elementos
                    capitales que la habrían hei-ho digna del partido verda-
                    deramente liberal.
                    
                    Las frases del presidente de la comisión tenían de exa-
                    geradas lo que llevaban del calor de la lucha y del des-
                    aliento do la derrota en principios capitales; pero eran
                    justificadas. No había rechazado el Congreso todas las
                    ideas fundamentales del partido progresista; pero sí de-
                    vuelto á la comisión muchos artículos de los que algunos
                    muy importantes no habían de presentarse más á la deli-
                    beración, ó habrían de volver empobrecidos hasta no va-
                    ler nada. En definitiva, al concluirse la nueva ley funda-
                    mental, las pérdidas de los progresistas no fueron muchas
                    en número; pero sí graves por su trascendencia. Y hay
                    que tener en cuenta que si no llegaron á ser muy numero-
                    sas sus derrotas en Jo que propusieron en el proyecto, fué
                    porque ya lo habían sido en las concesiones hechas á sus
                    opositores al redactarlo.
                    
                    Así tenían que proceder en una asamblea en que el es-
                    píritu moderado predominaba visiblemente, so pena de
                    perderlo todo si se llegaba á un rompimiento definitivo;
                    y todo se habría perdido si la exigencia liberal hubiera
                    obligado al partido opuesto á unirse .y organizarse, pues
                    ésta habría llegado al restablecimiento de la Constitución
                    de 1824 ó á la disolución del Congreso, antes que consen-
                    tir   en una Constitución que consagrara los principios
                    
                    avanzados del partido liberal. Así fué cómo Arriaga y laDERROTAS DE LOS PROGRESISTAS
                    
                    69
                    
                    comisión que presidía, adoptaron, según la declaración
                    de aquél, "muchos pensamientos moderados," frase que
                    probablemente alude á la manera de formular algunos
                    principios del programa liberal, limitando sn alcance y
                    enflaqueciendo su vigor. Los progresistas hablaban con
                    frecuencia en sus discursos de grandes reformas, cuando
                    casi sólo se esbozaban en el proyecto, como la libertad
                    religiosa, en el cual se limitaban á declarar que no se pro-
                    hibiría el ejercicio de culto alguno, más sin atreverse á
                    romper la liga del Estado y la Iglesia que era el pensa-
                    miento de los reformistas. Negaban en el proyecto la co-
                    acción civil á los votos religiosos (lo cual nada tenía
                    de nuevo), en tanto que aspiraban en sus principios á
                    abrir las puertas de los monasterios; suprimían el fuero
                    eclesiástico, cuando su propósito era establecer la supre-
                    macía completa del poder civil; se contentaban con ha-
                    cer constitucional la desamortización de los bienes del
                    clero, cuando lo que estaba en sus anhelos era la nacio-
                    nalización.
                    
                    No censuramos estas concesiones que eran condición
                    indispensable para evitar el fracaso; las apuntamos pre-
                    cisamente para salvar el error de los que consideran el
                    proyecto de constitución como eminentemente liberal, y
                    para justificar á los progresistas avanzados del cargo que
                    les resulta á los ojos de los que den al proyecto su ver-
                    dadero valor como reformista.
                    
                    Por su parte los moderados no podían tampoco extre-
                    mar la resistencia hasta imposibilitar las concesiones, por-
                    que ellos también sabían las consecuencias fatales con
                    que el fracaso del Congreso gravaría su responsabilidad
                    ante la Nación, por el hecho de inutilizar los efectos de la
                    revolución de Ayutla y prolongar indefinidamente la dic-
                    tadura de Comonfort. Su mayoría en la asamblea les ase-
                    guraba el triunfo y ya vamos á ver cómo tuvieron miedo70 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    de alcanzarlo en el restablecimiento de la Constitución
                    de 1824. Sin embargo, á pesar del descontento con que
                    se presentaron las reformas liberales, á pesar de que los
                    moderados se veían en el caso de no exigir demasiado y
                    de que tenían empeño en merecer también el nombre de
                    liberales, rechazaron, como decía Arriaga, principios ca-
                    pitales del partido progresista.
                    
                    El principal fué el de la libertad de cultos que esta-
                    blecía el proyecto en su artículo 15. "No se expedirá, de-
                    cía, en la República, ninguna ley ni orden de autoridad
                    que prohiba ó impida el ejercicio de ningún culto religio-
                    so.'' Lo demás del precepto aseguraba á la religión cató-
                    lica la protección especial de las leyes que el Congreso
                    debería dar en su favor. De suerte que se limitaba á de-
                    clarar la tolerancia, que ya de hecho había avanzado mu-
                    cho, y que las costumbres acabarían por sancionar bien
                    pronto con su sanción irrevocable. Pero en las sociedades
                    es más fácil, en tratándose de conciencia, aceptar el he-
                    cho, que declarar el principio, porque nada hay más pe-
                    noso que sacrificar la hipocresía, y así fué cómo los más
                    hostiles al artículo se conformaban con pasar en blanco
                    la materia religiosa, callar en la Constitución el punto de
                    tolerancia y dejar que los hechos la impusieran; pero no
                    podían consentir el escándalo de reconocerla. Una mayo-
                    ría de quince votos derrotó á la Comisión en un total de
                    ciento diez diputados, después de una discusión en que,
                    con raras excepciones de hombres que nc temieron mani-
                    festar francamente sus ideas, los reformistas procura-
                    ron aparecer católicos, y los moderados hicieron pro-
                    testas de liberalismo. La conciencia social se encontraba
                    en un nodo y todos los credos se estrechaban para poder
                    pasar.
                    
                    • Cuando muy tarde volvió ei artículo al debate, lleg;>
                    en estos términos: "Corresponde exclusivamente á los po-DERROTAS DE LOS PROGRESISTAS
                    
                    71
                    
                    deres federales ejercer en materia de culto religioso y de
                    disciplina externa la intervención que designen las le-
                    yes." Aprobado por ochenta y dos votos contra cuatro,
                    hizo que Zarco dijera: "Tan breve debate, tan considera-
                    ble mayoría, son la mejor prueba de que no se ha con-
                    quistado ningún principio importante. Las relaciones en-
                    tre la Iglesia y el Estado quedaron como antes; es deeir,
                    subsisten la lucha y la controversia entre los dos pode-
                    res." En efecto, el artículo, obra de Arriaga, contenía
                    sólo la declaración del patronato del poder civil federal y
                    hasta puede decirse que reconocía el derecho exclusivo
                    de la iglesia católica para existir en México.
                    
                    Las garantías del acusado parecían otro escollo para
                    los progresistas, esas garantías que lo son para la verdad
                    y que en los pueblos cultos constituyen la base de la liber-
                    tad y de la seguridad de cada persona. Los juristas em-
                    pedernidos del bando moderado no po.dían aceptar la am-
                    plitud de defensa que se procuraba en el proyecto ni los
                    medios que se proponían para obtener la serenidad de los
                    fallos El sumario misterioso y secreto, la confesión con
                    cargos ía. solas, en que la habilidad sereDa del juez culto
                    debía arrancar la declaración del delito al miserable pro-
                    cesado lleno de temores y de ignorancias, eran condicio-
                    nes sin las cuales no podían explicarse un juicio crimi-
                    nal correcto ni una sentencia legalmente limpia. El juicio
                    por jurados se desechó tras una discusión en que en va-
                    no hicieron esfuerzos los miembros de la comisión, buenos
                    conocedife» de esta institución democrática, contra los
                    ataques &e los cue la repugnaban, que demostraron, so-
                    bre todo, desconocerla.
                    
                    Entendemos que más por falta dé estudio y por apego
                    á las instituciones viejas del Derecho, que por defensa
                    de principios, la mayoría hizo todavía algo peor: rechazó
                    el juicio acusatorio que establecía el artículo 27, y que72 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    puesrto en la Constitución, habría dado al país entero un
                    avance de cincuenta años. Imposible para la mayoría
                    prescindir del clásico juicio inquisitorio en que se deja-
                    ba todo el mecanismo de la averiguación y toda la reali-
                    zación de la justicia penal encomendados á la rectitud,
                    clarividencia y severidad del juez, y á la precisión mate
                    mática, sabiduría secular y precisión inequívoca de las le-
                    yes del enjuiciamiento. Ya no era sólo la desconfianza en
                    el jurado popular, que encontraban absurdo porque some-
                    tía á la conciencia de los legos la resolución de cuestiones
                    que ellos suponían técnicas; era la convicción de que la
                    seguridad social quedaría destruida si se quitaba al juez
                    el papel de inquisidor que lo había caracterizado como fi-
                    gura repugnante y odiosa en los siglos anteriores. La ins-
                    titución del Ministerio Público, que dejaba la acusación
                    encomendaba á funcionarios nombrados por el (íobicr-
                    no, y daba á la administración de justicia un auxiliar tan
                    sometido como el juez á las preocupaciones profesionales,
                    le pareció á la mayoría de diputados un grave peligro pa
                    ra la sociedad, y como si en el artículo primero hubiera
                    declarado que los derechos de la sociedad son la base de
                    las instituciones, votaron contra el juicio acusatorio, que
                    medio siglo después no ha llegado ;í implantarse en todo
                    el país.
                    
                    Algo más todavía, para que se juzgue de las ideas del
                    Congreso en punto á las garantías otorgadas á un hombre
                    por el mero hecho de estar sometido á una averiguación
                    criminal. Se cree generalmente que poner grillos ó grille-
                    tes á un procesado y aun al reo condenado, es una vio-
                    lación constitucional, y nada hay más erróneo, porque
                    ambos instrumentos de seguridad y de tormento fueron
                    expresamente autorizados por la asamblea en la discusión
                    y el voto respecto al que es hoy artículo 22. La comisión,
                    al enumerar las penas y procedimientos que habrían deDERROTAS DE LOS PROGRESISTAS
                    
                    73
                    
                    quedar prohibidos por su barbarie, y que en su mayor
                    parte no habían dejado de estar en uso, comprendió los
                    grillos y la cadena ó grillete; en la discusión se alegó la
                    dificultad de asegurar á los presuntos culpables en un
                    país que no tenía cárceles bien construidas, se debatió lar-
                    ga y acaloradamente la cuestión, y al fin el artículo se
                    declaró sin lugar á votar. Volvió más tarde presentado
                    por la Comisión sin modificación ninguna, y entonces, la
                    asamblea dividió el precepto en partes, desechó la que
                    prohibía los grillos y el grillete, aprobando las demás.
                    En este punto el Congreso iba muy á la zaga de las socia-
                    dades, pues no obstante esta autorización, los grillos y
                    grilletes quedaban abolidos por la conciencia pública y no
                    volvieron á emplearse (sino como atentado) en ninguna,
                    parte.
                    
                    Mas nada hay en la historia de aquel congreso qv
                    mejor caracterice el espíritu y tendencias de sus mayi.
                    rías, que los hechos que hacen relación con los intentos
                    frustrados de restablecer la Constitución de 1824. Aquo-
                    11a primera ley fundamental encontró desde sus princi-
                    pios las resistencias del partido conservador; fué la ban-
                    dera de los republicanos que se oponían al establecimien-
                    to de un gobierno monárquico, y de los patriotas que re-
                    sistían al centralismo como sistema que invocaban las
                    tiranías; pero en realidad, ceñida entonces la contienda á
                    la forma de gobierno, el prestigio de la Constitución con-
                    sistía en su federalismo, cuando menos para la generali-
                    dad que siempre es vulgo porque es muchedumbre, y qne
                    simplificaba en la idea de federación los elementos de de-
                    mocracia y las condiciones de libertad que no discernía.
                    Los hombres del oficio, pensadores y estudiosos, que son
                    los únicos que analizan las ideas, quisieron en 1847, al es-
                    tablecer la carta de 24, darle algo más que el sistema fe-
                    derativo, y el Acta de Reformas fué la mejor demostrn
                    
                    574
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    ción de las deficiencias de la constitución que se res-
                    tauraba; pero aun con el acta hecha de prisa, en momen-
                    tos de angustia, cuando tropas extranjeras llegaban casi
                    á los muros de la capital, y hecha por el partido modera-
                    do, el conjunto de ley fundamental resultaba sin garan-
                    tías para las libertades, atrasado para la organización de
                    un pueblo nuevo, y sobre todo sin prestigio ya, porque ha-
                    bía sido el juguete de los malos gobiernos y otras veces
                    el pretexto para sustentarlos.
                    
                    En 1857, la Constitución de 24, á quien por lo asen-
                    dereada podía 'contársele en doble el tiempo de servicio
                    y de desastres, no contaba el prestigio por los años como
                    sucede con las constituciones que han organizado pue-
                    blos; por el contrario, tanto peor concepto había ganado,
                    cuanto más había mal vivido. Restablecerla habría sido
                    renunciar á los frutos de la revolución que había prome-
                    tido una nueva ley y con ella la esperanza de las reformas
                    sociales y de la regeneración nacional; y si es cierto que
                    la esperanza de regeneración confiada sólo á una ley es
                    una ilusión, también es verdad que la ilusión suele ser
                    la mejor fuerza para mover y conducir á los pueblos.
                    
                    Por buena que la ley de 2á hubiera sido, el partido
                    liberal tenía que desecharla por desprestigiada y para
                    mantener la promesa de aquella, so pena de producir e'
                    fracaso de la revolución; pero por mala que fuera, había
                    de sostenerla el partido conservador, que estaba seguro
                    de que una nueva no sería para el míenos mala, y porque
                    precisamente sería á los ojos de los pueblos el fracaso d;;l
                    progresista y el desvanecimiento de todas las ilusiones en
                    ó! fundadas. Para el partido moderado, la Constitucióu
                    de 2-1 era el justo medio deseable; casi era su obra y tenía
                    que encariñarse con ella; pero para ponerse de su parte,
                    tenía, además, y quizá principalmente, la tendencia alDERROTAS DE LOS PROGRESISTAS
                    
                    75
                    
                    equilibrio que le obligaba á cargar por el extremo conser-
                    vador cuando tendía á prevalecer el extremo liberal.
                    Al tercer día de abiertas las sesiones del Congreso
                    
                    Constituyente, el diputado Castañeda, hombre de dignos
                    antecedentes, de gran buena fe, de los más respetables y
                    más conservadores de la Cámara, presentó el proyecto d^
                    restablecimiento de la Constitución de 1824 con el acta
                    constitutiva y el Acta de Reformas, todo ello sin ningu-
                    na modificación. La asamblea, en que durante los prime
                    ros días dominaron los progresistas, al decir de Arriaga,
                    no discutió el asunto y rechazó el proyecto negándose
                    á admitirlo á discusión; pero los progresistas debieron de
                    sentir su debilidad en aquel triunfo que se alcanzó por ua
                    sólo voto de mayoría: cuarenta votos contra treinta y
                    nueve.
                    
                    El resultado no era para desalentar á la minoría,-
                    miembros recién llegados engrosaban su grupo; algunos
                    del opuesto salían de la capital en desempeño de comisio
                    nes, sin reparar (faltó el partido de organización y disci-
                    plina) en el riesgo que corrían de recibir un golpe de ma-
                    no. En Julio otro diputado de talento y bríos, Arizcorre-
                    ta, presentó nuevamente el proyecto de restaurar la vie-
                    ja constitución, con algunas reformas que hicieran ad-
                    misible la insistencia y viable el propósito. Como miedo-
                    sa de la publicidad, la asamblea trató el asunto en sesión
                    secreta, y después de dos días de discusión el proyecto fué
                    desechado, según dice Zarco; pero cabe dudar que haya
                    tenido un voto definitivamente adverso, porque en la se-
                    sión también secreta de 25 de Agosto, Díaz González pre-
                    sentó proposición para que se diera al proyecto segunda
                    lectura, no hubo diputado que la combatiera, y la mesa,
                    compuesta en su totalidad de progresistas, no hizo nada
                    por su parte para impedirle la entrada. Cincuenta y nue-
                    ve votos favorecieron á la proposición para ser tomada
                    
                    76
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    en consideración desde luego, y sólo hubo cuarenta ad-
                    versos; pero el reglamento requería dos tercios de votos.
                    La proposición quedó de primera lectura, mas el triun-
                    fo de sus mantenedores quedaba sólo aplazado para Sep-
                    tiembre, j Cómo se preparó el partido progresista para ia
                    lucha desventajosa? Probablemente de ningún modo, por-
                    que en la última sesión de Agosto, en que debía nom-
                    brarse nuevo presidente de la Cámara, no hubo más que
                    treinta y un votos liberales que se dispersaron entre sus
                    candidatos, en tanto que los enemigos daban compac-
                    tos sus cincuenta y cuatro cédulas en favor del autor mis-
                    mo del proyecto de cuya admisión iba á tratarse: Ariz-
                    correta.
                    
                    No defraudó éste las esperanzas de sus amigos, pues
                    en la sesión secreta de 2 de eptiembre impuso, apoyado en
                    una mayoría favorable, el trámite de segunda lectura de
                    su propio proyecto, llevando la energía hasta la violencia
                    en medio de un debate enconado y escandaloso. Los secre-
                    tarios de la Cámara, Guzmán, Olvera y Arias, que se
                    resistieron á dar la segunda lectura que Arizcorreta or-
                    denaba, porque éste obraba fuera de sus facultades y con-
                    tra reglamento, fueron expulsados del salón por el nue-
                    vo presidente, y al fin la Cámara, en que, como dijo Prie-
                    to, se conspiraba contra el proyecto de Constitución al de-
                    bate, acordó la segunda lectura del que restablecía la de
                    1824.
                    
                    Ninguna discusión tan importante como la que hubo
                    para admitir á discusión el proyecto de Arizcorreta. "Ba-
                    jo la apariencia de un mero trámite se jugaba una gran
                    cuestión política," había dicho un diputado; "se trataba
                    de la vida ó muerte de la República, y de levantar la en-
                    seña que habían invocado los reaccionarios," según fra-
                    ses de Arriaga. La discusión se preparó desde la víspera,
                    acordando el Congreso que pudieran hablar tres diputa-DERROTAS DELOS PROGRESISTAS
                    
                    77
                    
                    dos en pro y tres en contra, de suerte que uno y otro ban-
                    do debieron de preparar sus elementos y citar á sus par-
                    ciales para llevar el mayor número de votos; y así fué
                    seguramente, pues por excepción que se contó pocas ve-
                    ces, los diputados presentes pasaron de cien.
                    
                    "Esta sesión será memorable, decía al siguiente día
                    "El Siglo XTX," en los fastos de nuestras luchas parla-
                    mentarias, y hará honor á la franqueza, á la dignidad y al
                    valor civil del partido progresista que, sabiendo que esta-
                    ba en minoría, no decayó en la defensa de sus ideas, ni se
                    doblegó al desaliento." Ciertamente, la encendida se-
                    sión del 4 de Septiembre en que, vencidos los progresis-
                    tas por el número, salvaron por la energía y la entereza
                    á la Nación del retroceso reaccionario, es toda para hon-
                    ra de aquel grupo de patriotas decididos, á quienes forta-
                    lecía la fe de sus convicciones y daba audacia el grave
                    peligro del momento. Arriaga pronunció el más notable
                    y fogoso discurso que se oyó en el Constituyente, discur-
                    so cuyo vigor y elocuencia se sienten en el extracto que
                    conocemos. Pintó en él la situación del país en el interior
                    y de su concepto en el exterior, magistralmente, lanzando
                    duros cargos sobre el gobierno que apoyaba las tenden-
                    cias moderadas de reacción; analizó cruel y valientemen-
                    te al partido moderado en un período lleno de verdad y
                    de brío; debatió su conducta y la del gabinete en los tra-
                    bajos de la Comisión de Constitución, echándoles en cara
                    su veleidad ó su hipocresía, por haber firmado el pro-
                    yecto de los progresistas, siendo partidarios de la restau-
                    ración de la vieja ley; llegó hasta algunos liberales débi-
                    les que desconfiaban de las reformas, para reprocharles su
                    falta de fe; expuso las miserias de los hombres y las difi-
                    cultades del momento, reveló las tendencias solapadas,
                    atacó á sus adversarios por todas partes y concluyó aquel
                    discurso, que más que una oración para convencer, fué al78
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    clamor desesperado de un partido que veía rodar en un
                    instante toda su obra, con palabras llenas de dignidad, pa-
                    ra recibir eon nobleza el golpe de muerte que se asesta-
                    ba á su partido.
                    
                    Terciaron después en el debate, Olvera y Castillo Ve-
                    lasco en contra, y Arizcorreta y Aguado en pro, distin-
                    guiéndose este último, por su encono contra los progresis-
                    tas : y cerró la discusión el gobierno que, por boca de su
                    ministro Fuente, se declaró en favor de la Constitución
                    de 24, en que no veía una bandera de retroceso. La vota-
                    ción nominal, que parece haber sido agitada é interrum-
                    pida por demostraciones en diversos sentidos, dió á los
                    moderados cincuenta y cuatro votos contra cincuenta y
                    uno; es decir, el partido de las reformas quedó derrotado
                    y destruida la obra en que se fundaban todas las espe-
                    ranzas de regeneración del país.
                    
                    "La batalla estaba ganada, dice Zarco; pero en los
                    vencedores se notaba cierta vacilación que parecía inex-
                    plicable." E inexplicable parece hoy todavía la conducta
                    del presidente Arizcorreta y de la mayoría, que malogra-
                    ron un triunfo á tanta costa obtenido, en un momento de
                    debilidad inesperada ó de aturdimiento, incompatibles
                    eon la energía desplegada obstinadamente durante varios
                    días, y con la lucidez demostrada en las anteriores prue-
                    bas.
                    
                    Arizcorreta, considerando que la Comisión de consti-
                    tución era hostil á su proyecto, dispuso que se nombra-
                    ra una especial para que presentara dictamen; los ven-
                    cidos reclamaron el trámite y pidieron que conforme á
                    reglamento, el proyecto admitido pasara á la comisión
                    existente; apeló el Presidente á la resolución de la Cáma-
                    ra, que era suya; estaba el trámite en plena discusión, de
                    tal suerte, que la asamblea, consultada, declaró que no
                    estaba suficientemente discutido; y cuando después deDERROTAS DE LOS PROGRESISTAS
                    
                    79
                    
                    bruscas frases de algunos diputados debiera haberse es-
                    perado un nuevo voto de la mayoría sosteniendo su victo-
                    ria, Arizcorreta retiró el trámite que la habría hecho defi-
                    nitiva. La confusión aumenta y los liberales la utilizan; se
                    pregunta al presidente cuál es el trámite que ha dado, y
                    contesta que ninguno; se trata de presentar una proposi-
                    ción por los moderados y los liberales lo impiden; va á
                    leerla Cortés Esparza, éstos no lo consienten, y tan viva
                    y enérgicamente piden, antes que nada, un trámite, que
                    Arizcorreta manda que su proyecto pase á la comisión
                    respectiva.
                    
                    La comisión respectiva era la de Constitución. El trá-
                    mite de un momento, anuló la victoria del espíritu reac-
                    cionario y enterró de una vez para siempre la Constitu-
                    ción de 1824.
                    
                    {Cómo el hombre de convicción firme y voluntad enér-
                    gica que sostuviera con medidas extremas y en sesiones
                    borrascosas sus propósitos para hacerlos triunfar, fla-
                    queó súbitamente después del triunfo? ¿Cómo una mayo-
                    ría que había llegado á ser compacta como mostraban las
                    recientes votaciones, y que por añadidura contaba con el
                    voto de dos ministros y con el apoyo del Gobierno, malo-
                    gró sus esfuerzos, ya realizada la victoria? Quizá Arizco-
                    rreta al obtenerla sintió el peso de la responsabilidad que
                    él más que ninguno cargaba, de esa grave responsabilidad
                    con que abruma el triunfo al vencedor, poniendo en sus
                    manos toda la suerte de un pueblo-, pero es más proba-
                    ble, (porque es más humano), que haya desconfiado, para
                    la votación de su primer trámite, de algunos de aquellos
                    hombres que tantas pruebas dieron de incoherencia en
                    la conducta y debilidad en las resoluciones.
                    
                    Sea cualquiera la explicación del final de aquella cues-
                    tión gravísima, que hizo pasar al Congreso el momento
                    más peligroso de sus días, la votación dejó para la pos80 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    teridad esta revelación importante: en la asamblea de 57,
                    para la cual se eligieron ciento cincuenta y cinco repre-
                    sentantes, y que llegó á reunir en sesión ciento diez, no
                    hubo más que cincuenta y uno, á quienes seamos deudo-
                    res de la ley fundamental; ley que alguna virtud tuvo pa-
                    ra haber de ser la bandera de la Reforma, la enseña de la
                    República y el símbolo que sirviera al fin para la unión
                    de los espíritus en una conciencia nacional.CAPITULO V.
                    
                    La obra del Constituyen
                    
                    Los autores de la Constitución, aparte de las dificulta-
                    des con que tropezaron para plantear libremente sus
                    ideas, estuvieron siempre sometidos á poderosas causas
                    que perturbaban su criterio. Cuando los días no eran se-
                    renos no podían estar serenos los espíritus. La agitación
                    revolucionaria había sacudido fuertemente á la sociedad,
                    encendiendo pasiones que no se apaciguan en un día, y las
                    pasiones prevalecían aún en los ánimos, velando, sin mos-
                    trarse y como arteramente, la claridad del juicio, la lucí
                    dez de la observación y aun la pureza del intento, en los
                    mismos hombres de quienes tenía que esperarse la obra
                    de la misma ley prometida por el programa de la insu-
                    rrección libertadora. El partido conservador alzaba re-
                    vueltas de importancia en Puebla, enseñoreándose de Ja
                    segunda ciudad del país, que dos veces hubo que recon-
                    quistar á costa de sangre, y atizaba los rescoldos del fa-
                    natismo en cien puntos regados en la extensión del te-
                    rritorio nacional, alimentando con ello la desconfianza
                    que mantenía á los pueblos en constantes inquietudes. Un
                    hombre improvisado por la revolución, tenía todo el po-
                    der dictatorial en las manos. Exaltado contra la tiranía y
                    moderado en principios; valiente en el combate y tímido
                    y vacilante en el gabinete; lleno de patriotismo y buena
                    fe, pero más todavía de escrúpulos y respetos tradiciona-82 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    listas, más se hacía temer de sus amigos por la incerti-
                    dumbre, que de sus enemigos por los elementos de fuerza.
                    En el interior, sumándose á estas condiciones de intran-
                    quilidad, la penuria del erario y las angustias de la ne-
                    cesidad inevitable y urgente; en el exterior, no ya la des-
                    confianza sino el desprestigio acumulado por los años, for-
                    talecido por los errores frecuentes y por las aventuras
                    que se nos imputaban como delitos.
                    
                    En esta situación, los hombres que tenían ingerencia
                    en la vida pública, y que fueron testigos de los aconteci-
                    mientos que la formaron, habían llegado á ser suspica-
                    ces y asustadizos en todo lo que se refería al poder. La
                    historia de los gobiernos de Santa Anna, con su ultime
                    capítulo de dictadura cruel y sin freno, había dejado en
                    todos los espíritus la obsesión de la tiranía y del abuso,
                    de tal suerte que el ejecutivo no era para ellos una enti-
                    dad impersonal de gobierno, sino la representación en-
                    mascarada del dictador, y un peligro grave é inminente
                    de todas las horas para las libertades públicas que en-
                    carnaban en el Congreso. Los diputados disentían en opi-
                    niones en cuanto á reformas sociales, sobre todo cuando
                    se rozaban puntos que podían afectar á los principios re-
                    ligiosos; pero tenían una conformidad de ideas casi gene-
                    ral cada vez que se trataba de la organización del gobier-
                    no ó de los actos del que regía entonces la Nación, por-
                    que en todos predominaba como elemento superior del
                    criterio la desconfianza del poder ejecutivo y la fe ciega
                    en una representación nacional pura, sabia y patriota.
                    
                    El Plan de Ayutla era bien diminuto para ley funda-
                    mental de la Nación, por más que no hubiera de durar
                    en vigor sino por tiempo limitado que sus autores supu-
                    sieron mucho más corto de lo que al fin resultó. Como
                    todos los planes no tenía más objeto que dar un progra-
                    ma á la revolución y hacer una promesa á los pueblos
                    
                    —LA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    83
                    
                    para llamarlos á la lucha, y con poca reflexión ó sobra de
                    desconfianza, sometió los actos del ejecutivo provisional
                    á la revisión del Congreso que había de constituir á la
                    Nación. Este precepto, que daba á la asamblea funciones
                    activas en la política del Gobierno, ingerencia en la ad-
                    ministración y responsabilidades en la gestión del ejecu-
                    tivo; que embarazaba la acción de éste con la tutela de
                    la Cámara y subordinaba al voto de los diputados todos
                    sus procedimientos, destruía con unas cuantas palabras
                    las facultades omnímodas que se habían creído indispen-
                    sables para dar vigor al gobierno revolucionario, y lo ha-
                    cía más pobre de medios y más escaso de facultades que
                    cualquier gobierno constitucional. La facultad de revi-
                    sión otorgada al Congreso, estuvo á punto de producir
                    las más violentas escisiones, y con un jefe revolucionario
                    de las condiciones que suelen ser indispensables para tal
                    jefatura, no es probable que la asamblea hubiese concluí-
                    do tranquilamente su obra.
                    
                    La prudencia de Comonfort de una parte, y el respe-
                    to que merecían su honradez política, sus virtudes per-
                    sonales y su reciente historia, evitaron que llegara á ver-
                    se, por sólo unas breves palabras del Plan, la forma de go
                    bierno más singular, más extravagante y más peligrosa.
                    Como el Congreso no podía hacer más ley que la Consti-
                    tución, ni el Presidente podía dar leyes sin que éstas fue-
                    sen revisadas, ni dictar disposiciones que no pudiesen sor
                    reprobadas por la asamblea, resultaba la facultad legis-
                    lativa en el Presidente y el veto absoluto en el Congre-
                    so; el gobierno con facultades extraordinarias, es decir,
                    la dictadura, sometida al régimen parlamentario más ca-
                    bal, y la asamblea, que para constituyente había menester
                    de serenidad, convertida en asamblea de combate, derri-
                    bando ministerios y haciendo gabinetes de partido.
                    
                    No son éstas simples deducciones de las palabras del£4
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Plan de Ayutla, sino consideraciones fundadas en los he-
                    chos. Muchos diputados, tomaron en serio el parlamenta-
                    rismo, consciente ó inconscientemente; Zarco, que cono-
                    cía bien el sistema y que era enemigo del gabinete, creía
                    que se había llegado al parlamentarismo puro y en la
                    sesión de 13 de Julio provocó la renuncia del Ministro La-
                    fragua, á quien traía siempre entre ojos, y expuso las
                    teorías del sistema, exigiendo á los ministros que se so-
                    metieran á sus prácticas.
                    
                    Los diputados desmentían en la tribuna los rumores
                    que corrían en público de andar desavenidos la asamblea
                    y el gobierno, atribuyendo á los conservadores la mali-
                    cia de propagarlos para debilitar la unión liberal y el
                    prestigio del orden revolucionario; pero lo cierto es que,
                    desde el principio, gobierno y asamblea se vieron con
                    desconfianza, y la segunda no tuvo para aquél escrúpu-
                    los de cortesía. Al discutirse sobre los manejos de Vidau-
                    rri, en su propósito de unir Coahuila á Nuevo León, don
                    Ignacio Ramírez hizo la defensa del inquieto jefe fron-
                    terizo en un discurso sensacional que resumió al concluir
                    en las famosas é imprudentes palabras con que declaró
                    que "al deponer Vidaurri su espada, quien quedaba des-
                    armado era el Congreso." El Ministro Montes recogió con
                    indignación la frase y replicó que "el Gobierno, fiel á sus
                    juramentos, no había dado motivo para aquellas solapa-
                    das inculpaciones." Varias veces se dijo en la tribuna
                    que el Gobierno conspiraba para entorpecer los trabajos
                    del Congreso, que se servía de los diputados que desem-
                    peñaban empleos para hacer obstrucción, y estas acusa-
                    ciones procedían por lo general del campo progresista y
                    algunas veces eran lanzadas por sus más distinguidos
                    miembros. Pero (ya lo hemos dicho), no estaban solos
                    los liberales en esta tendencia de oposición: los votos de
                    verdadera censura que hubo para el gobierno, contaronLA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    35
                    
                    siempre con una mayoría que no podía formarse sin los
                    moderados, y que ya hubieran querido los progresistas
                    al tratarse de las reformas sociales que proponían.
                    
                    Dictó Comonfort el decreto que restablecía el Conse-
                    jo de Gobierno propuesto por el Plan de Ayutla y que
                    había sido disuelto, y designó algunos consejeros para
                    sustituir á los antiguos que por ser entonces diputados,
                    no podían, según el Ejecutivo, figurar á la vez en el Con-
                    sejo. La asamblea pasó el decreto á una comisión que
                    dictaminó favorablemente sobre el restablecimiento, pero
                    en contra de la sustitución de los consejeros diputados,
                    declarando que no había incompatibilidad entre ambas
                    funciones. Se encendió el debate; Zarco atacó al minis-
                    terio é invitó á Lafragua á dejar la cartera de Goberna-
                    ción y en frases severísimas pidió la reprobación del dic-
                    tamen; hablaron otros en el mismo sentido, y al fin, el
                    Gobierno, sin más defensa que la bien flaca que podía ha-
                    cer la comisión dictaminadora que sólo adoptaba la mitad
                    del decreto, fué derrotado por setenta y nueve votos con-
                    tra siete. El dictamen, declarado sin lugar á votar, volvió-
                    á la comisión; de modo que si Lafragua hubiese creído
                    como Zarco, que el parlamentarismo regía durante aquel
                    período anormal y sin constitución, la crisis se habría de-
                    clarado desde luego, con la dimisión de un gabinete que-
                    no contaba sino con siete votos en la asamblea.
                    
                    Asunto no menos peligroso fué el que dió para largos
                    debates el Ejecutivo, haciendo observaciones á un decreto
                    de la Cámara y suspendiendo sus efectos. Facultada ésta
                    para revisar los actos del gobierno de Santa Anna, de-
                    claró insubsistentes varios artículos de un decreto de 1853
                    que concedía recompensas á los militares por la defensa
                    contra la invasión americana, y el Gobierno, en vez de san-
                    cionar el decreto que hacía la declaración de insubsisten-
                    cia, dirigió una nota A la asamblea haciendo observado-86
                    
                    nes á aquél, y mientras tanto, las pensiones concedidas
                    por la disposición derogada siguiéronse pagando por la
                    Tesorería. Zarco dió la voz de alarma contra el veto ile-
                    gal en las columnas de su diario j pero la imprudencia del
                    Gobierno encontró en la comisión dictaminadora la pru-
                    dencia y habilidad de Mata, que con moderación y firme-
                    za señaló en la exposición los límites que el ejecutivo no
                    debía franquear al intervenir en las labores de la Cáma-
                    ra, pero se contrajo en la proposición final á declarar in-
                    admisibles las observaciones de aquél en el caso especial
                    de que se trataba. Esto habría bastado como lección y co-
                    mo advertencia; pero á los diputados les pareció poco y
                    rechazaron el dictamen, porque no hacía una declaración
                    general para todos los casos, y probablemente porque se
                    deseaba no perder la ocasión de dar un golpe al gabinete
                    y al Presidente mismo. Entonces propuso Zarco que se
                    nombrase una comisión especial para hacer el mismo dicta-
                    men, y acordado que sus miembros se designaran por la
                    Cámara, ésta eligió, con buenas mayorías al mismo Zarco, á
                    Ramírez y á Vallaría, los dos primeros los más hostiles al
                    Gobierno entre todos los miembros de la asamblea. El dic-
                    tamen no se hizo esperar, con el principio general que
                    los representantes deseaban establecer, y el asendereado
                    Gobierno recibió la dura reprimienda por setenta y cinco
                    votos contra veintisiete.
                    
                    Así se iban las relaciones de las dos entidades que
                    constituían la situación del momento, poniéndola en peli-
                    gro de fracaso y dando alimento á los rumores que imposi-
                    bilitaban la confianza pública que tanto había menester
                    la organización del país. Por fortuna la comisión presen-
                    tó su proyecto de Constitución, y una vez que la discusión
                    de sus artículos dominó la atención de los representan-
                    tes y llenó las preocupaciones del Gobierno, aquéllos de-
                    jaron á éste en paz, por lo tocante á la gobernación, y elLA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    67
                    
                    otro no se entró más por el camino de peligrosas aventu-
                    ras. La pugna continuó, sin embargo; Comonfort, á quien
                    no se escaseaban los elogios en los discursos y aun se pro-
                    digaban frases de respeto, era considerado por los pro-
                    gresistas como verdadero enemigo de la reformas, sobre
                    todo, de las que afectaban á los principios religiosos; el
                    Presidente, por su parte, no sólo combatió esas libertades
                    por medio de sus ministros, llegando hasta á sostener el
                    restablecimiento de la Constitución de 24, sino que vió
                    en el conjunto de la representación nacional una volun
                    tad hostil á su gobierno y consideró á la asamblea como
                    una reunión desordenada y demagógica incapaz de hacer
                    una obra de paz y de organización duradera.
                    
                    Hasta la sesión memorable de 4 de Septiembre, ape-
                    nas se había tratado de algo más que los derechos del
                    hombre; no había comenzado, pues, la verdadera cons-
                    titución de la República, es decir, la organización de los
                    elementos que entran en la formación, estabilidad y fun-
                    cionamiento de los poderes públicos. En el debate de la?
                    garantías individuales, valían mucho los sentimientos de
                    humanidad, los entusiasmos por las ideas igualatarias y
                    en contra de las tiranías vividas, y el riesgo mayor que
                    podía correrse era el de conceder demasiado; la eloeuen
                    cia podía desbordarse sin muchos estragos y aun las
                    preocupaciones podían satisfacerse sin graves trascen-
                    dencias; pero para organizar el gobierno, habían de alle-
                    gar los legisladores elementos de mayor cuenta, aun-
                    que menos visibles y menos cómodos de adquirir, so pena
                    de hacer una obra perniciosa; porque en la organización
                    de un pueblo, casi no hay errores leves, sobre todo cuan-
                    do se trata de un pueblo atrasado en vida pública, que
                    no ha de enmendar con superioridad de carácter los de
                    fectos de su ley fundamental. Necesitaban los legislado-
                    res, para esa parte de su tarea, una amplia instrucción88
                    
                    LA CONSTI rUCION Y LA DICTADURA
                    
                    en materia de instituciones políticas, especialmente de
                    las norteamericanas, que tenían que seguir; necesitaban
                    gran acopio de observación de las prácticas extrañas,
                    para juzgar de las instituciones modelos; gran fuerza
                    de análisis para no equivocarse, generalizando los efec-
                    tos especiales en un pueblo de carácter determinado; pro-
                    fundo y sereno estudio de nuestros precedentes históri-
                    cos, para no inferir de experiencias defectuosas, princi-
                    pios generales falsos.
                    
                    Ahora bien; ya hemos visto, por lo que precede, que
                    la serenidad de espíritu les faltaba á todos, porque si la
                    época que precedió á la revolución y la revolución mis-
                    ma, habían encendido las pasiones hasta darles necesa-
                    riamente el primer puesto entre las facultades directo-
                    ras, la actualidad no era sino para zozobras é in-
                    quietudes, desconfianzas y temores, que más bien prepa-
                    raban para un próximo combate, que para el estudio
                    tranquilo de los elementos de paz y armonía que procu-
                    ra una ley fundamental.
                    
                    En cuanto á las otras condiciones que como necesa-
                    rias hemos apuntado, las tenían seguramente Mata,
                    Arriaga y Ocampo, puesto que las demuestran los dis-
                    cursos del Congreso en que, los dos primeros, tomaban
                    parte casi siempre; conocían bien las instituciones ame-
                    ricanas, que en más de un punto expusieron con facili
                    dad y exactitud, y revelaron siempre una instrucción
                    rara por entonces en materia política. Entre los demás
                    había no pocos hombres de talento; pero prevalecí- en
                    ellos el estudio de la historia y las leyes constitucionales
                    francesas, de las teorías de gobierno expuestas en tra
                    tados de Derecho público, que algunos oradores expusie-
                    ron en la discusión con sus definiciones precisas, sus di-
                    visiones simétricas y sus ampliaciones deductivas, que
                    llegaban matemáticamente á la conclusión prevista de laLA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    39
                    
                    felicidad pública. Por lo común, se daban á esos princi-
                    pios generales simples, recogidos en obras fundamenta-
                    les, sobre los que cada uno labra fácilmente su sistema de
                    filosofía política, y al influjo de los cuales tan llanamen-
                    te se llega al espíritu jacobino, á la teoría pura, con pu-
                    reza de ciencia exacta, desenvuelta en el campo de la
                    imaginación, sin las asperezas de la aplicación práctica
                    y sin la aridez del estudio de las groseras realidades; y se
                    confiaban á la ciencia del gobierno hecha por conclusiones
                    de silogismo, que deben de ser ciertas, que lo son sin duda,
                    puesto que son lógicas. Hemos recogido de las discusiones,
                    la bibliografía del constituyente ¡ Arriaga cita á Jefferson,
                    á Story, á Toqueville; pero otros citan á Voltaire, Rous-
                    seau, Bentham, Lock, Montesquieu, Montalambert, Ben-
                    jamín Constant y Lamartine lira esto producto de la
                    época y resultado de la educación nacional. Anotamos el
                    hecho sin intención de censura.
                    
                    De aquel Congreso salieron hombres que figuraron
                    prominentemente en la Reforma; muchos ministros para
                    épocas difíciles, en que una cartera era un fardo que sólo
                    soportaba la abnegación patriótica ¡ diplomáticos á quie-
                    nes la nación debió servicios insignes; magistrados inta-
                    chables para la Alta Corte; gobernadores de Estados que
                    habían de levantar su nombre en la administración local.
                    Xingún Congreso mexicano ha reunido ni aproxima-
                    damente un grupo de hombres llamados á la notoriedad,
                    como el de 57; pero así como una confusión de ideas ha
                    hecho que la Constitución pase por altamente liberal,
                    porque el sentimiento popular le agrega la obra posterior
                    de la Reforma, otra confusión de ideas ha atribuido grar.
                    superioridad de legisladores á los diputados del Consti-
                    tuyente, por lo que muchos de ellos hicieron después,
                    ilustrando sus nombres en época diversa y en tareas d -
                    otro género.90 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Del vicio de las ideas generales y los principios puros,
                    no escaparon ni los hombres de más talento, ni los me-
                    jor preparados para la obra de la Constitución. Ella lo
                    muestra con claridad y asi hemos de verlo en el discurso
                    de estas páginas; pero desde luego, nótese este caso,
                    que es nada menos que de Arriaga. Cuando se puso al
                    debate el artículo del proyecto, que restringía en lo por-
                    venir el voto á los que supiesen leer y escribir, un dipu-
                    tado atacó por antidemocrático el precepto, abogando
                    por las clases desvalidas, á quienes el descuido del go-
                    bierno dejaba sin instrucción; y Arriaga expuso que no
                    encontraba qué contestar á aquellos argumentos, retiró
                    la frase que imponía la restricción, y el Congreso aprobó
                    el sufragio universal por unanimidad de votos. ¡Tan
                    elara era así la supremacía del principio absoluto de la
                    democracia!
                    
                    Para tomar ejemplos de diputados de ilustración re-
                    conocida y notados por su talento, citemos á Zarco, que
                    dos veces señaló la Constitución francesa de 48, como un
                    buen modelo para imitarla en nuestro país, y citemos
                    sobre todo á don Ignacio Ramírez que en más de una
                    ocasión mostró al lado de su éelebrado ingenio, un desco-
                    nocimiento absoluto de las instituciones prácticas (que no
                    le impedía hablar sobre ellas) y que al tratarse del art.
                    101, que instituye el juicio de amparo, declaró que el
                    sistema propuesto por la Comisión era absurdo, por el
                    principio de legislación que manda que sólo puede dero-
                    gar las leyes la autoridad que tiene facultad de hacerlas;
                    para él, poner la ley dictada por el Congreso á la dis-
                    cusión de un tribunal, era establecer una soberanía so-
                    bre la soberanía del Congreso.
                    
                    A cualquiera medida de conveniencia práctica y con-
                    creta se oponía un principio abstracto de la ciencia pura.
                    Lo repetimos, era éste un vicio de educación, formadoLA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    91
                    
                    en las teorías francesas que prevalecían en el país, y nin-
                    guno de aquellos hombres estaba enteramente libre da
                    su influjo.
                    
                    Lo que no se encuentra en ninguna discusión ni en el
                    espíritu de precepto alguno de la ley fundamental, es el
                    estudio del pueblo para quien iba á dictarse ésta; en vez
                    de hacer la armadura ajustándola al cuerpo que debía
                    guarnecer, se cuidaba de la armonía de sus partes, de
                    la gallardía de las proporciones, del trabajo del cincel,
                    como si se tratase de una obra de arte puro, sin más des-
                    tino que la realización de la belleza. Si la verdad está en
                    la ciencia y él bien en la verdad, (aconsejaba la teo-
                    ría), obedecer á la ciencia es cumplir la tarea legislttiva
                    perfecta; y como todos los hombres son iguales y el
                    género humano está compuesto de unidades idénticas, la
                    humanidad es una y equivalentes todos los pueblos; tan
                    cierto es esto, que en ello se funda la fraternidad humana
                    que es más que un axioma, porque es un dogma, y por
                    este doble carácter está fuera de toda discusión. Se tra-
                    taba de hacer, como por encargo de la revolución, una
                    constitución democrática para una república representa-
                    tiva popular federal; no se requerían ya más datos,
                    puesto que la ciencia enseña ío que son esas palabras y
                    á lo que obligan por deducciones lógicas. Todo era tra-
                    bajo de gabinete para quien supiese lo que es una demo-
                    cracia : sufragio universal, puesto que todos los hom-
                    bres, mal que pese á los instruidos ó á los ricos, son
                    iguales, y si hay gente que ignore hasta que existe el
                    gobierno, culpa es del gobierno que no difunde la ense-
                    ñanza ; supremacía del Congreso, pues que es la represen-
                    tación del pueblo, de la soberanía nacional, de lo que es
                    supremo, y así sobre ©1 Congreso ó al lado del Congreso,
                    nada ni nadie. El Ejecutivo es el propietario de la ac-
                    ción y de la fuerza que se emplean para el despotismo;92        LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    pues hay que extinguir su fuerza y su acción y subordi-
                    narlo al poder superior del Legislativo que no tiene más
                    norma que la salud pública. Y si una cámara de repre-
                    sentantes tiene los poderes de la Nación, si lleva la voz
                    de la Nación y traduce con fidelidad la voluntad del pue-
                    blo, que con ella se gobierna por sí mismo ¿para qué un
                    senado, residuo de instituciones aristocráticas, sino para
                    embarazar la revelación del espíritu público, y entor-
                    pecer la acción libre de la verdadera representación na-
                    cional? Se proscribe el Senado. "La soberanía reside
                    esencial y originariamente en el pueblo, y la ejerce por
                    medio de los poderes de la Unión y de los Estados;"
                    pues siendo así, y puesto que "todo poder público di-
                    mana del pueblo y se instituye para su beneficio," es
                    lógico, y por consiguiente, en ciencia política es necesa-
                    rio, que todos los poderes se desempeñen por individuos
                    que ha de designar el pueblo mismo; hay pues, la misma
                    razón científica para que los ministros de la Corte Su-
                    prema sean elegidos popularmente, que para que lo seau
                    los diputados; pero las elecciones deben ser periódicas,
                    porque la soberanía popular no puede abdicar su dere-
                    cho de renovación y hay que consultar por períodos al
                    pueblo á fin de ver si su voluntad no ha cambiado; la
                    elección popular es incompatible con la perpetuidad;
                    precisa, pues, señalar cortos períodos para los cargos de
                    la justicia suprema.
                    
                    Así se formó la Constitución mexicana, y medio siglo
                    de historia nos demuestra que no acertaron sus autores
                    con una organización política adecuada á nuestras con-
                    diciones peculiares. No es esto suponer que pudieran
                    dar con una que por maravillosa adaptación hubiera cu-
                    rado todos los males de un pueblo naciente, sin educa-
                    ción cívica, pobre, derramado en una extensión territo-
                    rial inmensa, formado de porciones inconexas, y pobladoLA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    93
                    
                    ' Mínente por dos razas de alma distinta, imposibles
                    de llegar á la unidad indispensable para constituir un
                    conjunto homogéneo; pero sí es afirmar que si todas es-
                    tas circunstancias y otras muchas del sujeto de la obra
                    sé hubiesen estudiado y tenido en cuenta para hacerla,
                    • vez de los principios abstractos y mentirosos de la
                    "ijncia pura, los cincuenta años corridos nos habrían
                    acercado ya al gobierno institucional, y habrían ido for-
                    mándose paralelamente por una parte el tipo del gobier-
                    no nacional derivado de la Constitución y de las condi-
                    ciones propias del país, y por otra las costumbres políti-
                    cas de la sociedad que, en su esfuerzo de adaptación á las
                    leyes, completan y fijan las instituciones reales.
                    
                    Entre el absurdo de suponer que basta una Constitu-
                    ción para hacer un pueblo, y el extremo de afirmar que
                    la influencia de las leyes es nula para organizarlo, hay
                    un medio que es el justo: la ley es uno de los elementos
                    que contribuyen poderosamente no sólo á la organiza-
                    ción, sino al mejoramiento de las sociedades, con tal de
                    que se funde en las condiciones del estado social y en
                    vez de contrariarlas las utilice y casi las obedezca. El
                    progreso moral es una modificación del alma de un pae-
                    blo, y esta alma no sufre modificaciones súbitas, sino só-
                    lo las paulatinas; una ley que viola este principio queda
                    sin aplicación, es absolutamente nula.
                    
                    Por haberlo desconocido, quedó nula la Constitución
                    mexicana, en todo lo que se refiere á la organización de
                    los poderes públicos. Como la ironía y el desdén son más
                    fáciles que la justicia y no imponen la necesidad de un
                    estudio detenido, la opinión común ha culpado á los
                    hombres del gobierno de no haber cumplido las leyes
                    por mandar sin trabas, ó ha declarado al pueblo inca-
                    paz de tomar participación en la vida pública y en la
                    acción democrática; pero nunca ha examinado si los go-94
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    biernos han podido cumplir las leyes, ni si el pueblo
                    consciente (porque lo inconsciente no es pueblo), ha te-
                    nido posibilidad de intervenir en el funcionamiento de
                    las instituciones. El fundamento de tal proceder ha si-
                    do siempre el mismo: dar por verdad la sabiduría de
                    la Constitución y su inocencia en nuestros males; más
                    aún, considerarla como una víctima, cuando tal vez sea
                    autor principal.
                    
                    Los hechos son la resultante de los elementos de que
                    brotan; nada hay más lógico que ellos, porque la histo-
                    ria no puede romper con la lógica, ni más ni menos que
                    los fenómenos de la materia no pueden infringir las le-
                    yes de la física. El gobierno de hecho en nuestro país
                    no es una infracción de las leyes sociológicas; es su rea-
                    lización inevitable, que no ha podido impedir la débil ley
                    humana, como el frágil vidrio del matraz no impide la
                    combinación química que lo hace pedazos.
                    
                    La Constitución de 57 no se ha cumplido nunca eu
                    la organización de los poderes públicos, porque de cum-
                    plirse, se haría imposible la estabilidad del gobierno, y
                    <el gobierno, bueno ó malo, es una condición primera y
                    necesaria para la vida de un pueblo. Siendo incompa-
                    tibles la existencia del gobierno y la observancia de
                    la Constitución, la ley superior prevaleció y la Consti-
                    tución fué subordinada á la necesidad suprema de exis-
                    tir.
                    
                    Los errores de la ley de 57 no son precisamente nu-
                    merosos; sus autores principales y el grupo de hombres
                    distinguidos y patriotas que los apoyaban, eran bastante
                    instruidos y tenían bastante talento para hacer una obra
                    buena en lo general y para llegar á los grandes aciertos
                    que honran nuestra carta constitutiva; los errores son
                    pocos, pero hieren puntos esenciales que producen el
                    desconcierto general de todo el sistema.  En una eons-LA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    95
                    
                    titución, gran parte de los preceptos son principios co-
                    munes que, ó no pueden ser modificados ó si sufren mo-
                    dificaciones de un pueblo á otro ó de una á otra época,
                    ellas no influyen en el sistema de gobierno que se insti-
                    tuye ni tienen consecuencias apreciables en las funcio-
                    nes del gobierno; pero hay otros que afectan órganos
                    principales de la estructura y éstos deben dictarse te-
                    niendo en consideración aun los vicios de la raza y las
                    peores tendencias del pueblo.
                    
                    Para hacer viable la Constitución precisa enmendar-
                    la en términos que hagan posible su observancia, y que
                    den al gobierno antes el interés de apoyarse en ella que
                    la necesidad de infringirla. Después de medio siglo, no
                    sólo tenemos en nuestro favor la experiencia adquirida
                    con respecto á la ley de 57, sino también el cambio de
                    las condiciones en que los legisladores constituyentes
                    trabajaron, y que los sometían á tantos motivos de error,
                    que lejos de acreditar la censura de sus desaciertos, de-
                    ben mover en nosotros la admiración por no haber des-
                    acertado en todo. Treinta y cinco años de una historia
                    que semejaba pesadilla, una serie de pruebas de resul-
                    tados cada vez peores, una lucha sin descanso por llegar
                    á algo estable sin conseguirlo nunca, admira que deja-
                    ran todavía fe en algo, ni principios ni ideales; la dicta-
                    dura de Santa Anna con todas sus demasías, como una
                    obsesión que había hecho imposible la confianza en nin-
                    gún caudillo ni la confianza en ningún salvador; el par-
                    tido moderado tratando de hacer fracasar la obra del
                    Congreso ó borrando de ella las libertades propuestas;
                    el Gobierno, receloso del Congreso, coadyuvando en la
                    tarea de los moderados y dando muestras patentes de
                    su repugnancia por el proyecto de constitución; todas
                    eran circunstancias profundamente perturbadoras del
                    criterio, de aquel criterio que, por lo general, se había96
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    formado en la lectura de libros tan abundantes en prin-
                    cipios abstractos, como inadecuados por su procedencia
                    para inspirar una constitución seria, sólida y práctica.
                    
                    Para no ser obra serena, bastaba que fuese, como sus
                    autores creían, el resultado y el fin de todas las luchas;
                    pero aún estaban equivocados, pues solamente las con-
                    tinuaba ; de suerte que no sólo era ardiente la época, sino
                    que ellos la atizaban con su obra. Con los anatemas de
                    la iglesia, la Constitución se hizo más revolucionaria de
                    lo que sus preceptos prometían; porque la revoulicón de
                    Ayutla, que por concretarse á derribar á un tirano es-
                    taba al alcance del pueblo, entró en el sentimiento de las
                    muchedumbres como una promesa de libertad, y la Cons-
                    titución pasó también como el cumplimiento de tal pro-
                    mesa. La Iglesia, lanzando sobre ella sus censuras, con-
                    firmó el concepto popular, y por mostrarla como impía
                    la reveló como símbolo de las libertades á que aspiraban
                    todos; el partido conservador representó necesariamente
                    la idea opuesta, la de la opresión, la de Santa Anua mis-
                    mo, y sobrevino la verdadera revolución liberal que, to-
                    mando la Constitución por bandera, llevó por mira la
                    reforma social que no quisieron consumar los legislado-
                    res del 57.
                    
                    Los principios conquistados en la guerra reformista,
                    se confundieron desde luego para la conciencia pública
                    eon los preceptos de la ley fundamental, por más que en
                    la letra de ésta no entrara sino años después; así se hizo
                    un avance en la constitución nacional.
                    
                    Uno de los graves errores del Constituyente, fué tam-
                    bién enmendado con el establecimiento del sistema bica-
                    marista que moderó los peligros con que el equilibrio de
                    los Poderes se veía amenazado por el Legislativo que
                    aquélla creara. Otra reforma comenzó á quitar el carác-
                    ter político que la ley fundamental dió á la Corte Su-LA OBRA DEL CONSTITUYENTE
                    
                    97
                    
                    prema de Justicia, modificando el precepto que hacía á
                    su presidente substituto legal del de la República; y en-
                    mendó así otro de los desaciertos más ocasionados á gra-
                    ves consecuencias, en que los constituyentes incurrieron.
                    Cambióse después el nuevo sistema de substitución, y
                    más tarde, en época reciente, se llegó por fin al sistema
                    norteamericano, que por haber servido para un abuso
                    bajo la ley del 24, desecharon los constituyentes del 57.
                    
                    Esto prueba que la Constitución mexicana se encuen-
                    tra todavía en el período de formación, y nada hay más
                    natural cuando el pueblo y la nacionalidad misma se
                    hallan en igual período; nada más natural, no porque la
                    evolución de éstos arrastre á aquélla, lo que no puede
                    acontecer con dos elementos que aún no se conectan;
                    pero sí porque cuando el pueblo no ha alcanzado un ca-
                    rácter definido ni estable, sus leyes deben perseguir la
                    adaptación, ya que no ha de realizarla la sociedad por su
                    esfuerzo. La época del sentimentalismo ha pasado ya
                    para la Constitución, y por cierto que no fué ni estéril
                    para el progreso ni escasa de gloria; ya no es su papel
                    encender entusiasmos, ni reunir combatientes, sino orga-
                    nizar á los pueblos dentro de un régimen tan democrá-
                    tico como sea dable. En vez del amor á la Constitución
                    que ha querido hacerla intangible, lo racional es verla
                    como un medio, amar el fin para tener un estímulo que
                    á él nos impulse, y adaptar el medio al fin; es decir, la
                    Constitución, que no es más que nuestra obra, á la de-
                    mocracia efectiva que es nuestro derecho.CAPITULO IV
                    
                    Concesiones y derrotas de los progresistas
                    
                    Cuando sólo se habían puesto á discusión hasta trein-
                    ta artículos del proyecto y aún faltaban cuatro del título
                    primero, Arriaga, desalentado por el espíritu que demos-
                    traba el Congreso y desconfiado ya del buen éxito de su
                    labor, reprochó á la Asamblea el haber desechado "todas
                    las ideas capitales del partido progresista." Antes había
                    dicho Mata "que después de haber visto al Congreso dar
                    un paso atrás con la primera reforma importante que U
                    propuso la Comisión, le faltaba ya la esperanza de que
                    tuviesen buen éxito las verdaderas reformas democráti
                    cas." Un mes más tarde el noble presidente, acusado de
                    haber debilitado sus energías, decía: "En cuanto á frial-
                    dad y desaliento, los siento en verdad, de contemplar
                    tantas ilusiones perdidas, tantas esperanzas desvaneci-
                    das; al ver que el proyecto de la Comisión mutilado y ba-
                    tido, apenas sobrevive, sin haber podido hacer triunfar
                    sus ideas capitales." (*) En cuanto á los enemigos, opina-
                    ban del mismo modo: uno de los más enconados predecía
                    la derrota de la Comisión en el juicio político, "lo único
                    que quedaba de las que se llamaban grandes reformas,''
                    haciendo alarde del fracaso del partido progresista. (**)
                    
                    (*) Zarco —Historia del C. Constituyente.—Sesiones de 19 y 23 de
                    Agosto y 16 de Octubre.
                    
                    (**) Aguado, en la sesión de 4 de Septiembre.CAPITULO VI
                    
                    El prestigio de la Constitución
                    
                    Después de una guerra de nueve años en que se pe-
                    leaba de una y otra parte por principios, y en que cada
                    partido contendiente jugaba su existencia y era mante-
                    nedor de ideas firmes y fines extremos, el moderado no
                    podía subsistir. Su aspiración á términos medios, que
                    fundaba toda esperanza en conciliaciones y prudencias,
                    quedaron sin objeto desde que los dos partidos adversa-
                    rios, llegados á proposiciones incompatibles y resenti-
                    mientos irreconciliables, remitían á la fuerza de las ar-
                    mas la resolución de sus diferencias. Nunca pudo tener
                    cohesión, porque en los partidos la cohesión está en el prin-
                    cipio neto que se sostiene y en que todos los parciales es-
                    tán de acuerdo, y el moderado comprendía desde el indi-
                    viduo que sólo no era conservador porque quería un par-
                    lamento, hasta el que era liberal, porque sólo exigía
                    transacciones de fórmulas por respeto á las creencias de
                    su familia. El único principio común á todos los mode-
                    rados era no estar en ningún extremo, de modo que ser-
                    vían admirablemente para combatir á los liberales cuan-
                    do prevalecían en la política, y para derribar á los con-
                    servadores cuando estaban en el poder; y esto, lejos de
                    serles imputable como veleidad, había que alabarlo como
                    procedimiento lógico y consecuente.ICO
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Cuando la lucha se entabló entre los partidos que te-
                    nían principios, lleno cada uno de pasión y poniendo en
                    actividad sus grandes energías, el moderado no tuvo na-
                    da que hacer; porque, falto de principios, estaba desti-
                    tuido del entusiasmo que todo lo sacrifica á un propósito
                    y que es la fuente de las energías que se consumen en la
                    lucha. Apelar á las armas para sostener términos medios
                    es algo tan absurdo que su enunciación produce una fra-
                    se incoherente, así como es incomprensible una revolu-
                    ción armada en que lidian tres partidos por tres princi-
                    pios diversos. De los hombres que formaban en primera
                    línea en el moderado, unos pasaron á las filas liberales,
                    ya desde luego por convicciones que habían antes sacri-
                    ficado, ya cuando la intervención francesa hizo prevale-
                    cer en ellos el sentimiento de la patria; otros se resolvie-
                    ron por la parcialidad conservadora, espantados del avan-
                    ce de ideas del partido liberal. Algunos, sin embargo,
                    oyendo más á su conciencia que á sus sentimientos, y
                    puestos en la zona moderada sobre la línea de equilibrio,
                    se contentaron con lamentar las desgracias de la Nación,
                    renunciaron á tomar parte en la contienda y se lavaron
                    las manos en el silencio del retiro.
                    
                    La desaparición del partido moderado fué un progre-
                    so para el desenvolvimiento político del país, porque to-
                    da promiscuidad de ideas es signo de atraso y motivo de
                    estancamiento en las naciones. Pero sobre todo, fué de
                    gran ventaja para el partido liberal que, al quedar ven-
                    cedor, necesitaba acción franca y expedita para organi-
                    zar los elementos de una nueva política dominante y re-
                    formadora. Los propios principios del partido liberal de-
                    bilitaron su poder para destruir al conservador, á quien
                    amparaba la Constitución, reconociendo no sólo su existen-
                    cia, sino su carácter de beligerante en las disputas de la
                    vida constitucional; y si el elemento moderado hubieseEL PRESTIGIO DE LA CONSTITUCION
                    
                    101
                    
                    subsistido después del triunfo de la República, se habría
                    puesto de parte del conservador para contener al libe-
                    ral en su marcha. Ya lo hemos dicho: el partido mode-
                    rado tenía lógicamente que combatir de parte del débil
                    para impedir la realización del principio extremo que te-
                    nía el poder en un momento dado.
                    
                    El conservador odiaba las libertades, pero hacía uso
                    de las que le aseguraba la Constitución liberal, cuando
                    estaba vencido, y después de caer con el imperio, com-
                    batió durante muchos años la nueva Ley fundamental
                    y las leyes de Reforma, valiéndose de todos los medios
                    que un partido puede emplear dentro de instituciones
                    libres, y aliado á la Iglesia cuyos intereses servía y que
                    ponía en acción por su parte los poderosos elementos de
                    la sugestión religiosa. Si á la energía y tenacidad de
                    los hombres del bando conservador se hubiese unido el
                    contingente del antiguo partido moderado, tan útil den-
                    tro del orden constitucional, las conquistas liberales se
                    habrían visto por lo menos seriamente comprometidas.
                    
                    Así fué como la desaparición de ese partido, obra de
                    los hechos que no tenían ese fin, sirvió para mantener la
                    Constitución y evitarle estorbos graves desde los prime-
                    ros días de su reinado. Pero también había en ella algo
                    intrínseco que la sostenía como ley, además de su virtud
                    simbólica, por más que no fuese conocida ni hubiera ha-
                    bido tiempo para poner á prueba su eficacia. El federa-
                    lismo había triunfado legalmente desde 1847, pues la
                    dictadura de Santa Anna no destruyó su legitimidad, y
                    confirmado en 57, tomó nuevo vigor en los Estados. Du-
                    rante las luchas por la Reforma y la República la vida
                    independiente y hasta autónoma de cada entidad se rea-
                    lizó en muchas de ellas, que tenían que valerse á sí mis-
                    mas para la obra común de defenderse, y que regían su
                    administración con una libertad que no tuvieron antes.102 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    La vida democrática era nula, pero el régimen federal
                    era completo en sus elementos esenciales: la unión y su-
                    bordinación para el interés común, y la independencia
                    de administración local. La organización federal de la
                    Nación fué una ventaja para el período de guerra, y en
                    cambio, las necesidades de la guerra protegieron la prác-
                    tica del sistema, persuadieron á los Estados de su apti-
                    tud para el gobierno interior y acrecentaron su apego á
                    un régimen á que siempre habían aspirado. Bastaba,
                    pues, que la Constitución fuese federalista para que con-
                    tara con el apoyo de los Estados; los detalles, que se en-
                    sayarían después, les importaban poco. Los Estados sa-
                    lieron de la prolongada lucha con la personalidad fuerte
                    que les dieron sus esfuerzos propios de que estaba cada
                    uno satisfecho, y la experiencia de su capacidad para
                    proveer á su propio gobierno. La idea de un régimen
                    central habría sido rechazado por todos con indignación,
                    y la Constitución les aseguraba la muerte de aquel ré-
                    gimen.
                    
                    La adhesión de los Estados al sistema federal es un
                    hecho que no necesitaría demostraciones, aunque las tie-
                    ne históricas bien concluyentes. Es de sentido común que
                    no hubieran de renunciar voluntariamente las prerroga-
                    tivas de entidades libres que el régimen federal les otor-
                    ga, y que, de una manera irregular siquiera, habían man-
                    tenido durante algunos períodos. Si el régimen central
                    hubiera dado resultados mejores para la paz de los pue-
                    blos y la seguridad de los individuos, podría suponerse
                    que prefirieran estas ventajas á aquellas prerrogativas
                    que casi no estaban sino en los principios constituciona-
                    les; pero como el centralismo resultaba más estéril para
                    la organización práctica y legal del país, nada tenían
                    que ganar los Estados con él al prescindir de las prome-
                    sas de integridad federal, que por lo menos dejaban es-EL PRESTIGIO DE LA CONSTITUCION
                    
                    103
                    
                    perar mayores libertades para cuando la vida constitu-
                    cional llegara á establecerse.
                    
                    Las objeciones que se han hecho á la adopción del sis-
                    tema federal en México han sido poco reflexionadas y
                    descansan en supuestos erróneos, referidos al origen de
                    nuestra organización nacional. Cuando se presentan he-
                    chos en demostración de nuestra incapacidad para el fe-
                    deralismo , no se repara en que los mismos podrían pro-
                    bar nuestra ineptitud para la democracia, cualquiera
                    que sea el régimen que se adopte. Por lo demias, el ra-
                    zonamiento, aun aplicado en general á los sistemas de-
                    mocráticos, es vicioso porque se atribuye en todo á la ig-
                    norancia de la mayoría popular un mal que ha procedido
                    principalmente de nuestras leyes.
                    
                    Tendremos ocasión de hablar de esto en otro lugar.
                    Mas hay un argumento que con frecuencia hemos visto
                    aducirse como nuevo y que es tan viejo como la oposi-
                    ción al federalismo, y es el que por ahora importa, con-
                    sistente en decir que los Estados Unidos, de quien toma-
                    mos el sistema, constituyeron una nación con las anti-
                    guas colonias que eran independientes entre sí, y que
                    siendo la Nueva España una sola colonia, regida por un
                    gobierno central, la adopción del sistema americano resul-
                    taba sin fundamento sociológico y tan forzada como absur-
                    da. Esto supone que la federación como régimen no pue-
                    de tener más que un origen, lo que es evidentemente fal-
                    so ; y supone también que los colonos rebeldes adoptaron
                    el sistema federal porque tenían la desgracia de no po-
                    der llegar al central, que parece ser el sumo bien para
                    los pueblos. El sistema federal, lo mismo que el gobier-
                    no hereditario ó el régimen de las democracias, puede
                    tener orígenes históricos muy diversos, y la razón de su
                    adopción es el estado del espíritu público en un país,
                    que no se deduce siempre del régimen á que antes haya104 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    estado sometido. Si así fuera, habría que confesar que
                    Iturbide tuvo razón para fundar una monarquía en Mé-
                    xico, puesto que la Nueva España estaba habituada á es¿
                    régimen; cuando precisamente tenemos el notable fenó-
                    meno, que podríamos llamar de sociología experimental,
                    de que todas las colonias hispano-americanas adoptaron
                    el sistema republicano al independerse y que todos los
                    ensayos de monarquías en América han concluido en fra-
                    casos.
                    
                    No es de este lugar el estudio de las condiciones en
                    que el gobierno federal se implantó en la primera Cons-
                    titución mexicana; el hecho es que si los ensayos de él
                    entre 1824 y 1857 no lo acreditaban como eficaz para la
                    organización de la República, el central en los suyos ha-
                    bía dado resultados peores; igual falta de lógica habría
                    en achacar á un sistema ei mal éxito que en condenar el
                    otro atribuyéndole las desgracias del país; porque «1 vi-
                    cio no estaba en los sistemas sino en el modo de estable-
                    cerlos, además de concurrir otros factores perjudiciales.
                    Pero si hay que aceptar la verdad de que la adopción, y
                    por consiguiente el mantenimiento de un régimen, de-
                    pende sólo del estado que guarda el espíritu público, ne-
                    cesario es convenir en que después de la guerra de nueve
                    años, en que el federalismo salió victorioso de sus enemi-
                    gos, que lo eran de la República, el sistema federal era
                    el único que cabía en la Nación, y que de entonces acá ha
                    sido inútil y aún dañosa toda discusión sobre el restable-
                    cimiento del central.
                    
                    El sentimiento de su personalidad dentro de la uni-
                    dad nacional, que tanto se desarrolló en cada Estado du-
                    rante la guerra, fué doblemente favorable para la Na-
                    ción, pues por una parte fijó el sistema federal definiti-
                    vamente en el gobierno, y por otra dió á los pueblos in-
                    terés en mantener con firmeza la Constitución que iba áEL PRESTIGIO DE LA CONSTITUCION
                    
                    105
                    
                    regirlos; esto era, en suma, alcanzar la estabilidad de las
                    instituciones. Si esto no era asegurar las prácticas de-
                    mocráticas ni garantizar las libertades políticas, signifi-
                    caba, por lo menos, la eliminación del motivo capital de
                    los desórdenes y de las revueltas que habían castigado á
                    la Nación durante cerca de medio siglo.
                    
                    Otra virtud intrínseca de la Constitución para asegu-
                    rar su existencia mediante la adhesión de las voluntades
                    fué su título primero consagrado á la enunciación de los
                    derechos del hombre como base y objeto de las institu-
                    ciones sociales. Las ventajas del federalismo eran prin-
                    cipalmente motivo de simpatías de los hombres públicos
                    ó más enterados de los asuntos del gobierno; las garan-
                    tías individuales no sólo caían bajo el alcance de hom-
                    bres menos ilustrados y por consiguiente más numerosos:
                    sino que se hacían sensibles para ellos como derechos
                    efectivos que tenían que invocar con frecuencia; eran
                    la parte viva de la Ley fundamental en relación direeta
                    con todas las clases de la sociedad y que por medio del
                    juicio de amparo daba á cada persona una prueba de la
                    realidad y de la fuerza del derecho. Mientras el meca-
                    nismo gubernamental era para el común de las gentes
                    un embrollo de poca signifiación sobre el cual disputa-
                    ban los privilegiados de la clase culta, los derechos del
                    hombre fueron descubriéndose á sus ojos como una sal-
                    vación para todos y principalmente para los pequeños,
                    á quienes acontece ser siempre los más vejados en el des-
                    orden. A poco de iniciado el régimen constitucional, la
                    Constitución fué vista por ellos como una ley que los pro-
                    tegía contra la leva, que los defendía contra el abuso de
                    cada autoridad, que los libraba de la cárcel y aun los es-
                    capaba del patíbulo. Si no hallaban siempre un remedio
                    efectivo contra las demasías de las autoridades, culpa-
                    ban á éstas; pero sabían que sus males se causaban con
                    
                    7106 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    violación de la ley protectora y que la ley misma era jun-
                    tamente con ellos víctima del atentado.
                    
                    Ni la Constitución de 1824 ni las centralistas que le
                    sucedieron contenían una declaración especial de los de-
                    rechos del hombre; algunos se encuentran diseminados
                    en ellas, escasos en número y pobres de amplitud y más
                    bien como concesiones del poder que como base de la so-
                    ciedad. Nada proveían, por lo demás, para hacerlos
                    efectivos, con lo aue no pasaban de promesas, expuestas
                    sin remedio á todo género de violaciones. El individua-
                    lismo era desconocido en nuestra legislación, la cual mar-
                    chaba bajo la influencia de las teorías tradicionales de
                    raza que atribuían al Estado el origen de todos los dere-
                    chos, y le tenían por objeto único de las instituciones.
                    La novedad de tomar el derecho individual como base de
                    las leyes constitutivas, 'era de la mayor trascendencia,
                    pues debía obrar en la sucesión del tiempo un cambio de
                    rumbos en toda la organización social y su desenvolvi-
                    miento progresivo; de tal suerte que quizá no haya en la
                    legislación constitucional mexicana, hecho más impor-
                    tante que la adopción de los derechos del hombre, ni evo-
                    lución más completa ni más necesaria que la que ella de-
                    bía producir en toda la obra legislativa.
                    
                    No fué ésta una obra original de los legisladores de
                    57, que la tomaron de los de 1842; así como del Acta de
                    Reforma de .1847 recogieron la fórmula del juicio de
                    amparo que había de hacer efectivas las garantías indi-
                    viduales. El proyecto de la mayoría de la Comisión en
                    42 contenía la enunciación de los derechos especialmen-
                    te garantizados; pero el de la minoría era más amplio
                    y liberal en ellos y para darles vida real los declaraba in-
                    violables y establecía la responsabilidad de la autori-
                    dad que atentara contra alguno. De allí tomó la Carta
                    de 57 su artículo primero, modificándolo desacertada-EL PRESTIGIO DE LA CONSTITUCION
                    
                    107
                    
                    mente para hacer en nombre del pueblo una declaración
                    teórica, que en aquel proyecto es un reconocimiento en
                    nombre de la Constitución, y para confundir los derechos
                    abstractos con las garantías expresas, que en la obra de
                    42 aparecen claramente deslindados. Ambos artículos
                    son inaceptables en una Constitución, porque no hay pa-
                    ra qué poner en una ley la teoría de que nace, que nunca
                    puede ser preceptiva, y porque en ambos el individualis-
                    mo que se trataba de sobreponer á la teoría antigua que-
                    da incompleto por defecto en la expresión de la idea.
                    
                    No bastaba la enunciación de las garantías individua-
                    les; era necesario dar un medio de hacerlas efectivas,
                    y el propuesto en 42 con la responsabilidad de la autori-
                    dad culpable de violencia era insuficiente. Así lo com-
                    prendió Otero que había sido uno de los autores del pro-
                    yecto de la minoría, y cuando en 1847 redactó el Acta de
                    Reformas ideó el procedimiento de amparo, fundado en
                    las prácticas norteamericanas, pero seguramente muy
                    superior á ellas, y mucho más aplicable en nuestro me-
                    dio. Los legisladores de 57 lo tomaron del Acta con la
                    ventaja de ampliarlo para los casos de invasión del Po-
                    der central en la esfera de acción de los Estaddos, y vice-
                    versa, con lo que resolvieron el más grave problema de
                    la organización federal.
                    
                    El pueblo no se dió cuenta del individualismo que es-
                    tablecía el artículo primero de la Constitución; pero lo
                    sintió en las garantías individuales y en el nuevo proce-
                    dimiento de amparo; palpó que tenía cada hombre dere-
                    chos superiores que ni la ley podía desconocer, y tuvo á
                    la vez más digna idea de sí mismo y más elevado concep-
                    to de las instituciones, que comenzó á amar como protec-
                    toras y benéficas. Poco á poco al principio, y cada día
                    con mayor frecuencia, se apeló á los jueces federales pa-
                    ra defender los derechos violados y contener los abusos106 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    que antes no tuvieran correctivo, y por más que la prác-
                    tica presentara las deficiencias propias de toda institu-
                    ción de justicia en pueblos poco cultos, se vió que había
                    un recurso para poner la debilidad individual encima de
                    los atentados del poder, por alto que éste fuera.
                    
                    Debióse á esto el contacto del pueblo con su Ley fun-
                    damental, que nunca tuvo con las anteriores; deseen
                    diendo un poco en las capas sociales, á cierto nivel, que
                    no es muy bajo, se encuentra que no hay más idea de la
                    Constitución que la que procede de su protección á los
                    derechos individuales por medio del juicio de amparo,
                    idea que no sólo se mantiene, sino que se ha llevado á la
                    exageración, atribuyendo á la ley suprema una eficacia
                    sin límites para favorecer todos los intereses y aun to-
                    dos los caprichos. Pero la misma exageración ha alimen-
                    tado el amor por la Constitución que así protege y que
                    de tal modo levanta la posición jurídica de cada hombre.
                    Es de notar que aun entre la gente más culta el título
                    primero de la Constitución es el más conocido y el único
                    que despierta interés; heeh» que no es de difícil expli-
                    cación, si se tiene en cuenta que es casi la única parte de
                    aquella que ha tenido valor cierto y aplicación real con
                    trascendencia en la vida de los pueblos; mientras tanto,
                    los demás tratados de la Carta, que encierran la verda-
                    dera constitución del país, puesto que contienen todo lo
                    relativo á la organización del gobierno, ni son conocidos
                    del pueblo en general, ni han apenas merecido la aten-
                    ción de las clases superiores. No es poco lo que se ha
                    escrito por los juristas sobre las garantías individuales;
                    nada hay de importancia sobre el organismo guberna-
                    mental. Y la razón es clara: ningún interés despierta
                    para el estudio una materia que hasta hoy ha quedado co-
                    mo meramente teórica por la pobreza de nuestra acción
                    democrática.EL PRESTIGIO DE LA CONSTITUCION
                    
                    10
                    
                    Resumiendo: la desaparición del partido moderado
                    quitó embarazos á la misma Constitución y la libertó del
                    peligro más grave que podía levantarse á su predominio j
                    la organización federal dió á los Estados como entida-
                    des políticas interés en su mantenimiento y en su firme-
                    za; las garantías individuales, efectivas por el procedi-
                    miento federal del amparo, le dieron realidad viviente y
                    acción protectora para cada hombre, despertando en su
                    favor el amor y la adhesión del pueblo. Estos favora-
                    bles elementos vinieron á fortalecer la Constitución al
                    restablecerse el gobierno legítimo en la República; pero
                    su acción aislada quizá no habría sido bastante para la
                    implantación definitiva y sin tropiezos de la ley de 57:
                    su acción fué eficaz porque vino á agregarse al entusias-
                    mo de los pueblos, que fundían en un solo sentimiento de
                    amor y de orgullo, la patria, la Constitución y la victo-
                    ria.
                    
                    Después del triunfo, la Constitución fué emblema;
                    pasado algún tiempo, su acción protectora cambió el em-
                    blema en ídolo. El predominio del partido avanzado ex-
                    tendió la fe constitucional por cuanto es la nación mexi-
                    cana, y los ataques rudos de los conservadores lastima-
                    dos á aquel objeto de veneración, sublimó el sentimiento
                    general que lo colocaba en un tabernáculo para la ado-
                    ración ciega de sus adeptos. Se la llamó sabia, augusta,
                    sacrosanta; los constituyentes fueron calificados de ilus-
                    tres, padres de la patria, salvadores de la nación; pero
                    esto era obra de fe, y esa fe resultado de una multitud
                    de sentimientos en confusión; porque la ley seguía tan
                    ignorada como antes, y la historia de su formación más
                    ignorada todavía.
                    
                    En realidad, su conocimiento era lo que menos impor-
                    taba por entonces para el bien del país: lo que se nece-
                    sitaba era prestigiarla, salvarla de las veleidades de la110
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    raza, de la inconstancia de las convicciones y de la indi-
                    ferencia de los pueblos, y ya que era imposible el pres-
                    tigio que se funda en la razón y en el interés de la so-
                    ciedad, que es el que debe sostener las instituciones, bien
                    valía el que brotaba de la fe y que convertía la ley su-
                    prema en un objeto de veneración fanática.
                    
                    La Constitución de 57 vivió ya más de medio siglo.
                    Ya podemos decir que tenemos una Constitución y con-
                    fiar en que está destinada á envejecer en el respeto de
                    la sociedad que rige. Después del restablecimiento de la
                    República y al concluir aquella guerra á que debemos
                    un avance de la unidad nacional, el sistema de los mo-
                    vimientos revolucionarios se modificó radicalmente así
                    como las tendencias de los agitadores; no más los planes
                    que prometían una constitución nueva, renegando eu
                    nombre de la voluntad nacional de las instituciones en
                    vigor; por el contrario las revoluciones posteriores in-
                    vocaron siempre la ley de 57 y acusaron de violarla al
                    Gobierno que se trataba de derrocar; de suerte que cada
                    movimiento subversivo ha tenido la virtud singular de
                    extender más y más en los pueblos la convicción de que
                    la Constitución es sagrada, de que ella sostiene los dere-
                    chos que violan todos los gobiernos malos, y que por ella
                    es lícito rebelarse contra las autoridades constituidas pa-
                    ra cambiarlas por otras que respetarán y obedecerán la
                    Ley suprema.
                    
                    Sin embargo, lejana ya la lucha en que la Constitu-
                    ción fué bandera, la generación presente no tiene los mo-
                    tivos que la de la guerra reformista para admirar por fe
                    lo que debe estudiar sin más preocupación que el in-
                    terés público y el desenvolvimiento de las institucio-
                    nes. La admiración fanática que tan eficazmente sir-
                    vió para sostener y vigorizar la Constitución, no
                    será hoy sino un obstáculo pernicioso para la mar-EL PRESTIGIO DE LA CONSTITUCION
                    
                    111
                    
                    cha progresiva del país en la vía de su emancipación
                    democrática, sin la cual no serán nunca sólidos, ni la paz,
                    ni el engrandecimiento económico, ni las libertades pú-
                    blicas, ni la respetabilidad de la Nación más allá de sus
                    fronteras.
                    
                    En realidad la fe ciega no existe ya en las capas so-
                    ciales que ocupan tanto las clases directoras como las que
                    pueden eslabonarlas con los inferiores; pero no es bien
                    que la fijan, puesto que saben cuán fácilmente se agitan
                    las pasiones ligadas al amor fanático, en las masas incul-
                    tas que forman un credo de sus sentimientos, y que for-
                    man sus sentimientos en los discursos patrióticos de los
                    oradores de fiesta cívica. Es preciso combatir estos fin-
                    gimientos de mala ley que fomentan la perversión del
                    criterio público, cuando se aspira al advenimiento del
                    criterio público á la dirección suprema de los destinos de
                    la Nación. Todos los gobiernos están llamados á obede-
                    cer en época más ó menos cercana á la influencia de los
                    pueblos, y cada día la palabra pueblo se aproximará más
                    á la significación de multitud. La influencia popular,
                    que casi no cuenta por ahora, crecerá por ley ineludible
                    y acabará por transformarse en voluntad soberana, y co-
                    mo para tal avance de la multitud no se necesita que ésta
                    tenga la idea del deber y de la responsabilidad, sino só-
                    lo que alcance la conciencia de su fuerza, su advenimien-
                    to será la catástrofe para la Nación si en las masas se
                    han alimentado los prejuicios que las extravían y los fa-
                    natismo que las enconan.capitulo vn
                    
                    La Constitución y su modelo
                    
                    Como este estudio no se propone la crítica general
                    de la Constitución, sino el análisis de los vicios que, es-
                    tando dentro de ella, imposibilitan su observancia, la
                    enumeración de sus aciertos estaría fuera de lugar y se-
                    ría impertinente; pero ya que hemos llamado la aten-
                    ción sobre las causas perturbadoras de la serenidad y
                    rectitud del criterio de los legisladores constituyentes, co-
                    mo fuente principal de que dimanaron sus errores, va-
                    mos á llamarla también sobre cargos generales que se
                    les han hecho y que han pasado á la categoría de ver-
                    dades que sin examen se admiten y que nadie cree úti'
                    discutir.
                    
                    Don Ignacio Ramírez dijo de la Constitución de .1824
                    que no era sino una mala traducción de la norteamerica-
                    na, y varias veces censuró á la Comisión de 57 por su
                    apego al modelo que presentaba un país en que "se usa
                    la ley Lynch y se habla mal el inglés;" pero Ramírez,
                    aunque fuese insigne hombre de letras, no parece haber
                    estado muy provisto en materia de instituciones políti-
                    cas, y aunque pronto para el ataque, que era su natural
                    inclinación, poco ayudó en la obra de bien público que
                    los miembros de la Comisión procuraban.
                    
                    Sea por aquella opinión, que no fué sólo de Ramí-
                    rez entre los constituyentes, sea porque las clasificacio-114 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    nes y comparaciones vulgares se hacen siempre á bulto
                    y groseramente, quedó desde entonces sentado que la
                    Constitución de 57 es una copia, con ligeras modificacio-
                    nes, de la norteamericana. Este cargo (si por cargo se
                    da) es enteramente gratuito, porque nuestros legislado-
                    res no cometieron el desacierto de copiar instituciones
                    que habrían sido en mucho opuestas á lo que requerían
                    nuestros antecedentes, nuestras propensiones y nuestros
                    vicios. Ni la Constitución de 57 ni la de 24, de que aqué-
                    lla tomó la mayor parte de la organización política, son
                    copias de su modelo.
                    
                    Si los legisladores mexicanos de una y otra época
                    tenían que constituir una república representativa, po-
                    pular y federal, bases de la nación del norte, natural
                    era y hasta racional y aun obligatorio que estudiaran
                    las leyes de los Estados Unidos; propio era que sintieran
                    la inclinación de tomarlas por modelo, dado el buen éxi-
                    to que había tenido, y sobre todo, su obra no podía
                    menos que resultar en muchos puntos igual, supues-
                    to que igual era el propósito que se perseguía. Sólo un
                    prurito vanidoso de originalidad podía haber aconseja-
                    do á los autores de la ley de 57, el esfuerzo bien difícil
                    de hacerlo todo nuevo, fin que no habrían conseguido
                    sino haciendo mucho malo. Puesto que había que cons-
                    tituir una república, con la base de la representación del
                    pueblo, era indispensable un Parlamento electivo de que
                    emanasen las leyes, un Poder Ejecutivo con sus funcio-
                    nes propias de acción gubernativa y de administración,
                    tribunales independientes •encargados de la aplicación
                    de las leyes que mantienen el orden social establecido; y
                    como se imponía el sistema federal, precisaba establecer
                    la separación é independencia de los Estados con su
                    libertad interior y su subordinación al pacto federal pa-
                    ra los intereses comunes. En estos puntos generales, laLA CONSTITUCION Y SU MODELO
                    
                    115
                    
                    semejanza forzosa podía llegar á la identidad, y en mu-
                    chos preceptos que son corolarios de aquellos principios
                    tenía que suceder lo mismo; pero sólo desconociendo la
                    idea capital que guía y la importancia de los detalles que
                    la revelan, é ignorando su trascendencia práctica, se pue-
                    de creer, por aquellas semejanzas, que el organismo que
                    creó nuestra Constitución es igual, ni por asomo, al que
                    instituyó la americana.
                    
                    - La concepción de una y otra difieren absolutamente,
                    Prevalecían en el espíritu de los legisladores mexicanos
                    la idea abstracta de una Constitución y la supuesta vir-
                    tud de los principios generales para hacerla buena. Co-
                    locados en un punto de vista superior y fuertes con los
                    poderes que ejercían en nombre de un pueblo de ante-
                    mano sometido., dictaban preceptos de organización para
                    que fuesen declarados, no para ser discutidos; tenían, en
                    consecuencia, una libertad amplia para echarse por el
                    campo de las teorías y una tendencia fácil á considerar
                    su tarea como la resolución de un problema abstracto.
                    Como ella abarcaba el conjunto del poder, que se ponía
                    en sus manos con la autoridad sin límites del árbitro ele-
                    gido entre la autoridad anónima y el pueblo pasivo, su
                    labor era como de simple distribución: partir la fuerza
                    directiva entre los departamentos del poder, adjudican-
                    do funciones y enumerándolas; asignar á las personas
                    garantías inviolables, para formar la fuerza y el tipo in-
                    dividuales que no existían; dar derechos políticos á los
                    mayores de edad para armarlos ciudadanos; conferir la
                    personalidad jurídica á las provincias para hacerlas Es-
                    lados libres. Así la obra se resolvía en aplicación de la
                    justicia distributiva y los problemas eran simplemente
                    de cantidad: ¿debe darse al individuo tal facultad hasta
                    diez ó hasta veinte ?; el sacrificio de tal otra para el or-
                    den social ¿debe ser de treinta ó de cuarenta? ¿los Es-116 LA CONSTITUCION Y LA DICTADLRA
                    
                    tados deben ceder cinco á la Federación ó es ésta la
                    que ha de perder seis en favor de aquéllos? En tal ta-
                    rea, quien la cumple se contenta con llevar la concien-
                    cia tranquila, que es el galardón de los jueces; pero los
                    legisladores no llenan la suya á tan poca costa, porque
                    la tranquilidad de su conciencia no organiza las socieda-
                    des ni satisface la necesidad de armonia de los pueblos.
                    
                    En tanto que los legisladores de México estaban in-
                    vestidos de poder absoluto para imponer una ley supre-
                    ma á sus pueblos, los norteamericanos tenían el encargo
                    de proponer un proyecto de unión á las colonias libres.
                    Las colonias vivían con vida propia, que no tomaban de
                    sus débiles gobiernos, sino de la energía individual, que
                    era como el protoplasma de aquellos organismos acaba-
                    dos; habían celebrado su primera alianza en los Artícu-
                    los de Confederación, y mientras el peligro del ataque
                    exterior las inducía á concertar unión más estrecha, el
                    temor de la tiranía interior las hacía recelosas para ad-
                    mitir la unidad. La concepción de la ley fundamental te-
                    nía así elementos reales á que había de someterse y que
                    quitaban á la tarea toda libertad, alejándola, por lo mis-
                    mo, de ensayos de teorías y de subordinación á princi-
                    pios abstractos. La realidad áspera de las necesidades que
                    tenían que satisfacer, obligaba á aquellos hombres, ya de
                    por sí prácticos, á no atenerse sino á los datos concre-
                    tos, materiales, que les presentaban los casos y los he-
                    chos, y sólo sobre ellos debía laborar su sabiduría sin
                    mostrarse, para quedar en su obra como una fuerza la-
                    tente. Los representantes de los Estados que concurrie-
                    ron á la Convención, eran como plenipotenciarios que
                    concertaban un compromiso ad referéndum, y aun era
                    menor su autoridad, puesto que podía un artículo apro-
                    bado por la mayoría haber sido rechazado por la dele-
                    gación de un Estado. La ley debía, pues, estar concebidaLA CONSTITUCION Y SU MODELO
                    
                    117
                    
                    de modo que se llegara á la unidad de gobierno; pero en
                    forma tal que los Estados pudiesen aceptarla sin rece-
                    los para su cuerpo político ni para la libertad individual,
                    que era su fuerza de cohesión. Este era el punto de vista
                    de los constituyentes de la Convención americana; su
                    idea fundamental tuvo que ser, constituir la menor can-
                    tidad posible de gobierno central para restar á los Es-
                    tados y á los individuos la menor suma posible de auto-
                    nomía; y, dentro del gobierno federal, la dislocación del
                    poder de los departamentos del Gobierno, llevada hasta
                    donde fuese dable sin imposibilitar la armonía de fun-
                    ciones, á fin de impedir tanto la colusión como la subor-
                    dinación, que funden las fuerzas autoritarias y constitu-
                    yen la tiranía.
                    
                    Tomar semejante base para la Constitución mexicana
                    habría sido un absurdo, y nuestros legisladores, á pesar
                    de la tentación del modelo, no incurrieron en tan craso
                    error. El cuerpo político norteamericano se formó y
                    subsiste por la acción de fuerzas moleculares; el de los
                    pueblos latinos, en general, por una fuerza de presión
                    que tiende á reunir las moléculas dispersas. Nuestros
                    pueblos por historia, por herencia y por educación des-
                    cansan en la vieja concepción del Estado y se derivan
                    de esta noción abstracta que no corresponde á ninguna
                    entidad real, en tanto que el americano, que partió de la
                    realidad del individuo y de su rudo derecho para cons-
                    tituir el township, el bourg, el condado, no ha llega-
                    do, después de siglos de progreso institucional, al concep-
                    to del Estado, ni es probable que á él llegue, porque
                    alcanzó el concepto real de la Nación, que basta para ex-
                    plicar todos los fenómenos políticos y para fundar to-
                    dos los deberes del individuo para con el conjunto de los
                    pueblos que liga un gobierno.
                    
                    Al revés de la ley americana, la nuestra tenía nece-118
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    sidad de constituir un gobierno central fuerte en su ac-
                    ción, para lo cual era indispensable no escasear las facul-
                    tades á sus departamentos ni privarlos de una relación
                    frecuente, capaz de mantenerlos ligados para una ten-
                    dencia común. La dislocación de los diversos órganos de
                    gobierno, á la americana, habría producido, entre nos-
                    otros, una anarquía inmediata de todas las fracciones del
                    poder; facultades mínimas en cada departamento de los
                    gobiernos federal y locales, habrían llevado á la disolu-
                    ción del cuerpo político y á la dispersión de sus elemen-
                    tos, puesto que no teníamos la fuerza individual que los
                    une y estrecha. Eran éstas necesidades superiores que
                    debían satisfacerse aun á costa del peligro de recaer en
                    los gobiernos absolutos y centralizados, y así lo estima-
                    ron nuestros legisladores, acudiendo á la precaución has-
                    ta donde lo creyeron posible por la garantía del derecho
                    individual y la institución independiente de los gobier-
                    nos locales.
                    
                    En los pueblos americanos el problema era llegar len-
                    tamente á la solidaridad; para los nuestros, llegar lenta-
                    mente á la emancipación. Ambos sobre constituciones es-
                    critas, invariables, de las que propiamente se han llama-
                    do rígidas, tenían que obrar por la transformación de las
                    tendencias y la fuerza de las costumbres para forzar la
                    flexión y llegar al fin; los americanos han caminado mu-
                    cho, y sin alterar la letra de sus instituciones, han forta-
                    lecido á su Gobierno; nosotros no hemos practicado las
                    nuestras sino en parte y hemos caminado muy poco.
                    
                    La diferencia de situación en los legisladores de am-
                    bos países, que les dió distintos puntos de vista y bases
                    diversas para sus leyes, se tradujo en diferencias de deta-
                    lle que produjeron instituciones sin semejanza en la prác-
                    tica efectiva. Por vía de ejemplo, pero también como muy
                    principal, vamos á señalar un punto. Los legisladores yLA CONSTITUCION Y SU MOD5LO
                    
                    119
                    
                    los pueblos americanos tenían terror de todo el poder
                    central, pero especialmente del Ejecutivo, en el que veían
                    una tendencia monárquica irremediable; nuestros consti-
                    tuyentes veían en el Ejecutivo á Santa Anna en persona,
                    el despotismo sin freno. Unos y otros quisieron conjurar
                    el peligro que igualmente los espantaba; los americanos,
                    como precaución, redujeron las facultades del Ejecutivo
                    y lo aislaron enteramente del Legislativo, negándole el
                    derecho de hacer iniciativas; los mexicanos, que no po-
                    dían hacerlo débil, lo llenaron de todas las atribuciones
                    que lo hacen director de los negocios públicos; pero
                    por precaución lo sometieron al Congreso, destruyendo
                    así toda su fuerza y toda su autoridad. Nuestros legisla
                    dores tenían una fe ciega en el Congreso, nacida de las
                    teorías puras de la representación popular; los america-
                    nos desconfiaron de todo poder superior y buscaron siem-
                    pre el equilibrio de las debilidades.
                    
                    Nuestros legisladores no acertaron siempre que copia-
                    ron preceptos de la Constitución americana, ni siempre
                    tuvieron tino cuando se apartaron de ella; pero si alguna
                    vez sintieron la necesidad de reparar en que su obra no
                    era de filosofía especulativa, sino de adaptación de man-
                    damientos á un pueblo de existencia real y carácter pro-
                    pio ; si alguna vez estuvieron plenamente en las realidades
                    de su labor, fué cuando abandonaron la organización po-
                    lítica americana, hecha adrede de fracciones inconexas, y
                    adoptando el sistema opuesto, establecieron la correlación
                    de las funciones y el engranaje de las partes que hacen
                    de los distintos elementos de autoridad un gobierno co-
                    herente para una nación sólida.
                    
                    Pero este acierto, ya se deba á la observación justa del
                    pueblo para quien se trabajaba la ley, ya á que el ca-
                    mino adoptado era también el de las teorías de la ciencia
                    política, de la cual se apartaban los legisladores del Ñor-120 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    te, se malogró por el error inverso, que marea todavía más
                    la diferencia de organización establecida por ambas Cons-
                    tituciones. La nuestra no sólo rebajó la fuerza que en fa-
                    cultades había dado al Ejecutivo, sometiéndolo al Legisla-
                    tivo, sino que, al depositar éste en una sola Cámara y ex-
                    peditar sus trabajos por medio de dispensas de trámites
                    que de su sola voluntad dependían, creó en el Congreso
                    un poder formidable por su extensión y peligrosísimo por
                    su rapidez en el obrar. Pero nuestros constituyentes creían
                    que los diputados reunidos en el Congreso pueden tener
                    todos los derechos del pueblo que representan; que el pue-
                    blo no se equivoca ni se tiraniza á sí mismo, ó que se equi-
                    voca y tiraniza porque tiene el derecho de hacer cuanto
                    quiera, hasta de cometer errores y de ser su propio tirano;
                    de modo que, censurando á los conservadores que habían
                    inventado el Poder Conservador en 1836, instituían ellos
                    por jacobinismo, y sin darse cuenta, un poder más abso-
                    luto y más peligroso en su Cámara unitaria. ¡ Cuán lejos
                    está este sistema del sistema receloso y desconfiado de la
                    Constitución americana!
                    
                    No insistiremos más en este punto. Las opiniones que
                    llegan á hacerse generales y pasan á verdades indiscuti-
                    bles, se convierten en preocupaciones nocivas para el cri-
                    terio en asuntos en que importa mucho que sea sano; pe-
                    ro, por ventura, basta señalar la preocupación, cuando no
                    afecta el sentimiemto, para que se desvanezca su engaño.
                    Compárense las facultades de los órganos del Poder pú-
                    blieo en las dos Constituciones; considérese juiciosamente
                    la trascendencia de los puntos en que se separan y aun
                    se oponen, y se verá que nuestra ley fundamental no es
                    una copia, ni buena ni mala, de la del Norte, y que nues-
                    tros legisladores erraron algunas veces en lo que tomaron,
                    erraron otras por no tomar lo que debieron y acerta-
                    ron mucho por imitar con tino ó por pensar con sabidu-LA CONSTITUCION Y SU MODELO
                    
                    ¡21
                    
                    ría. El cargo de copiar sin discernimiento, que es el que
                    se ha hecho siempre á nuestros legisladores, es el máa
                    duro de todos, porque implica ignorancia, sumisión inte-
                    lectual vergonzosa y falta de patriotismo. Sus mismos
                    errores desmienten tan gratuita imputación.
                    
                    La Constitución americana se elaboró en circunstancias
                    y con procedimientos singularmente favorables. La Con-
                    vención reunida diez años después de adoptados los Ar-
                    tículos de Unión Perpetua, trabajó enmedio de la paz, á
                    la vista de un pueblo que esperaba su obra para exami-
                    narla y juzgarla; los delegados eran sólo cincuenta y cin-
                    co, cuya serenidad no turbaba pasión alguna. Las sesiones,
                    á puerta cerrada, se llenaban con la discusión del bien
                    público, no con disputas de partido.
                    
                    Compárense esas condiciones con la del Congreso de 57,
                    reunido por convocación de una revolución triunfante,
                    que trabajó enmedio de la lucha armada, rodeado de
                    peligros y cargado de pasiones. El entusiasmo tenía el
                    lugar del reposo; la audacia proponía los principios y en
                    la discusión le contestaban el rencor ó la preocupación.
                    Las galerías repletas tomaban participación en los deba-
                    tes, no sólo con aplausos y siseos, sino con injurias y ame-
                    nazas, influyendo en las votaciones. No podía exigirse ni
                    de los más distinguidos diputados un acierto contra el
                    cual conspiraban las circunstancias todas.
                    
                    Hasta aquí la Constitución tal cual salió del Congreso
                    de 57. Nuestro estudio no se contrae á ella, sino á la Cons-
                    titución nacional como rige hoy, después de mejorada
                    por algunas de las reformas que se le han hecho. Debíamos
                    examinar sus orígenes y su formación; pero no entra en
                    nuestro propósito la crítica general de la obra primitiva,
                    sino en cuanto puede ser útil para «1 examen de las ins-
                    tituciones vigentes, en lo que tienen de obstruccionistas
                    para el desenvolvimiento de la democracia.
                    
                    pCAPITULO VIII
                    Comonfort
                    
                    La obra de los constituyentes en 3856 comprendía dos
                    tareas bien determinadas, aunque algunas veces se con-
                    fundieran en un objeto común: la una, de destrucción y
                    demolición, consistía en aniquilar al bando conservador,
                    acabar con la influencia del clero en los asuntos políticos,
                    hacer la reforma social, como tantas veces lo dijeron en
                    sus discursos los progresistas; la otra, de reconstrucción
                    y organización, consistía en establecer el gobierno nacio-
                    nal con el mecanismo más adecuado para un funciona-
                    miento armonioso, tan automático como fuese posible.
                    Las condiciones personales para acabar una y otra empre-
                    sas, eran casi incompatibles: la primera requería convic-
                    ciones absolutas, voluntad resuelta á todos los extremos,
                    acción enérgica y hasta pasión de sectario; la segunda
                    necesitaba reflexión serena, espíritu previsor, más in-
                    clinación á los consejos de la experiencia que á la lógica
                    de los principios, severidad de criterio para sojuzgar el
                    entusiasmo, haciendo prevalecer un patriotismo adusto.
                    
                    Los progresistas de Ayutla, nuestros grandes jacobinos,
                    tenían los elementos personales para la obra de demoli-
                    ción ; pero ya hemos visto que en el Congreso no pudieron
                    alcanzar sino lo que moderados y consarvadores hubieron
                    
                    t- ...... 1 .....
                    
                    124 L\ CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    de ceder por transacciones que redujeron el éxito para
                    descontentar á todos. Arriaga, Mata, Zarco, lamentaban
                    en sus discursos que la Reforma se hubiese malogrado,
                    en tanto que la Iglesia lanzaba sus anatemas sobre la
                    Constitución por reformista y empujaba á sus parciales
                    á la lucha contra ella.
                    
                    Las aptitudes de los progresistas para destruir los ha-
                    cían poco idóneos para organizar, y sería pedir un ab-
                    surdo exigir que cambiaran de criterio al pasar de la dis-
                    cusión de un artículo demoledor á un precepto de equili-
                    brio gubernamental. Para ello habría sido necesario, no
                    sólo una flexibilidad inconcebible de espíritu en cada
                    progresista, sino una mutación de escena en la situación
                    del Congreso, de todo el Gobierno, de toda la sociedad,
                    como por un cambio de decoración merced á la prevista
                    máquina del teatro. Y en la parte de organización los
                    progresistas no encontraban resistencias, porque los mo-
                    derados, en no tratándose de principios que afectaran á
                    la idea religiosa, solían ser tan jacobinos como sus adver-
                    sarios. De esta suerte, el Congreso, en conjunto, resultó
                    moderado en lo que debió ser extremista, y jacobino en lo
                    que debió trabajar sobre las realidades de la experiencia.
                    
                    La confusión de los dos objetos de la Ley fundamental
                    ha dado á la obra un carácter de unidad dañoso para el
                    buen discernimiento de sus cualidades y sus errores. Du-
                    rante muchos años, sobre todo después de que Juárez la
                    identificó con la Reforma y la idealizó con el triunfo,
                    señalar un defecto en la organización constitucional del
                    gobierno era hacerse sospechoso de clericalismo, y por su
                    parte los católicos no veían ni siquiera el juicio de am-
                    paro sin escrúpulos de conciencia.
                    
                    El Presidente Comonfort encontró malas ambae partes.
                    Creyó que la reforma social religiosa se había llevado
                    demasiado lejos, que lastimaba la conciencia de la mayo-COMONFORT
                    
                    125
                    
                    ría ó casi de la totalidad de la Nación; y si en la acepta-
                    ción del hecho estaba en la verdad, erraba en la aprecia-
                    ción política (porque no era caudillo), al creer que en
                    un pueblo en formación es el sentimiento de la mayoría
                    la pauta de las evoluciones. Juárez demostró bien pronto
                    que las minorías son fuertes para vencer cuando traen el
                    espíritu nuevo, y que la victoria fortalece este espíritu,
                    lo prestigia y lo difunde hasta la conquista de la concien-
                    cia pública. No es fácil atribuir á Comonfort la sumisión
                    á preocupaciones religiosas que le estorbaran para aceptar
                    las reformas de este orden; á él que había sostenido las
                    que precedieron á la Constitución, y que ésta no supe-
                    ró, de abolición de fueros y nacionalización de bienes de
                    la Iglesia; á él que decretó la intervención de los bienes
                    del clero de Puebla, y que muchas veces dictó órdenes ó
                    aprobó las dictadas, incompatibles con el escrúpulo reli-
                    gioso. Hay que creer que la moderación que le hacía re-
                    probar las reformas, provenía de una convicción política,
                    basada en el juicio que del pueblo tenía y en «1 criterio
                    que lo guiaba. Pero para nuestro propósito, esta discusión
                    sería inútil, porque no nos proponemos juzgar la obra
                    reformista, que está concluida, sino la de organización,
                    que aún no da muestras de alcanzarse.
                    
                    En las discusiones de la Constitución el Gobierno de
                    Comonfort objetó no sólo las reformas sociales, sino tam-
                    bién varios puntos de organización y casi siempre fué des-
                    oído. Promulgó la nueva ley con la perplejidad de quien
                    se halla entre una convicción y un deber antagónicos, y
                    corriendo los días turbulentos y trabajosos que se suce-
                    dieron hasta la reunión del primer congreso constitucio-
                    nal, durante aquella situación penosa y extraña en que el
                    jefe de la Nación era dictador y tenía encima una consti-
                    tución casi vigente, llegó á la plena convicción de que
                    "la observancia (de la nueva carta) era imposible, su in.-126 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    popularidad un hecho palpable" y de que "el gobierno
                    que ligara su suerte con ella era un gobierno perdido."
                    
                    A pesar de que sus opiniones no eran un secreto para
                    la Nación (pues si desmintió los propósitos que se le atri-
                    buían de echar abajo la Constitución, nunca negó su in-
                    conformidad con ella, ni tuvo para ella un elogio hipó-
                    crita), su popularidad no rebajó. Al llegar el momento
                    de las elecciones generales, la imposición moral de la re-
                    volución había tenido tiempo de desvanecerse; dentro
                    del partido liberal, que era el único en los comicios, se
                    levantó una candidatura acreedora al más grande pres-
                    tigio y que daba plena garantía á los progresistas: la de
                    Don Miguel Lerdo de Tejada; sin embargo, Comonfort,
                    lleno de las simpatías y la admiración que le conquistaban
                    sus prendas de hombre, sus cualidades de gobernante y
                    sus victorias de soldado, tuvo en su favor todos los ele-
                    mentos, y quizá más que ninguno el popular, y fué elegi-
                    do Presidente de la República.
                    
                    Cuando el Congreso se reunió y comenzaba la vigen-
                    cia de la nueva Carta, aquel hombre que parecía ser un
                    esclavo de sus convicciones llegó á lo más cruel del con-
                    flicto que lo ahogaba. El desorden revolucionario que se
                    extendía por mil puntos del país, hacía la situación más
                    apremiante y más grave la responsabilidad; la Constitu-
                    ción, combatida por la prensa conservadora, era discutida
                    por la liberal misma, alguno de cuyos órganos reclamaba
                    la suspensión de la Ley y su reforma inmediata; la Ha-
                    cienda siempre exhausta había agotado sus medios para
                    procurarse fondos; el ejército, excitado por jefes conser-
                    vadores, se decía descontento, y el Congreso, mientras tra-
                    mitaba el proyecto de facultades extraordinarias, no ocul-
                    taba su desconfianza respecto al Ejecutivo. Comonfort
                    acude al consejo de liberales notorios, y ellos le dicen
                    terminantemente que es imposible gobernar en aquel mo-COMONFORT
                    
                    127
                    
                    mentó con la Oonstitueión, que es un estorbo. Zuloaga, su
                    mejor amigo, opina lo mismo y habla del peligro de la
                    sublevación de las tropas de su mando. Las conferencias
                    con Doblado determinan á Comonfort á dimitir, resolu-
                    ción digna de un hombre que encuentra odioso el gol-
                    pe de Estado é indigna la traición á sus convicciones;
                    pero el mismo Doblado le hace desistir, y presentándole
                    las graves consecuencias que para el país tendría la re-
                    nuncia, le aconseja que pida al Congreso la inmediata re-
                    forma de la Constitución, y aprueba y aun apoya el golpe
                    de Estado para el caso de que la Cámara rechace las ini-
                    ciativas que en tal sentido han de proponérsele. Habla,
                    por último, á Juárez de sus proyectos, y el gran liberal
                    se limita á decirle que él no lo seguirá en ese camino, y en-
                    cierra en su silencio de esfinge todo consejo, todo reproche,
                    que Comonfort debía esperar de él como correligionario,
                    como amigo y como ministro suyo. (1) Ni Juárez ni Do-
                    blado quedaron libres de sospecha en la opinión de sus
                    contemporáneos por la actitud que guardaron en aquellas
                    entrevistas.
                    
                    Comonfort aceptó el plan de Tacubaya, reprochándo-
                    selo á sí mismo como un acto miserable, empujado á ese
                    abismo por amigos y enemigos, y puesto á elegir entre
                    varios caminos desastrosos. Lo que no pensó fué violar
                    la Constitución fingiendo acatarla. Para él no había, res-
                    pecto á la Ley, más que dos extremos: ú obedecerla ó
                    destruirla. Tal rectitud, que en tiempos normales habría
                    hecho de él el más grande de los presidentes de México,
                    debe merecer nuestros respetos y nuestra admiración.
                    Después de medio siglo de experiencia, la opinión de Co-
                    monfort ha sido justificada por todos sus sucesores, Juá-
                    rez el primero: el gobierno es imposible con la Constitu-
                    
                    (*) México á través de los Siglos-,—Tomo V. Cap. XV.---1--
                    
                    128 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    eión de 1857; "el gobierno que ligue á ella su suerte es
                    gobierno perdido." Juárez, Lerdo de Tejada y el Gene-
                    ral Díaz antepusieron la necesidad de la vida nacional á
                    la observancia de la Constitución, é hicieron bien; pero no
                    corrigieron la Ley que amenaza la organización y ha-
                    ce imposible la democracia efectiva. Y esto era precisa-
                    mente lo que Comonfort se proponía con incontestable
                    elevación de patriotismo y desinterés.
                    
                    Al concluir su última conferencia con Doblado, en la
                    que probablemente llegaron á detalles sobre las reformas
                    qne eran necesarias, Comonfort hizo un apunte de las
                    materias que deberían afectar las iniciativas que se diri-
                    girían al Congreso. Este documento, precioso para quien
                    haya de estudiar el carácter, las ideas dominantes y las
                    notorias facultades de hombre de gobierno de Comonfort,
                    revela sus opiniones concretas sobre la nueva Carta en las
                    dos fases de reformadora y de organizadora. (*) No nos
                    referimos sino á las notas que importan para los fines de
                    este estudio; es decir, á las que señalan defectos reales
                    de la organización nacional, en las que hay que admirar
                    el acierto de un hombre que no había recibido una educa-
                    ción que lo preparará para la ciencia política, y la buena
                    fe, la lealtad con que trataba' de establecer realidades
                    democráticas, desde un puesto en que los presidentes la-
                    
                    (*) El apunte íntegro dice así: Juramento___Religión del país.—Conse-
                    jo de Gobierno__Extensión de facultades al Poder central Ejecutivo gene-
                    ral__Elección de los clérigos —Elección por voto universal del Presiden-
                    te.—Tierras para los indígenas.—Aclaración del art. 123.—Votos monás-
                    ticos__Enseñanza libre.—Munguía. —Costas judiciales__Inamovilidad de
                    
                    la Corte de Justicia y requisito de abogacía —Represión de excesos en los
                    Eslados.— Alcabalas.—Clasificación de rentas.—Elección de magi-tradcs
                    
                    déla Corte.—Comandancias generales.....Bagajes y alojamientos—Pri
                    
                    sión militar.—Movilidad de jueces inferiores.—Extensión del veto.—Car-
                    tas de naturaleza y pasaportes. —Capacidad de los extranjeros residentes,
                    después de cinco años, para obtener cargos públicos. —Reducción del nú
                    mero de diputados.—Reglas para evitar que la elección pública sea falsea-
                    da__Requisito de saber leer y escribir para ser elector__Curso gradual.
                    
                    —Libertad de imprenta.COMONFORT
                    
                    129
                    
                    tinoamerieanos no han solido preocuparse por cerrar al
                    camino de los abusos de poder.
                    
                    Para fortalecer al Ejecutivo, cuya debilidad, en ra
                    concepto, hacía imposible el Gobierno, quería Oomonfort
                    "extensión de facultades al Poder central Ejecutivo fe-
                    deral" y "extensión del veto;" es decir, pedía que se die-
                    ra más fuerza al Ejecutivo, á la vez que se rebajara la
                    del Congreso, comprendiendo que la Constitución había
                    creado una cámara con elementos de convención, de la
                    que no iba á surgir un gobierno parlamentario, sino la
                    dictadura desordenada y demagógica de las asambleas
                    omnipotentes. Pretendía añadir el paliativo de "reducir
                    el número de diputados," sin duda porque comprendía la
                    imposibilidad de establecer el Senado, que por fuerte ma-
                    yoría y entre aplausos había proscrito pocos meses antea
                    el Congreso Constituyente. Si lo que solicitaba no era
                    bastante para el perfecto equilibrio de los dos Poderes,
                    cuya disparidad constituía tal vez el más grave error d«
                    la Ley fundamental, la verdad es que acertaba mucho en
                    lo que pedía y se mostraba más penetrado que el Congre-
                    so Constituyente de lo que deben ser las instituciones fun-
                    damentales.
                    
                    Las notas relativas al Poder Judicial son éstas: "Ina-
                    movilidad de la Corte de Justicia y requisito de abogacía.
                    Elección de los magistrados de la Corte. Movilidad de jue-
                    ces inferiores." Indudablemente la segunda debería desa-
                    rrollarse en el sentido de modificar el modo de elección que
                    la nueva Carta confería al pueblo. La concepción del sis-
                    tema judicial, en la forma que estas notas denuncian, no
                    se ha alcanzado todavía en nuestra época, á pesar de una
                    experiencia que Comonfort no tenía; y cuenta que ni po-
                    día imaginarse entonces la extensión y la fuerza del re-
                    curso de amparo que, puesto al alcance del Ejecutivo por
                    magistrados complacientes, puede dar al gobernante «i..II «t,
                    
                    130 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    arma más peligrosa sobre los intereses de la sociedad. Co-
                    monfort, al pretender la inamovilidad de los magistrados,
                    sí sabía que iba en busca de.su independencia, y esto im-
                    portaba la renuncia á una influencia que de seguro tuvo
                    por odiosa.
                    
                    Por aquellos días, cuando en el Gobierno central ni la
                    dictadura era fuerte, no preocupaba á los hombres públi-
                    cos la independencia de los Estados. Teníanla éstos por
                    virtud de las circunstancias, por las luchas constantes que
                    obligaban á concentrar energías en cada gobierno local,
                    y que requerían en cada gobernador valor, audacia é ini-
                    ciativa personales. Oomonfort no tenía por qué buscar
                    medios constitucionales para asegurar la independencia
                    de los Estados, ni sospechaba, quizá, que ya proveía uno
                    de los medios de protegerla en la independencia del Po-
                    der Judicial dfi. la Federación. Pero no olvidó en sus notas
                    el interés de las Entidades federales y puso entre ellas
                    las siguientes: Represión de excesos en los Estados.—
                    Alcabalas.—Clasificación de rentas. #
                    
                    No es claro el alcance del primer punto ¡ pero si se tie-
                    ne en cuenta que las notas suponen reformas ó adiciones
                    en la Constitución, y por consiguiente, la represión de ex-
                    cesos, no se debió de referir á un'proyecto de ley común,
                    ni á medidas de Gobierno; si se considera que en este gé-
                    nero de apuntes, puramente personales, no nos importa
                    poner la idea, sino la frase ó palabra que en nosotros la
                    despierta, debemos suponer que el hábil organizador ha-
                    bía concebido, por sugestiones de su experiencia, medios
                    de moderar la dictadura local de los gobernadores, ó bien
                    había presentido el desequilibrio que los gobiernos loca-
                    les, independientes y vigorosos, podían traer al sistema
                    federal cuando el poder central estuviera sometido á las
                    trabas constitucionales. Es lo segundo lo que debe admitir-
                    se, dada la penetración fácil y la clarividencia del esta-COMONFORT
                    
                    131
                    
                    dista; y de ser esta suposición exacta, convengamos en
                    que los años posteriores han demostrado la sabiduría del
                    propósito, puesto que hemos visto en ellos que cuando el
                    poder central no absorbe la independencia de los Estados,
                    los Estados llegan á un exceso de altivez, en nombre de
                    su soberanía constitucional, que los avecina á la autono-
                    mía rebelde.
                    
                    La nota sobre las alcabalas no admite suposición; es
                    claro que Comonfort veía el mal de la supresión de una
                    fuente de ingresos locales, que dejaría á los Estados sin
                    su principal recurso de subsistencia. Los sueños del Con-
                    greso Constituyente no embargaban el sentido práctico
                    de gobierno de aquel hombre sereno y equilibrado.
                    
                    En cuanto á la clasificación de rentas, ya vimos que el
                    Congreso aprobó el artículo que la establecía, pero que
                    fué olvidado por la comisión de estilo; tan olvidado que,
                    cuando años después se inculpó al constituyente Guzmán
                    la supresión, en la minuta, de artículos aprobados por el
                    Congreso, ni se señaló este entre los omitidos, ni él en su
                    defensa lo mencionó. La nota relativa de Comonfort vale,
                    en todo caso, una demostración de su empeño en precaver
                    fricciones entre los Estados y la Federación, y quizá su
                    solicitud por la independencia efectiva de aquéllos, aun á
                    precio de restricciones para la autoridad que él iba á ejer-
                    cer; sacrificio que no hemos visto repetirse en cincuenta
                    años.
                    
                    Las notas que se refieren á elecciones son una prueba
                    más de la lealtad de Comonfort, de la fe con que se propo-
                    nía llevar á la realidad práctica los principios democrá-
                    ticos. La primera: "elección por voto universal del Pre-
                    sidente," tiene un error de expresión, muy explicable en
                    hombre poco versado en el lenguaje de la ciencia política,
                    y en apuntes hechos para él mismo y de prisa. Si la Cons-
                    titución establecía el sufragio universal, era por demás132 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    pedirlo como reforma para la elección de Presidente.
                    Nosotros no ponemos en duda que quiso establecer ei
                    voto directo y que el imaginar á todos los ciudadanos
                    votando por sí mismos al Presidente, por contraposición á
                    los grupos reducidos de los colegios electorales secunda-
                    rios, trajo á su miente la idea de universalidad. Pudiera
                    contra esto decirse que pedía el voto universal, como ex-
                    cepción del restringido que proyectaba en otro lugar de sus
                    notas; pero á esto se oponen dos consideraciones de
                    gran fuerza: sería extravagante, no sólo en un cerebro
                    como el de Comoníort, sino en cualquiera normal, que la
                    •excepción ocurriese antes que la regla é independiente-
                    mente y aun á distancia de ella, y tal sería el caso, pues-
                    to que, entre la nota primera y la que se refiere á res-
                    tricción del voto, median otras muchas sobre asuntos que
                    le son extraños; por otra parte, no puede suponerse, en
                    quien tan sabiamente juzgaba de las instituciones,
                    que restringiese el voto para hacerlo consciente en la
                    elección de diputados y lo dejase á los analfabetos en la
                    de Presidente, que está menos al alcance de los ignoran-
                    tos. Además, parece que por entonces era usual llamar su-
                    fragio universal al voto directo, como puede verse en un
                    discurso de Amaga que extracta Zarco en la sesión de
                    16 de Octubre.
                    
                    Cuando vemos que Comonfort apuntaba "reglas para
                    evitar que la elección pública sea falseada," y en segui-
                    da, por una correlación de ideas, el "requisito de saber
                    leer y escribir para ser elector," nos sentimos á punto de
                    tenerle por un hombre extraño, que como legislador na
                    cree en aquella época en la igualdad ni en la infalibilidad
                    de los ciudadanos, y como dictador no siente las tenta-
                    ciones del poder, cuando se lo aseguran la ignorancia del
                    pueblo y la amplitud de las instituciones electorales.
                    
                    Esto por lo que acusa la lealtad de su intención d»-COMONFORT
                    
                    133
                    
                    mocnáitica y la generosa rectitud de sus miras; pero el
                    conjunto de las notas que hamos señalado, muestra un
                    Pondo de previsión en la ciencia del gobierno que hay que
                    poner en la cuenta de la sabiduría para no atribuirlo á
                    coincidencia casual. Las condiciones que procura para
                    hacer de la elección efectiva la base del gobierno y una
                    eonquista en los derechos y los hábitos de los ciudadanos,
                    van á proponerse á la representación nacional, juntamente
                    aon las condiciones que al equilibrio de todo el sistema
                    es indispensable; porque sin el equilibrio de los Poderes
                    federales, sin la acción consistente y contrapesada del Go-
                    bierno central y los Gobiernos locales, la libertad elec-
                    toral lleva al desastre y amenaza lo esencial de la vida
                    de la República. Entre la dictadura y la anarquía, los pue-
                    blos han propendido á la anarquía, y los hombres de go-
                    bierno, para salvarlos, han preferido la dictadura. Comon-
                    fort pone en sus notas su programa de hombre público que
                    va al fin más alto y que se condensa en su expresión favo-
                    rita : '' conciliar la libertad con el orden.''
                    
                    Comonfort no era caudillo; había sido el segundo jefe
                    militar de una revolución que no tuvo más propósito con-
                    creto que el abatimiento de un tirano monstmoso y la
                    aspiración vaga de conquistar libertades, cuya extensión
                    se dejaba sin condiciones ni programa imperativo á un
                    congreso constituyente. Para encabezar una revolución
                    así, bastada ser soldado de valor y ciudadano digno, y
                    Comonfort era lo uno y lo otro en la más llena medida;
                    pero para seguir hasta donde era necesario las consecuen-
                    cias de la revolución que se tornó reformista y había de
                    llegar hasta arrancar las raíces con que vivía una socie-
                    dad nutrida de tradiciones, se requería mucha más ambi-
                    ción, más audacia que las suyas; se requería la pasión de
                    sectario eonvencido que él no sabía tener; la voluntad de
                    sacrificar todos los bienes actuales, todos los intereses de4
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    momento de la sociedad con la fe de que el fin, triunfo dé
                    una idea fundamental, valdría para ella mucho más que
                    los hombres muertos, la riqueza destruida, «1 crédito ani-
                    quilado en el exterior.
                    
                    Las dos tareas que imponía la necesidad política en la
                    obra de la Constitución del país, eran imposibles de rea-
                    lizar á la vez, porque debían trabajarse por un solo espíri-
                    tu predominantte, fuese individual ó colectivo, y no caben
                    para la mezquindad humana, en un solo hombre, la se-
                    renidad práctica y la pasión jacobina. Es imposible ser
                    á la. vez Comonfort y Juárez, y ya es mucho ser uno de los
                    dos. Para organizar la Nación y para funda*r las tradiciones
                    de gobierno que pudieran encaminarlo por el sendero del
                    civismo al través de las sucesiones personales, nadie ha
                    mostrado las altas dotes del Presidente de Ayutla; pero
                    no era aquel el momento de nuestra historia que las nece-
                    sitaba; la primera jornada era la de la Reforma, y los
                    apremios de la necesidad histórica lo arrojaron del puesto
                    que debía ocupar el hombre necesario.
                    
                    Quería Comonfort "conciliar todos los derechos y to-
                    dos los intereses legítimos por medio de la tolerancia, de
                    la fraternidad y de la concordia," para que no fuesen
                    "enemigas ideas que deben ser hermanas: el orden y la
                    libertad, la tradición y la reforma, el pasado y el porve-
                    nir," y para hacer que "se abrazaran como hermanos los
                    hombres de buena fe militaban bajo las dos banderas."
                    (*) Creía, pues, posible la fusión de dos credos antagóni-
                    cos y extremistas en uno nuevo, hecho de concesiones, que
                    no declararía la fe de ningún dogma, como si pudiese ha-
                    ber credo sin dogmas y sin fe! Este error de criterio
                    le hizo repugnar la Constitución como obstáeulo para la
                    concordia, y su acierto para juzgarla como de imposible
                    
                    (*) Manifiesto publicado en New York—1858.COMONFORT
                    
                    observancia en lo relativo á la organización del gobierno,
                    sirvió para empujarlo con más fuerza en el camino que no
                    se resolvía á tomar. Breves días bastaron para cambiar
                    absolutamente su posición, llevándolo del prestigio más
                    notorio á la impopularidad más completa, y al salir del
                    territorio nacional, lo acompañaban los rencores, las in-
                    jurias y hasta la befa de las partidos que él quiso recon-
                    ciliar.
                    
                    "En política, dice Le Bon, los verdaderos grandes
                    hombres son los que presienten los acontecimientos que
                    preparó el pasado y enseñan los caminos en que es nece-
                    sario empeñarse.'' Pero Comonfort no era un grande hom-
                    bre ; era algo mucho más modesto, pero no menos respeta-
                    ble : un gran ciudadano.CAPITULO IX
                    
                    La dictadura democrática
                    
                    El grande hombre era Juárez. Presintió los aconte-
                    cimientos que en la incubación del pasado tenían una vida
                    latente, pronta á convertirse en fuerza y en acción, y
                    para dominarlos, comenzó por obedecer á la necesidad
                    que había de producirlos. Comonfort interpretaba la re-
                    volución de Ayutla con fidelidad de jurista probo que
                    respeta la ley; se atenía á sus tibias promesas y á sus mo-
                    destas autorizaciones; creía que el plan revolucionario
                    era un compromiso inviolable entre sus autores, represen-
                    tados por el Gobierno, y los que en la lucha habían toma-
                    do participación; es decir, la Nación entera. Juárez vió
                    en la revolución un síntoma y en la obra del Congreso
                    Constituyente una aspiración ahogada; tomó el plan d«
                    Ayutla como promesa cumplida, que una vez satisfecha,
                    había extinguido todo compromiso para lo porvenir; en-
                    tendió que la evolución social, fuerza oculta de la victo-
                    ria sobre Santa Anna, era una imposición del desenvolvi-
                    miento histórico; que había fuerzas capaces de realizarla,
                    y en lugar de obedecer al Plan, tuvo por más obligatorio
                    servir á la Constitución, que era el compromiso nuevo y
                    que había reemplazado ventajosamente á los artículos in-
                    eoloros del pacto de Ayutla, y servir á la Reforma, que
                    era ya una consecuencia de los debates del Congreso.
                    
                    Juárez no paró mientes en los errores de la Constitu-
                    
                    9138 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    ción que imposibilitaban la buena organización del Gobier-
                    no; no trataba de gobernar, sino de revolucionar; no iba
                    á someterse á una ley que para él y los reformistas era
                    moderada é incompleta, sino á integrar la reforma que
                    apenas delineaba; iba á satisfacer el espíritu innovador,
                    regenerador, de la minoría progresista á quien tocaba toda
                    la gloria de las conquistas alcanzadas en la Constitución, y
                    cuyas derrotas no habían hecho más que atizar el ardor
                    de todos sus correligionarios. Juzgar los detalles de la
                    ley como base de gobierno, habría sido una puerilidad en
                    momentos en que era imposible organizar y se necesitaba
                    destruir.
                    
                    La Constitución, que para Juárez no podía ser
                    más que título de legitimidad para fundar su mando, y
                    bandera para reunir parciales y guiar huestes, era inútil
                    para itodo lo demás. La invocaba como principio, la pre-
                    sentaba como ¿objeto de la lucha; pero no la obedecía, ni
                    podía obedecerla y salvarla á la vez. Como jefe de una
                    sociedad en peligro, asumió todo el poder, se arrogó todas
                    las facultades, hasta la de darse las más absolutas, y an-
                    tes de dictar una medida extrema, cuidaba de expedir un
                    decreto que le atribuyese la autoridad para ello, como pa-
                    ra fundar siempre en una ley el ejercicio de su poder sin
                    límites.
                    
                    Así gobernó de 1858 á 1861, con la autoridad más libre
                    que haya sabido en jefe alguno de gobierno, y con la
                    más libre aquiescencia de sus gobernados, puesto que
                    sólo se le obedecía por los que tenían voluntad de some-
                    terse á su imperio; y así llegó al triunfo, y restableció
                    el orden constitucional cuando entró en la capital de la
                    República.
                    
                    Ya desde Veracruz, en Noviembre de 1860, había ex-
                    pedido convocatoria para la elección de diputados y de
                    presidente de la República que debía hacerse en EneroLA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    siguiente. Se retiran á los gobernadores las facultades
                    extraordinarias que habían tenido. Las «lecciones he-
                    chas, el Congreso se instala; Juárez, que no tuvo mayo-
                    ría absoluta en la elección, por haberse distribuido los
                    votos entre Lerdo de Tejada, González Ortega y él, es ele-
                    gido por la asamblea. El Gobierno está constituido; ya
                    puede comenzar plenamente el reinado de la Constitución.
                    
                    No lo permitieron las necesidades de la lucha contra
                    la reacción: el decreto de 4 de Junio dió facultades ex-
                    traordinarias al Presidente en Hacienda; el del día 7 sus-
                    pendió garantías individuales y puso en manos del Go-
                    bierno facultades de rigor que volvían á darle un poder
                    formidable, y declaró que la ley de 6 de Diciembre de 56,
                    para castigar la traición y reprimir rebeliones, estaba y
                    había estado vigente; ley cuya rigidez se comprende por
                    su sola fecha, que denuncia el objeto que se propuso y
                    las circunstancias que la produjeron. Hecho al ejercicio
                    del poder amplio, Juárez extendió el suyo cuanto conve-
                    nía á las exigencias de la situación, aun cuando el Congre-
                    so estuviese reunido: por una circular autorizó á los go-
                    bernadores para aprehender "á las personas de quienes
                    les constara que fomentaban la reacción ó maquinasen
                    de cualquier modo en contra de la paz," y dar después
                    aviso al Ministerio respectivo. La ley de suspensión de
                    garantías fué derogada en Octubre; pero el decreto del
                    Congreso expedido el 11 de Diciembre restableció su vi-
                    gencia, determinando que continuase en vigor hasta
                    treinta días después de la siguiente reunión del Congreso;
                    agregó dos artículos más de las garantías individuales á
                    las ya comprendidas en la suspensión, y le otorgó facul-
                    tades omnímodas, "sin más restricciones que la de sal-
                    var la independencia é integridad del territorio nacional,
                    la forma de gobierno establecida en la Constitución y los
                    principios y leyes de Reforma."140 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Al expirar el término de la nueva ley, las hostilidades
                    se habían roto con las tropas francesas; la situación era
                    más difícil que nunca, y el Congreso prorrogó las leyes
                    de facultades extraordinarias y de suspensión de garan-
                    tías, hasta que la asamblea que debía elegirse se reunie-
                    se en Septiembre de 62 ó cuando fuese posible. El Con-
                    greso se reunió en efecto, y decretó en Octubre la prórro-
                    ga de las leyes mencionadas en términos semejantes á los
                    establecidos por la ley de 3 de Mayo. Por último, caída
                    Puebla en poder del invasor tras su glorioso sitio, imposi-
                    bilitado el funcionamiento de los Poderes públicos, el
                    Congreso, antes de retirarse, otorgó otra vez las autoriza-
                    ciones y ratificó la suspensión de garantías hasta treinta
                    días después de que pudiera volver á reunirse.
                    
                    No es posible asumir poder más grande que el que
                    Juárez se arrogó de 63 á 67, ni usarlo con más vigor ni
                    con más audacia, ni emplearlo con más alteza de miras
                    ni con éxito más cabal. Fundado en el decreto de 11 de
                    Diciembre que le concedió facultades omnímodas, sin más
                    restricción que encaminarlas á la salvación de la Patria,
                    ningún obstáculo encontró en su áspero camino que no
                    fuera allanable; sustituyó al Congreso, no sólo para dic-
                    tar toda clase de leyes, sino en sus funciones de jurado
                    para deponer al Presidente de la Corte Suprema; y fué
                    más allá: sustituyó no sólo al Congreso, sino al pueblo,
                    prorrogando el término de sus poderes presidenciales por
                    todo el tiempo que fuese menester; pero se atuvo á lo que
                    la ley de Diciembre le prescribía como restricción, y que
                    era sólo en verdad la razón de ser de aquella delegación
                    sin ejemplo ¡ salvó á la Patria.
                    
                    El Gobierno volvió á la capital de la República y con-
                    vocó á elecciones; el 8 de Diciembre de 1867 el Congreso
                    abría sus sesiones, y en la del 20 declaraba Presidente
                    constitucional á Juárez, que había obtenido la mayoríaL \ DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    MI
                    
                    de votos de la Nación. El orden constitucional estaba
                    restablecido y el Gobierno lo declaró así el 12 de Abril
                    de 68 en una circular que previno el respeto á las garan-
                    tías individuales; pero desde Enero el Estado de Yucatán
                    había sido declarado bajo el gobierno militar del estado
                    de sitio, y en 8 de Mayo el Congreso decretaba otra vez la
                    suspensión de artículos constitucionales, sometiendo á
                    juicio sumario militar á los que de cualquier modo tras-
                    tornasen el orden. Volvía, pues, el Ejecutivo á tener fa-
                    cultades fuera de la Constitución, y ya era sabido cómo
                    solía usarlas el severo Presidente. La ley se las confería
                    hasta el 31 de Diciembre.
                    
                    En el año que siguió (1869), para no pasarlo en blan-
                    co, hay suspensión de garantías para los plagiarios y
                    salteadores; pero, á juzgar por las leyes de 1870, no ha-
                    bían faltado ni un día facultades de importancia al Presi-
                    dente de la República. En efecto, la del 17 de Enero de-
                    clara que ha estado siempre vigente la de Comonfort de
                    6 de Diciembre de 56; y no obstante estar reunido el Con-
                    greso, Juárez pone los Estados de Querétaro, Zacate-
                    cas y Jalisco en estado de sitio, en uso de las facultades
                    que le confería la ley de 21 de Enero de 1860. Esta, pues,
                    había estado en vigor siempre, y no podía ser más pode-
                    rosa para destruir el orden constitucional, puesto que
                    sometía la suerte de los Estados soberanos á la voluntad
                    sin condiciones del Ejecutivo. Había sido dictada por
                    el mismo Juárez en ejercicio de facultades extraordina-
                    rias, y autorizaba al Presidente para declarar un Estado
                    ó Territorio en estado de guerra ó de sitio, declaración
                    que daba á la autoridad militar facultades que importa-
                    ban suspensión de garantías, y despojaba á los gobiernos
                    locales de muchas de sus funciones.
                    
                    La ley de 17 de Enero de 70 es notable por el número
                    é importancia de las garantías que suspendió; además,142
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    confirió facultades extraordinarias en Hacienda y Guerra
                    al Ejecutivo. Parece increible que todavía en el orden
                    constitucional, definidas las garantías que quedaban en
                    suspenso y los ramos que las facultades abarcaban, se de-
                    clarase expresamente que el Ejecutivo no podía, en vir-
                    tud de aquellas autorizaciones, gravar ni enajenar el te-
                    rritorio, cambiar la forma de gobierno ni contrariar el Tí-
                    tulo I V de la Constitución, que se refiere á la responsabili-
                    dad de los funcionarios. El Congreso tenía presente que
                    Juárez sabía sustituirlo hasta para hacer veces de gran
                    jurado; pero no tenía derecho para desconfiar de su pa-
                    triotismo.
                    
                    No se hizo esperar la manifestación enérgica de la ac-
                    ción habitual del Presidente. Sirviéndose de sus faculta-
                    des en Hacienda, con un poco de violencia en el modo de
                    aplicarlas, dictó un decreto el 31 de Enero, mandando que
                    los primeros funcionarios del ramo procediesen á "asegu-
                    rar los bienes de las personas que notoriamente estuviesen
                    comprendidas en la ley de 22 de Febrero de 1832," para
                    asegurar la responsabilidad civil de los sublevados con-
                    tra el Gobierno, por los perjuicios que causaran al fisco
                    y á los particulares. La ley de 32, invocada eomo vigente,
                    hacía responsables in solidum á los que tuviesen par-
                    te en una revuelta, de lo que ellos ó sus jefes tomasen de
                    propiedades privadas. El decreto de Juárez la amplió,
                    restableció el procedimiento de las leyes de 56 y 58; pero,
                    sobre todo, dejó al arbitrio de los funcionarios de Hacien-
                    da la calificación de los comprendidos en sus disposicio-
                    nes, como una amenaza contra el espíritu revolucionario.
                    
                    La ley que tan ampliamente armó al jefe del Gobier-
                    no debía durar hasta Julio de 1870; pero ya hemos dicho
                    que la que lo facultaba para declarar el estado de guerra
                    y de sitio, estuvo en vigor hasta Mayo de 71 en que pare-143
                    
                    eió necesario, para anularla, que el Congreso la declarase
                    inconstitucional expresamente.
                    
                    En 71 debían hacerse nuevas elecciones generales.
                    Juárez, que contaba con la mayoría del Congreso, hizo re-
                    formar la ley electoral en las sesiones de Mayo, con vi-
                    sible propósito de preparar su triunfo. Entre las modifica-
                    ciones se hizo la del artículo que prevenía el voto por di-
                    putaciones en caso de que el Congreso tuviese que elegir
                    al Presidente de la República, y se dispuso que el voto
                    fuese individual. Sabía Juárez que la elección no iba á
                    darle mayoría absoluta, desconfiaba de los gobernadores,
                    que habían de ser los electores efectivos, y prefería ate-
                    nerse á la mayoría de representantes que esperaba de los
                    Estados de mayor población.
                    
                    En efecto, sus dos adversarios juntos, Lerdo de Teja-
                    da y el Gral. Díaz, alcanzaron más de la mitad de los vo-
                    tos expresados. La minoría oposicionista del Congreso
                    pretendió en vano diferir la solución, con motivo de que
                    veintisiete distritos no habían votado; se atacó al Gobier-
                    no rudamente, atribuyéndole manejos ilegales para violar
                    la libertad del sufragio, como la destitución del Ayunta-
                    miento de la capital; pero al fin prevaleció la mayoría y
                    Juárez fué declarado presidente para el nuevo período.
                    No se necesitaba más para motivo de revolución, y esta-
                    lló la de Oaxaca en Noviembre, ni Juárez había menester
                    otra cosa para volver á las facultades extraordinarias.
                    Así fué que se las confirió amplias el Congreso en Hacien-
                    da y Guerra en lo. de Diciembre, declarando vigente en
                    su mayor parte la ley de 70, con la suspensión de garan-
                    tías para los sublevados, y otra vez la de Comonfort de
                    Diciembre de 1856. Al expirar el término de la ley, no
                    obstante que la revolución estaba vencida, otro decreto
                    prorrogó su vigencia hasta Octubre. Durante la contien-
                    da, al Presidente le hacía falta la ley de 21 de Enero de144
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    60, que lo autorizaba para declarar el estado de sitio
                    é imponer el gobierno militar, pues el Congreso la había
                    declarado inconstitucional en Mayo de 71; pero para él
                    la fuente del poder era inagotable; y como la del lo. de
                    Diciembre lo facultaba en el ramo de Guerra, tomó de
                    ello base para declarar vigente la de 1860, y de ésta, fun-
                    damento para establecer el gobierno militar, durante el
                    primer semestre de 72, en los Estados de Tlaxcala, Aguas-
                    «alientes, Hidalgo y Zacatecas. Juárez murió en Julio
                    eon el poder formidable de las facultades extraordinarias
                    con que gobernó siempre; los breves períodos en que por
                    excepción no las tuvo, contó con la ley de estado de sitio
                    que, cuando no estaba en ejercicio actual, se alzaba co-
                    mo un amago sobre los gobernadores. Con la Constitu-
                    ción no gobernó nunca.
                    
                    ¿Era sólo porque le parecía más cómoda la dictadura?
                    De ningún modo: era resultado de su convicción de que,
                    con la ley de 57, el Ejecutivo quedaba á merced del Con-
                    greso y de los gobernadores. Cumplió la obra reformis-
                    ta iniciada por la Constitución y bajo el programa de los
                    liberales del 57; pero de la organización que aquélla es-
                    tableciera tenía tan mala opinión como el caudillo de
                    Ayutla. Había visto en Septiembre de 1861, apenas res-
                    tablecido el orden legal, que cincuenta y un diputados
                    le pedían su abdicación en favor de González Ortega, de
                    aquel general victorioso que, al prestar la protesta como
                    presidente de la Corte Suprema, pronunciaba un discur-
                    so censurando la política del Gobierno sancionada por el
                    triunfo; y había visto que cincuenta y cuatro represen-
                    tantes lo sostenían eon la pobre mayoría de tres votos.
                    ¿Qué habría de esperar de un congreso así, que él mismo
                    calificó de convención? Bien sabía, por otra parte, que
                    los gobernadores no podrían someterse democráticamen-
                    te á las constituciones locales sip convertirse en jugueteLA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    145
                    
                    de los agitadores ó de las legislaturas; que tenían que
                    obrar de suerte que todo el poder estuviese en sus manos,
                    y frente á jefes de Estado dictadores, era indispensable
                    un presidente dictador. Juárez empleó aquellas fuerzas,
                    que no podía destruir; se apoyó en los gobiernos locales,
                    apoyándolos á su vez, y se mantuvo con una mayoría del
                    Congreso de que los gobernadores lo proveían.
                    
                    Dos veces manifestó el gobierno de Juárez su opinión
                    adversa á la organización constitucional, y al través de
                    ella el propósito de mejorarla para hacer posible la esta-
                    bilidad de los Poderes. Lo hizo las dos veces en ocasión
                    del restablecimiento del régimen legal, al concluir los dos
                    largos períodos de lucha que tuvo que resistir. En Julio
                    de 1861, cuando Juárez acababa de tomar posesión de la
                    Presidencia en virtud de la elección, el Congreso expidió
                    un decreto que no tenía sino efecto de programa; según
                    él, la asamblea ocuparía de preferencia su período de se-
                    siones siguiente "en acordar y decretar, conforme á la
                    Constitución, todas las reformas que ésta necesita,'' y pre-
                    venía al Ejecutivo federal y á las legislaturas que envia-
                    sen sus iniciativas al hacerse la apertura ded las sesiones.
                    Esto revela la necesidad que Juárez sentía de prontas j
                    numerosas reformas, á las que deseaba dar preferente
                    atención, á pesar de las graves que le imponían las agi-
                    taciones del momento.
                    
                    El propósito se malogró por las dificultades políticas
                    que envolvieron otra vez al país en la guerra; pero no
                    bién ésta concluyó y el Gobierno nacional volvió á la ca-
                    pital de la República, el intento de Juárez se expuso otra
                    vez eficazmente en la convocatoria de 14 de Agosto para
                    las elecciones de los altos funcionarios. En la parte ex-
                    positiva decía la convocatoria que la experiencia demos-
                    traba la necesidad urgente de reformas constitucionales
                    para afianzar la paz y consolidar las instituciones, esta-146 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Meciendo el equilibrio de los Poderes supremos y el ejer-
                    cicio normal de sus funciones; y tan urgentes las veía el
                    Gobierno, que determinaba, entre las disposiciones relati-
                    vas al acto electoral, que al votar los electores expresaran
                    si conferían autoridad al nuevo Congreso para reformar
                    la Ley suprema sin los requisitos constitucionales dilata-
                    dos, en los puntos y el sentido siguientes: establecimiento
                    de dos cámaras; veto del Presidente, sólo subordinado al
                    voto de dos tercios de representantes; informes por es-
                    crito, y nunca verbales, del Ejecutivo ante las cámaras;
                    restricción á la facultad de la Comisión permanente para
                    convocar á sesiones extraordinarias; sustitución provisio-
                    nal del Presidente en caso de faltar también el de la Su-
                    prema Corte.
                    
                    Estas modificaciones en la ley fundamental van de
                    acuerdo con algunas de las que imaginaba Comonfort; pe-
                    ro Juárez y su ilustre consejero Lerdo de Tejada no pe-
                    dían sino las que se necesitaban para robustecer ¡il Eje-
                    cutivo, en tanto que el Presidente derrocado quería tam-
                    bién las que había menester el establecimiento de la
                    democracia.
                    
                    La dictadura de .Juárez continuó bajo el gobierno de
                    •u sucesor, acelerado el sistema cuanto tenía que suavizar-
                    lo en la apariencia exterior y en los medios preferidos, el
                    pulso del diplomático de educación refinada, y el orgullo
                    del hombre esencialmente culto y seguro de la superiori-
                    dad de su entendimiento.
                    
                    En la época de Juárez, los gobernadores eran fuertes,
                    ■e sostenían por sí solos apoyados en sus adictos, tenían
                    plenamente la responsabilidad de su posición, eran dueños
                    de enfrentarse con el poder central y de rebelarse si era
                    preciso; pero, ligados á él, eran capaces de prestarle una
                    ayuda eficaz ó por lo menos de dominar su jurisdicción
                    en caso de revueltas generales, sin distraer ni rebajar porLA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    14/
                    
                    su necesidad de auxilio las fuerzas que el Gobierno fede-
                    ral debía emplear sobre el grueso de una revolución. Eran
                    ó habían sido caudillos con antecedentes en su localidad,
                    mandaban por derecho propio, á semejanza de los caci-
                    ques inferiores que prevalecían en los distritos, y se re-
                    elegían sin necesidad de autorización superior. Juárez los
                    dejaba en libertad de ejercer su poder omnímodo, y cuan-
                    do se rebelaban ó amenazaban desconocerlo, los echaba
                    abajo con la fuerza armada y con la del estado de sitio.
                    
                    Los gobernadores adictos á Juárez no tenían iguales
                    motivos para serlo al que poco antes combatieran en las
                    elecciones generales. Lerdo de Tejada, que no podía con-
                    fiar en todos ellos, aprovechó varias veces los movimien-
                    tos políticos iniciados por los descontentos en un Kstado
                    para apoyarlos contra el gobernador juarista, y algunos
                    fueron depuestos por las legislaturas que contaban con
                    el beneplácito del Presidente y aun con el auxilio de la
                    fuerza federal. El sustituto no traía ya las condiciones de
                    origen ni de fuerza del antiguo gobernador; el ejemplo
                    debilitaba á todos lo demás y alentaba á sus enemigos;
                    pero Lerdo necesitaba la sustitución de los caudillos de
                    Estado, que eran la llave de la elección, la seguridad en
                    el Congreso general y el equilibrio de su gobierno.
                    
                    Las circunstancias habían cambiado en el país por el
                    momento; pero las condiciones del Gobierno, dependien-
                    tes de la organización constitucional, eran las mismas.
                    Desde 1870 se discutían en el Congreso las reformas pro-
                    puestas para establecer el sistema de dos cámaras; pero
                    Lerdo de Tejada no llegó á ver reunido el Senado sino
                    hasta Septiembre de 1875, en vísperas de la revolución
                    que había de deponerlo. Por otra parte, no es de supo-
                    ner que tuviese gran fe en aquel remedio aislado para
                    equilibrar el Gobierno, puesto que la convocatoria de 67148 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    había considerado necesarias todas las propuestas, y sólo
                    se alcanzaba una.
                    
                    En consecuencia, fué al mismo fin que su predecesor
                    (asegurar la estabilidad de su gobierno), por medios ex-
                    teriores distintos, pero que en esencia eran iguales: apo-
                    derarse del Poder Legislativo para desarmarlo, y subor-
                    dinar á los gobernadores para evitar rebeldías posibles y
                    dominar todas las elecciones. El resultado fué una dicta-
                    dura menos ostensible, pero tan cabal como la anterior.
                    
                    Desde mediados de 75, la dictadura recobra hasta los
                    procedimientos abandonados; se suspenden las garantías
                    individuales, restableciendo el vigor de la última que sir-
                    vió á Juárez; el Presidente vuelve á las facultades ex-
                    traordinarias: un decreto de Noviembre prorroga la de
                    Mayo, y añade la autoridad para declarar en estado de
                    sitio los Estados en que el Gobierno lo crea necesario; y
                    al hacerlo á principios de 76, respecto á Oaxaca, Jalisco
                    y Chiapas, los decretos presidenciales declaran otra vez
                    vigente la famosa y usada ley de Juárez de Enero de 60,
                    que había declarado inconstitucional el Congreso de 71.
                    
                    De la convicción de Lerdo sobre la ineficacia de la
                    Constitución para el gobierno estable y eficiente, tenemos,
                    no sólo testimonio, sino expresión razonada en la circular
                    con que acompañó la convocatoria de 67 de que ya habla-
                    mos; circular que es un capítulo acabado de ciencia polí-
                    tica, bastante á demostrar las altas dotes de su autor, su
                    conocimiento excepcional de la materia y el pulso delica-
                    do con que era capaz de hacer la censura de lo que él
                    quería parecer respetuoso. De un criterio que así se ensa-
                    ña, no puede ponerse en duda que juzgaba lo mismo la
                    obra de 57 como realizadora de la democracia, y si de ésta
                    no habló ni sobre ella propuso reformas, fué quizá porque
                    su finura de político experto le vedaba herir el sentimientoLA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    149
                    
                    populista que es la estela de las revoluciones victoriosas.
                    Sin embargo, es preferible creer, para llevar menor nú-
                    mero de probabilidades de desacierto, que no juzgó la
                    Constitución por esa fase, porque la democracia no entra-
                    ba en sus preocupaciones.
                    
                    Tocar la Constitución cuando acababa de entrar triun-
                    falmente en la capital de la República, consagrada como
                    emblema de la Nación y bandera ensangrentada del pue-
                    blo, era herir la viscera más noble; Lerdo comienza por
                    ensalzarla, hablando con admiración de los principios de
                    progreso que proclama, de las garantías que consigna y
                    de "la forma de gobierno que establece, consagrada ya
                    por la experiencia de algunos años de sacrificios;" pero
                    después, entre calificativos de sabia y previsora, expresa
                    que ella misma admite la posibilidad de las reformas. La
                    ataca en seguida á fondo, revelando que "según en ella
                    están constituidos los poderes, el Legislativo es todo y el
                    Ejecutivo carece de autoridad propia frente al Legisla-
                    tivo," para concluir que el remedio es necesario y ur-
                    gente.
                    
                    Pero el hábil ministro necesitaba defender el error an-
                    tes de combatirlo: "el Gobierno, dice, no censura que se
                    formase así en su época esa parte de la Constitución. Pa-
                    ra algunos pudo ser esto un efecto de sentimientos polí-
                    ticos de circunstancias, mientras que, para otros, pudo
                    ser muy bien un pensamiento profundo, político y rege-
                    nerador." El pensamiento profundo era de él y no de los
                    constituyentes; pero, al ponerlo en la defensa de éstos,
                    quiso atribuírselos para disculparlos primero y atacar su
                    obra después. He aquí el razonamiento: se necesitaba
                    la reforma social, y puesto que no podía obtenerse en las
                    circunstancias del año 57, los constituyentes quisieron en-
                    comendarla á la marcha normal de los poderes públicos
                    para no renunciar á ella; un dictador se había visto ya150 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    <iue era impotente para realizarla, pues un hombre solo
                    "podía carecer de elevación de miras, ó de prudente ener-
                    gía en los medios, ó de rectitud de intenciones, ó de con-
                    vicción de la necesidad ó de resolución para conmover á
                    la sociedad." (*)
                    
                    Los constituyentes no podían confiar la reforma á la
                    guerra; pero tampoco debían esperarla ya de un hombre,
                    dada aquella experiencia, y quisieron encomendarla al im-
                    pulso y ardor más fácil de encontrar en la responsabilidad
                    colectiva y audaz de una convención; "esto inspiró á los
                    constituyentes la idea de crear una convención permanen-
                    te en lugar de un Congreso."
                    
                    Así queda el Congreso Constituyente levantado y la
                    Constitución venerada, mientras el golpe ha herido ruda-
                    mente la entraña noble. Y luego, de la misma disculpa
                    surge el motivo incontestable para cambiar lo que los
                    constituyentes hicieron: la convención no tenía más obje-
                    to que la reforma social; hecha la reforma social, la con-
                    vención era un peligro, lo que se necesitaba era un Con-
                    greso. "La marcha normal de la administración exige
                    que no sea todo el Poder Legislativo y que ante él no ca-
                    rezca do todo pod'ír el Kieentivo. . Para tiempos norma-
                    les el despotismo de una convención puede ser tan malo
                    ó más que el despotismo de un dictador. Aconseja la ra-
                    zón, y enseña la experiencia de los países más adelanta-
                    dos, que la paz y el bienestar de la sociedad dependen
                    del equilibrio conveniente y de la organización de los po-
                    deres públicos."
                    
                    Esto, cuanto á los principios de la ciencia política.
                    Por lo que ve á la experiencia de los hechos vividos, Ler-
                    do de Tejada se refería á dos que contaban por mucho en
                    la necesidad de las reformas.   Hablando del predominio
                    
                    (*) Completa justicia en esta doble aluclón á Santa Ana y Comonfort
                    respectivamente.LA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    15.
                    
                    eongresional que podía intentarse con pretensiones de
                    parlamentarismo, decía: "Todos pueden recordar en Mé-
                    xico algunas escenas deplorables en que han padecido, á
                    la vez, la dignidad y el crédito del Legislativo y del Eje-
                    cutivo con ocasión de algún interés particular y con gra-
                    ve perjuicio del interés público." En otro párrafo delata
                    una conspiración congresista que nadie ignoraba enton-
                    ces: "Así sucedió en fines de Julio de 1861. Estuvo en-
                    tonces á punto de realizarse el proyecto de hacer un cam-
                    bio de gobierno, encausando al Presidente de la Repúbli-
                    ca y toda la Nación se preocupó con el inminente peligro
                    de graves trastornos públicos."
                    
                    Quien estaba convencido por las teorías científicas de
                    tal modo y aleccionado por la experiencia de tal suerte,
                    era imposible que de grado se sometiera á obedecer y ser-
                    vir á una Constitución que lo llevaría al fracaso; imposi-
                    bilitado para establecer el equilibrio de los Poderes, car-
                    gó por su extremo el peso de la balanza y los puso todos
                    en manos del Ejecutivo; es decir, continuó la dictadura.
                    
                    La revolución que depuso á Lerdo de Tejada y elevó
                    á la Presidencia al Gral. D. Porfirio Díaz dió á éste una
                    posición más libre que la que asumió su antecesor al su-
                    bir al poder; no recogió, como él, una herencia que debie-
                    ra respetar, ni una tradición con que fuera necesario
                    transigir; llevado al Gobierno por la violencia revolucio-
                    naria, no tenía con el pasado compromiso alguno, sino que
                    sentía el apremio de la lógica para destruirlo. Llegaba,
                    sí, al poder rodeado de héroes que tenían derechos supe-
                    riores á los que da la tradición en la sucesión legal y pa-
                    cífica; pero además de los fueros que le daba la jefatura
                    de una revolución que se había hecho en su nombre y que
                    tenía mucho más de personalista que de reivindicadora,
                    ninguno de sus cabos le igualaba en historia ni se le acer-
                    caba en popularidad ni en prestigio.   Gobernó con ellos,162 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    pero no compartió con ellos el poder; su acción fué, en los
                    comienzos, embarazada, pero siempre dominadora; stó
                    apoderó de los Estados por la cohesión de sus amigos que
                    se habían hecho gobernadores, y una evolución política
                    realizada en 1880 exigió el cambio de la cohesión revolu-
                    cionaria en adhesión personal como título para estar uni-
                    do á su suerte.
                    
                    Entró á sustituirlo el Gral. D. Manuel González en la
                    administración; pero la dirección política permaneció, du-
                    rante aquel período, en manos del Gral. Díaz. Al recobrar
                    el poder en 1884 había ya preparado la nueva y trascen-
                    dental evolución que transformaría su gobierno, y que
                    se realizó dando entrada en la política y en la adminis-
                    traición á los elementos poderosos que con Juárez y Lerdo
                    se habían ejercitado en las luchas y educado en el mane-
                    jo de los negocios públicos. Libre de principios extremos,
                    repugnando la intolerancia y dotado de un espíritu de
                    benevolencia para el que no había falta imperdonable ni
                    error que imposibilitara el olvido, planteó una política
                    de conciliación que no tuvo la aprobación de todos; pero
                    con ella quitó las barreras á los tradicionalistas del na-
                    cimiento, de la creencia y de l¡i historia y los hizo entrar
                    en el campo neutral ó promiscuo de su política, en que,
                    si no se fundían, se mezclaban todas las convicciones.
                    Desde entonces su poder, que había sido siempre domina-
                    dor, pero no exento de violencia, no encontró obstáculo
                    alguno en un camino que el interés común le allanaba.
                    Guardó siempre las formas, que son la cortesía de la fuer-
                    za. Todas las clases, todos los grupos que clasifica una
                    idea, un estado social ó un propósito estaban con él, no
                    como vencidos, sino cobijados; así, cuando el elemento
                    social estaba de su parte, el político no podía ser ya ob-
                    jeto de preocupaciones.
                    
                    La dictadura benévola podía desenvolverse entoncesL\ DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    loJ,
                    
                    en medio del asentimiento general, formado de respeto
                    y de admiración, de temor y desconfianza, de sugestión
                    trasmitida, hasta de costumbre aceptada y aun de preocu-
                    pación contagiosa. El régimen del Gral. Díaz era transito-
                    no por personal; para realizar el absurdo de un gobierno
                    sin partidos, lo fundó sobre un programa sin principios;
                    logró borrar pronto la revolucioa y estuvo á punto de
                    borrar los credos, y por no ser obra de partido, la suya se
                    desenvolvió como amplia y noblemente nacional. Duran-
                    te los veintiséis años de su segunda administración, Méxi-
                    co vivió bajo la dictadura más fácil, más benévola y más
                    fecunda de que haya ejemplo en la historia del Continen-
                    te americano.
                    
                    La extraordinaria duración de su gobierno fué resulta-
                    do del buen éxito, y no es presumible que fuese un propó-
                    sito deliberado desde el primer día; los procedimientos
                    seguidos venían aconsejados por las circunstancias suce-
                    sivas y dictados por una habilidad suma; pero el sistema
                    de gobierno, implantado desde el principio á pesar de los
                    obstáculos, de asumir todo el poder, era producto de la
                    convicción y fruto de la experiencia. El Gral. Díaz, por
                    el alto sentido práctico eon que juzgaba la historia que
                    había vivido, sabía quizá tanto como Lerdo de Tejada por
                    sus estudios de ciencia política; conocía los peligros cons-
                    titucionales del Gobierno, los amagos de los gobiernos lo-
                    cales, las asechanzas congresistas; por cierto que pertene-
                    ció al Congreso de 61 que quiso deponer al Presidente
                    autor de la Reforma, y fué de los que lo sostuvieron con-
                    tra los cincuenta y un disidentes que le pidieron su di-
                    misión. Sabía, como Juárez y Lerdo, que Comonfort tenía
                    razón al declarar imposible el equilibrio de los poderes
                    
                    públicos que la Constitución establecía.
                    
                    *
                    
                    * »
                    
                    Desde 1857 acá hemos tenido una Constitución venéra-
                    lo154
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    da, idolatrada, cuyo elogio se lian transmitido las genera-
                    ciones, como pasan de padres á hijos las laudatorias á los
                    dioses que dan el pan, el sol y el aire, y que pueblos ente-
                    ron repiten después con maquinal constancia é invencible
                    superstición. Este sentimiento extravagante, adoración
                    de ídolo sagrado á una ley que sólo debe ser estimada por
                    su utilidad y acatada para el bien común, tuvo su utilidad
                    como fuerza fanática en un pueblo hecho á desconocer la
                    autoridad de las leyes y á revolverse contra todas. Ya
                    hemos observado que la victoria de la Constitución de-
                    terminó una etapa nueva en nuestro progreso político:
                    antes de 67, todas las revoluciones tenían por base el des-
                    conocimiento de la Constitución vigente; de entonces acá,
                    todas las revueltas han invocado la Constitución ultrajada.
                    Esto quiere decir que salimos, merced á la obra de 57 y las
                    luchas que provocó, del período caótico en que se buscaba
                    una forma de gobierno, y ésta se fijó mediante la reforma
                    social que los liberales del Constituyente, derrotados en
                    el Congreso, dejaron planteada, necesaria é inevitable. En
                    ese sentido, todo encomio es pálido en honor de los progre-
                    sistas de 57.
                    
                    Durante la guerra de Tres Años, los conservadores
                    combatían para destruir la Constitución y los liberales
                    para abrirle brechas. Cada ley de Juárez era una reforma
                    ó adición que desgarraba un artículo de la ley que tenía
                    por bandera y que reformaba á cañonazos. Las leyes de
                    Reforma fueron superiores á la Constitución, puesto que
                    la modificaban sin los requisitos necesarios, hasta que en
                    1873 entraron en ella para no seguir ofendiéndola. Des-
                    pués de su época de legislador supremo, depuesta ya la
                    autoridad que lo mantuvo sobre la Constitución, Juárez
                    pidió al pueblo, con discreta cortesía, que le permitiera
                    hacer en la organización del Gobierno profundas modifi-
                    caciones, opuestas diametralmente á las teorías y á lasLA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    156
                    
                    convicciones del Congreso Constituyente. Y sin embargo
                    de esas demostraciones contra la Ley suprema, el senti-
                    miento de adoración por ella seguía firme en el pueblo,
                    incapaz de darse cuenta de las opiniones ni de los actos de
                    sus hombres de primera línea.
                    
                    Este sentimiento dejó de ser útil desde hace tiempo y
                    es hoy gravemente perjudicial. Después de más de medio
                    siglo de experiencia, y cuando una serie de presidentes, to-
                    dos hombres superiores de que podríamos enorgullecemos,
                    han hecho á una parte la Constitución y han establecido
                    la dictadura, el criterio, extraviado por la adoración de
                    la ley que se supone perfecta, culpa ciegamente á la co-
                    dicia de los gobernantes.
                    
                    Todos los presidentes han sido acusados de dictadura
                    y de apegarse al poder perpetuamente; pues bien, la dic-
                    tadura ha sido una consecuencia de la organización cons-
                    titucional, y la perpetuidad de los presidentes una conse-
                    cuencia natural y propia de la dictadura. En la organiza
                    ción, el Poder Ejecutivo está desarmado ante el Legisla-
                    tivo, como lo dijo Comonfort y lo repitieron Juárez y
                    Lerdo de Tejada; la acción constitucional, legalmente co-
                    rrecta del Congreso, puede convertir al Ejecutivo en un
                    juguete de los antojos de éste, y destruirlo nulificándolo.
                    La acción mal aconsejada de la Suprema Corte podría atar
                    al Ejecutivo, detener sus más necesarios procedimientos,
                    subordinar á propósitos políticos la independencia de los
                    Estados, y aun embarazar las facultades del Congreso
                    Los gobiernos locales pueden y han podido resolver d¿ h*
                    suerte de la Nación á poco que el gobierno central se com-
                    plique en dificultades, y tienen el poder, cuando menos, de
                    crearlas muy serias.
                    
                    Si los presidentes, ante estas amenazas, han procurado
                    someter todas las funciones públicas á su voluntad en
                    defensa le su interés propio, lo cierto es que, al guardar166 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    el suyo, salvaron el de la Nación, y no hay derecho para
                    asegurar que no lo tuvieron en cuenta. La dictadura se
                    habría impuesto en ei espíritu más moderado como una
                    necesidad, 6 habría aparecido al fin como resultante de
                    las fuerzas desencadenadas, después de todos los estragos
                    propios del desorden y la anarquía.
                    
                    Hecha la dictadura, que es el poder único y omnipoten-
                    te, su primera condición intrínseca es la perpetuidad. La
                    omnipotencia á término fijo es un absurdo, y ya que la
                    dictadura no puede contar con la eternidad, que la haría
                    divina, se ampara en lo indefinido, que no deja como fin po-
                    sible sino la incertidumbre de la muerte ó la incertidumbre
                    de la abdicación, que es también un acto de autoridad
                    suprema. La voluntad de ejercer el poder sin límites inde-
                    finidamente, que han mostrado los presidentes mexicanos,
                    no puede elogiarse como una virtud; pero es irremediable-
                    mente humana, y es insensato pretender que las institucio-
                    nes se corrijan con el ejercicio de virtudes excepcionales
                    y tenerlas por sabias cuando exigen en los funcionario*
                    cualidades de superhombre.
                    
                    Si según la concepción de Emerson, la humanidad pue-
                    de representarse por unos cuantos de sus grandes hom-
                    bres que la sintetizan, con más rtízón las épocas de los pue-
                    blos pueden representarse por los pocos hombres que las
                    han presidido. La historia de México independiente, en lo
                    que tiene de trascendental, cabe en las biografías de tres
                    presidentes: Santa Anna, Juárez y Díaz. El primero pare-
                    ce deparado para seguir en todos sus vaivenes, merced A
                    ra flexibilidad desconcertante, los movimientos contrarios
                    de un período sin orientación; época de anarquía de par-
                    tidos, de infidencia en los principios, de gobiernos que
                    revolucionan, de ejércitos que se rebelan, de vergüenzas
                    que no sonrojan y de humillaciones que no ruborizan.
                    Juárez, el dictador de bronce, reúne escondas las cualida-LA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    des del caudillo de la Reforma; tiene ia serenidad para
                    el acierto, la tenacidad para la perseverancia, la intole-
                    rancia para el triunfo sin concesiones; hace la reforma
                    social, consagra una constitución definitiva, fija la forma
                    de gobierno y encauza la administración. El Gral. Dial,
                    soldado con temperamento de organizador, hace dos revo-
                    luciones para establecer la paz, impone el orden que ga-
                    rantiza el trabajo á que aspiraban los pueblos cansados
                    de revueltas, favorece el desarrollo de la riqueza pública,
                    comunica los extremos del país, pone en movimiento
                    las fuerzas productivas y realiza la obra, ya necesaria y
                    suprema, de la unidad nacional.
                    
                    La vista sola de estas tres etapas de un pueblo que no
                    tería en 1821 ninguna vida política y que estaba condena-
                    do á comenzar su historia tan tarde, demuestra que se ha
                    avanzado mucho en la transformación de las sociedades.
                    Los escritores extraños, que atribuyen nuestro atraso eD
                    la práctica de las instituciones y en la educación política
                    á ineptitud é inferioridad de raza, tanto como á inmorali-
                    dad y perversión de sentimientos, se olvidan de que ha-
                    blan desde la cima de sus treinta siglos de historia. Nos-
                    otros parece que nos damos prisa á compendiar la nues-
                    tra, y nos sentimos necesitados á resumir en lustros los
                    siglos de la historia humana.
                    
                    La impaciencia de los pueblos cultos no sufre la torpeza
                    de nuestros primeros pasos, ni halla disculpa á los erra-
                    res de una nación nueva que se erige sobre la trabajosa
                    transformación de una raza. Nosotros, sometidos por su-
                    gestión á tal injusticia, en lugar de acudir á los razona-
                    mientos que la demuestren, nos contentamos con buscar
                    excusas que la aplaquen. Sin embargo, la única nación
                    autónoma y nueva que pudiera mostrarse como ejemplo de
                    organización tranquila y pronta, los Estados Unidos, se158
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    hizo, no por la transformación de un pueblo, sino por el
                    trasplante de Europa á América de una raza que venía
                    al Continente occidental á continuar su vieja historia.
                    
                    La nuestra, en la época constitucional, tiene de notable
                    que nuestros grandes presidentes han ejercido la dicta-
                    dura favoreciendo las evoluciones que cada etapa reque-
                    ría. No ha sido que un despotismo brutal haya hecho es-
                    trago* en los pueblos; es que la desproporción entre las
                    instituciones prometidas y las posibilidades de realiza-
                    ción, ha irritado la impaciencia de los hombres que han
                    puesto sus pasiones y sus fuerzas al servicio de los que
                    prometen de nuevo la vida popular libre y activa. En vez
                    del quietismo de las tiranías, hemos tenido con las dicta-
                    duras democráticas un movimiento de avance y una evo-
                    lución continuos.
                    
                    Pero bajo tal régimen, lo que no puede progresar y ha
                    tenido que permanecer estacionario, es la practica de las
                    instituciones, sin la que serán siempre una quimera la
                    paz permanente, el orden asegurado, que son el objeto de
                    la organización nacional, para conjurar peligros exterio-
                    res y realizar los fines de la vida en el seno de las socieda-
                    des. Quizá examinando á fondo los hechos y las circuns-
                    tancias, nos convenciéramos de que ello no era posible
                    antes de que concluyera la obra de la unidad nacional,
                    que es apenas de ayer, dado el alejamiento en que los
                    pueblos de la República vivieron; pero cuando esa obra
                    está realizada en las condiciones principales que la reve-
                    lan y la hacen sentir, nada más necesario ni más eficaz,
                    para llevarla hasta el fondo del sentimiento general, que
                    el cumplimiento de las instituciones comunes que juntan
                    ías aspiraciones y suman los esfuerzos en favor de pro-
                    pósitos y de ideales también comunes. Si la dictadura fué
                    necesaria en la historia, en lo porvenir no será sino unLA DICTADURA DEMOCRATICA
                    
                    peligro; si fué inevitable para sostener el Gobierno, que
                    no puede vivir con la organización constitucional, es
                    urgente despojarla de sus fueros de necesidad, poniendo
                    á la Constitución en condiciones de garantizar la estabi-
                    lidad de un gobierno útil, activo y fuerte, dentro de un
                    círculo amplio, pero infranqueable.LIBRO SEGUNDO
                    
                    LA DICTADURA EN LAS INSTITUCIONES
                    
                    CAPITULO X
                    
                    La elección
                    I
                    
                    Cuando por primera vez un adolescente se da cuenta
                    de lo que es una elección popular y el fin que tiene, la
                    idea se presenta á su espíritu en la forma más simple, y
                    es para él como una revelación de justicia que lo sedu
                    ce y que conquista su voluntad. La idea choca princi-
                    palmente por su sencillez, y es que tiene la simplicidad
                    de la teoría inmaculada. Las vísperas de la elección, ea-
                    ría ciudadano medita sobre el individuo más idóneo pa-
                    ra el cargo de que se trata, excluye á unos, reserva otros,
                    selecciona y clasifica, hasta fijar su preferencia en aquel
                    que reúne las mejores dotes y más promete por sus vir-
                    tudes cívicas y privadas. {Cómo no ha de hacerlo así,
                    cuando en el acierto va su propio interés y en el error
                    su propia responsabilidad? Llegada la hora del acto,
                    los ciudadanos desfilan ante la urna, depositando sus
                    cédulas; los escrutadores leen y cuentan; el presidente
                    declara los números y proclama al elegido del pueblo.
                    Nada más justo, ni más natural, ni más simple.162 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Aunque esta noción supone ya un gran número de
                    virtudes en ejercicio, mucho mayor es el que suponen
                    todavía sus consecuencias. El candor del adolescente,
                    desenvolviendo tras la teoría de la elección la del go-
                    bierno emanado del pueblo, piensa que cada elegido, ya
                    virtuoso de por sí, siente la fuerza de la opinión pública,
                    juntamente su sostén y su amenaza, y no podrá menos
                    que ser guardián celoso de los intereses generales y ac-
                    tivo promovedor del bien común. El hombre investido
                    de la dignidad que la elección le confiere y elevado con
                    la delegación del poder popular, que es el único poder
                    legítimo, se desprende de las pasiones comunes, se ins-
                    pira en la justicia, olvida ó desde el principio ignora
                    quiénes le dieron su voto y quiénes se lo rehusaron, y
                    con sólo el cumplimiento del deber y la subordinación
                    de sus actos á las leyes, llena el más amplio programa
                    del bien en el gobierno y de la equidad en la adminis-
                    tración. Así tiene que ser; pero si así no fuere, si por
                    un error bien remoto de los electores el designado de
                    la mayoría defraudare la confianza pública, la fuerza
                    de la opinión ó la acción de la ley puesta en ejercicio,
                    le arrojarán deil puesto para reemplazarlo por otro más
                    digno.
                    
                    No es una novedad <|ue haya menester demostración,
                    que los pueblos, cuanto menos cultos, más se asemejan á
                    los niños en el modo de pensar ; hay entre ellos de co-
                    mún un espíritu simple y sin malicia, que de buena fe
                    va al error y honestamente produce fracasos en el indi-
                    viduo y catástrofes en los pueblos. La uniformidad, pa-
                    ra la que basta una lógica embrionaria, parece propia
                    del estado de naturaleza; hace en los niños todos los ver-
                    bos regulares y en los pueblos nuevos todas las concep-
                    ciones políticas silogismos; aquéllos nos llevarían, si re
                    loa permitiéramos, al esperanto más duro, como ésto* hasLA ELECCION
                    
                    163
                    
                    ido, siempre que han podido imponerse, al jaeobismo mas
                    desastroso.
                    
                    El modo de concebir una elección y calcular sus con-
                    secuencias, que hemos demostrado en el adolescente, es
                    también el de nuestro pueblo; el de la reducida parte
                    de la Nación que es capaz de darse cuenta de su dere-
                    cho electoral, si deducimos de ella el número escasísimo
                    de los ciudadanos- de especial educación que medita sobre
                    los problemas de nuestra existencia política. El resumen
                    de esta concepción se encierra en dos supuestos ente-
                    ramente falsos: el primero, que la elección popular es
                    sencillamente realizable; el segundo, que la elección
                    efectiva pondrá orden en todo el organismo político. Y
                    si ya es bien corto el número de los que por excepciona-
                    les no aceptan el primero, todavía hay entre ellos, mu-
                    ehos que creen en la virtud extraordinaria de la elec-
                    ción efectiva.
                    
                    La concepción vulgar á que primero aludimos, pro-
                    duce, como gran error, graves consecuencias. Si hay la
                    convicción de que con sólo no estorbar la libertad del
                    sufragio los ciudadanos harán la elección con orden, sin
                    interés y hasta con sabiduría, y de que tal eleccióa pro-
                    duce seguramente el bien público, toda intervención que
                    estorbe aquella libertad debe justamente estimarse co-
                    mo un atentado criminal que no tiene atenuaciones ni
                    más explicación que el egoísmo despótico de quien dis-
                    pone de elementos de fuerza. Cuando de principio fa'so
                    se hace una inferencia lógica, la legitimidad de la cotí-
                    secuencia da á ésta brillos de verdad bastantes para
                    deslumhrar al vulgo; y el vulgo es la gran mayoría.
                    Cualquier periódico mal pensado y peor escrito, obra
                    por lo general de tendencias malsanas, se sirve de la
                    lógica de las consecuencias aplicada á los principio* que
                    de la ley fundamental se invocan, para adquirir, por la164 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Voz de publicistas anónimos, á fuerza de ignorados, ma-
                    yor prestigio en las masas, que el gobierno máa sensato
                    y de mejor mostrado patriotismo. Pero como el princi-
                    pio falso es nada menos que un precepto constitucional
                    que funda un derecho en «1 sistema democrático esta-
                    blecido por la Constitución, las querellas aparecen le-
                    galmente justas, por más que satisfacerlas sea llevar al
                    país á peores trances.
                    
                    Esta situación determina el perpetuo conflicto entre
                    la aspiración popular y la acción de los gobiernos que
                    han de atenerse á las necesidades y no á los principios,
                    porque los principios no obedecieron á las necesidades,
                    ni se inspiraron en las realidades que dominan al fin por
                    encima de todas las quimeras. Todas las revueltas han
                    invocado el derecho electoral, buscando fundir su ac-
                    ción en las tendencias de las masas y para dosprestigiar
                    á los hombres del poder; pero todas, al convertirse en
                    gobierno, han obedecido á la necesidad suprema de la
                    estabilidad y han tenido que burlar la aspiración dnl
                    pueblo, que, realizada, haría imposible la vida nacional.
                    Mientras el pueblo tenga el derecho de hacer lo que e'.
                    Gobierno tiene la necesidad de resistir, el país vivirá en
                    un estado de revolución latente,' capaz de revelarse en
                    cualquier momento de debilidad del organismo.
                    
                    Es inútil intentar la conciliación de dos extremos con-
                    tradictorios ; por esto es perdido todo esfuerzo consa-
                    grado á tranquilizar la conciencia pública, es decir, á
                    hacer la única paz verdadera, ni por medio de la elec-
                    ción, ni por el de la represión. Si en México se diera el
                    caso de una elección realizada por el sufragio univer-
                    sal, el primer cuidado del gobierno de ella emanado (si
                    pudiera subsistir), sería impedir que semejante fenóme-
                    no pudiese repetirse; porque el sufragio universal es el
                    enemigo necesario de todo gobierno establecido, el des-LA ELECCION
                    
                    165
                    
                    organizador de todo mecanismo ordenado, por una ne-
                    cesidad que brota de los artículos de nuestra Constitu-
                    ción que crearon la incompatibilidad. En cuanto á la re-
                    presión, puede hacer la paz, pero no constituirla; por-
                    que puede constituirse algo aun sobre asiento movible,
                    con tal que sea permanente, y la represión es un estado, pe-
                    ro no una sustancia; y este estado es, si se nos permite la
                    figura, la resultante inquieta de dos fuerzas variables.
                    
                    Todos los elementos conservadores de una sociedad
                    se ponen de parte del gobierno que asegura el orden,
                    porque del orden viven; prefieren la autoridad al ejer-
                    cicio de derechos que, cuando más, los conducirían á la
                    tranquilidad de que ya disfrutan sin necesidad de pro-
                    curársela ni de ponerla en peligro; pero los elementos
                    conservadores, que se encuentran siempre en las capas
                    altas de los pueblos, si son excelentes como pasividad y
                    resistencia, son poco menos que inútiles en la actividad
                    de las contiendas políticas, en las que tienen mucho que
                    perder y poco ó nada que ganar. Tan general es esta
                    verdad, que en pueblo tan intensamente demócrata y
                    tan ampliamente institucional como el norteamericana
                    la corrupción electoral que vicia el Parlamento y pudre
                    los tribunales, se debe principalmente á la abstención de
                    las clases superiores, que fingen desdén para esconder
                    su egoísmo.
                    
                    En cambio, la apelación al derecho y á las verdades ab-
                    solutas, que se muestran como ideales para agitar á los
                    pueblos, conmueven y exaltan á la mayoría consciente, que
                    viye de aspiraciones, porque las realidades de la existen-
                    cia hacen propender á los impacientes á un estado nue-
                    vo que siempre suponen mejor.
                    
                    He aquí un nuevo mal que se descubre: el campo so-
                    cial se divide en dos fracciones que deberían tener los
                    mismos intereses  y que no chocan en los países bien166 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    constituidos, por lo menos con motivo de la idea gene-
                    ral del sufragio como base de la estabilidad de la Na-
                    ción. El remedio consiste en hacer que la elección no
                    sea una amenaza del orden, sino la base de la seguridad ¡
                    así, los elementos conservadores y los que proclaman el
                    derecho tendrán un interés común en garantizar el su-
                    fragio. Y en cuanto á los gobiernos, tendrán un alivio
                    de tareas, cuando emanados de la elección, sepan que en
                    el sufragio popular encuentran el descargo de muchas
                    responsabilidades y en la fuerza de los partidos una ba-
                    se sólida de sustentación.
                    
                    II
                    
                    Lejos de ser fácil y sencillo, el acto electoral es el pa-
                    so más difícil de los pueblos regidos por un sistema más
                    ó menos democrático ó que á ese régimen aspiran. La
                    elección sincera y simple que hemos supuesto en la sec-
                    ción precedente, es imposible en cualquiera sociedad,
                    porque en toda agrupación humana, grande ó chica, hay
                    intereses distintos que luego se hacen antagónicos, pug-
                    nan por prevalecer y llegan forzosamente á la contienda
                    y á la lucha. Cuando no hay oposición de ideas de go-
                    bierno, los intereses que se mueven son, por . lo menos,
                    tendencias á poner la autoridad en manos propicias, y á
                    falta de partidos de programa, se llega á los partidos de
                    personas, que son estériles para el bien. La lucha de los
                    intereses opuestos no se hace sino ganando partidarios,
                    convenciendo, seduciendo, imponiendo y cohechando; es
                    decir, privando á cuantos se pueda de la libertad abso-
                    luta y paradisíaca que les da la teoría pura. Entre los
                    solicitados, unos resisten porque tienen ideas personales,
                    que son boletas blancas en la contienda; ceden otros; los
                    tímidos se esconden, los soberbios se abstienen, y los po
                    eos que iniciaron ó que tomaron la parte activa y eficazLA ELECCION
                    
                    167
                    
                    del movimiento, han esbozado así los partidos políticos,
                    aunque sea sólo de modo accidental y pasajero. Guando
                    la repetición de actos electorales sucesivos y los resul-
                    tados del gobierno que establecen caracterizan las ideas
                    de una y otra parte y deslindan sus tendencias; cuando,
                    por otro lado, los grupos directores se clasifican y to-
                    man una individualidad neta, cada parcialidad es un siste-
                    ma y cada sistema es un partido organizado. Llegados áeste
                    punto, la libertad ideal del ciudadano en la elección, prác-
                    ticamente se reduce á la libertad de escoger el partido
                    en que quiera inscribirse y á quien ha de someterse; con-
                    serva el derecho de votar, pero ha perdido el de elegir.
                    
                    La creación de los partidos es una necesidad que sur-
                    ge de la naturaleza de las cosas; no es una invención del
                    ingenio, sino un producto natural é inevitable de la li-
                    bertad electoral; por lo mismo, inventar partidos políti-
                    cos simplemente electorales para llegar por ellos á la
                    libertad de elección es pretender que la naturaleza in-
                    vierta sus procedimientos, y la naturaleza no se presta
                    á semejantes inversiones. Si todavía puede ser dudoso
                    el principio general de que la necesidad crea el órgano,
                    no lo es que hay absurdo en crear el órgano para pro-
                    ducir la necesidad de la función. Imposible la invención
                    del ferrocarril si antes no hubiese existido el comercio,
                    y en el orden social, es inútil inventar la unión cen-
                    troamericana que, sin embargo, se constituiría espontá-
                    neamente si Colombia ó México trataran de absorber
                    por violencia las cinco pequeñas repúblicas.
                    
                    Las obras que se realizan por efecto de las fuerzas
                    naturales, son imposibles para el esfuerzo humano; la
                    intervención del hombre es útil en tales casos, sólo para
                    poner á las fuerzas naturales en condiciones de obrar;
                    así, por ejemplo, si para que dos cuerpos se combinen
                    químicamente se requiere una temperatura elevada, es166
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    inútil querer forzar el fenómeno, en tanto que éste se
                    realizará inevitablemente si el químico interviene calen-
                    tando el matraz para hacer posible la aceión de las mis-
                    teriosas fuerzas del átomo.
                    
                    Crear un partido para fines electorales en México, es
                    mero diletantismo político; lo que importa es hacer po-
                    sible la elección, suprimir las causas perturbadoras que
                    imposibilitan la acción espontánea de las fuerzas socia-
                    les; éstas se encargarán de producir los partidos, de
                    crearles su mecanismo, de darles movimiento y de ar-
                    marlos para la eficacia de sus funciones. Las causas per-
                    turbadoras están en la misma Constitución que se trata
                    de cumplir, y no en los gobiernos á quienes siempre se
                    ha inculpado.
                    
                    La organización de los partidos políticos, en los paí-
                    ses democráticos, es complicadísima, aun en aquellos en
                    donde parece más simple sólo porque no muestra, en el
                    acto de la elección, la trama de los hilos á la simple vis-
                    ta; y no puede ser de otro modo, supuesto que toda ac-
                    ción uniforme de elementos múltiples y complexos su-
                    pone subordinaciones y disciplinas que no se obtienen
                    sino en virtud de procedimientos aceptados, de reglas
                    fijas, de sanciones reconocidas; y requieren unidad que
                    necesita directores y aun casi la abdicación de ideas per-
                    sonales.
                    
                    Ninguna organización ha sido inventada, sino el pro-
                    ceso de una evolución y como urgida por una necesidad
                    del funcionamiento de los partidos. Tomemos la más ca-
                    racterística, y que nosotros, por razones poderosas, pro-
                    pendemos á imitar: la de los partidos norteamericanos.
                    
                    Sabido es que al retirarse Wáshington de la vida pú-
                    blica, por el movimiento de patriotismo civil más alto
                    que se conoce en la Historia, se marcaron las grandes
                    líneas de los dos partidos nacionales ¡ el federalista (1*07LA ELECCION
                    
                    169
                    
                    republicano) y el republicano (hoy demócrata); el pri-
                    mero, con Hámilton, aspirando á la unidad federal para
                    dar fuerza á la nación; el segundo, con Jéfferson, defen-
                    diendo la independencia local contra una absorción pe-
                    ligrosa para los Estados y para el altivo derecho del in-
                    dividuo. Sabido es también que estos dos elementos, re-
                    presentantes de las fuerzas centrípeta y centrífuga que
                    hacen el equilibrio del sistema, y que tan maravillosa-
                    mente sirvieron para constituir á la Nación sobre sus
                    principios constitucionales, han llegado á borrar sus di-
                    ferencias cuando el equilibrio federal, definitivamente
                    establecido, las desvaneció como por acción automática;
                    pero la vida de los dos partidos quedó como parte inte-
                    grante de las instituciones, y se mantienen, á pesar de la
                    evolución que ha venido á confundir sus credos, por me-
                    ra necesidad de renovación del poder, con miras prin-
                    cipalmente personales de sus adeptos; pero en el fondo,
                    y sobre todo, como ruedas indispensables de la maqui-
                    naria política. ¡Tan necesaria así es la constitución de
                    partidos para la vida constitucional!
                    
                    En 1796 fueron candidatos de ambos partidos Adams
                    y Jéfferson, por un sentimiento espontáneo que no hubo
                    menester de declaraciones expresas. Cuatro años después
                    los entonces republicanos, unánimes en la candidatura
                    de Jéfferson, no lo estaban respecto á la designación de
                    vicepresidente, y para concertarla, se reunieron los di-
                    putados y senadores del partido en la primera asamblea
                    de nominación. Este sistema se continuó sin gran obs-
                    táculo hasta 1816; en 1820, el nominating caucus de los
                    diputados y senadores, que venía siendo atacado por
                    usurpador del derecho del pueblo, aunque se reunió, no
                    se atrevió á nominar un candidato, y en 1824 el nomina-
                    do sólo obtuvo tercer lugar en los comicios, lo que acabó
                    
                    de desprestigiar el sistema. Había que cambiarlo, y así,
                    
                    n170
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    en 1828 la candidatura de Jackson fué recomendada por
                    la legislatura de Tennesee y por asambleas populares,
                    dando origen á que un año antes de la elección siguien-
                    te se reuniesen convenciones compuestas, para uno y otro
                    partidos, de delegaciones de los Estados; y para la mis-
                    ma elección, una convención de jóvenes, aceptando la no-
                    minación de los nuevos republicanos nacionales, adoptó
                    diez resoluciones que constituyeron la primera platafor-
                    ma de partido. En 1836 sólo hubo convención del par-
                    tido demócrata, hasta que en 1840 la hubo de ambas
                    partes y se regularizó el procedimiento. Bryce, á quien
                    seguimos en esta relación, añade: "Este precedente se
                    ha seguido en todas las luchas subsecuentes, de tal mo-
                    do, que las convenciones nacionales nominativas de los
                    grandes partidos son parte hoy de la maquinaria regu-
                    lar política tanto como las reglas que la Constitución
                    prescribe para la elección. El establecimiento del siste-
                    ma coincide (y la representa) con la completa democra-
                    tización social de la política en el tiempo de Jackson."
                    
                    Cuarenta y cuatro años se consumieron y doce ejerci-
                    cios electorales que emplearon para llegar á la organiza-
                    ción del sistema que prepara á cada partido y lo pone
                    de acuerdo para la campaña; esto en un pueblo sajón
                    que venía preparándose para la vida democrática des-
                    de antes de pensar en su independencia. Ta en lo ex-
                    puesto se ve la complicación del mecanismo, y sólo nos
                    hemos concretado á la elección presidencial, suponiendo
                    formada la convención nominativa; pero para reunir la
                    convención se necesita un mecanismo preparado en ca-
                    da partido, y como hay que elegir, además de los dipu-
                    tados, los funcionarios del Estado, los del distrito, los
                    del condado y los de la ciudad, todo lo cual pone en
                    actividad frecuentísima el mecanismo, éste necesita te-
                    ner un comité permanente en cada localidad, y un pro-LA ELECCION
                    
                    171
                    
                    cedimiento perfectamente definido, consuetudinario, más
                    conocido aún que las leyes electorales de orden público,
                    para que la base de toda elección, y por consiguiente, de
                    toda nominación de candidatos, sea la voluntad de los
                    electores primarios.
                    
                    El comité permanente convoca en cada caso á la
                    asamblea primaria, que en teoría se compone de todos
                    los ciudadanos aptos para el voto en la más pequeña cir-
                    cunscripción ; la primaria elige los candidatos del par-
                    tido para funcionarios de su propia localidad y nombra
                    delegados para que concurran en su representación á
                    convenciones de circunscripción más amplia y que com-
                    prende delegados de varias primarias, convención ésta
                    de electores secundarios que deben designar candidatos
                    para puestos superiores del Estado. Pero todavía hay
                    más: la convención secundaria tiene, á veces, la tarea
                    de nombrar nuevos delegados á una convención tercia-
                    ria y superior, la Convención nacional, que hace la no-
                    minación de candidatos á la presidencia y vieepresiden-
                    cia de la Eepública. Considérese la complicación de este
                    mecanismo con todos los detalles que cada etapa requie-
                    re, y téngase presente que la tarea principia en la re-
                    unión de la asamblea primaria, en la cual se discute el
                    derecho de cada concurrente para votar su calidad de
                    miembro del partido, su conducta para con éste en pre-
                    cedentes elecciones; trabajos que dan coyuntura para
                    que comience desde la iniciación el peligro del fraude,
                    del cohecho, de la influencia de los profesionales y el
                    alejamiento de los hombres de buena fe que no quieren
                    exponer á juego tal su circunspección.
                    
                    Este sistema no es rigurosamente uniforme en todo
                    el país; pero las modificaciones locales no alteran su
                    esencia. No fué inventado, sino que se formó en medio
                    siglo por experiencias y trabajos de acomodación; no es172
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    emanación de la raza, por mucho que las condiciones de
                    ésta ayudaran á su desenvolvimiento, sino derivación
                    de la vitalidad de los partidos; pero los partidos se ini-
                    ciaron y se fortalecieron porque había, desde el princi-
                    pio, derecho electoral respetado, campo de acción libre.
                    
                    Por aquí debemos comenzar nosotros. Cuando haya
                    confianza en la libertad electoral, se pensará en ir á los
                    comicios; se irá á ellos; habrá que reportar los males de
                    los primeros ensayos, que no serán leves; los partidos se
                    constituirán sobre el modo americano, porque no habrá
                    otro, dada nuestra forma de gobierno, y los partidos
                    descansarán en un mecanismo tan complicado, difícil y
                    expuesto al fraude y á la corrupción, como el de los Es-
                    tados Unidos. La democracia y el gobierno federal son
                    muy difíciles. Su base fundamental, la elección popular,
                    está muy lejos de responder al sueño de purezas del ado-
                    lescente y de los pueblos niños.
                    
                    m
                    
                    Cuando la libertad en la elección está asegurada, en
                    -jad uoo b^jboo tfj ou ODijqnd jspod ja anb gp opt;ugs \a
                    secuciones ni la estorba con influencias decisivas, los
                    ciudadanos van espontáneamente á los comicios, y á
                    poco con creciente interés, pero mediante dos condicio-
                    nes: que tengan conciencia del objeto del acto, y que
                    supongan un valor real en su voto para el resultado de
                    la elección. Contra ambas condiciones estableció la Cons-
                    titución, por respeto á los manuales franceses de demo-
                    cracia, el sufragio universal y el voto indirecto; el pri-
                    mero, porque todos los hijos del país tienen derecho á
                    intervenir en la designación de sus mandatarios, pues-
                    to que todos son iguales; y el segundo, porque los ciu-
                    dadanos mexicanos, con esa universalidad, eran incapa-
                    ces de elegir bien y hasta de elegir mal.LA ELECCION
                    
                    173
                    
                    La Comisión proyectista de 57 no había incurrido en
                    tal error: con el buen sentido que la colocó siempre tan
                    por encima del Congreso en conjunto, terminaba el ar-
                    tículo que expresaba las condiciones de la ciudadanía
                    con este inciso: "Desde el año de 1860 en adelante, ade-
                    más de las calidades expresadas, se necesitará la de sa-
                    ber leel y escribir." Pero el diputado Peña y Ramírez
                    "se declara en contra del requisito de saber leer y es-
                    cribir, porque no le parece muy conforme con los prin-
                    cipios democráticos, y porque las clases indigentes y me-
                    nesterosas no tienen ninguna culpa, sino los gobiernos
                    que con tanto descuido han visto la instrucción públi-
                    ca." Arriaga, á quien parece que los continuos ataques
                    de sus mismos correligionarios desde las conferencias
                    de la Comisión, habían hecho dudar de su propio crite-
                    rio, contestó "que no encontraba qué contestar á las ob-
                    jeciones del preopinante," conferenció con sus compa-
                    ñeros de comisión, y ésta retiró el inciso ñnal del ar-
                    tículo. (*) Así, tan sencilla y brevemente, sin concien-
                    cia de la gravedad de la resolución y por unanimidad
                    de votos, el Congreso cerró las puertas á la democracia
                    posible en nombre de la democracia teórica. El Gobier-
                    no tenía la culpa de que los indigentes no supieran leer
                    y escribir; aquel gobierno que en treinta y cinco años
                    de independencia, de revueltas y de penuria no había
                    difundido Ja instrucción por todas partes; y la exclu-
                    sión de los analfabetos se veía por la unanimidad de los
                    diputados, no como una medida de orden político, sino
                    como un artículo de código penal que castigaba la ig-
                    norancia injustamente.
                    
                    El sufragio no es simplemente un derecho: es una
                    función; y requiere, como tal, condiciones de aptitud
                    que la sociedad tiene el derecho de exigir, porque la
                    
                    (*) Zarco—Op. Cit__Sesión del Io de Septiembre.174 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    función es nada menos que la primordial para la vida
                    ordenada de la República. Es tan función como la del
                    vecino que sirve como jurado, y que dentro de las ins-
                    tituciones libres tiene el derecho de ser inscripto en las
                    listas de los jueces populares; pero que debe reunir, pa-
                    ra que la tarea se le confíe, determinadas condiciones que
                    aseguren su idoneidad. El voto no se ejerce en perjui-
                    cio del ciudadano, sino á cargo de la suerte del cuerpo
                    social, y sólo un extravío incomprensible de criterio y
                    del sentido común puede haber puesto el derecho de
                    cada hombre encima de los intereses de la Nación para
                    abrumarla, agobiarla y aplastarla.
                    
                    El sufragio universal produce en todos las países la
                    aparición de elementos perturbadores; es decir, de ele-
                    mentos que obstaculizan la expresión genuina de la vo-
                    luntad consciente en la elección popular; pero en los
                    adelantados, aunque tales elementos son perjudiciales,
                    se dominan por la población activamente libre, que es-
                    tá en mayoría, ó causan, al fin, un mal tolerable. En
                    los Estados Unidos, los negros y los inmigrantes nuevos
                    y pobres son electores que gana el cohecho de los profe-
                    sionales de la política ó el engaño de los juglares de los
                    comicios: son una minoría; pero ya se señalan como
                    muy peligrosos por todos los tratadistas americanos. En
                    Inglaterra, la influencia de los grandes terratenientes ha-
                    ce elemento perturbador á los arrendatarios y cultivado-
                    res. En Francia lo son los obreros de las grandes fábri-
                    cas mediante la intervención de los patrones bien quis-
                    tos ; pero estos grupos subordinados no llegan á prevalecer
                    en lo general de la elección, y, por lo tanto, son simple-
                    mente perturbadores. Para nosotros el setenta por ciento
                    de analfabetos no es un elemento perturbador en la ex-
                    presión de la voluntad del pueblo, sino destructor de la
                    elección misma. Si se exceptúan las ciudades de importan-LA ELECCION
                    
                    '.75
                    
                    cia, que son bien pocas, el resto del país da distritos elec-
                    torales en que la gran mayoría es de iletrados que des-
                    conocen por completo el sistema de gobierno; y no es
                    aventurado asegurar que, del total de circunscripciones,
                    en una quinta parte el mayor número de los llamados
                    ciudadanos pertenecen á la raza indígena y no tienen si-
                    quiera las nociones de ley, nación, presidente, congreso
                    ni estado. Para que haya la voluntad del pueblo, que es
                    la expresión obligada de todo teorizante conocido, es pre-
                    ciso que cada ciudadano tenga voluntad, y la voluntad es
                    
                    imposible sin el conocimiento del asunto que ha de mo-
                    verla.
                    
                    En estas condiciones, el setenta por ciento de los elec-
                    tores no son sino materia disponible para la violación de
                    la voluntad de los ciudadanos que en realidad la tienen;
                    y como aquéllos son, por vicio secular, sumisos y obedien-
                    tes á la autoridad que de cerca los manda, han sido, sin
                    excepción de lugar ni tiempo, la fuerza de que los gobier-
                    nos se han servido para evitar la elección libre y hacerla
                    en provecho de sus propósitos. El arma es de dos filos:
                    cuando la emplea el poder central, somete á los Estados;
                    cuando la usa el gobierno local, el federal no cuenta con
                    la opinión de sus partidarios en el Estado para equilibrar ó
                    rebajar la fuerza agresiva del poder local rebelde. La
                    elección ha estado siempre (con rarísimas excepciones que
                    sólo ocurren durante períodos revolucionarios,) en ma-
                    nos del gobierno general ó en la del gobernador; pero to-
                    davía se invocan hoy las teorías de la democracia para
                    sostener este estado vergonzoso y lamentable; y se culpa
                    al poder de emplear tal procedimiento, sin meditar que
                    es lo menos malo que puede resultar de la institución ab-
                    surda, puesto que mucho peor sería para el país que los
                    agitadores codiciosos, siempre de mezquina condición,176
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    sustituyeran al poder en el privilegio de hacer y desha-
                    cer gobiernos, congresos y tribunales.
                    
                    El principio verdaderamente democrático de sufragio
                    universal, consiste en extender el derecho de voto al ma-
                    yor número de miembros del cuerpo social, calificados por
                    su aptitud, y sin hacer exclusiones por motivos de naci-
                    miento, condición social ó pecuniaria ó cualquiera otro
                    que constituya privilegio. Como no hay signos exteriores
                    que revelen la aptitud electoral y las leyes tienen que dar
                    reglas generales, se han buscado cualidades que hagan
                    presumir la probabilidad de la aptitud, considerándose
                    dentro de la condición de aptitud, no sólo el conocimiento
                    del acto y su objeto, sino el interés de desempeñarlo bien.
                    En Francia la cultura general y el espíritu democrático
                    han llevado la ley hasta el sufragio de todos los varones
                    mayores de edad; el número reducido de analfabetos no
                    puede influir sensiblemente en la elección. En Inglaterra,
                    que hizo elecciones durante cinco siglos para llegar en el
                    XIX á su estado democrático actual, se requieren condi-
                    ciones basadas en la renta; pero ésta es tan baja, que el
                    Reino Unido cuenta con cerca de siete millones de elec-
                    tores. En los Estados Unidos, la enmienda constitucional
                    que dió el voto á los negros se , considera ya por propios
                    y extraños tratadistas como un error grave que ha de
                    poner á la gran nación bajo la amenaza de peligros muy
                    serios, y desde luego ha impuesto la necesidad, á los
                    políticos del Sur, de acudir á juegos de cubiletes para
                    engañar á la gente de color y burlar su derecho de ele-
                    gir.
                    
                    El requisito de saber leer y escribir no garantiza el
                    conocimiento del acto electoral; pero da probabilidades
                    de él y facilidades de adquirirlo; y de todas maneras
                    alentará á los electores y animará á los políticos la cer-
                    teza de que la lucha es posible por la exclusión de la masaLA ¿LECCION
                    
                    177
                    
                    ignorante, en quien sólo puede obrar la acción de la fuerza
                    para el desempeño de su función mecánica. Cuando la
                    elección libre y posible dé nacimiento á partidos, aun-
                    que sean en el fondo personalistas, ellos se encargarán de
                    la enseñanza del elector por medio de publicaciones que
                    no sólo lo pondrán al corriente de la función y su objeto,
                    sino que le llevarán con sus discusiones, aun exageradas y
                    violentas, noticias de sus propósitos, conocimiento de
                    sus medios y la fisonomía de sus hombres.
                    
                    Ninguna calidad restrictiva más liberal que ésta á
                    que nos referimos, puesto que puede adquirirse con faci-
                    lidad y en unos cuantos meses; y si no hay que esperar
                    en pueblo negligente para el derecho político, que cada
                    hombre se proponga aprender á leer y escribir por el
                    afán de ser elector, no es ilusión suponer que el interés
                    de aumentar el número de votos induzca á los partidos
                    á acrecentar el de escuelas de adultos en regiones que
                    les sean adictas. El progreso de la instrucción que en
                    los últimos veinte años ha sido notable, aumentará de
                    día en día el cuerpo elector y ampliará el régimen demo-
                    crático natural y espontáneamente. Así pasó en Inglate-
                    rra con el requisito de la renta, mucho menos dependiente
                    de la voluntad del individuo: en el siglo XV, el monto de
                    la renta anual requerida era de veinte chelines; pero el
                    aumento de la riqueza en numerario y el desarrollo de
                    la agricultura y de las industrias rebajaron el valor de la
                    moneda gradual y constantemente, y la renta de veinte
                    chelines fué siendo menos importante y acabó por ser
                    irrisoria, haciendo crecer notablemente el número de los
                    rentistas electores. Aseguran escritores ingleses que los
                    veinte chelines del siglo XV significaban entonces tanto
                    como ochenta libras en la actualidad.
                    
                    La expresión "sufragio universal" es una de tantas
                    hipérboles que el lenguaje político ha inventado con178 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    perjuicio de la sanidad de las democracias; escogió la
                    palabra "universal'7 á falta de otra de mayor amplitud,
                    y sin embargo, en todos los países se establecen requisitos
                    del elector que no consienten, para el sufragio, el ad-
                    jetivo menos prometedor de "general." Palabras como
                    aquélla, como "soberanía " de los Estados fracciones
                    dentro del Estado federal, enferman á los pueblos de
                    alucinación, los llevan á los sacudimientos desconcerta-
                    dos del delirio y dañan el criterio aun de buena parte
                    de la clase directora del país. El sufragio que los prin-
                    cipios democráticos implican, no es el sufragio derecho
                    del hombre, atribuido á todos los habitantes, ni á todos
                    los nativos, ni siquiera á todos los varones, ni, por últi-
                    mo, á todos los varones mayores de edad; sino el sufra-
                    gio derecho y función política, garantía de la comuni-
                    dad, que debe extenderse á todos los que, y sólo á los
                    que tengan el conocimiento de la función bastante para
                    sentir la responsabilidad de ejercerla. A esta condición
                    se acerca en lo posible la restricción de saber leer y
                    escribir, que tiene la ventaja de abrir las puertas de la
                    ciudadanía real á todo el que quiera franquearlas; esto
                    no es excluir á nadie, ni establecer un sufragio me-
                    nos universal que el de los pueblos más demócratas.
                    
                    Ociosas parecerán, si no las viere insensatas, las pre-
                    cedentes alegaciones, á cualquiera que sea extraño al
                    medio en que se desenvuelven nuestras ideas políticas.
                    Increíble parecerá que sea menester discutir la exclusión
                    de los comicios de hombres que están por su ignorancia
                    tan incapacitados para el voto como los locos y los idio-
                    tas ; de hombres que no han entrado en la comunidad de
                    la vida consciente; para quienes no hay época; que no
                    han sentido ninguna evolución, por culpa ó sin culpa
                    del Gobierno; entre los que hay pueblos enteros que,
                    ignorando el idioma nacional, no se han puesto aún enLA ELECCION
                    
                    i 79
                    
                    contacto siquiera con el mundo civilizado, y tienen hoy
                    tanta noción de un gobierno nacional como la tuvieron
                    en el siglo XVI de los privilegios de la Corona. Y nada,
                    sin embargo, más urgente que la necesidad de esta dis-
                    cusión, porque hombres de gobierno, personas llamadas
                    á ejercer influencia en el orden de las ideas políticas,
                    se declaran aún, ó por resabios jacobinos, ó por demo-
                    cratismo convencional, ó por superchería malévola
                    mantenedores de buena fe del sufragio universal, cuya
                    modificación quieren ver como un atentado á los dere-
                    chos del pueblo.
                    
                    La democracia no tiene peores enemigos que los hom-
                    bres de las clases superiores que, cortesanos de los erro-
                    res del pueblo, adulan las preocupaciones vulgares que
                    son el medio de especulación en aplauso y en obediencia.
                    Así la fe religiosa no tiene más dañoso enemigo que el
                    sacerdote sin conciencia que, para asegurar la fe de los
                    adeptos más humildes, alimenta en vez de combatir
                    las preocupaciones más miserables y predica palabras
                    que no cree, pero que contribuyen á asegurarle la sumi-
                    sión estúpida que explota.
                    
                    Los verdaderos ciudadanos deben desconfiar de todo
                    hombre público que combata y de todo gobierno que ob-
                    jete la restricción del sufragio. La defensa de la univer-
                    salidad del voto revela el propósito solapado de excluir
                    á todo el pueblo de los intereses públicos.
                    
                    IV
                    
                    La sucesión en el supremo poder ha sido el problema
                    capital de la constitución de los pueblos, á contar de los
                    primitivos. Las tribus errantes, los pueblos nómadas,
                    reconocen como jefe al que los guía en la guerra y se
                    consagra con la victoria; vencidos, se someten al mando
                    del jefe vencedor. La sucesión se determina por el ase-180 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    sinato del caudillo ó por su derrota en la rebelión atre-
                    vida de un grupo conspirador, y entonces el pueblo tie-
                    ne por general y rey al asesino ó al rebelde que se impo-
                    ne y á quien se aclama por admiración y miedo, y por-
                    que su misma acción revela que reúne las condiciones
                    de valor y fiereza que son las que la horda necesita en
                    su capitán. Cuando el jefe alcanza el prestigio bastante
                    para elevarse sobre sus tribus hasta hacerse ver como
                    de especie superior, establece la sucesión hereditaria,
                    que es la primera forma de trasmisión pacífica del poder;
                    el rebelde, para suplantarlo, lo mata y acaba también
                    con sus hijos; pero con esto confirma en el sentimiento
                    popular el derecho de sucesión, puesto que hace des-
                    aparecer á los herederos para establecer su derecho ya
                    secundario de feroz y fuerte.
                    
                    Más tarde se inician las nacionalidades y los jefes
                    conquistadores y prestigiados ligan su autoridad y su
                    derecho al mando con el principio religioso, que le da
                    un prestigio nuevo y un origen sagrado; la sucesión
                    toma lugar en las leyes del pueblo y comienzan las fa-
                    milias reinantes; las rebeliones no se hacen ya contra un
                    hombre, ni basta la desaparición de los descendientes di-
                    rectos; se necesita derrocar á la dinastía. De todas ma-
                    neras, la constitución de las sociedades políticas ha en-
                    trado en una nueva etapa que vale un progreso impor-
                    tante : la sucesión es legal; el usurpador se acoge á la
                    ley, se ampara con el principio religioso y funda en am-
                    bas su propia dinastía. La evolución que se opera des-
                    pués con respecto al poder real hasta llegar á las limita-
                    ciones de las modernas monarquías, no importa para el
                    objeto de la sucesión en el jefe supremo, que sigue sien-
                    do mera y puramente legal, puesto que no obedece sino
                    á las reglas preestablecidas para encontrar al titular de
                    la corona.LA EL3CCION
                    
                    181
                    
                    En la tercera y última etapa, el poder supremo se
                    confiere por elección popular y período determinado; la
                    ley no da reglas para definir á quién toca la sucesión del
                    poder, sino para establecer por quiénes y en qué forma
                    debe designarse al sucesor. La sucesión entra en un nue-
                    vo período que perfecciona el sistema constitucional,
                    conduciéndolo á obtener las ventajas de la renovación
                    y la firmeza que debe dar al jefe del gobierno la opinión
                    pública que lo consagra y ha de sostenerlo.
                    
                    Tal ha sido, en el movimiento general del mundo, la
                    evolución sucesional del poder, y por más que la histo-
                    ria humana cuenta ya muchos siglos, las formas de su-
                    cesión se reducen esencialmente á las que caracterizan
                    las tres grandes etapas: la usurpación por la fuerza, la
                    designación por la ley, la elección por el pueblo.
                    
                    Como sucede con todas las clasificaciones generales que
                    proceden de la observación analítica de la historia, no es
                    la expuesta uniforme en todas las épocas ni en todos los
                    pueblos del mundo, si ha de buscarse en casos especia-
                    les y pretendiendo encontrar el tipo puro de cada etapa.
                    Hay en la antigüedad pueblos de régimen electivo, pero
                    incompleto y sobre todo pasajero, que se pierde des-
                    pués como para que el pueblo excepcional obedezca á la
                    ley necesaria de la evolución progresiva.
                    
                    En los tiempos modernos sucede también con ésta
                    lo que con todas las grandes clasificaciones: hay hi-
                    bridación, como la de los idiomas en las fronteras de
                    los pueblos que los hablan distintos; hay matices, como
                    los de los colores en contacto; por último, hay confusio-
                    nes que extravían el criterio de análisis, entre las leyes
                    y las prácticas, entre lo supuesto y lo realizado y entre
                    lo accidental y lo permanente. La observación atenta y
                    sin preocupación descubre siempre los caracteres esen-
                    ciales de la etapa.182 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    En los pueblos latinos de América, que no tienen un
                    desenvolvimiento espontáneo, sino que fueron influidos
                    por otros de historia más adelantada y se vieron suje-
                    tos á un forma de gobierno anómala no producto de sa
                    propia evolución, el movimiento de avance sufrió pertur-
                    baciones que aún persisten, después de haberlos hecho
                    romper la marcha regular de los pueblos tipos de Eu-
                    ropa. Durante los siglos del virreinato, no pasaron á la
                    segunda etapa, sino que, anulada su fuerza de creci-
                    miento, permanecieron sin acción evolutiva, y al con-
                    quistar su independencia, se encontraron llenos de las
                    ideas más avanzadas de los pueblos transformados; pero
                    faltos del desarrollo armónico que da fuerza y equilibrio
                    á quien ha ejercitado en las luchas normales de la na-
                    turaleza todos los músculos del cuerpo y todas las fa-
                    cultades psíquicas. De aquí que las naciones latinas del
                    Continente tengan leyes de la última etapa y no hayan
                    salido aún, para la realidad de la sucesión del gobier-
                    no, del período de los pueblos primitivos.
                    
                    Apenas si la Argentina, Brasil y Chile, van logrando
                    dar á la transmisión del poder un tipo menos ajustado al
                    de la primera forma, porque los cambios debidos á la
                    violencia son en las tres naciones menos frecuentes. Una
                    modificación brusca, y por lo mismo poco digna de
                    confianza, ha mostrado en el Perú la sucesión legítima
                    de los últimos presidentes, no sin ensayos de revuelta
                    que amenacen el orden constitucional. Sólo la pequeña
                    república de Costa Rica, por causas que para nosotros
                    no tienen explicación suficiente, presenta una excepción
                    que no podría tomarse en cuenta sino estudiando á fon-
                    do su historia y el procedimiento íntimo de sus prácticas
                    y costumbres políticas.
                    
                    En cuanto á México, está clara y plenamente en la
                    primera etapa. Para no ir hasta el embrollo de la épocaLA ELECCION
                    
                    133
                    
                    de las revoluciones semanarias, tomemos la serie de go-
                    biernos de 55 acá: Santa Anna fué arrojado por la revo-
                    lución de Ayutla; Comonfort fué derribado por la revo-
                    lución de Tacubaya; Juárez, atacado por la revolución
                    de la Noria que fracasó; Lerdo de Tejada depuesto por
                    la revolución de Tuxtepec; el General Díaz, depuesto por
                    la revolución del Norte. Después de cada revolución
                    triunfante, es Presidente de la República el jefe de la
                    rebelión. Mudados los procedimientos por el tiempo que
                    ha corrido de la era cristiana, el hecho es, en el fondo,
                    el mismo que ocurría hace más de veinte siglos en las
                    selvas del Norte de Europa. En la sucesión del poder, el
                    pueblo no expresa su voluntad para elegir un nuevo
                    presidente, sino para deponer al que gobierna, y la ex-
                    presa tomando las armas y batiéndose; una vez obte-
                    nida la victoria, la elección es innecesaria, porque no
                    hay más candidato que el jefe del movimiento subver-
                    sivo; en estos casos la elección es libre de coacción fí-
                    sica, precisamente porque nadie tiene libertad moral.
                    
                    El hombre que asume en esos casos el poder, no por-
                    que se lo dan, sino porque lo toma, no llega al mando
                    con ideas vivas de democracia ni menos las siente como
                    reglas de gobierno. Los vicios de origen trascienden de
                    continuo á la mentalidad y á la conducta, por necesidad
                    que parece lógica y que sólo un espíritu más que supe-
                    rior, excepcional, capaz de infringir las leyes de la na-
                    turaleza humana, puede romper.
                    
                    El que derroca á un presidente y se impone en su lu-
                    gar, no se siente mandatario ni jefe del Gobierno: se
                    siente señor de las leyes y jefe de la Nación, porque no
                    es natural que sobreponga las teorías jurídicas á la im-
                    presión profunda que dejan los hechos de que se deriva
                    su autoridad. Brota de él espontáneamente la imposi-
                    ción, no tolera obstáculos, le irritan las limitaciones, yIg4 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    eomo consecuencia, va subordinando á su voluntad to-
                    dos los elementos que han de intervenir en el manejo de
                    los negocios públicos, y antes de mucho llega, si no co-
                    menzó por ella, á una dictadura tanto menos benévola
                    cuanto más resistencias se le opongan. Viene en seguida
                    la perpetuidad, que es la suprema condición de la fuer-
                    za dictatorial, y por consiguiente, su necesaria compa-
                    ñía, y con la perpetuidad establecida sin ley la sucesión
                    del poder no puede operarse sino por la violencia. He-
                    nos, pues, en el primer período de la teoría sucesional,
                    condenados á tener por forma de gobierno la dictadura,
                    y por término de cada dictadura una revolución.
                    
                    No pretendemos negar de un modo absoluto los car-
                    gos que se hacen á nuestra raza y á nuestra educación
                    de ser causa de nuestro estado político deplorable y
                    atrasado; quizá sea cierto que ponemos "en la conquista
                    del poder el mismo ardor exento de escrúpulos que los
                    compañeros de Pizarro ponían en la conquista del oro,"
                    (*) obedeciendo á impulsiones hereditarias; pero hay
                    menos observación y clemencia en condenarnos sin ate-
                    nuación, cuando estamos dentro de leyes históricas á
                    que han obedecido durante largas centurias los viejos
                    pueblos de Europa.
                    
                    Vamos á llegar á la tercera etapa de la evolución su-
                    cesional sin habernos preparado en la segunda; se nos
                    obligó á forzar la ley de desenvolvimiento gradual, y la
                    violación de las leyes naturales tiene sanciones inevita-
                    bles y duras. Todo el esfuerzo de los hombres públicos
                    de conciencia patriótica debe consagrarse con lealtad y
                    desinterés á ayudar al movimiento evolutivo para que se
                    realice en la práctica, ya que está operado en las teo-
                    rías y en el sentimiento público. La perspectiva de la Re-
                    
                    (*) Barthélemy__Le Róle du Pouvolr Executif dans les répubiiques mo-
                    
                    dernes, pá¡». 204.LA ELECCION
                    
                    185
                    
                    pública se presenta en este dilema sencillo y duro: 6
                    elección ó revolución.
                    
                    V
                    
                    Para impedir la perpetuidad en el poder se ha ideado
                    la no reelección del Presidente de la República, quie es
                    más bien un modo de tranquilizar á los pueblos entrete-
                    niéndolos con una esperanza. No hay para qué recurrir
                    á remedios artificiales cuando hay siempre medios natura-
                    les para evitar el mal; pero sobre todo, si la perpetuidad
                    es sólo una consecuencia de la dictadura, y consecuencia
                    forzosa, es inútil querer estorbar los efectos si se dejan
                    vivas y fecundas las causas. El poder fuerte no admite
                    trabas y tiene que romperlas por una necesidad de su
                    propia esencia; si la prohibición lo permite, se elude, y
                    si no, se rompe. La no reelección llega fatalmente á anu-
                    larse ó se burla por la sucesión ficticia que quizá sea
                    peor, porque es probable que renueve codicias sin evitar
                    el cansancio público que alimenta las revoluciones.
                    
                    Si se establece la práctica electoral, la prohibición no
                    sólo es inútil, sino atentatoria; bajo el régimen de pre-
                    sión ella no tiene por mira prohibir al pueblo que reelija,
                    sino al presidente que se haga reelegir. Hay que ir direc-
                    tamente al origen del mal y hacer efectiva la función
                    del pueblo en la sucesión del poder supremo.
                    
                    Para realizar este fin superior, es preciso tener en
                    cuenta que el derecho electoral es uno solo, aunque se
                    ejerza en las diversas condiciones que asume el ciudada-
                    no, y que lo mismo se viola cuando se estorba la liber-
                    tad de designar al Presidente de la República, que cuan-
                    do se impone el nombramiento de un regidor municipal.
                    Para que el ciudadano sienta la posesión del derecho, es
                    indispensable que éste sea siempre respetado, y para que
                    
                    una elección sea libre, se requiere que en todas lo sea el
                    
                    12186 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    elector, y que el ejercicio de su derecho haya llegado á
                    ser en él un hábito adquirido en la frecuencia de la prác-
                    tica constante.
                    
                    La razón capital que hay para considerar de necesidad
                    absoluta para la elección general de Presidente, que los
                    ciudadanos sean libres en las elecciones parciales, es que
                    es absurdo querer que un elector sea digno, libre y viril
                    cada seis años, después de ser humillado cada año en la
                    elección municipal, y cada dos en las elecciones de di-
                    putados locales y federales; que sea celoso de su dere-
                    cho cuando acaece la designación de Presidente, después
                    de haber sido sumiso largo tiempo, ó de haberse retirado
                    con desdén de las ánforas del fraude. Así, la solución
                    del problema se complica, porque no basta la buena vo-
                    luntad del gobierno del centro para elevar la situación
                    moral y cívica del elector, sino que es preciso que para
                    ello contribuya la lealtad democrática de los gobiernos
                    locales.
                    
                    Como educación práctica y procedimiento de ense-
                    ñanza gradual, es evidente que la elección debiera co-
                    menzar por ser efectiva en el municipio, 'extenderse des-
                    pués al distrito electoral del Estado, en seguida al dis-
                    trito para comicios federales, y por último á las elec-
                    ciones en que ha de resumirse el voto general de la Na-
                    ción. Pero en nuestra historia y en nuestras instituciones
                    todo ha conspirado á impedir la educación del pueblo
                    elector, como por deliberado propósito de perversidad y
                    justamente en nombre de la democracia. liemos tenido
                    el sufragio universal, que destruye todo sentimiento de
                    legalidad y de verdad, el voto indirecto, que desalien-
                    ta á los hombres conscientes y desorienta á los que pu-
                    dieran llegar á serlo, porque no saben el objeto de la
                    elección; las constituciones locales, forzadas á copiar los
                    sistemas de la federal, la siguieron en ambos errores; losLA ELECCION
                    
                    187
                    
                    gobiernos de Estado, bajo un perpetuo régimen de dic-
                    tadura, han tenido que someterse á la uniformidad que
                    les impide ensayar nuevas fórmulas y probar libertades.
                    
                    El régimen de libertad electoral no es el paraíso so-
                    ñado por los ilusos; viene cargado de sus propios in-
                    convenientes y tiene que producir en sus comienzos, no
                    sólo agitaciones, violencias é inquietudes, sino los frutos
                    consiguientes á los primeros ensayos; pero todo hay que
                    sufrirlo sin exasperación y sin impaciencia. Los intere-
                    ses conservadores de la sociedad tenderán á establecer
                    el poder personal que asegura de pronto el orden, y sólo
                    cuando la persistencia del sistema libre los persuada de
                    que es inútil combatirlo, se consagrarán á hacerlo pro-
                    picio para el bien; entonces tomarán la parte principal
                    en la lucha, con sus poderosos elementos, como sucede
                    en todos los países cultos y habituados á la vida demo-
                    crática, y sólo cuando ellos equilibren las fuerzas pues-
                    tas en acción, entrará la República en la vida regular de
                    los pueblos libres.CAPITULO XI
                    
                    Supremacía del Poder Legislativo
                    
                    I
                    
                    La elección efectiva establece el gobierno, pero no lo
                    regula, y justamente en la función armónica de los de-
                    partamentos que crea la Constitución, está el secreto de
                    la estabilidad del gobierno, la garantía de las libertades
                    y la base de la tranquilidad y la prosperidad de la Na-
                    ción. Los pueblos que han pasado ya su infancia política
                    y se han libertado del temor de las usurpaciones, porque
                    tienen el espíritu suficientemente alto para no tolerarlas,
                    entran en el verdadero problema de la organización del
                    gobierno, que consiste en el equilibrio de las fuerzas que
                    lo constituyen, á fin de que no llegue la preponderancia
                    de una á destruir las otras, degenerando en fuerza opre-
                    sora. Cada uno de esos pueblos ha dado á los complexos
                    problemas de la organización política, la solución á que
                    lo han conducido su historia, su idiosincrasia y sus nece-
                    sidades; de suerte que, si bien dentro de principios ge-
                    nerales comunes que se fundan en la naturaleza humana
                    y que analiza la razón, cada cual ha encontrado la solu-
                    ción especial que ha consagrado en sus leyes y encarna-
                    do en sus costumbres. Por esto no hay dos naciones que
                    tengan en la práctica instituciones iguales, no obstante
                    que además de los principios generales comunes, tengan190
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    algunos entre sí semejanza de historia y orígenes pareci-
                    dos, y á pesar de que el comercio de ideas y el estudio de
                    la experiencia extraña, hayan producido también la imi-
                    tación recíproca.
                    
                    La antigua clasificación de sistemas, que pudo tener
                    valor científico hace cien años, no revela hoy sino la apa-
                    riencia exterior de los gobiernos; pero engaña respecto á
                    la realidad intrínseca. Hay mayor relación de semejanza
                    entre los gobiernos de la República norteamericana y el
                    Imperio alemán, que entre las repúblicas de los Estados
                    Unidos y Suiza, ó entre los imperios de Alemania y de
                    Rusia. La esencia de la clasificación radica en la fuerza
                    y constitución del Poder Ejecutivo, que es el que conduce
                    y norma la vida interior y exterior de la comunidad, y
                    que varía desde el mando absoluto en Rusia, al equilibrio
                    de poderes norteamericanos y á la anulación casi comple-
                    ta en Suiza.
                    
                    Para hablar sólo del tipo de gobierno en que interviene
                    el elemento popular por medio del sufragio, tipo al que
                    tienden á acomodarse todos los pueblos del mundo, nos
                    atenemos á la gran división de gobiernos parlamentarios
                    (modelo inglés) y el de equilibrio de poderes
                    (modelo norteamericano). El primero se funda en la teo-
                    ría de que la soberanía nacional reside en la Asamblea
                    elegida por el pueblo, cuya voluntad representa exclusi-
                    vamente ; el segundo descansa en el principio de la plu-
                    ralidad de poderes, en quienes delega el pueblo sus sobe-
                    ranía (Ejecutivo y Legislativo), dándoles atribuciones
                    que deben mantener su acción separada y en un equilibrio
                    que garantiza contra la omnipotencia que no debe tener
                    ni el pueblo mismo. Los publicistas europeos atribuyen
                    una gran superioridad al sistema parlamentario que pre-
                    domina en el viejo Continente; pero el gran modelo delSUPREMACIA DEL LEGISLATIVO
                    
                    191
                    
                    tipo americano no les permite condenar ni aun declarar
                    definitivamente inferior el sistema del Continente nuevo.
                    
                    A reserva de hablar sobre el parlamentarismo, nos con-
                    cretamos, para reducirnos á nuestro objeto, al sistema
                    que con referencia á las repúblicas se llama ya "presi-
                    dencial" (*).
                    
                    El sistema presidencial constituye el poder y la sobe-
                    ranía nacionales en sus tres órganos: Legislativo, Eje-
                    cutivo y Judicial, con atribuciones y limitaciones que
                    aseguran su acción independiente, equilibrada y armonio-
                    sa. Los dos primeros representan la voluntad del pueblo y
                    tienen autoridad para interpretarla, para "querer" en
                    nombre del delegante y determinar según las sugestiones
                    de la nación ó según sus propios concepciones que se tie-
                    nen por concepciones de aquélla: en consecuencia, los fun-
                    cionarios que representen á esos órganos deben neeesa»
                    riamente proceder de la elección popular. El Judicial es
                    un órgano de la nación que entra en ciertas elevadas fun-
                    ciones como gran elemento equilibrador; pero limitado á
                    aplicar la ley (expresión ya hecha de la voluntad del
                    pueblo), no puede "querer" en nombre de éste, porque
                    °n la administración de la justicia el mismo pueblo es
                    inferior á la ley y tiene que someterse á ella: por consi-
                    guiente, para designar á los titulares de esta función, la
                    elección pública no sólo no es necesaria, sino que no es
                    lógica.
                    
                    En toda constitución de este sistema, lo esencial y de-
                    licado está en el equilibrio de los dos poderes que repre-
                    sentan la voluntad del pueblo j la teoría del parlamenta-
                    rismo rechaza precisamente esa doble representación de
                    
                    (*) Los sistemas debieran llamarse: europeo el uno, que nació en Euro
                    pa y se ha extendido por todo el Continente, y americano el otro, que tu-
                    vo origen en les Estados Unidos y es lase de todas las constituciones de
                    este hemisferio. Tales designaciones tendrían la venta;a de evitar las pa
                    labras de connotación especial que hoy se emplean, y que son todas im
                    propias por la misma connotación que di antemano tienen.192 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    una voluntad única é indivisible. Pero dejando á las con-
                    cepciones teóricas el escaso valor que en las ciencias
                    prácticas les corresponda, hay que reconocer que el hecho
                    de compartir dos órganos distintos la representación de
                    la voluntad del pueblo, crea entre ellos un antagonismo
                    inevitable, y origina la dificultad mayor para mantener-
                    los constantemente dentro de los límites que están esta-
                    blecidos. Pugnando cada uno por ensanchar su acción á
                    costa del otro, el Legislativo propende á convertir el go-
                    bierno en anarquía congresional y el Ejecutivo á llevarlo
                    á la dictadura; y si no se alcanza ninguno de los extre-
                    mos, por lo menos el ensanche de uno de los dos poderes
                    deforma la Constitución que el país ha querido darse y
                    siempre con peligro de ir más lejos. El Presidente del
                    Senado francés reprochó á un miembro de la Cámara, in-
                    terrumpiéndolo con aplauso de sus colegas, porque alu-
                    dió á la facultad constitucional del Ejecutivo para hacer
                    que se reconsidere un proyecto votado por las Cámaras;
                    la alusión pareció un desacato á la soberanía de la Asam-
                    blea, cuando en realidad era el Senado el que desacataba
                    la Constitución. En Francia, el Legislativo ha ganado
                    tanto terreno al Ejecutivo, que se desconocen en actos
                    oficiales las facultades legítimas de éste (*). En los Es-
                    tados Unidos, la sucesión de presidentes sin gran caráctei
                    hizo vacilar, en concepto de Wilson, el equilibrio consti-
                    tucional en favor del Congreso, hasta el grado de consi-
                    derar el distinguido escritor que la nación estaba ame-
                    nazada de parlamentarismo (**); y más tarde, Barthéle-
                    my, escribiendo en 1906, después de la administración
                    de Mac Kinley y durante la de Roosevelt, veía, por el con-
                    trario, la tendencia ya incontrastable del Gobierno ame-
                    
                    (*) Barthélemy__Le Role du Pouvoir executif dansles républiques mo-
                    
                    riernes, pág. 678.
                    
                    (**) Wilson Congressional. Goveirment.SUPREMACIA DEL LEGISLATIVO
                    
                    !93
                    
                    ricano hacia la influencia personal del titular del Ejecu-
                    tivo. Cierto es que en los sucesos de 1906 acá, ni el pue-
                    blo americano ni el Presidente Taft han permitido la
                    confirmación de esta tendencia, que parece no haberse
                    mostrado sino en virtud de espaciales circunstancias.
                    
                    Fuera del orden legal, el Presidente retine elementos
                    de fuerza que le dan superioridad en la lucha con el Con
                    greso; dispone materialmente de la fuerza pública, cuenti
                    con el ejército de empleados que dependen de él, tiene de
                    su parte el interés de los que esperan sus favores, y arras-
                    tra por lo común las simpatías populares, que sólo en
                    momentos de agitación intensa gana la personalidad co-
                    lectiva y casi anónima de una asamblea legislativa ¡ pero
                    dentro del orden constitucional, que es el que debemos
                    tomar en cuenta al examinar la formación del gobierno,
                    la superioridad del Congreso es indiscutible por su sola
                    facultad de dictar las leyes á. que la nación entera y ei
                    mismo Poder Ejecutivo tienen que someterse. El peli-
                    gro, pues, de la invasión que altere la estabilidad de las
                    instituciones, está principalmente >en el abuso que el Con-
                    greso puede hacer de sus atribuciones legítimas, por más
                    que esto parezca paradójico en nuestro país, porque nun-
                    ca hemos vivido bajo el régimen constitucional, y por
                    consiguiente, la preponderancia ha estado del lado d°l
                    Ejecutivo.
                    
                    La completa separación de los dos poderes no asegura-
                    ría su equilibrio; les daría una independencia antagónica
                    en que cada cual se esforzaría por llegar al máximum de
                    amplitud, y ambos se harían insoportables para los go-
                    bernados; se requiere, por el contrario, que el uno sirva
                    de limitación al otro por una especial intervención en sus
                    actos; y como el Legislativo tiene ya por su función es-
                    pecial el gran medio de dictar leyes para intervenir en
                    la marcha de los negocios públicos, la atención de la ley194
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    fundamental se dirige principalmente á armar al Ejecu-
                    tivo contra las invasiones y los excesos del poder legisla-
                    dor, fuerte por sus facultades, inmune por su irresponsa-
                    bilidad absoluta, audaz por el carácter de representante
                    del pueblo que exclusivamente quiere atribuirse, y apa-
                    sionado por su condición de muchedumbre que lo subor-
                    dina más á las sugestiones oratorias que al valor de los
                    razonamientos.
                    
                    En la forma de gobierno que adoptó la Constitución
                    mexicana, hay un elemento más de complicación y otra
                    fuerza con qué contar para el equilibrio del conjunto: la
                    personalidad de los Estados independientes, que les con-
                    fiere una libertad de acción interior á que se ha dado el
                    nombre impropio de soberanía, que emplearemos nosotros
                    en este especial sentido en gracia de la concisión. Los
                    poderes federales se limitan, por la independencia local,
                    á todo y á sólo lo que atañe á los intereses de la Nación,
                    dejando á los gobiernos de las fracciones federales el cui-
                    dado y la gestión de los intereses de cada una, que asume
                    para ellos los caracteres de un pueblo autónomo. Una
                    nueva distribución de jurisdicciones viene á agregarse á
                    la que importa y exige la división de poderes; y en esta
                    distribución la ley fundamental busca otra vez los con-
                    trapesos que garanticen desde luego la libertad de las
                    entidades federales; pero en el fondo y capitalmente, las
                    libertades todas del pueblo contra el poder absorbente y
                    de eterna propensión al absolutismo. Porque el sistema
                    federal, si fué creado para el fin de conservar sus dere-
                    chos á las colonias inglesas que formaron la República
                    norteamericana, resulta en todo caso excelente para re-
                    ducir el poder del gobierno, con ventajas para la seguri-
                    dad de las libertades públicas, siempre en peligro ante
                    un poder formidable.
                    
                    La personalidad de los Estados se manifiesta en dos forSUPREMACIA DEL LEG'SLATIVO
                    
                    ¡95
                    
                    mas para limitar la omnipotencia del gobierno nacional.
                    La primera es su independencia interior, que pone fuera
                    de la autoridad de aquél los intereses locales; la segunda
                    es su condición de entidades políticas, que por una parte
                    les da el derecho de constituir una cámara del Congreso
                    con número de representantes igual para todos; y por
                    otra les da el de votar como unidades las leyes más altas:
                    las que modifican el pacto fundamental de la Nación.
                    
                    La libertad de acción de los Estados, como electores de
                    la Cámara federal y como órgano legislativo en puntos
                    constitucionales, depende de su virilidad y su indepen-
                    dencia y no puede dar ocasión á conflictos legales; no
                    así su libertad de régimen interior, que puede violarse en
                    leyes ó por actos que la invadan ó restrinjan. El órgano
                    de equilibrio es para estos casos el departamento judi-
                    cial de la Nación, que sin abandonar las formas del pro-
                    cedimiento propio de la administración de justicia, sin
                    declaraciones generales que lo convertirían en el poder
                    omnipotente que se trata de combatir, impide la ejecu-
                    ción de cada acto violatorio, y defiende de toda amenaza
                    la independencia del Estado ó fracción. Si el equilibrio
                    ee rompe por el Estado en perjuicio de la jurisdicción
                    federal, el órgano judicial de la Nación lo restablece por
                    el mismo procedimiento, limitado á impedir la simple eje-
                    cución de actos aislados.
                    
                    Tal es la coordinación de fuerzas y el mecanismo de
                    equilibrios en que se funda el sistema americano de go-
                    bierno, establecido con sencillez y maestría en la consti-
                    tución de Filadelfia, "la obra, según Gladstone, más ad-
                    mirable que ha producido el entendimiento humano." De
                    ella tomó la nuestra una organización que lograron nues-
                    tros constituyentes mejorar en ciertos puntos; pero que
                    resultó profundamente modificada por el criterio bien di-
                    ferente que sirvió para el trabajo de adaptación.196
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Las modificaciones hechas en ese trabajo ¿dejaron se-
                    guro en nuestra organización política el equilibrio que
                    es objeto del sistema presidencial? No, ciertamente. La
                    supresión del Senado lo rompió, tanto por aumentar el
                    poder de la cámara unitaria, como por privar á los Es-
                    tados de su representación igual en una asamblea del po-
                    der Legislativo. Establecido el Senado en época poste-
                    rior, aún quedan en la Ley suprema errores que en la
                    práctica libre de sus preceptos determinarán conflictos
                    graves entre los poderes, y queda la preponderancia del
                    Legislativo sobre el Ejecutivo, que conducirá á cualquie-
                    ra de los extremos con que se resuelve la omnipotencia
                    del Congreso: la sumisión del Ejecutivo, que establece
                    la dictadura de una asamblea, ó el golpe de Estado, que
                    entroniza la dictadura del Presidente. Y después de cual-
                    quiera de estas dictaduras, otra vez la revolución.
                    
                    Ignoramos todavía cuál será el resultado de nuestra
                    Constitución en pleno ejercicio, porque no lo hemos reali-
                    zado nunca, y la previsión es insuficiente para calcularlo
                    en la complexidad de elementos que entran en la fisiolo-
                    gía de un pueblo que vive por sus órganos. La maquina-
                    ria que se construyó para dar un producto nuevo, no está
                    exenta del peligro de funcionar mal en el instante de
                    conectarla con el motor que ha de poner en movimiento
                    todas sus partes, y sólo al saltar una pieza se revelará el
                    error de cálculo que hay que corregir para que todo el
                    mecanismo llene su objeto. Nuestra organización políti-
                    ca, escrita en la carta de 57, necesita ser conectada con el
                    sufragio efectivo, que es la fuerza que ha de ponerla en
                    actividad. Sólo entonces sabremos cuál es el trabajo que
                    rinde y la labor que hace; pero por la experiencia de
                    otros mecanismos semejantes, ya sabemos qué piezas van
                    á saltar si de antemano no se ajustan.
                    
                    Hay también otro motivo para que la Constitución seaSUPRE 'ACI'" DEL LEGISLATIVO
                    
                    197
                    
                    en mucho un enigma mientras no se ponga en la libre
                    práctica á que sólo se llega por el origen verdaderamente
                    popular de los dos poderes: que no son posibles ni la in-
                    terpretación ni la adaptación. La interpretación, que do-
                    termina la amplitud que ha de atribuirse á cada precepto,
                    no es posible mientras los órganos constitucionales no
                    sean libres para emplear su criterio, para discutir con los
                    otros sus límites de acción y para establecer su sobera-
                    nía como barrera infranqueable para la invasión pertur-
                    badora.
                    
                    Por la interpretación se hace la adaptación primara;
                    pero ésta es esencialmente evolutiva y, á nuestro juicio,
                    tan inevitable como útil. Si dos pueblos de orígenes y
                    condiciones análogos adoptaran constituciones escritas
                    idénticas, diez años después de ponerlas en uso con igual
                    libertad, tendrían constituciones reales diferentes, y cin-
                    cuenta años más tarde es probable que la tuviesen total-
                    mente distintas. No sólo la inglesa, consuetudinaria, ha
                    hecho la evolución admirable desde la aristocracia domi-
                    nadora á una amplia democracia en un siglo, sin alterar
                    la organización visible de su gobierno; sino que las cons-
                    tituciones rígidas (escritas), sin modificar los textos, han
                    cambiado por lenta transformación sus ideas capitales.
                    La americana se fundó en el respeto más grande á la in-
                    dependencia y casi la soberanía real de los Estados, que
                    éstos exigían para aceptarla; Jéfferson, el celoso susten-
                    tador de tal principio, enderezó á su desenvolvimiento
                    ocho años de gobierno, y sin embargo, al concluir la gue-
                    rra separatista, la absoluta y única soberanía de la Na-
                    ción, quedó como fundamento indiscutible del la unión
                    federal; y este nuevo principio ha influido para dar al go-
                    bierno del centro una preponderancia que ni está escrita
                    en la ley, ni habrían suscripto las colonias libres. La Cons-
                    titución francesa de 1875 fué votada por un Congreso de198 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    tendencias monárquicas en perspectiva de una restaura-
                    ción, y trató de conservar en el Presidente de la Repú-
                    blica las prerrogativas que no debía negar al monarca,
                    se fundó en la división de poderes y en las limitaciones
                    de equilibrio; y sin embargo, manteniéndose con sus tex-
                    tos, ha permitido la transición al gobierno parlamentario
                    más completo, con una casi anulación del Ejecutivo bajo
                    la soberanía ilimitada de la Asamblea popular.
                    
                    La acción persistente de la constitución social impone
                    poco á poco y día á día sus formas características y hace
                    ceder á la constitución política, que siempre tiene mucho
                    de artificial y matemática; las modificaciones que en las
                    ideas generales producen las necesidades cambiantes de
                    la vida, el progreso de las ideas y las fuerzas todas del
                    crecimiento nacional, no se ajustan cómodamente al mol-
                    de invariable que forjó una generación pasada, y es pre-
                    ferible que el molde ceda lentamente y permita forma»
                    menos rectilíneas, á que salte en pedazos al vigor de fuer-
                    zas irresistibles.
                    
                    II
                    
                    Pueden aplicarse al Congreso, en abstracto, las expre-
                    siones de Wilson: "el Congreso es el espíritu agresivo,"
                    y de Bagehot: "el Congreso es un déspota que tiene un
                    tiempo ilimitado, que tiene una vanidad ilimitada, que
                    tiene ó cree tener una capacidad ilimitada, cuyo placer
                    está en la acción y cuya vida es el trabajo " (*). De
                    modo que, teniendo facultades superiores á las otras ra-
                    mas del poder, instinto de ataque y no sólo capacidad, si-
                    no necesidad orgánica de trabajo, reúne las condiciones
                    
                    (*) W. Wilsun, Cocgres¿io:.a! Government—3a;;ehot.—Principies of
                    Conítitu'ional law.SUFREMACIA DEL LEGISLATIVO
                    
                    199
                    
                    más completas para desconcertar la armonía del Gobier-
                    no y defraudar las previsiones mejor calculadas de la
                    ley fundamental. Pero hay más que Bagehot en sus fra-
                    ses citadas, y escritas por comparación con las limitacio-
                    nes que al Presidente imponen la fatiga, Los placeres,
                    la sociabilidad y su psicología de individuo, no debía to-
                    mar en cuenta: la irresponsabilidad del Congreso (con
                    especialidad la Cámara más numerosa), lo hace audaz
                    é imprudente; su modo de elección en que juegan más
                    que en otra alguna los elementos demagógicos, le dan,
                    por lo general, una mayoría inferior á la tarea; indivi-
                    dualmente suelen sus miembros no tener opinión en los
                    negocios que se someten á su voto; en conjunto, se de-
                    ja arrastrar por la elocuencia burda que lo fascina, con
                    más docilidad que por los razonamientos graves endere-
                    zados á persuadirlo.
                    
                    En la Cámara de Diputados de Washington, los re-
                    presentantes piden con frecuencia que se suspenda la
                    sesión en el momento del voto, porque no saben qué ha-
                    cer y necesitan acudir á los más enterados del asunto
                    para orientarse; su opinión personal es nula, la labor
                    abundante y rápida, y hecha así imposible para la deli-
                    beración de un cuerpo cuyo valor depende precisamente
                    de que está constituido para deliberar, la discusión, y
                    aun el voto de la Cámara, se ha sustituido por la discu-
                    sión y el voto de las comisiones permanentes, que no
                    debe decirse ya que dictaminan, sino que resuelven por
                    sí solas los negocios del Estado. En cada comisión pre-
                    valece el "chairman" que la preside, y no obstante la
                    trascendental importancia de sus excepcionales funciones,
                    los "chairmen" son nombrados directa y exclusivamen-
                    te por el "speaker" de la Cámara, que asume así un
                    poder enorme en las funciones del Estado. Si hemos de
                    hablar ateniéndonos á los casos generales, debemos de-200 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    cir que la única función seria y consciente de la Cáma-
                    ra se ejerce en la elección del "speaker," que se hace
                    por la mayoría de votos... del partido que en la Asam-
                    bla domina.
                    
                    Nos referimos así á la democracia más culta de las que
                    tienen adoptado el sistema de gobierno presidencial.
                    
                    En las sujetas al parlamentario, la Cámara más nu-
                    merosa es de una intelectualidad mucho más alta, porque
                    la participación eminente que toma en el gobierno de
                    la nación hace de la elección de los diputados el acto
                    de mayor importancia para el país, y el objeto de la
                    intervención solícita de los elementos serios de la socie-
                    dad y especialmente del mundo político. En las Cáma-
                    ras de representantes de Inglaterra y Francia se sientan
                    muchos hombres de primer orden, profundos en ciencia
                    política, maestros de la diplomacia, consumados juristas,
                    soldados y marinos de fama, elocuentes oradores; la opi-
                    nión personal puede ser, si no enteramente general, en
                    gran mayoría; pero sometida á las necesidades de par-
                    tido, y dentro del partido al grupo, á las fracciones, que
                    en Francia, sobre todo, dan á las deliberaciones de la
                    asamblea su fisonomía especial y á las votaciones su rum-
                    bo fijo. La importancia del voto que cambia el Gobierno
                    en un día y que decide de todos los actos del Ejecutivo,
                    es decir, de toda la vida diaria de la Nación, hace la dis-
                    cusión apasionada, violenta, que tiene más de disputa
                    que de deliberación, y se llega al momento de decidir
                    con el "sí" ó el "no" de la soberanía del pueblo, en una
                    atmósfera cargada de rencores y de amenazas, que vibra
                    todavía con las palabras malsonantes de los interrup-
                    tores y los golpes de martillo del presidente, y que tal
                    vez agitó un puño alzado para abofetear ó algunos tinte-
                    ros arrojados á distancia para herir.
                    
                    No hay cómo elegir entre una asamblea como la ame-SUPREMACÍA DEL LEGISLATIVO
                    
                    201
                    
                    ricana, que casi llenan medianías y aun nulidades,, en
                    que la costumbre de hablar va decayendo más y más,
                    que sometida á los comités está á punto de abdicar por
                    completo sus funciones de cuerpo deliberante, y otra
                    asamblea como la francesa, en que hay representantes de
                    gran calidad, por talento y por ciencia; pero que se agita
                    sin cesar en la lucha contra el Gobierno y hace de ella
                    la ocupación preferente, casi única, tornando la discusión
                    un combate de elocuencia á veces ahogada por clamores,
                    insultos y denuestos. La nación americana tolera y com-
                    pensa el mal con la fuerza que toma de su incomparable
                    y sana juventud, como un cuerpo vigoroso y nutrido so-
                    porta y repara la enfermedad local de un miembro; la
                    francesa sobrepone su bienestar de riqueza acumulada,
                    su cultura superior y el patriotismo que constituye su
                    virtud salvadora, en medio de constantes amenazas de
                    reacción y de complicaciones internacionales. Pero ni
                    una ni otra nación tienen la asamblea ideada por los le-
                    gisladores constituyentes para las más elevadas funcio-
                    nes que confiere la soberanía popular, y cada una por
                    su camino sigue una marcha que aún no da muestras de
                    suspender ni desviar y que puede conducir al país á
                    profundas alteraciones en el sistema de gobierno.
                    
                    ¿Cuál será la tendencia en México de un Congreso li-
                    bertado de imposiciones por la elección real de los dis-
                    tritos electorales? ¿Cuál su influencia en el sistema es-
                    pecial de gobierno que habrá de surgir de la letra de la
                    Constitución combinada eon nuestro carácter, nuestra
                    educación y nuestra idiosincrasia? No es posible acertar
                    en las respuestas, si se quieren determinar con precisión
                    de detalles ó con delicadeza de matices; pero sí pueden
                    señalarse los peligros más serios, con la certidumbre de
                    no errar por mucho en los temores, y consecuentemente.
                    
                    apuntar los medios de conjurar los mayores v más se
                    
                    13202 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    güros males, para dejar á las sorpresas de la práctica
                    la menor influencia posible.
                    
                    La reacción natural que producen en el espíritu públi-
                    co los efectos malos de una situación presente, le hacen
                    ver mal los efectos buenos que también trae consigo y
                    lo inclinan completamente en favor de una situación dia-
                    metralmente contraria, cuyos lados inconvenientes deja
                    de percibir. La preponderancia absoluta del Ejecutivo en
                    nuestra régimen político, levanta la esperanza en el Le-
                    gislativo y lo llena del prejuicio de todos los salvadores
                    en promesa. La Nación aspira á un régimen en que el
                    Congreso predomine, y por sacudir la omnipotencia del
                    Presidente de la República, no teme su nulificación, por
                    que no la ve como un mal ni supone la omnipotencia de
                    las Cámaras, de que no tiene experiencia ninguna. Esta
                    apoyo de la opinión pública, con que de pronto contaría
                    un Congreso libre, es lo que lo hace más peligroso para el
                    equilibrio de los poderes nacionales y para la estabilidad
                    de las instituciones.
                    
                    Falto el país de órganos electorales, que sólo el ejer-
                    cicio del sufragio crea y perfecciona, no hay que esperar
                    que en las primeras elecciones intervengan poderosamen-
                    te los elementos conservadores, que son los dueños de la
                    riqueza, de la cultura y del buen juicio que hay en toda
                    nación; pero aún es difícil que tales órganos lleguen á
                    ser muy útiles para la buena designación de represen-
                    tantes, porque en los países de sistema presidencial el
                    interés se encuentra en la elección de presidente, y como
                    en los Estados Unidos, la de diputados se abandona á
                    los políticos de oficio, que son, por lo común, hombres de
                    segundo orden, si se clasifica por ilustración y patriotis-
                    mo. Nuestros Congresos (los primeros sin duda alguna),
                    se formarán, en su mayoría, de hombres logrados por e!
                    prestigio de pequeñas localidades ó por intrigas maño-SUPREMACIA DEL LEGISLATIVO 303
                    
                    ■as en que triunfa una habilidad lugareña; de políticos
                    de los Estados, que suelen desenvolverse y tomar gran-
                    des proporciones en el medio amplio y favorable de la
                    capital; de algunos avezados á las tareas legislativas por
                    servicios anteriores, prontos á usar de una libertad que
                    antes no tuvieron, y que es probable que deban sus cre-
                    denciales á la influencia, que no llegará á ser nula, de los
                    gobernadores. Un Congreso compuesto de personalidades
                    así, tendrá probablemente cualidades de buena fe, de in-
                    terés por los Estados y de dedicación preferente á bus ta-
                    reas, y dará además la ventaja de sacar á luz hombres
                    que renueven las filas de la política, debidos á la espon-
                    taneidad del medio, que es la gran reveladora de los ca-
                    racteres y los talentos. En cambio, aun cuando cuente
                    con hombres de nota, la medida intelectual común será
                    en tales asambleas bien estrecha, y la instrucción en cien-
                    cia política y en los variados conocimientos que la enri
                    quecen y ayudan, bien escasa.
                    
                    Los escépticos dirán que este Congreso se someterá al
                    Ejecutivo, como los anteriores, por promesas ó por hábi-
                    to; no afirmaremos lo contrario; pero, en tal caso, esta
                    remos fuera de la suposición de las Cámaras independien-
                    tes y no habremos adelantado nada en el desenvolví
                    miento de las instituciones. Ningún peligro; pero ningún
                    progreso.
                    
                    El Congreso libre es el que se da cuenta de su impor-
                    tante papel, que estudia sus facultades, que se siente el
                    primero de los poderes y se hace en seguida invasor, pro-
                    vocador y agresivo. Si su cultura general es baja, como
                    en el que hemos previsto, la hostilidad es irreflexiva, por-
                    que procede de concepciones erróneas que le dan como
                    primera y hasta como única la convicción de su omnipo-
                    tencia y el sentimiento de su irresponsabilidad; la resis
                    tencia del Ejecutivo á la invasión de su terreno jurisdic-204 LA CONSTITUCION Y LK DICTADURA
                    
                    uional, le parece rebeldía y desborda la elocuencia de
                    los oradores, siempre convincente para los bancos mudos;
                    y después de algún tiempo de cargarse de excitantes del
                    orgullo, de estimulantes de la codicia, acaba por persua-
                    dirse de que debe someter incondicionalmente al jefe
                    del Poder Ejecutivo ú obligarlo á dimitir.
                    
                    En Septiembre de 1861, el Congreso reunido en Mayo,
                    qne contaba en su seno gran número de hombres dis-
                    tinguidos, encontró muy natural, casi como el ejercicio
                    de una de sus más sencillas facultades legítimas, pedir
                    al Presidente Juárez que se retirara del gobierno, entre-
                    gando el poder al Gral. González Ortega. La forma em-
                    pleada no tenía nada de común con los procedimientos
                    parlamentarios, pues se hizo por medio de una petición
                    que suscribieron cincuenta y un diputados. A ella se opu-
                    so otra, firmada por cincuenta y cuatro representantes,
                    que apoyaron al Presidente; de modo que si del total, los
                    hostiles hubiesen obtenido tres adhesiones más, la posi-
                    ción de Juárez habría sido tan falsa, que el Presidente
                    hubiera tenido que llegar á la dimisión ó al golpe de Es-
                    tado. Y si se considera que Juárez acababa de realizar
                    el triunfo de la Constitución y de la Reforma, digno de
                    los lauros que no le ha escatimado la Nación; que su
                    elección reciente era un voto de confianza de la Repú-
                    blica que no debía desmentirse por los representantes del
                    pueblo; y que, por otra parte, el país seguía revuelto y
                    amenazado por los enemigos del partido liberal, se verá
                    en este hecho lamentable, de qué errores de criterio, y
                    de qué faltas de lealtad y aun de patriotismo es capaz
                    la colectividad de hombres de buen criterio y patriotas,
                    cuando los alucina la omnipotencia de las facultadas le-
                    gislativas.
                    
                    Cuando no se llegue á extremos tales, el Congreso no de-
                    jará de pretender la supremacía que á tan poca costa leSUPREMACIA DEL LEGISLATIVO
                    
                    305
                    
                    ofrece su autoridad soberana de hacer las leyes de que
                    vive la Nación, y su influencia que origina y sustenta la
                    amenaza de paralizar las actividades del gobierno; in-
                    troducirá subrepticiamente una forma de parlamenta-
                    rismo forzado, hecho á expensas de la libertad del Eje-
                    cutivo y merced á complacencias tímidas de éste 6 á
                    concesiones que le arrancará el temor de choques
                    violentos entre los dos poderes. Esta degeneración
                    del sistema constitucional establecido, ha llegado á ini
                    eiarse aun en el Gobierno americano, mejor preparado
                    que el nuestro por su ley suprema y tan francamente
                    sostenido por el pueblo. ¡Con cuánta facilidad no se de-
                    terminaría en el débil organismo del nuestro y cuánto no
                    avanzaría en su trabajo de dominar al Ejecutivo hasta
                    hacer de él un simple instrumento!
                    
                    En todo lo que precede hablamos del Poder Legislati-
                    vo, del Congreso, porque las dos asambleas que lo for-
                    man concurren á la expedición de las leyes en ejercicio
                    de casi todas las facultades de su institución; á veces
                    el Senado podrá ser también, en sus facultades específi-
                    cas, invasor y opresor del Ejecutivo; pero es un hecho
                    constante que el predominio del Congreso se resuelve á
                    la postre en la supremacía especial de la Cámara de Di-
                    putados. En los gobiernos parlamentarios es la Cámara
                    popular quien hace y deshace los gobiernos; el Senado,
                    reducido á la mera condición de revisor, raras veces se
                    atreve á reformar un proyecto que la otra Cámara le
                    envía, y cede poco á poco sus prerrogativas más impor-
                    tantes. En Francia, el Senado tiene un papel de segunda
                    línea; en Inglaterra, la Cámara de los Lores viene ce-
                    diendo el terreno á los avances democráticos de los Co-
                    munes desde hace un siglo, y recientemente le rindió, so-
                    metido por fuerza, el derecho de veto en los presupuestos
                    votados por la Cámara baja.206 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    VA peligro de la Cámara única viene así envuelto en. el
                    predominio del Congreso, amenazando con todos los ma-
                    les qne le son inherentes, y con la violación del siste-
                    ma constitucional. Quizá la subordinación del Senado, en
                    los países europeos regidos por gobiernos de Gabinete,
                    dependa en mucho del origen hereditario ó menos popu-
                    lar, de sus miembros; pero no es ese el motivo único ni
                    probablemente el principal. La causa primera está en que
                    un cuerpo, cuanto más numeroso, es más imprudente,
                    más audaz y más irresponsable; el Senado tiene que aco-
                    gerse á la prudencia para evitar fricciones de trascen-
                    dencias graves, y la prudencia está siempre en las fron-
                    teras de la debilidad.CAPITULO XII
                    
                    Las armas del Congreso
                    I
                    
                    Las limitaciones del Poder Legislativo en su función,
                    que por sólo ser la suprema es un amago constante, ne-
                    cesitan estar fuera de él; pero no pueden encomendarse
                    á un poder especial encargado de revisar las leyes, como
                    el Poder Conservador de 1836, porque entonces el re-
                    visor sería el supremo y la dificultad quedaría en pie.
                    Tampoco pueden los medios de limitación ser absolutos
                    en su efecto, porque bastarían para nulificar la acción
                    del Congreso y se caería en mal mayor que el que debie-
                    ra remediarse.
                    
                    A efecto de impedir el abuso de la función legislati-
                    va, así para preservar las instituciones como para dar
                    medios de defensa al Ejecutivo, se ha apelado á la re-
                    novación frecuente de los diputados, que pone á la opi-
                    nión pública en ocasión de declararse en pro ó en con-
                    tra de su política, confirmándoles ó retirándoles sus
                    poderes. Los electores son los mejores jueces para re-
                    solver los conflictos entre el Presidente y las Cámaras;
                    pero esto supone una opinión pública vigilante, celosa y
                    activa, que para nosotros deja el remedio entre las
                    Worías falaces en que ya abundamos.' La ley inconsti-
                    tucional cae bajo la acción de la justicia federal que208 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    restablece los principios violados; pero los medios de li-
                    mitación que se buscan deben referirse á la función le-
                    gislativa en el momento de trabajo y no á las leyes que
                    han sido ya aprobadas.
                    
                    Los medios ideados para influir en la acción legisla-
                    tiva, consisten en dar intervención en ella al Ejecutivo en
                    forma tal que importe una participación suficiente para
                    coartar la libertad absoluta; pero no bastante para redu-
                    cirla á una apariencia, ni destructora de la autoridad
                    del Congreso. Se refieren unos á la reunión y separa-
                    ción de los representantes para sus sesiones, y otros á la
                    formación de los proyectos ó á la expedición de las le-
                    yes.
                    
                    El Presidente de la Unión americana tiene, con res-
                    pecto á las sesiones del Congreso, dos facultades de gran
                    valor. Puede por sí solo convocar á una ó á las dos cá-
                    maras a sesiones extraordinarias, y como previamente se
                    fijan las materias que han de tratarse en ellas, el Presi-
                    dente, que carece de la facultad de iniciativa, puede por
                    este modo, no sólo iniciar leyes, sino obligar al Congre-
                    so é estudiar y resolver un asunto de manera especial,
                    como objeto único de su reunión. Puede también cerrar
                    las sesiones ordinarias cuando lo juzgue oportuno contra
                    la voluntad de la Cámara de Diputados, si el Senado está
                    de su parte; porque el Congreso no tiene día fijo para
                    concluir sus trabajos, y si las dos cámaras no se ponen
                    de acuerdo para determinarlo, el Presidente resuelve el
                    conflicto. No hay para qué aquilatar la importancia que
                    llega á asumir esta atribución para contener á una cá-
                    mara en circunstancias difíciles, ó cuando hay motivos
                    para temer excesos legislativos ú hostilidades apa-
                    sionadas y crecientes. El abuso del Ejecutivo no es fácil,
                    puesto que se ha de contar con la aquiescencia del Sena-
                    do para dar fin al período de sesiones; pero este cuerpo,Las armas del congreso
                    
                    que raras veces se afecta con las agitaciones de la asam-
                    blea popular, no negará su concurso al Presidente cuando
                    obre inspirado por las exigencias de la tranquilidad pú-
                    blica ó por intereses de política sana.
                    
                    Nuestro sistema tiene el inconveniente de los períodos
                    fijos de sesiones que ni el mismo Congreso puede reducir,
                    aunque no haya materia para llenarlos. Esta necesidad
                    de reunirse es casi una obligación de legislar, que provo-
                    ca el deseo de discurrir iniciativas y estimula la facul-
                    tad de invención en los representantes, amenazando con
                    üna fecundidad poco deseable.
                    
                    Lo que sí puede nuestro Congreso es ensanchar el
                    período de sus tareas, ya sea prorrogando los períodos
                    ordinarios (hasta un mes el primero y hasta quince días
                    el segundo), ya sea reuniéndose en sesiones extraordina-
                    rias sin tiempo determinado. Contando eon ambas pró-
                    rrogas, el Congreso puede permanecer reunido siete me-
                    ses del año, y si le place, añadiendo una ó dos convoca-
                    ciones extraordinarias, puede estar en asamblea casi sin
                    interrupción. El Ejecutivo es impotente para evitarlo, y
                    parece que de ello hayan cuidado nuestros legisladores
                    eon una asiduidad bien meditada, tanto por los períodos
                    fijos é inalterables de sesiones, como porque se ha apar-
                    tado al Presidente de toda intervención en las prórrogas
                    y la tiene muy restringida en las convocaciones. El de-
                    ereto de prórroga no pasa al Ejecutivo para observacio-
                    nes, como es regla general para todos los proyectos, por
                    prohibición expresa del segundo párrafo, inciso H., del
                    artículo 71 de la Constitución.
                    
                    El Presidente americano convoca, por su propia auto-
                    ridad, á una ó á las dos Cámaras para un período extra-
                    ordinario de sesiones, determinando los asuntos que han
                    de ser materia de sus tareas; la Constitución, al atribuir-
                    le esta facultad, le deja la responsabilidad de su ejer-
                    cicio, precisamente porque no lo sujeta á condición nin-210 LA CONSTITUCION Y LA, DICTADURA
                    
                    guna; sólo indica que la convocación debe hacerse en
                    extraordinarias ocasiones, es decir, en casos que justifi-
                    que una necesidad de los negocios públicos y cuya cali-
                    ficación se encomienda al hombre que ha merecido la..con-
                    fianza de la Nación para «1 más elevado puesto. Pero nó-
                    tese que no sólo hay en esto de importante que el Pre-
                    sidente obra en esta atribución por su propia autoridad
                    y sin taxativas ni obstáculos, sino que hay impotencia
                    constitucional en las cámaras para reunirse extraordina-
                    riamente por su propio acuerdo. Su soberanía consiste en
                    la libertad de sus deliberaciones y en la independencia de
                    su voto; pero el abuso legislativo y las confabulaciones
                    para intrigas políticas no encuentran facilidades en me-
                    dio de estas sabias disposiciones.
                    
                    En nuestro sistema, las reglas están dictadas
                    por un principio enteramente opuesta Es el Con-
                    greso quien tiene á su voluntad la convocación, la decla-
                    ración del programa de las sesiones, la duración de éstas ;
                    son para el Ejecutivo, las condiciones, la intervención
                    estrecha y las dificultadas. La Comisión Permanente pue-
                    de, cuando guste reunir á las Cámaras, determinando el
                    objeto de las sesiones; sólo debe oir al Ejecutivo antes de
                    aprobar el proyecto de convocatoria, lo cual simplemente
                    'significa que anticipe un dictamen que tiene el Presidente
                    el derecho de dar en todo proyecto de ley cuando se le
                    comunica para que haga observaciones.
                    
                    El Ejecutivo puede proponer á la Comisión Permanen-
                    te la convocación del Congreso; pero es ella la que tiene
                    la autoridad de aprobarla y puede negarle su aquiescen-
                    cia ó modificar á su arbitrio la materia de las sesiones,
                    la fecha de la apertura ó la duración del período. Y hay
                    más todavía como obstáculos al Presidente: para apro-
                    barse el proyecto de convocación, se requiere el voto de
                    dos tercios de los miembros presentes, exigencia no di-LAS ARMAS DEL CONGRESO 211
                    
                    fícil de satisfacer cuando la iniciativa es de la Comisión
                    misma, que en reunión plena sólo cuenta veintinueve re-
                    presentantes, entre quienes, por lo mismo, el acuerdo es
                    muy posible; pero que deja para las iniciativas del Go-
                    bierno muy escasas probabilidades de aceptación en épo-
                    cas de soberbia congresionista ó de relaciones no muy se-
                    renas entre los dos Poderes. En nuestra historia tenemos
                    un caso elocuente: en Julio de 1861, el Congreso se reunió
                    en sesiones extraordinarias con el fin concertado de de-
                    poner al Presidente Juárez.
                    
                    Cuando estas condiciones se estiman teniendo en cuen-
                    ta la propensión natural del Congreso á suponerse el
                    único representante de la voluntad de la Nación y á to-
                    mar de tal supuesto motivos de altivez y fueros de auto-
                    ridad suprema, se comprende que es ésta una situación
                    constitucional digna de considerarse muy seriamente. Nó-
                    tese la gran diferencia que hay entre la posición que guar-
                    dan, con relación á estos puntos, el Presidente america-
                    no y el de México, y recuérdese que en la Constitución
                    sajona no hay línea que no sea obra consciente y me-
                    ditada, ni expresión cuyo sentido práctico no fuese pre-
                    visto y aceptado por los eminentes legisladores ds Fila-
                    delfia.
                    
                    Esta libertad excesiva del Congreso, que lo pon<¿ por
                    encima del Poder Ejecutivo impotente, y que en días de
                    desacuerdo puede costar muy cara á la Nación, surte des-
                    de luego el efecto moral de despertar la soberbia del
                    poder más propenso á creer en su omnipotencia y á de-
                    mostrarla en sus acciones. Es imposible que un congreso,
                    armado por el voto de los distritos electorales, sienta y
                    palpe su superioridad en la ley y se abstenga por mode-
                    ración de ostentarla en el ejercicio de sus fnneiones.212 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    II
                    
                    Tomada de la Constitución americana tiene la nuestra
                    un precepto indispensable, que adoptaron también las de
                    varias naciones del Sur, y que de seguro ponen en prácti-
                    ca en virtud de principios más generales aun las repú-
                    blicas que no lo copiaron en su expresión concreta. Nos
                    referimos á la amplia facultad legislativa que contiene la
                    fracción XXX del artículo 72, y que autoriza al Congre-
                    so "para expedir todas las leyes que sean necesarias y
                    propias para hacer efectivas las facultades antecedentes
                    (las del Congreso mismo) y todas las otras concedidas
                    por esta Constitución á los Poderes de la Unión."
                    
                    Suprimir esta facultad sería imposibilitar el desenvol-
                    vimiento de la Constitución y el perfeccionamiento del
                    sistema administrativo, y dejar al arbitrio de cada depar-
                    tamento la interpretación de sus atribuciones especiales
                    y los medios y formas que hubieran de emplear en su
                    desempeño; pero da al Legislativo una amplitud de ac-
                    ción tal, que sirvió en 1867 al Congreso americano para
                    dictar la ley conocida con el nombre de "Tenure of
                    Office Act," que, entre otros, quitó al Presidente la li-
                    bertad de remover á los Secretarios áe Estado sin la
                    aprobación de la Cámara de Senadores. Este verdadero
                    atentado, que motivaron las desavenencias del Presidente
                    Johnson con la mayoría republicana que prevalecía en
                    el Congreso, no se sostuvo más que dos años en todo
                    su valor; pero aunque suavizada en 1869, la ley no se
                    derogó sino á los veinte años de su expedición. En una
                    nación latina, el terreno ganado por el Congreso no se
                    recupera por el Ejecutivo, sino por una revolución ó una
                    dictadura.
                    
                    La fracción citada marca un límite al legislador, pues-
                    to que da á las leyes el objeto de "hacer efectivas" la*LAS ARMAS DEL CONGRESO
                    
                    213
                    
                    facultades que la Constitución otorga; no es, pues, ad-
                    misible que, á pretexto de dar medios de efectividad, la
                    atribución constitucional se restrinja ó se amplíe; pero
                    todas las disquisiciones que sobre el precepto se hagan,
                    por buenas que sean dentro de la doctrina exegética, se
                    hacen á un lado en el momento de dictar la ley, ma-
                    yormente si es en ocasión de malavenidas relaciones
                    entre los dos poderes. Para desdeñar las exigencias de
                    una interpretación estricta habrá siempre el pretexto (ó
                    quizá la buena razón), de que es imposible reglamentar el
                    ejercicio de una atribución específica sin tocarla, dar me-
                    dios para una acción sin que la acción se limite por los
                    medios; y no será descaminado decir que necesariamente
                    la ley que reglamenta una facultad deja menos libre á
                    quien la tiene, que la frase breve y general que la ex-
                    presa, entregada á la propia interpretación del funcio-
                    nario.
                    
                    Si el Congreso, por motivos de desavenencia política ó
                    por resentimientos personales, llega á ser un adversario
                    del jefe del Gobierno, y se entabla entre ambos la lucha,
                    se propondrá expresamente abatirlo y lo conseguirá sin
                    duda, con dictar leyes reglamentarias de intento restric-
                    tivas de las facultades del Presidente, como sucedió en el
                    caso de Johnson; y como entonces, la renovación del Pre-
                    sidente vendrá á restablecer la armonía de los Poderes;
                    pero el mal que se trató de hacer á un hombre persistirá
                    en la ley, obrará sobre sus sucesores, sobre el funcionario,
                    es decir, sobre las instituciones viciadas por pasiones y
                    rivalidades de momento.
                    
                    Pero no hay necesidad de casos tales (nada raros por
                    cierto), para que la influencia de la facultad legislativa
                    á que aludimos se haga sentir, falseando los principios
                    cardinales de la organización constitucional; basta la
                    acción libre del Poder Legislativo, su vida real, que es to-214 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    da iniciativa y deliberación y abarca desde los proble-
                    mas más graves y las cuestiones más arduas que se pre-
                    sentan á la República, hasta las disposiciones más nimias
                    de detalle, si en ellas le place intervenir. "Su vida e3 el
                    trabajo y su placer es la acción," y esta acción es ar-
                    diente, progresiva, porque labora con la palabra, con la
                    discusión que es lucha, y tiene los más enérgicos estímu-
                    los para alentar al hombre y empujar á una muchedum-
                    bre. En diez años de ejercer libremente la iniciativa un
                    congreso de temperamento latino y tradiciones revolu-
                    cionarias, habrá expedido un gran número de leyes sobre
                    las atribuciones que el artículo 85 confiere al Presidente
                    de la República, y sobre las que se encuentran disemina-
                    das en el cuerpo de la Constitución, y no habrá probable-
                    mente una que no sea restrictiva. El Presidente se verá
                    encerrado en un círculo de hierro, y cada día más des-
                    armado, pasará á la condición de agente ejecutor de los
                    mandamientos legislativos, para constituir un sistema de
                    gobierno, que ni quiso la Ley suprema, ni cuadra con
                    nuestras necesidades, ni es sostenible por un pueblo sin
                    educación política.
                    
                    El Congreso puede también, á mayor abundamiento,
                    '' crear ó suprimir empleos públicos de la Federación; se-
                    ñalar, aumentar ó disminuir sus dotaciones," y esta atri-
                    bución es tan indispensable como la que hemos examina-
                    do; pero con ella el Legislativo puede desorganizar la
                    administración encomendada al Ejecutivo y paralizar su
                    acción en el ramo que le convenga por vía de amenaza ó
                    de ataque en ocasiones de rivalidad.
                    
                    La fracción II del artículo 85 faculta al Presidente
                    "para nombrar y remover libremente á los empleados de
                    la Unión en general, siempre que su nombramiento ó re-
                    moción no se determinen de otro modo en las leyes; lo
                    que equivale á poner á discreción del Congreso la ampli-LAS ARMAS DEL CONGRESO
                    
                    2Í5
                    
                    tud de la libertad que se da al Ejecutivo. La ley puede
                    poner fuera del alcance de éste á todos los empleados que,
                    por la naturaleza de sus funciones, deben estarle subor-
                    dinados, y con un poco de imprudencia, de hostilidad 6 de
                    prurito de mando, es posible que coloque á los subalter-
                    nos en condiciones de relajar toda disciplina y aun de
                    alzarse á la insolencia.
                    
                    Esta disposición, en la extensión que tiene, no es, como
                    las dos anteriormente expuestas, una necesidad impres-
                    cindible. Tal vez los constituyentes de 57 no pretendierdn
                    modificar á fondo la prescripción de la ley americana,
                    que es mucho mejor; mas al emplear una expresión ge-
                    neral, alteraron con desventaja el modelo. Según éste,
                    el Congreso puede por leyes atribuir el nombramiento
                    de los empleados inferiores al Presidente solo, á los tri-
                    bunales ó á los jefes de Departamento, que son los Secre-
                    tarios de Estado; y fuera de que en esta forma «1 Con-
                    greso tiene ya una regla fija que limita el alcance de
                    sus leyes, si puede retirar al Presidente la facultad de
                    nombrar á los empleados, la deja siempre á los Departa-
                    mentos del Ejecutivo, con excepción de los de la admi-
                    nistración de justicia.
                    
                    La ley puede en México someter muchos de los nom-
                    bramientos del resorte del Ejecutivo á la aprobación de
                    una Cámara, dejarle sólo la elección en terna que le pre-
                    senten los jefes de oficina, darle apenas una intervención
                    secundaria en cualquier forma ó conferir á autoridad dis-
                    tinta, sin noticia del Presidente, la designación de los
                    empleados; puede reducir, en términos análogos, la fa-
                    cultad de removerlos ó negársela absolutamente, priván-
                    dolo de un poder que, si absoluto amenaza á los emplea-
                    dos, debilitado desconcierta los servicios en que descan-
                    sa toda la administración pública. Si se adoptan resolu-
                    ciones como éstas, la posición del jefe del Gobierno llega216 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    á ser humillante y comprometida con sus propios infe-
                    riores, á punto de que si por este camino el Congreso se
                    propusiera una campaña de hostilidades, no es fácil que
                    hubiese hombre que aun por apego al cargo se resolviera
                    á resistirla.
                    
                    El poder de nombrar y remover, puesto con libertad
                    absoluta en manos del Presidente, es de una incon-
                    veniencia innegable; pero el que tiene el Legislativo
                    para someter al Presidente á un papel pasivo en cuanto
                    se refiere al personal de las oficinas que del Ejecu-
                    tivo dependen y que son los instrumentos de su labor,
                    es absurdo y disolvente. Esta arma es bastante por
                    sí sola, en momentos de desavenencias entre ambos po-
                    deres, para determinar la supremacía del Legisla+ivo,
                    que no necesita de tanto para propender á la omnipo-
                    tencia tentadora á que su naturaleza lo inclina y para
                    cuya adquisición está singularmente dotado.
                    
                    La faculatd amplia del Presidente, que la Constitución
                    americana quiso limitar, surtió malísimos efectos mien-
                    tras se mantuvo sin restricciones por falta de leyes regla-
                    mentarias. El principio proclamado y puesto en vigor en
                    la época de Jackson, de que "los despojos de los ven-
                    cidos pertenecen al vencedor," se realizó en forma brutal
                    durante mucho tiempo, removiéndose al triunfo presiden-
                    cial de un partido á casi todos los funcionarios empleados
                    de la administración anterior. El procedimiento no sólo
                    era una práctica de irritante injusticia que privaba al
                    buen servicio de las ventajas del estímulo en los emplea-
                    dos inferiores, sino que fué la causa de que la codicia de
                    los empleados se tomara como resorte para mover la polí-
                    tica baja de la lucha electoral, poniendo de un lado á los
                    millares de individuos que poseían los empleos y del otro
                    á los más numerosos aún que esperaban, con el triunfo,
                    su parte en el botín. La corrupción cundió en los servi-LAS ARMAS DEL CONGRESO
                    
                    217
                    
                    eios inficionados de política, y la política rebajó sus me-
                    dios en la proporción en que rebajó sus móviles. La ma-
                    teria llegó á ocupar la atención especial de los hombres
                    de gobierno; así las leyes han exigido exámenes de apti-
                    tud á los aspirantes á empleos de cierta clase, y en los
                    comienzos del siglo, 43,000 de ellos estaban sometidos á
                    esa regla de los 130,000 civiles que se calculaban en el
                    Gobierno federal (*). Aún quedan muchos sin esa ga-
                    rantía; pero aparte de la obra de las leyes, han ganado
                    bastante las costumbres en pro de la moralidad antes des-
                    conocida en la distribución de los cargos.
                    
                    Entre las sorpresas que á nosotros nos guarda la lucha
                    electoral democrática, es muy probable que esté la apari-
                    ción de los "despojos" á la americana, porque, más que
                    una invención, son un producto espontáneo del sistema,
                    cuyo crecimiento, antes que las leyes, estorban en los
                    países cultos la moralidad social y la energía siempre en
                    vela de la opinión pública. Pero mientras la elección po-
                    pular nos trae esas revelaciones, notemos que á realizarla
                    se ha resistido siempre la fuerza preponderante del Eje-
                    cutivo, y que entre los elementos de su fuerza, es quizá
                    el primero la facultad de remover á muchos millares de
                    asalariados. El afán de conservar ó de adquirir un cargo
                    que asegure un sueldo, mueve á un ejército numeroso en
                    todos los países, y mucho más en un país pobre de em-
                    presas y trabajos privados, falto de estímulos para la
                    iniciativa personal y poblado por gentes que tienen, por
                    tradición y por herencia, más apego á la tranquilidad
                    con estrecheces que audacia para perseguir las mejores
                    esperanzas eventuales. Este afán es el que produce la
                    sumisión temerosa de la legión de empleados y la si
                    
                    (*) Bryoe. The American Commonwealh. Vol. II, pág. 140.
                    
                    34218 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    misión codiciosa de cientos de millares que quieren sus-
                    tituirlos.
                    
                    "Sin duda es peligroso, dice Bryce (y el sistema de
                    los despojos lo demuestra) dejar todos los empleos pú-
                    blicos a disposición de un jefe del Poder Ejecutivo es-
                    clavo de su partido, que hace de su poder un uso ex-
                    clusivamente político. Y sin embargo, por otra parte,
                    es necesario reconocer que un presidente debería ser li-
                    bre para escoger sus principales consejeros y ministros, y
                    que le es bien difícil asegurar el buen funcionamiento de
                    los servicios civiles, aun los más ínfimos, si no le es
                    permitido revocar á los titulares sino por razones deter-
                    minadas, tales como las que pueden invocarse ante un
                    jurado." Mayor hubiera sido la perplejidad del notable
                    escritor inglés, si el caso de la constitución mexicana
                    se hubiese presentado en el problema, proponiendo la
                    disyuntiva de abandonar los empleos al arbitrio del Pre-
                    sidente ó entregarlos al Congreso como una prerrogativa
                    sin condiciones y como arma posible contra el jefe del
                    Ejecutivo. Los dos extremos son más graves de lo que
                    parecen á una estimación superficial: el uno rinde á la
                    discreción del Presidente las voluntades sumisas que ci-
                    mentan el poder de las dictaduras; el otro pone á mer-
                    ced del Congreso los elementos de la acción ejecutiva pa-
                    ra someter al jefe del Gobierno y establecer la tiranía
                    parlamentaria. La Constitución americana se inclinó al
                    primer extremo y la nuestra se puso resueltamente en
                    el segundo.
                    
                    Sin embargo, la americana tenía menos que temer de
                    la libertad legislativa, porque el veto presidencial es en
                    ella tan fuerte, que modera la acción del Congreso y pue-
                    de contener sus agresiones, en tanto que en la nuestra
                    apenas si puede llamarse veto porque se asemeja y sus-
                    tituye á esa alta prerrogativa. Lo cierto es que sólo seLKS ARMAS DEL CONCRESO
                    
                    219
                    
                    salvan los dos escollos por medio de leyes que dicten el
                    bnen sentido, el interés del bien público y el sentimiento
                    de justicia para con los que se consagran al servicio del
                    Estado, y leyes así pueden esperarse de la cooperación
                    de los dos Poderes; mas no del arbitrio de uno solo.
                    
                    Las otras dos atribuciones de que hablamos antes y
                    que consideramos tan indispensables en el Poder Legis-
                    lativo como peligroso contra el Ejecutivo, tienen tam-
                    bién este único medio de moderación: el veto.
                    
                    111
                    
                    Cuando de 1870 á 74 se hicieron las reformas necesa-
                    rias en la Constitución para establecer el sistema biea-
                    marista, podía esperarse que, alejados los días de las re-
                    voluciones triunfantes en que el espíritu público se vuel-
                    ve extremadamente congresista, hubiese predominado el
                    deseo de equilibrio que demostraba el establecimiento
                    de la segunda Cámara; pero parece que, á pesar de las
                    conocidas opiniones de Lerdo de Tejada, hubiese predo-
                    minado un espíritu de preferencia y hasta de parcialidad
                    en favor de la Cámara de Diputados.
                    
                    Sólo por una inclinación celosa del poder de ésta pue-
                    de explicarse que entre las facultades exclusivas que se
                    le asignaron, figuren las que expresa la fracción VI, in-
                    ciso A, del artículo 72: "Examinar la cuenta que anual-
                    mente debe presentarle el Ejecutivo, aprobar el presu-
                    puesto anual de gastos é iniciar las contribuciones que
                    á su juicio deban decretarse para cubrir aquél." Vamos
                    por comodidad á invertir el orden en que están expues-
                    tas.
                    
                    Es frecuente en las constituciones de los diversos paí-
                    ses, la regla de que toda iniciativa que se refiera á im-
                    puestos se examine primeramente en la Cámara de Di-220 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    putados, siguiendo la concepción de que, aunque las dos
                    constituyen el cuerpo legislativo, aquélla representa, por
                    su origen, la voluntad de los ciudadanos, á diferencia de
                    la de Senadores, que tienen una delegación de la perso-
                    nalidad de los Estados, y es al pueblo directamente, y
                    no á las fracciones políticas de la Nación, á quienes in-
                    teresa y afecta toda ley que imponga y distribuya las
                    cargas del impuesto. También es propio que en esta mate-
                    ria los senadores no tengan el derecho de iniciar que en ge-
                    neral les concede el artículo 65, ni las Legislaturas tam-
                    poco; los primeros, porque su facultad de iniciativa se
                    tiene que ejercer ante su Cámara y nunca ante la cole-
                    gisladora; las segundas, porque aisladas en su localidad,
                    no es probable que tengan el especial conocimiento de la
                    difícil materia de las finanzas generales, y porque sus
                    miras, limitadas al interés particular de sus pueblos, las
                    hacen sospechosas de una parcialidad que no promete
                    idoneidad para proyectos viables y dignos de ocupar
                    la atención del Congreso de la Unión. Pero no hay sino
                    razones en contra respecto á excluir al Ejecutivo, puesto
                    que está, por su experiencia, en condiciones de calcular
                    mejor los productos del impuesto y conoce á fondo y con
                    detalles las circunstancias de la materia imponible en to-
                    do el país, la posición del contribuyente, los sistemas de
                    exacción y el efecto moral que un impuesto nuevo ó la
                    modificación de los existentes puede causar en la Nación.
                    De hecho la comisión respectiva del Congreso es inca-
                    paz de hacer una obra siquiera mediana en esta ma-
                    teria sin informes muy minuciosos y aun sin la inspira-
                    ción del departamento hacendario del Ejecutivo; será
                    éste, en el fondo, el autor del proyecto, y en tal caso es
                    más sencillo dejarle su iniciativa constitucional que, por
                    lo demás, no produce inconveniente visible.
                    
                    El presupuesto de egresos se presenta por el EjecutivoLAS ARMAS DEL CONGRESO
                    
                    221
                    
                    á la Cámara el penúltimo día del primer período de se-
                    siones ; es decir, el 29 de Abril y pasa á una comisión es-
                    pecial de cinco miembros que la examinan durante el
                    receso y han de presentar dictamen el 17 de Septiembre,
                    segundo día del segundo período. Aprobado, pasa direc-
                    tamente al Ejecutivo para observaciones, sin interven-
                    ción del Senado, cuyo espíritu de moderación y pruden-
                    cia se considera innecesario cuando se trata de estable-
                    cer la inversión de los fondos públicos, producto del sa-
                    crificio exigido á los contribuyentes.
                    
                    Este exclusivismo de la Cámara inquieta y propensa á
                    la discusión fogosa y á la resolución apasionada, en ma-
                    teria que exige reposo y estudio de detalles, no se en-
                    cuentra en la constitución de ninguna de las naciones
                    importantes del Continente. La de la Argentina, la del
                    Brasil y la de Chile someten el examen de los gastos anua-
                    les al Congreso, como todas las leyes propiamente tales.
                    En cuanto á los Estados Unidos, no sólo se hacen pasar la»
                    leyes de egresos por las dos Cámaras, sino que, en la
                    práctica, sucede que el Senado toma una participación
                    tan principal en la discusión, que influye quizá más que
                    la Cámara popular en el resultado definitivo. Es común
                    que el Senado, tardo en sus procedimientos, concluya la
                    revisión en los últimos días de las sesiones, y la otra
                    asamblea, ante la premura del tiempo, adopte el eami-
                    no de las transacciones, á las que se llega por comisione»
                    de las dos cámaras, que tratan y concluyen las diferen-
                    cias por medio de concesiones en que siempre obtiene el
                    Senado muchas de las reformas que acordó (*).
                    
                    Ignoramos en dónde fué á tomar el legislador inspira-
                    ción para este precepto, que es, por otra parte, de una
                    inconsecuencia que raya en contradicción. No se avien»
                    
                    (*] V/ilson.—Congresstonal Government. —Chap. II.222 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    con la fracción XI del artículo 72, porque el presupuesto
                    d« egresos crea y suprime empleos, señala sus dotacio-
                    nes y las aumenta 6 disminuye muchas veces, y aquella
                    fracción señala estas atribuciones al Congreso general;
                    de modo que pudiera sostenerse que en el presupuesto
                    anual no puede hacerse modificación con respecto k em-
                    pleos, lo que sería extravagante, ó que todo lo que con
                    relación á ellos contenga debe pasar á la revisión del
                    Senado, lo que sería infringir la fracción VI del inciso A,
                    que es terminante. La otra inconsecuencia, si no es legal
                    es científica: imponer al Senado la responsabilidad de
                    decretar los impuestos necesarios para cubrir gastos en
                    cuya adopción no tiene ingerencia; lo que vale tomar par-
                    te en la acción legislativa que más lastima á los pueblos,
                    sin tenerla en la que puede aliviarlos; dar su aquiescen-
                    cia al gasto sin poder hablar de economías.
                    
                    No sabemos de qué será capaz una Cámara de Dipu-
                    tados con independencia de acción respecto al Ejecutivo,
                    y con los ojos vueltos de continuo á su distrito electoral
                    de quien espera la renovación de sus poderes; pero te-
                    nemos, para conjeturas, el ejemplo de Francia, cuyo pre-
                    supuesto, de año en año aumentado, toca ya en los cin
                    co mil millones de francos, en mucho por razón de la so-
                    licitud que cada diputado manifiesta por favorecer las
                    obras benéficas de su distrito, lo que produce una alza
                    de gastos por concesiones recíprocas de los representan-
                    tes. Y luego la Cámara popular, por su psicología de co-
                    lectividad y sus procedimientos de oratoria efectista ce-
                    de fácilmente á las insinuaciones de la piedad, que con
                    frecuencia es generadora de injusticias y de ilegalidades,
                    sobre todo cuando se la puede satisfacer con los fondos
                    públicos (*). El Ejecutivo sin Senado que lo ayude ni
                    veto que lo proteja, tiene que ceder y que aceptar.
                    
                    (*) El aSo próximo pasado, la Cámara incluyó en el presupuesto tres-LAS ARMAS DEL CONGRESO
                    
                    223
                    
                    Pero su situación es más grave todavía por lo que se
                    refiere á las cuentas que debe presentar juntamente con
                    el proyecto de presupuestos, que pasa al estudio de la
                    misma comisión especial, y sobre la que el voto exclusi-
                    vo de los diputados resuelve en los mismos días en que
                    los gastos se decretan. Hasta la simultaneidad de los dos
                    trabajos concurre á juntar la solicitud de la aquiescen-
                    cia con la amenaza del desquite.
                    
                    Tampoco contienen esta facultad exclusiva las constitu-
                    ciones que antes citamos. En la Argentina, el Brasil y
                    Chile, la revisión de las cuentas es atribución del Con-
                    greso general. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, en
                    donde la experiencia ha revelado por añadidura que la
                    Cámara de Senadores pone mayor asiduidad en esa im-
                    portante tarea que su colegisladora, pues es aquélla la
                    que ha descubierto los grandes peculados que ésta pasó
                    inadvertidos en su revisión.
                    
                    Si con el presupuesto la Cámara popular tiene en sus
                    manos el poder de trastornar todo el plan administrativo
                    del Gobierno, necesariamente ligado con los gastos que
                    se consultan para el año siguiente, si puede modificar
                    todo el sistema del servicio público encomendado al Eje-
                    cutivo y en que la acción expedita y eficiente de éste se
                    funda, en el examen de las cuentas que abarcan todo el
                    movimiento de los caudales de la Nación (y de que es
                    tan fácil hacer desconfiar á la opinión del vulgo), la ho-
                    norabilidad de la administración y el prestigio de su jefe
                    quedan á merced de la Cámara, que puede hacer sospe-
                    chosa la conducta del Gobierno con sólo diferir la apro-
                    bación so pretexto de inversiones que no se explican, ó
                    
                    cientos mil pesos para alimentar á los alumnos pobres de las escuelas pri-
                    marlas del Distrito Federal, sin tener cuenta de que los fondos son de la
                    Nación y de que hay miserables en las escuelas de todo el pats. Los ora
                    «lores fueron muy aplaudidos por el auditorio emocionado.224 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    puede hacer que resueltamente se condene de equívoca 6
                    de culpable, consultando investigaciones maliciosas. En
                    ningún otro caso se presenta el Ejecutivo en desamparo
                    igual, frente á una Cámara hostil por disensiones poli-
                    ticas que son poderosas para hacer buenos todos los me-
                    dios de ataque, ó frente á una asamblea que, aspirando á
                    ser única en el mando, trate de sojuzgar á quien lo com-
                    parte con ella. No es legalmente posible la interposición
                    del veto ineficaz que la Constitución le atribuye, porque
                    la resolución se dicta en un simple acuerdo; y aun si
                    lo fuera, moralmente no tendría valor sino para poner en
                    ridículo al gobernante que con su propia oposición qui-
                    siera defenderse. La intervención del Senado es indis-
                    pensable, como única garantía para el Ejecutivo, contra
                    abusos posibles siempre, y ciertos en días de conflicto, á
                    la vez que como una seguridad que se añade á !a cuida-
                    dosa revisión de las cuentas. Es también útil para no ali
                    mentar en una asamblea el sentimiento de la superioridad
                    do su poder y de la posibilidad de su imperio.
                    
                    IV
                    
                    Veamos ahora cuáles son las facultades de la poderosa
                    Cámara en su más importante función, en el juicio d«
                    responsabilidad política de los altos funcionarios.
                    
                    Este punto dió mucho que trabajar y que discutir al
                    Congreso Constituyente. La comisión especial consultó en
                    •u proyecto la creación de un tribunal de acusación, com-
                    puesto de un representante de cada Estado nombrado por
                    las Legislaturas y que debía tener sesiones durante un
                    mes de cada año. El capítulo, declarado sin lugar á votar,
                    volvió á la Comisión, que presentó dictamen nuevo en
                    la sesión del 27 de Noviembre, proponiendo como jurado
                    Aa acusación un tribunal compuesto de doce diputados,LAS ARMAS DEL CONGRESO
                    
                    225
                    
                    y reservando el juicio á la Cámara en pleno. Sóto m
                    adoptó el primer artículo, y fué en vano que modificara
                    su plan doblando el número de representantes para el
                    jurado, pues el proyecto se desechó otra vez. En la se-
                    sión del 10 de Diciembre, el diputado Castañeda pre-
                    sentó un proyecto y al día siguiente propuso el suyo Vi-
                    llalobos; por último, Castañeda trajo de nuevo el que an-
                    tes presentara, modificándolo en varios punt03, y el Con-
                    greso, quizá instado por la premura del tiempo ó cansado
                    de discusiones que se repetían sobre cada proyecto, apro-
                    bó el de Castañeda en pocos minutos y sin discusión nin-
                    guna.
                    
                    Los dos de la comisión daban á la resolución del pri-
                    mer jurado la sola autoridad de declarar si habría ó no
                    lugar á formación de causa (the power of impeache-
                    ment), que la Constitución americana confiere á la Cá-
                    mara de Diputados y reservaban á la Asamblea en pleno
                    «1 juicio en forma, (the power to try the impeachement),
                    que corresponde en los Estados Unidos al Senado. Eix-
                    gían, por otra parte, dos tercios de los votos para conde-
                    nar. El proyecto de Castañeda, que se adoptó, no conté
                    nía ninguna de las dos disposiciones, y nuestra Constitu-
                    ción, en esta materia, resultó inferior al proyecto, como
                    sucedió casi siempre que fué derrotada la Comisión.
                    
                    La ley americana pone en la Cámara de Diputados la
                    facultad de autorizar la formación de causa y en el Sa-
                    nado la de instruir el proceso y dictar la sentencia por
                    dos tercios de votos. La Constitución chilena confiere U
                    acusación á la Cámara popular; el juicio sigue las regla*
                    americanas. La brasilera establece las mismas dos condi-
                    ciones. La argentina requiere que la Cámara popular m
                    constituya acusadora y que el Senado condene por do*
                    tercios.
                    
                    Cuanto á antecedentes en nuestra propia legialatíoi22» LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    fundamental, los teníamos en el mismo sentido. La Cons-
                    titución de 1824 daba'competencia ¿ cualquiera de las
                    dos Cámaras para declarar con lugar á formación da
                    causa por dos tercios de votos, dejando el juicio á la au-
                    toridad competente; las leyes constitucionales de 1836 exi-
                    gían la acusación de la Cámara popular. ¿Por qué la
                    Constitución de 57 rompió con el ejemplo de su modelo,
                    que reproducía su inteligente comisión, y desechó los
                    precedentes que tenía en las leyes del país? Probable-
                    mente por el espíritu congresista que dominaba en la
                    asamblea. Contra el proyecto en estudio, que atribuía á
                    una comisión la facultad de resolver sobre la proceden-
                    cia de la acusación, dejando al Congreso la de fallar so-
                    bre culpabilidad, se pronunció Castañeda, proponiendo
                    que la Asamblea resolviese sobre la culpabilidad y la
                    Corte Suprema aplicase la ley penal. Oeampo, con la cla-
                    ridad de entendimiento que mostró siempre en los deba-
                    tes, marcó la diferencia entre los dos sistemas que pare-
                    cía no entender el Congreso, y después de explicar que
                    se trataba de dos temas distintos, dijo al terminar: "Si
                    la Cámara desecha la idea del juicio político, la comisión
                    estudiará el sistema propuesto por el señor Castañeda."
                    El Congreso, pues, desechó á sabiendas el proyecto y á
                    sabiendas adoptó la modificación. Así se separó del sis-
                    tema conocido y adoptado en todas partes, y dejó en la
                    Carta fundamental una innovación que nada tiene de re-
                    comendable. En las reformas de 1874, cuando con motivo
                    de la creación del Senado hubo que retocar los artículos
                    que hacen relación al juicio de responsabilidad política,
                    pudo haberse enmendado el error; pero la costumbre de
                    ver aquellas disposiciones como un ripio constitucional,
                    hizo que no se fijara en ellos la atención de los reforma-
                    dores y se dejaran como estaban en el original.
                    
                    Conforme á nuestro sistema vigente, la Cámara po-LAS ARMAS DEL CONCRESO
                    
                    227
                    
                    pular hace de jurado de acusación en los juicios de
                    responsabilidad política; pero en realidad tiene en sus ma-
                    nos la suerte del acusado, porque debe declarar si éste es
                    6 no culpable, y queda al Senado, como jurado de senten-
                    cia, el papel secundario del presidente de debates en ju-
                    rado común, de aplicar la pena que señale la ley. Por
                    añadidura, la trascendental é inapelable resolución de la
                    Cámara de Diputados se dicta por simple mayoría ab-
                    soluta de votos. La del Senado, que en todas las Consti-
                    tuciones mencionadas se dicta por dos tercios, porque es
                    la que declara la culpabilidad, que aquí corresponde á
                    la otra Cámara, debería en nuestro sistema votarse por
                    mayoría absoluta, puesto que se refiere sólo á la aplica-
                    ción de la ley penal. De todo esto resulta que el Presi-
                    dente de la República está á merced de una simple mayo-
                    ría de la Cámara popular, que tiene en el juicio de res-
                    ponsabilidad política el medio más eficaz para humillar-
                    lo ó deponerlo.
                    
                    Véase lo que en la práctica puede significar este sis-
                    tema. De los siete casos de responsabilidad política que
                    han ocurrido en la República norteamericana, sólo uno se
                    ha referido al Presidente de la República, como resultado
                    de la tirantez de sus relaciones con una mayoría hostil en
                    ambas Cámaras; tirantez que había sido extremada, que
                    se mantuvo por dos años y que llegó á su período de cri-
                    sis con motivo de una jira del Presidente por el país, en
                    la que pronunció numerosos discursos poco comedidos
                    para el Congreso. El acusado fué Andrew Johnson, con-
                    tra quien se formularon once cargos de responsabilidad,
                    entre los que figuraban: haber pretendido remover al Se-
                    cretario de la Ouerra Stanton, sustituyéndolo con el Ge-
                    neral Thomas, contra la ley llamada Tenure of Office Act,
                    que sometía la remoción de los secretarios á la aproba-
                    ción del Senado; haber intentado, por medio de órdenea228 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    directas al General Emery, la violación de la misma ley,
                    que, como dijimos antes, era producto de la rivalidad
                    de los dos poderes y medio de ataque ideado por el Le-
                    gislativo; haber procurado en sus discursos atraer sobre
                    el Congreso el ridículo y el desprecio del pueblo, y otros
                    semejantes que, como éstos, demostraban un origen de
                    rivalidades y rencores enconados. El 3 de Marzo de 1868
                    la Cámara de Diputados aceptó los capítulos de acusación
                    y dos días después pasó al Senado el expediente para el
                    juicio. La votación se recogió el 16 del mismo Marzo con
                    el siguiente resultado: treinta y cinco senadores votaron
                    la condenación y diez y nueve la absolución; y como para
                    dos tercios se necesitaban treinta y seis votos, Johnson
                    quedó absuelto. Entre los que tuvo á su favor, siete fue-
                    ron de senadores que pertenecían á la mayoría hostil y
                    que, no obstante, fueron fieles á su conciencia y á su con-
                    vicción de la inculpabilidad. "La Historia, ha dicho Pos-
                    ter, ha declarado ya en su veredicto que ellos salvaron al
                    país de un precedente lleno de peligros y justificaron la
                    sabiduría de quienes hicieron al Senado el tribunal del
                    juicio político" (*). En efecto ¡cuánto hubiera perdido la
                    nación sentando el precedente de deponer al jefe del Go-
                    bierno por el voto de un Congreso irritado por cues-
                    tiones políticas casi personales! ¡ Cuánto ganó el prestigie
                    de sus instituciones, manteniendo con su fuerza práctica
                    «1 orden constituido y la serena tranquilidad de la
                    nación!
                    
                    iQué pasaría en México en un caso semejantet Un»
                    simple mayoría de la Cámara popular (como la que ad-
                    mitió en "Wáshington la acusación contra Johnson) bas-
                    taría para deponer al Presidente. Tratándose del proyec-
                    to de la Comisión de 57 que, aunque exigía la declara-
                    
                    (•) Benjamín Hirrtson__«This Country of ours»__P&g. 154.LAS ARMAS DEL CONGRESO
                    
                    229
                    
                    •ión previa de acusación hecha por una comisión «special,
                    dejaba á la Cámara de Diputados como tribunal para el
                    juicio, Olvera dijo en la tribuna: "Establecido entre nos-
                    otros el juicio político tal cual lo consulta el artículo, no
                    puede haber orden; el Presidente estará expuesto á con-
                    tinuas acusaciones, los conflictos entre los Poderes serán
                    frecuentes y acaso se recurrirá á golpes de Estado." No
                    puede hacerse ni mejor ni más breve resumen de los fru-
                    tos que deben esperarse del sistema que adoptó el Congreso
                    de 57 y conservó el de 74. Si no se han cosechado todavía,
                    «s porque el cultivo ha sido artificial. Todos los Presiden-
                    tes, de Juárez á acá, han tenido la salvaguardia de la
                    elección ficticia; un Congreso elegido con independencia
                    de los gobiernos central y d« los Estados, llegará fácil-
                    mente al conflicto, del conflicto á la acusación, y del fallo
                    condenatorio de una Cámara sola y apasionada, surgirá,
                    si el Presidente es fuerte ó tiene siquiera algunos batallo-
                    nes fieles, el golpe de Estado, antes que el acatamiento á
                    la sentencia.CAPITULO XIII
                    
                    El Veto 7 el Congresionalismo
                    I
                    
                    Los autores de la Constitución que desecharon el sis-
                    tema bicamarista, sentían la falta del Senado como medio
                    de moderar la actividad legislativa de una sola Cámara,
                    y revelaron en diversas ocasiones, por preceptos limita-
                    dores ó estorbos que propusieron, la inquietud que produ-
                    cía en ellos su desconfianza en el sistema unitario que ha-
                    bían hecho triunfar. Resultado de su intranquilidad fué el
                    embarazoso procedimiento que inventaron para la forma-
                    ción de las leyes; en él había tres y hasta cuatro discu-
                    siones del proyecto, distanciando en diez días la primera
                    de la segunda, y se consultaba que, con sólo pedirlo una
                    diputación completa, además de votarse individualmente,
                    el dictamen discutido se votara también por diputacio-
                    nes. Hacían así, en cierto modo, un Senado de la misma
                    Cámara única.
                    
                    El sistema fué rudamente atacado; los mantenedores
                    del bicamarismo volvieron á exponer sus argumentos en
                    favor de la segunda Cámara; pero campeó sobre todo y
                    como siempre en la discusión, la teoría de la función so-
                    berana de los representantes del pueblo, condensada eD
                    «stc, interrogación que Zendejas había lanzado cuando se232 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    discutió la unidad del Congreso: "iQué significa una
                    Asamblea soberana con freno? No bastaba para la li-
                    bertad del Legislativo quitarse el obstáculo de la di-
                    visión en dos cámaras; debía ser expedita su acción, y
                    era forzoso que pudiera ser rápida. Por lo mismo se com-
                    batió en numerosos discursos el veto presidencial, por-
                    que la Comisión proponía que un proyecto objetado por el
                    Ejecutivo no pudiese aprobarse sino por dos tercios de
                    los votos presentes. Zarco, que fué el más empeñoso de-
                    fensor del bicamarismo, era, antes que nada, enemigo del
                    ministerio en general, del Gobierno, que siempre supuso
                    parlamentario, y se declaró enemigo del veto, que reba-
                    jaba la soberana autoridad que él quería sólo en el Poder
                    Legislativo. Ramírez, considerando que el Constituyente
                    no estaba sometido al veto, decía estas palabras que re-
                    velan el espíritu de aquel cuerpo legislador y las ideas
                    predominantes sobre democracia: "Pensar que sólo la
                    asamblea constituyente ha de acertar es una presunción
                    en extremo ridicula. ¿Por qué, pues, el Congreso constitu-
                    cional ha de tener mayores trabas? jPor qué se ponen
                    tantos embarazos en su acción? {Por qué se quiere que
                    discuta tantas veces y que, desconfiando de sí mismo,
                    vaya á pedir limosna de luces al ministerio, que ha de
                    ser más sabio y más patriota? Porque no se tiene fe en
                    el progreso de la humanidad, porque no se tiene la con-
                    ciencia de la democracia."
                    
                    Con esta clase de argumentaciones, que eran en la épo-
                    ca las más convincentes, la Comisión tuvo que renunciar,
                    como en muchos debates, al acierto, y redujo la impor-
                    tancia del veto á la simple reconsideración de los proyec-
                    tos que objetara el Ejecutivo, pues propuso que la sola
                    mayoría absoluta bastara para aprobarlos. Después el
                    Congreso que introdujo el sistema bicamarista no hizo en
                    este punto reforma alguna, probablemente porque nadaEL VETO Y EL CONGRESIONALISMO
                    
                    233
                    
                    le sugería la práctica de los Congresos anteriores, siem-
                    pre dominados por una mayoría sometida al Gobierno.
                    
                    Como en el juicio político, en el veto nuestros legisla-
                    dores se apartaron de los precedentes propios y de los
                    ejemplos que podían encontrar en la legislación de los
                    pueblos de América. Tanto la Constitución de 1824, como
                    las Leyes Constitucionales de 1836, requerían el voto de
                    dos tercios de los miembros de cada cámara para confir-
                    mar una ley contra las objeciones del Ejecutivo. La regla
                    se había sentado en la Constitución norteamericana, y la
                    aceptaron nuestros viejos legisladores, como la tomaron
                    también las leyes fundamentales de la Argentina y GKilo,
                    y posteriormente, al establecer la república, el Brasil.
                    
                    Es natural suponer que los hombres públicos de 57 hu-
                    bieran nutrido sus convicciones políticas y sus princi-
                    pios de gobierno con la lectura de los debates que "ii
                    Francia sustentaba la Asamblea Constituyente de 1843,
                    producto de la revolución republicana de que podían de-
                    cirse testigos, y que era, por tanto, su más vivo é inmediato
                    modelo; y es sabido que en aquella asamblea, en que
                    abundaron los oradores de talento, dominó la discusión
                    de las teorías y prevaleció el espíritu teórico en las reso-
                    luciones. Eso habría sido bastante para orientar las opi-
                    niones hacia la concepción del Ejecutivo subordinado ó
                    por lo menos apartado de toda intervención eu la gene-
                    ración de la ley; pero lo cierto es que debieron de ser
                    pocos los constituyentes que entraron en el estudio con-
                    creto de la posición del Presidente en el sistema represen-
                    tativo, penetrando en la cuestión debatida en la Asamblea
                    de 48 de si es aquél ó no un representante de la soberanía
                    popular; y debieron de ser muy pocos, porque no se
                    expuso la doctrina en ningún sentido en el curso de las
                    diversas discusiones en que pudo caber. Los principios di'
                    nuestros legisladores eran más fáciles, por más amplios;
                    
                    15234 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    no escasos representantes habían leído á Rousseau, y sa-
                    hían, por el Contrato Social, que "la voluntad popular es
                    siempre recta y tiende siempre á la utilidad pública;"
                    por otra parte, nunca se puso en duda que el Legislativo
                    era el genuino y único representante del pueblo; que era
                    su reflejo, casi el pueblo mismo, y entonces el dogma de la
                    infalibilidad popular debía cobijar á las resoluciones del
                    Congreso, que se suponían siempre rectas y siempre en
                    pro de la pública utilidad. Por eso el veto del Ejecutivo
                    irritaba á los creyentes como una herejía, y entre los cre-
                    yentes del dogma figuraban hombres que influían en la
                    Cámara, como Zarco y Ramírez.
                    
                    Y no es extraño que nuestro Congreso adoptara tan re-
                    sueltamente el principio de la supremacía del poder que
                    hace la ley, del poder creador, cuando trabajaba la obra
                    de la revolución bajo el sentimiento congresista y anti-
                    ejecutivista, que había sido la fuerza del movimiento de
                    Ayutla. Aun en la Convención americana de 1787, sajona
                    y reunida en días serenos, reducida á corto número de
                    delegados, en quienes se juntaba una gran sabiduría á
                    una prudencia recelosa de todos los poderes amplios, sur-
                    gió y tuvo adeptos la idea de un Ejecutivo simple agente
                    de los mandamientos del Legislativo, basada en la repre-
                    sentación exclusiva en éste de la voluntad de la Nación.
                    Pero prevaleció el concepto fundamental de que el sistema
                    de gobierno que establecían era un sistema de pesos y
                    fuerzas balanceadas; la convicción de que todo poder su-
                    premo está condenado á ser un poder absoluto, inclinó
                    4 la Convención á prescindir de la lógica simple de las
                    teorías y á resolver, no sobre la naturaleza del Ejecutivo
                    como un problema de ciencia pura, sino sobre sus fun-
                    ciones y facultades como elementos complementarios de la
                    organización en conjunto. En vez de nacer el Ejecutivo
                    americano de una teoría, ha hecho reflexionar á los ana-EL VETO Y EL CONGRESIONALISMO
                    
                    235
                    
                    lizadores del sistema para extraer de él el principio que
                    acredita; el Ejecutivo, interviniendo poderosamente en
                    la formación de las leyes por medio del veto, se liga en
                    la función legislativa con el poder legislador; son ele-
                    mentos coadyuvantes sin dejar de ser independientes, y
                    esto en nada pugna con el principio de representación,
                    que es el alma de los sistemas modernos republicanos;
                    porque el Presidente, elegido por toda la Nación, es tan
                    representante del pueblo por su origen, y obrando por
                    determinación propia en todos los actos de la vida nacio-
                    nal, es tan representante de la voluntad popular, como
                    el Congreso que viene de los comicios y que "quiere"
                    en nombre de la voluntad de los ciudadanos.
                    
                    En 57 se creía que el objeto de la Constitución era
                    establecer la democracia, como una condición de digni-
                    dad y casi de orgullo; la democracia residía en «1 su-
                    fragio universal y en la supremacía del Congreso; des-
                    pués hemos ido entendiendo que la ley política tiene por
                    objeto la organización nacional, que ésta no es viable
                    sino cuando la sostiene la voluntad de la Nación misma,
                    y cuando no hay ni puede haber ¡en el organismo un ele-
                    mento superior, absoluto, que destruya á los demás y
                    con ellos las libertades públicas. Nuestros legisladores
                    veían en «1 veto una humillación del Poder Legislativo,
                    es decir, del pueblo, ante el Poder Ejecutivo, es decir,
                    de la tiranía, y con una concepción semejante es toda-
                    vía admirable que hubiese opiniones en favor de aquella
                    limitación.
                    
                    "Los fundadores de nuestra república, decía Madi-
                    son ('), parecen haber creído ver siempre la libertad
                    amenazada por la prerrogativa, siempre creciente y siem-
                    pre usurpadora,.....de un magistrado hereditario.....
                    
                    (*) The Federallst. XLVI1.236 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    No parecen haber recordado nunca >el peligro de las usur-
                    paciones legislativas que, reuniendo todos los poderes en
                    laa mismas manos, deben llevar á la misma tiranía de
                    las usurpaciones del Ejecutivo." En otro lugar dice:
                    "si entre estos departamentos (los tres poderes), no exis-
                    te una liga y una unión que dé á cada uno de ellos un
                    control constitucional sobre los otros, el ¡irado do & pa-
                    ración que requiere el principio, como esencial á un go-
                    bierno libre, no será nunca mantenido eíieazmente en la
                    práctica." Jéfferson, citado por Mádison, se expresa así:
                    "Ciento sesenta y tres déspotas (los diputados), serian
                    tan opresores como uno solo. Poco nos importa que sean
                    elegidos por nosotros. Da despotismo electivo no sería
                    el gobierno que buscáramos."
                    
                    El veto tiene dos fines directos, que se refieren, en
                    suma, á la seguridad de la Nación ¡ dar una garantía de
                    prudencia legislativa, mediante la intervención ilustrada
                    por la experiencia y afianzada en la responsabilidad per-
                    sonal del Presidente ¡ dar al Ejecutivo medios eficaces
                    de defensa contra la invasión y la imposición del Legis-
                    lativo, que "extiende por todas partes la esfera de su
                    actividad y absorbe todos los poderes en su impetuoso
                    torbellino (*).
                    
                    En la república norteamericana, la experiencia no
                    ha servido sino para demostrar la sabiduría de la Con-
                    vención de Piladelfia. Los presidentes que han opuesto el
                    veto á proyectos legislativos imprudentes ó interesados,
                    han tenido en su favor más de un tercio de votos
                    para desecharlos; los presidentes ligeros ó imprudentes
                    han l'evado la derrota de los dos tercios que se sobrepone
                    á la observación del Ejecutivo. Washington usó sólo dos
                    veces de su prerrogativa; sus sucesores hasta 1830, siete;
                    
                    (*) Mádison. Loe. cit.El, VETO Y EL CONGRESIONAL1SMO
                    
                    237
                    
                    Johnson la empleó con imprudencia y mal éxito repeti-
                    das veces; pero hasta 1885 sólo se había opuesto el veto
                    132 veces en un período de noventa y seis años. Cleve-
                    land lo interpuso contra 301 proyectos, en su mayor par-
                    te relativos á pensiones patrocinadas por diputados, y
                    debió de tener la razón de su parte, euando sólo en dos ca-
                    sos tuvo en contra la mayoría necesaria de dos tercios de
                    votos (*). Las poderosas Comisiones permanentes que di-
                    rigen las labores de las Cámaras han inventado medios
                    para forzar el veto presidencial (lo cual demuestra cuán
                    útil es), y el principal consiste en los llamados "riders."
                    Consiste la artimaña en introducir en un bilí que auto-
                    riza un gasto y en que el Ejecutivo tiene serio interés,
                    otra disposición que interesa á sus autores, aunque sea
                    de naturaleza extraña, para obligar al Presidente á
                    aceptar la parte intrusa por no rechazar la que se nece-
                    sita. Hayes echó abajo cinco proyectos con riders para
                    conservar su prerrogativa, y posteriormente este abuso
                    ha sido condenado por el Congreso.
                    
                    Pero es todavía más importante el oñcio del veto en
                    la defensa de la esfera de acción del Ejecutivo. "El veto,
                    dice Barthélemy, protege al Ejecutivo contra el peligro,
                    quimérico >es verdad, de ser suprimido por una sola ley;
                    pero sobre todo contra el peligro más real de ser poco á
                    poco despojado de sus atribuciones, por resoluciones su-
                    cesivas" (**).
                    
                    Ya hemos visto qué medios tan eficaces tiene el Le-
                    gislativo dentro de nuestra ley constitucional, para
                    avanzar sobre el terreno del Poder Ejecutivo y limitar
                    hasta donde le plazca sus más necesarias facultades.
                    Hasta que ponga en ejercicio la atribución que tiene de
                    dictar leyes para hacer efectivas las de los Poderes de
                    
                    (*) Bryce. The American Commenwealth.
                    (**) Le role du pouvolr executif. Pág. 118.238
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    la Unión. Sobre que toda reglamentación es necesaria-
                    mente la limitación de un precepto general, la ley regla-
                    mentaria puede invadir inconsideradamente la esfera de
                    acción del Ejecutivo y éste no tendrá más caminos para
                    elegir que ó la desobediencia, dee'arándose juez de la
                    constitucionalidad de la ley, ó la .sumisión. En el primer
                    extremo, surge el conflicto entre los poderes, que hemos
                    visto en Chile encender la revolución congresista contra
                    Balmaceda; en el segundo, la prudencia del Presidenta
                    originará la reducción de sus funciones hasta llegar á la
                    subordinación de un poder y á la suplantación del sis-
                    tema de gobierno que el país quiso darse.
                    
                    Para resistir esa usurpación, que se solapa con las fa-
                    cultades legítimas del Congreso, no tiene el Ejecutivo
                    medio legal que lo proteja, porque la inconstitucionali-
                    dad de una ley sólo puede considerarla (declararla no)
                    la Corte Suprema en casos aislados, en forma de juicio
                    y cuando por consecuencia de sus mandamientos se
                    afectan derechos personales; y estos casos no pueden
                    darse sino muy raras veces con motivo de leyes que in-
                    vadan ó desconozcan una facultad del Poder Ejecutivo.
                    Y luego, i cuál es el límite de lo constitucional en las dis-
                    posiciones de una ley de reglamentación? El Congreso
                    tiene en este punto la ventaja de qne maneja lo inde-
                    finido; y la latitud debe de ser muy amplia, cuando el
                    americano pudo, burlando el veto por medio de un rider,
                    privar á Johnson de su carácter constitucional de jefe
                    de las fuerzas de mar y tierra, y conferirlo al Gral.
                    Grant.
                    
                    El Congreso tiene dos caminos, igualmente llanos, pa-
                    ra abatir al Ejecutivo: reducir las facultades de éste al
                    dar las leyes que han de hacerlas efectivas, ó al regla-
                    mentar las suyas, ampliarlas sobre el terreno del otro
                    poder. Su acción invasora, como de simple reglamentación,EL VETO Y EL CONGRESIONAL1SMO 239
                    
                    asume ante la opinión pública un aspecto pacífico y de
                    presumible legalidad, en tanto que la resistencia del
                    Ejecutivo tiene que mostrarse en forma de rebeldía, con
                    manifestaciones ostensibles que siempre la harán supo-
                    ner dañada de ilegalidad reprobable.
                    
                    Aun inconscientemente y sin mala intención, el Con-
                    greso propende á ensanchar sus funciones. No podemos
                    suponer un propósito deliberado ^n el nuestro, que ha
                    ido siempre á una con el Ejecutivo, y sin embargo, en
                    su reglamento estableció la obligación de los Secretarios
                    de Estado de obedecer al llamamiento de las Cámaras
                    para rendir los informes que se les pidan. Los pueblos de
                    América que quisieron adoptar este sistema lo autoriza-
                    ron en sus constituciones (*); en México no es fácil en-
                    cajarla ni siquiera como reglamentación de una facul-
                    tad, porque no tiene conexión con ninguna de las conce-
                    didas á los Poderes federales; de suerte que es esta
                    una obligación nueva impuesta al Ejecutivo, que bien
                    pudiera ser seguida de otras que cambiaran «1 carácter
                    genuino de nuestro sistema de gobierno.
                    
                    Hay otro caso mucho más grave: una disposición
                    de la ley electoral, que viene desde el Constituyente y
                    que éste no insertó, como debía, en el cuerpo de la Cons-
                    titución. Ordena la ley que cuando ningún candidato ob-
                    tenga mayoría absoluta en la elección presidencial, la
                    Cámara de Diputados elija un presidente de entre los
                    dos ciudadanos que hayan reunido mayor número de vo-
                    tos. Se trata de prever un caso muy probable en eleccio-
                    nes libres; la disposición es necesaria para evitar una
                    dificultad muy seria; pero importa una facultad nueva
                    que se otorga á una cámara, y sólo la Constitución pu' -lt»
                    conferir atribuciones á los Poderes federales. Es singu-
                    
                    (*) Perú, art  103 —Venezuela, art 97.—Guatemala, art. 76 y otra*240 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    lar que los constituyentes, que vieron esa disposición en
                    la Constitución americana, no la tomaran para la núes
                    tra y sin embargo la copiaran en la ley electoral, desau-
                    torizada para contenerla.
                    
                    Dos veces se aplicó esa disposición para elegir á Juá-
                    rez: en 1861 y en 1871; es extraño que la inconstitucio-
                    nalidad del sistema no haya sido alegada, especialmente
                    en el segundo caso, cuando una fuerte oposición se hacía
                    oir en el Congreso. Para. Jo porvenir presenta un peli-
                    gro serio, porque su ilegalidad es indiscutible y ni los
                    precedentes pueden autorizarla. El Congreso nacional lo
                    reconoció así en las reformas constitucionales de 13 de
                    Noviembre de 74, cuando en el inciso A del art. 58
                    facultó á las legislaturas para elegir al senador res-
                    pectivo, si en la elección ningún ciudadano obtiene ma-
                    yoría absoluta. No creyeron bastante los reformadores
                    establecer el procedimiento en la ley electoral, tratándo-
                    se de designar senadores, y sin embargo, se mantuvo la
                    irregularidad en la elección mucho más grave de Presi-
                    dente de la República.
                    
                    No hay que ser pesimista para prever que un Con-
                    greso libre sería implacable con un Presidente desarma-
                    do, y el arma es el veto fuerte, sólo subordinado al voto
                    de dos tercios de representantes en cada Cámara. "Por
                    el veto el Presidente se constituye guardián de los de-
                    rechos del pueblo, como una especie de tribuno del pue-
                    blo con respecto á la legislatura; él lo salvaguarda del
                    espíritu de facción, de la precipitación y de otros vicios
                    contrarios al bien público de los que el Congreso no esca
                    pa nunca de un modo absoluto" (*).
                    
                    El veto que la Constitución establece, es, simplemen-
                    te, el derecho del Presidente para que, reconsiderado el
                    
                    '*) Barthélemy._Op cit., pág. tC7.EL VETO Y EL CONGRESIONALISMO
                    
                    241
                    
                    proyecto de ley, vuelva á votarse; y es fácil comprender
                    que si las Cámaras cuentan con una mayoría adversa al
                    Ejecutivo, ó bien interesada en llevar adelante un pro-
                    pósito político ó un interés de administración, la mayo-
                    ría que votó la ley la confirmará sin duda.
                    
                    La prerrogativa es irrisoria; sin embargo, en las dis-
                    cusiones de 57 se la llamaba veto absoluto para hacerla
                    más odiosa.
                    
                    La diferencia entre la simple mayoría y dos tercios
                    fie votos es considerable y hacía decir en aquella época
                    rl'ie serviría para despojar al Congreso de la facultad le-
                    gislativa. El privilegio del veto no tiene tal poder,
                    porque es simplemente negativo: es la facultad de im-
                    pedir, no de legislar; y como una ley nueva trac la mo-
                    dificación de lo existente, la acción del veto, al impedir-
                    la, no hace sino mantener algo que ya está en la vida de
                    la sociedad. El valor de los dos tercios de votos no puede
                    calcularse simplemente por la aritmética, como ha hecho
                    observar un escritor, porque es preciso agregar á los
                    números la influencia moral del Presidente en el ánimo
                    de cada una de las Cámaras, que tienen, hasta en los
                    malos tiempos, una minoría de hombres sensatos, capaces
                    de sobreponer á los sentimientos comunes el juicio supe-
                    rior del bien público.
                    
                    Podrá decirse que el mal no se evitará si en ambas
                    asambleas hay una mayoría de dos tercios contra el Eje-
                    cutivo. Probable es, si tal sucede, que sea el Congreso
                    quien tenga razón; pero aun supuesto lo contrario, el
                    caso es más remoto y todas las precauciones tienen un
                    límite. Además, no hay que presumir que el Congreso sea
                    indiferente á la opinión pública, ni que ésta (por negli-
                    gente y reducida que sea en el país), deje de manifestar-
                    se y moverse ante la actitud resistente del Ejecutivo,
                    que con el veto echa las responsabilidades sobre un eon-242
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    greso mal aconsejado por pasiones reprobables ó mez-
                    quinos intereses.
                    
                    Tachaban nuestros legisladores al veto de traer la con-
                    fusión de poderes; sólo el diputado Villalobos dió mues-
                    tras de entender y apreciar á fondo la prerrogativa. Pre-
                    cisamente los gobiernos parlamentarios, en los cuales se
                    ha llegado casi enteramente á la unidad del poder, son
                    los que no emplean el veto. El rey de Inglaterra lo tiene
                    absoluto en la Constitución; pero hace doscientos años
                    que no lo usa; el presidente de Francia lo tiene en la
                    forma de simple reconsideración del proyecto que ob-
                    jeta; pero tampoco lo emplea desde Mac-Mahon á nues-
                    tros días. En los gobiernos de Gabinete, en que cuando
                    más el jefe nominal del Ejecutivo es una persona res-
                    petable para los ministros, sería extravagante conferir
                    . al Gobierno el derecho de veto que requiere dos tercios
                    de votos, cuando la simple mayoría tiene el poder supe-
                    rior de derribar al Gobierno. En el sistema presidencia]
                    americano, el veto no es una amenaza para la separa-
                    ción de los poderes: es el medio indispensable para man-
                    tenerlo contra la tendencia absorbente del Poder Legis-
                    lativo, que con el ensanche de su acción propende á ser
                    el poder único.
                    
                    11
                    
                    El carácter accidental del Gobierno y aun la forma
                    definitiva que adopta, dependen, por una fatalidad in-
                    vencible, de las condiciones personales que reúne el titu-
                    lar del Ejecutivo. La Constitución "literaria" de un pue-
                    blo, es lo que los legisladores quisieron que fuesen las
                    instituciones; la Constitución "real" es lo que resulta
                    en la práctica, de la complexidad del Gobierno en que in-
                    tervienen los distintos órganos que lo constituyen: pero,EL VETO Y EL CONGRESIONALISMO
                    
                    243
                    
                    entre éstos, es el Ejecutivo el que ejerce mayor influencia
                    y el Ejecutivo tiene por núcleo un hombre con educación
                    individual, carácter determinado é intelecto propio. Bajo
                    Hárrison y sus predecesores, Wilson ve aparecer en los
                    Kstados Unidos un gobierno congresional por la pasividad
                    de los presidentes; bajo Mac Kinley y Roosevelt, nota
                    Barthélemy la inclinación definitiva del sistema america-
                    no hacia el gobierno personal. En Francia, Mac Mahon
                    por conservador y Grevy por sumiso é inerte, según dis-
                    tinguidos escritores, determinan el abatimiento del pre-
                    sidente y transmiten á sus sucesores un poder nominal,
                    irremediablemente nulificado, contra la letra y el espíritu
                    de las leyes constitucionales de la tercera república.
                    
                    Todos los presidentes mexicanos de la época constitu-
                    cional han sido fuertes; pero no han influido en las
                    instituciones, porque éstas no han vivido la vida propia
                    que sólo puede darles la organización del gobierno por
                    el sufragio popular. La influencia recíproca entre laa
                    instituciones y nuestros gobernantes, no puede, por mí-
                    nima é indirecta, tomarse en consideración hasta ahora.
                    ¿Cuál será al ponerse aquéllas en práctica mediante la
                    elección efectiva del Congreso y el Presidente?
                    
                    La debilidad del Ejecutivo en la Constitución lo pone
                    al arbitrio del poder instintivamente invasor que >en nues-
                    tra ley fundamental no encuentra las limitaciones que
                    lo detienen. Un presidente de energías dominadoras, an-
                    te un congreso agresivo, irá al golpe de Estado y á la
                    dictadura; pero esto no será definir un sistema de go-
                    bierno. Un presidente que acate la Constitución, ante aa
                    congreso designado por el voto público, tendrá que su-
                    frir con mayor ó menor resistencia, según la entereza de
                    su carácter, la invasión de sus atribuciones, sobre todo
                    si él llega también á la primera magistratura por la elec-
                    ción popular, que no confiere derechos de conquista ni244 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    engendra el sentimiento de superioridad propio del jefe
                    revolucionario. Entonces (y tanto más pronto cuanto más
                    pasivo sea el Presidente), se llegará á una forma híbrida
                    de sistema parlamentario subrepticio, sin ninguna de las
                    ventajas del sistema europeo, sin dignidad ni firmeza, y
                    con más debilidades, incoherencias é incertidumbres.
                    
                    El gobierno congresional se constituye por sí solo, sin
                    necesidad de una declaración formal, por la Fuerza de las
                    cosas. Un congreso que domina, rechazando las iniciati-
                    vas del Gobierno y negándole los recursos que ha menes
                    ter, acaba por forzar la dimisión de los ministros: re-
                    pite su agresión eon los que los sustituyan, y al cabo de
                    algún tiempo de semejante brega, si el Presidente no se
                    va, tiene que tomar para su gabinete los hombres que le
                    ofrezca la mayoría dominadora. Desde el momento en
                    que el Presidente ha perdido de hecho la facult:ii de
                    nombrar y remover libremente á sus seeretarios, su auto-
                    ridad está perdida y el gobierno congresional ha sustitui-
                    do al presidencial; pero esto no es un gobierno parlamen-
                    tario.
                    
                    El sistema parlamentario ó de gabinete no puede im-
                    plantarse en este país, porque nos faltan para él elemen-
                    tos que nunca hemos tenido y otros que todavía no tene-
                    mos.
                    
                    No hemos tenido tradición monárquica, y es de la mo-
                    narquía transformada por el advenimiento de la demoera
                    cia de quien procede el sistema, que es originariamente
                    inglés; un pueblo sin esa tradición no puede ver con i es-
                    peto ni tolerar siquiera á un jefe de Estado sin respon-
                    sabilidad ni funciones, especie de príncipe consorte de la
                    República, del cual ya dijo un estadista distinguido que
                    sirvió el cargo, Casimiro Perier, que "entre los poderes
                    que se le suponen atribuidos, el único que el Presidente
                    puede ejercer libre y personalmente es la presidencia deEL VETO Y EL CONGRESIONALISMO
                    
                    245
                    
                    las fiestas nacionales." Quizá pueda decirse que el sistema
                    parlamentario necesita, para ser institución sólida, no só-
                    lo la tradición, sino la manarquía. Sólo el monarca lleva
                    suficientemente la representación de la nación y de su
                    historia, para ser no más representación y conservar el
                    respeto y la veneración populares; esto no lo alcanza 1111
                    burgués por mucho que valga como hombre. En Inglate-
                    rra, Italia, España, Austria, Bélgica, no se discute el par-
                    lamentarismo como en Francia ¡ en aquellos países se
                    atenta contra la vida del monarca ¡ pero no se le befa
                    dándole de bastonazos como al Presidente Loubet, ó ti-
                    rándole de las barbas como al Presidente Fallieres. En
                    Francia, el gobierno parlamentario no tiene aún caracte-
                    res de estabilidad; hay partidos que proponen la presi-
                    dencia plebiscitaria y fuerte; pero la tendencia práctica
                    más bien conduce á la desaparición del Ejecutivo como
                    eji Suiza.
                    
                    El elemento que no tenemos todavía y sin el cual el
                    parlamentarismo es falso, es la cultura elevada en lo ge-
                    neral, que el pueblo necesita para hacer una elección que
                    sirva no sólo para enviar á la (Jamara representantes li-
                    bres, honorables ó ilustrados, sino para resolver las cues-
                    tiones propuestas por la política del mouimto. Cuando
                    en un conflicto se disuelve la Oámara, la convocación á
                    ' lecciones es una consulta al pueblo para qu; él, como
                    mediador y soberano, resuelva la dificultad en el sentido
                    que quiera; es una forma de "referéndum" que se con-
                    testa eligiendo á los diputados por las ideas que tienen
                    y que han de llevar en su voto á la asamblea. En México
                    habremos ganado mucho si logramos que, restringido el
                    sufragio, los electores sepan, en su mayoría, lo que es
                    un diputado y el interés que su designación tiene.
                    
                    Para el gobierno parlamentario se necesita una cons-
                    titución preparada especialmente. El sistema tiene base-;246
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA. DICTADURA
                    
                    fundamentales que son las siguientes: la. "Irresponsabi-
                    lidad del jefe del Poder Ejecutivo." Para ser irresponsa-
                    ble, es preciso que no tome ninguna participación directa
                    en la resolución de los negocios; que éstos sean llevados
                    según la voluntad del gabinete, á fin de que la reproba-
                    ción de la Cámara afecte sólo á los ministros, y al aban-
                    donar ellos el poder, no sea aquél arrastrado en la
                    caída. Hasta para una simple opinión tiene que ser el
                    titular del Ejecutivo muy discreto, porque si comparte
                    la del Gabinete y éste fracasa en el debate, se verá
                    embarazado con los ministros nuevos, que traen forzo-
                    samente la opinión contraria. En Inglaterra el rey tiene
                    que presidir lo mismo un gobierno conservador que uno
                    liberal; en Francia, el presidente radical debe conservar-
                    se en aptitud de presidir un gabinete progresista ó so-
                    cialista.—2a. "Responsabilidad meramente parlamentaria
                    de los ministros. No se trata de una responsabilidad por
                    delitos políticos, que tienen sanción en el Código Penal ¡
                    sino de la que procede de faltas, errores, extravíos en la
                    dirección de los negocios públicos que ameritan la repro-
                    bación de la Cámara y tienen por sanción única, pero
                    forzosa, la de abandonar las funciones, dimitir. Conse
                    cuencias de esta base son que el gabinete no se atenga á
                    las opiniones del jefe del Gobierno, sino que obre con
                    independencia de él, y que el gabinete no sea designado
                    por él, sino por las circunstancias políticas de la situa-
                    ción, que en el caso se revelan por los jefes de grupo á
                    quienes siempre se consulta. Otra consecuencia es la ne-
                    cesidad de la homogeneidad del gabinete ó el concierto
                    de los que han de constituirlo; lo que se consigue con no
                    designar sino al jefe del gabinete, autorizándolo para es-
                    coger él los demás ministros. De todo lo cual resulta
                    que el jefe del Ejecutivo no tiene, en suma, facultad ni
                    para nombrar, ni para conservar, ni para remover á sus247
                    
                    ministros.—3a. Facultad de disolver la Cámara popular.
                    
                    Esta, que pudiera tenerse por la única, pero soberana,
                    función del jefe titular del Ejecutivo, en realidad no
                    obra sino por acuerdo del gabinete; pero notemos de
                    paso, en confirmación de que sólo las monarquías pue-
                    den ser verdaderamente parlamentarias, que la disolu-
                    ción, con frecuencia usada en los países de instituciones
                    monárquicas, sólo se ha empleado una vez en la tercera
                    república francesa por el Mariscal Mac-Mahón, que tuvo
                    Que dimitir en seguida, desautorizado por el voto popu-
                    lar. Desde entonces el hecho de disolver la Cámara se
                    considera en Francia como un atentado contra la na-
                    ción, á quien aquélla representa. "El rey constitucional
                    puede conservar sus funciones á pesar de un mal éxito
                    (en la nueva elección), porque representa á una dinas-
                    tía, porque tiene derechos que proceden de su sangre y
                    porque nada debe á la elección popular; pero el Presi-
                    dente de la República, ¿podrá permanecer en funciones,
                    aun sometiéndose, cuando el pueblo de quien tiene sus
                    poderes lo ha condenado? No tiene más que dimitir." (*)
                    
                    Ya se ve, pues, que para formular el gobierno parla-
                    mentario en nuestra Ley suprema, sería necesario ha-
                    cer en ella tan profundas modificaciones, que forzarían
                    el cambio de la mayor parte de sus preceptos; y cuando
                    lo hubiésemos formulado, tendríamos un sistema inapli-
                    cable en este país y que repugna á nuestras costumbres
                    y á nuestro modo de concebir la organización política.
                    
                    Como ensayo de parlamentarismo en América tene-
                    mos el gobierno de Chile. La Constitución, sin ser pre-
                    cisamente adecuada á un gobierno de gabinete, conduce
                    necesariamente á un sistema congresional. El Presiden-
                    te no es enjuiciable durante su encargo; pero no es irres-
                    
                    (*) Barthélemy. Le role du pouvcir exocutif. págs. 653 y 668.248 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    ponsable tampoco, pues puede ser acusado por faltas gra-
                    ves durante el año siguiente á la conclusión del período;
                    tiene facultad para convocar al Congreso á sesiones ex-
                    traordinarias y para prorrogar las ordinarias; pero no
                    puede cerrar éstas cuando lo juzgue oportuno, ni disol-
                    ver la Cámara popular. Gran parte de su acción está
                    subordinada al Consejo de Estado, de cuyos miembros lu
                    mayoría son nombrados por las Cámaras y que él no pue-
                    de remover ¡ en cambio, el Congreso puede declararlo im-
                    pedido para continuar en el desempeño de sus funciones,
                    por una apreciación enteramente arbitraria, considerar
                    permanente el impedimento y convocar á elecciones para
                    sustituirlo. Los ministros pueden ser miembros de las Cá-
                    maras sin perjuicio de sus funciones; tienen atribuciones
                    propias que los hacen más que secretarios del Presiden-
                    te y responsabilidad solidaria de gabinete sobre lo que
                    en consejo acuerden. No se necesitaba más para consti-
                    tuir el gobierno congresional, con votos de censura, di-
                    misión determinada por actos del Congreso y designa-
                    ción de ministros por las mayorías de la Cámara.
                    
                    ¿Cómo trabaja este sistema? Tan mal, que puede apli-
                    carse á Chile la frase que Boutmy dedica á ciertos ma-
                    les de los Estados Unidos; vive con sus instituciones co-
                    mo la viña con la filoxera. El Poder Ejecutivo, subordina-
                    do al Congreso, deja á éste ejercer un poder anárquico
                    absoluto; los partidos no constituyen una mayoría fuer-
                    te para el Gobierno, sus coaliciones son momentáneas y
                    cada una da origen á un gabinete. "La presidencia de
                    Errázuriz no fué sino una larga crisis ministerial: de
                    1896 á 1901 veinticinco gabinetes se sucedieron en el po-
                    der," dice Barthélemy, quien añade que aunque enton-
                    ces la duración media no llegaba á tres meses para cada
                    gabinete, en 1906 tendía á reducirse más aún. Se necesitaEL VETO Y EL CONGRESIONALISMO
                    
                    249
                    
                    que la nación chilena tenga grandes virtudes compensa-
                    doras para que pueda vivir con semejante sistema.
                    
                    NTo hay temor de que en México pueda prosperar un
                    intento de reformas constitucionales que lleven á la Cons-
                    titución los principios fundamentales del gobierno parla-
                    mentario, salvo que las hiciera una revolución congresista
                    radical, para la cual el país no tiene condiciones pro-
                    picias. Si tal aventura se corriera, nuestra situación se-
                    ría peor que la de Chile, porque aquí hay menos posibili-
                    dad que en la República sudamericana de formar gran-
                    des partidos de ideas, y sólo se disputarían el poder los
                    pequeños grupos de diputados reunidos alrededor de
                    personalidades de ocasión, sin más liga que un interés in-
                    dividual que puede satisfacerse lo mismo por un cabecilla
                    que por otro, con tal que sea el vencedor.
                    
                    De lo que sí hay peligro es de que lleguemos al gobier-
                    no congresional sin preparación en las leyes, que sería
                    tan malo como el parlamentario y aun peor, porque ten-
                    dría por origen la usurpación del Congreso, el despojo
                    humillante para el Ejecutivo, que no podría tener por
                    titulares sino á hombres de docilidad vergonzosa, y el
                    desconocimiento de la ley fundamental en nombre de la
                    representación del pueblo burlado.
                    
                    El Congreso nacional, cada vez que ha podido, ha mos-
                    trado su tendencia agresiva é invasora contra el Ejecu-
                    tivo. Está en la naturaleza de la institución. El Ejecuti-
                    vo, previendo la amenaza, ha absorbido al Poder Legis-
                    lador y ha creado la dictadura. Las deficiencias de la
                    Constitución colocan, pues, al país entre la dictadura pre
                    sidencial y el despotismo anárquico del Congreso; y poi
                    eso las clases conscientes del pueblo, por algo como ur
                    instinto de conservación, han aceptado al Ejecutivo, qiu
                    asegura la vida á costa de las libertades, lo han soste-
                    nido con un acuerdo tácito, y no han seguido al Congrí250
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    so que, por su incoherencia, no da más que libertades teó-
                    ricas y pone en peligro los intereses materiales y la exis-
                    tencia de la Nación.
                    
                    Para obtener simultáneamente la seguridad y la liber-
                    tad, es indispensable que los dos Poderes funcionen con
                    amplitud y con independencia; pero dentro de límites in-
                    franqueables. Los dos son igualmente necesarios eti el
                    mecanismo del Gobierno, y para el nuestro, que es el úni
                    eo á que podemos avenirnos, la preponderancia del uno
                    sobre el otro no es una solución, sino una destrucción.
                    
                    Al condenar como usurpador ó desorganizador el siste-
                    ma congresional á que daría nacimiento la invasión á que
                    tiende «1 Poder Legislativo, no queremos decir que el Con
                    greso deba abstenerse de toda intervención en los actos
                    del Ejecutivo. Ni puede ni debe impedirse esa interven-
                    ción cuando las Cámaras estimen que el Gobierno com-
                    promete al país ó amaga á la Constitución con su conduc-
                    ta, ó cuando por negligencia ó malicia deje de hacer uso
                    de facultades que le son propias ó de cumplir obligacio-
                    nes que no debe excusar. El Congreso tiene autoridad
                    legítima para intervenir, no señalada en una fracción del
                    artículo 72, sino emanada de su naturaleza como alta ins-
                    titución gubernativa, y expresa en la protesta solemne
                    con que se asumen las funciones públicas, de guardar y
                    hacer guardar la Constitución y las leyes; tiene la au-
                    toridad que procede de la responsabilidad que reporta y
                    la obligación que le incumbe como poder director que,
                    asociado al Ejecutivo, garantiza á la Nación un gobier-
                    no no sólo constitucional, sino sabio y fuerte. Pero en-
                    tonces, para ejercer esa autoridad, no tiene medios legis-
                    lativos, sino políticos; no dicta un decreto usurpando fa-
                    cultades del Ejecutivo, sino que se pone en comunicación
                    con él por los medios que la Cqnstitueión establece, para
                    inducirlo á modificar su conducta, ó dicta los acuerdosEL VETO Y EL CONGRESIONAL1SMO
                    
                    251
                    
                    que demuestren la opinión del Congreso ó de una de sus
                    Cámaras, para arrojar sobre «1 Ejecutivo la responsabi-
                    lidad de las consecuencias. A diferencia de un sistema
                    congresional ó del parlamentario, no tendrá tal acto del
                    Congreso, por sanción, la dimisión del gabinete; pero
                    sí tendrá eficacia para despertar la opinión pública y po-
                    nerla en guardia, así como para hacerla juez sin apela-
                    ción de la conducta de los dos Poderes. Si ese medio no
                    basta, queda el de la responsabilidad mediante el juicio
                    político.
                    
                    Hay que tener en cuenta, igualmente, que aunque el
                    Ejecutivo en el régimen presidencial es representante
                    de la Nación lo mismo que el Congreso, tiene atribuciones
                    respecto á las cuales es simple agente de aquél. En tales
                    casos, sólo le toca obedecer y el Congreso puede ordenar
                    y exigir que sus mandatos se cumplan; sirvan de ejem-
                    plo la promulgación de las leyes, la declaración de gue-
                    rra, la convocación á sesiones extraordinarias.CAPITULO XIV
                    
                    Caracteres de la Suprema Corte
                    I
                    
                    "El supremo poder de la Federación se divide, para su
                    ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial," dice la
                    Constitución en su artículo 50, y en el 90 declara que "se
                    deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación
                    en una Suprema Corte de Justicia y en los tribunales de
                    Distrito y de Circuito."
                    
                    Las constituciones posteriores á Montesquieu han acep-
                    tado la división clásica del poder supremo abstracto en
                    los tres poderes que se ponen en ejercicio, mediante las
                    atribuciones que la ley fundamental les confiere; algu-
                    nas lo han hecho por una declaración enfática, como la
                    nuestra; otras, como la americana, han excusado los ries-
                    gos de la teoría; pero la han seguido en la organización
                    del gobierno con la ventaja, por lo menos, de no incitar
                    á las deducciones lógicas que tanto mal hacen en materia
                    de instituciones políticas. Entre nosotros hay que comen-
                    zar por persuadir á personas de ilustración no común, de
                    que las declaraciones científicas de la Constitución no tie-
                    nen valor ninguno, porque no se legisla sobre la naturale-
                    za de las cosas; de lo contrario, partiendo de un error
                    científico, que toman por mandamiento obligatorio, van
                    por deducciones á errores nuevos de trascendencia, que se
                    propagan con perjuicio del criterio general. Tal sucede
                    ■«on la declaración de los artículos citados, que contienen264
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    la teoría del Poder y su división teórica y simétrica; la
                    Constitución debió limitarse á determinar las funciones
                    d« cada departamento, dejando á la ciencia el análisis
                    de su naturaleza y de las condiciones peculiares de cada
                    uno.
                    
                    El Gobierno es una entidad creada por la sociedad pa-
                    ra encomendarle las funciones de su actividad colectiva,
                    con el fin superior de mantener su organismo. Para la
                    vida permanente del organismo, la primera condición ¡es
                    el orden, cuya estabilidad es el objeto principal del Go-
                    bierno ; y como la suma de autoridad depositada en éste
                    ha sido siempre una amenaza de presión sobre la misma
                    sociedad que lo erige, los pueblos han buscado los medios
                    que mejor garanticen el funcionamiento uniforme y mo-
                    derado de aquella entidad, de modo que sea fuerte para
                    llenar sus fines, pero impotente para ir contra ellos. Este
                    ha sido el problema de las constituciones, que cada pue-
                    blo ha tratado de resolver según las necesidades que reve-
                    la su experiencia, y que quizá ninguno ha resuelto hasta
                    hoy de manera satisfactoria.
                    
                    El medio principal ha consistido en la separación de
                    las funciones que la autoridad social tiene que ejercer
                    por medio de sus órganos; de suerte que esa separación
                    es una precaución que aconseja la experiencia y no una
                    necesidad científica; se impone por la imperfección mo-
                    ral del hombre, no por la naturaleza de la entidad abs-
                    tracta del Gobierno. Prueba de ello es que los pueblos
                    europeos, tan superiores á los latinoamericanos en vida
                    política, no tienen el rigor de separación de funciones
                    que caracteriza á éstos, ni dan á su ley fundamental un
                    origen distinto del de las leyes comunes. Suiza vive sin
                    Poder Ejecutivo especial, y á ello tienden más y más cada
                    día Francia, Bélgica y, en general, todas las naciones
                    regidas por gobiernos parlamentarios. Inglaterra caminaCARACTERES DE LA SUPREMA CORTE 255
                    
                    rápidamente, en los últimos tiempos, á la supresión del
                    sistema bieamarista. En todos esos países, cuanto más
                    se elevan los tribunales, menos idea hay de que la ad-
                    ministración de justicia sea un poder. Para ellos las teo-
                    rías llegaron tarde y no pudieron dominar á las ideas
                    adquiridas en la práctica; pero para nosotros llegaron
                    á tiempo para ser motivo imperioso de las instituciones.
                    
                    La simetría, que en ciencia pura es tan fácil y que tiene
                    una perfección matemática tentadora, suele ser inexacta
                    y corruptora en las realidades de la vida social. El pueblo,
                    se dice, tiene el poder supremo: cuando organiza su au-
                    toridad, constituye tres departamentos con funciones de-
                    terminadas é independientes; entonces la teoría queda
                    impecable continuándola con el principio de que el poder
                    popular se divide, para su ejercicio, en tres poderes fun-
                    cionales. La división es cómoda, pero es falsa; que el
                    pueblo haga uso del poder para crear un departamento
                    encargado de una forma de actividad concreta, no es for-
                    zosamente delegar un poder, sino encargar una función.
                    Si la Constitución estableciera un departamento encarga-
                    do de cumplir todas las leyes relativas á impuestos inde-
                    pendiente del Ejecutivo, crearía un departamento del fis-
                    co; pero no un poder fiscal.
                    
                    La idea de poder en general, de la que no puede estar
                    disociada la de poder político, implica necesariamente ta
                    idea de voluntad en ejercicio y por consiguiente la dr
                    libertad de determinación. Son poderes públicos los ói-
                    ganos de la voluntad del pueblo; es decir, los encargados
                    de sustituir su determinación en lo que el pueblo puede
                    hacer ó no hacer; pero no los que tienen encomendada
                    una función sin libertad, por más que la desempeñen en
                    nombre y con apoyo de la autoridad del pueblo. Es poder
                    el órgano que quiere en nombre de la comunidad social y
                    ordena en virtud de lo que se supone que la comunidad256 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    quiere. El Legislativo es poder siempre que ejerce ana
                    funciones propias; no lo es cuando desempeña una ex-
                    traña, como la de jurado de sentencia, porque entonces
                    no interpreta la voluntad de la Nación, sino las leyes pe-
                    nales. El Ejecutivo es poder cuando determina, por mo-
                    vimiento propio, las medidas de seguridad pública, de
                    prosperidad económica, de acción diplomática, en las que
                    consulta el bien de la Nación y presume su aquiescencia;
                    no lo es cuando promulga una ley ó convoca á sesiones
                    extraordinarias, con obediencia ciega en que no intervie-
                    ne su voluntad. El departamento judicial nunca es po-
                    der, porque nunca la administración de justicia es de-
                    pendiente de la voluntad de la Nación; porque en sus
                    resoluciones no se toman en cuenta ni el deseo ni el bien
                    públicos, y el derecho individual es superior al interés
                    común; porque los tribunales no resuelven lo que quieren
                    en nombre del pueblo, sino lo que deben en nombre de la
                    'ey; y porque la voluntad libre, que es la esencia del ór-
                    gano poder, sería la degeneración y la corrupción del ór-
                    gano de la justicia.
                    
                    Sin embargo, los escrúpulos de los teóricos son infun-
                    dados, porque la justicia, en verdad, es una emanación
                    del poder popular; pero no en su aplicación, sino en la
                    determinación de los principios que la establecen; no en
                    la sentencia que resuelve un caso particular, sino en la
                    ley que dicta las reglas generales; no en cada tribunal
                    que falla, sino en el Congreso que legisla. El error de la
                    teoría está en confundir el jus con el judicium para dar
                    á éste la calidad de expresión del poder soberano, que sólo
                    tiene aquél.
                    
                    Al órgano de la función judicial le faltan las condicior
                    nes esenciales de los órganos de poder, lo. INICIATIVA.
                    El Legislativo y el Ejecutivo obran por sí solos en virtud
                    de la acción espontánea que caracteriza la voluntad; pao-CARACTERES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    257
                    
                    den obrar 6 no obrar; promueven, transforman, dan orien-
                    taciones nuevas, ponen "el orden en movimiento," que
                    es el progreso de las sociedades. El Judicial no puede
                    obrar sin excitativa; necesita el caso; cuando el caso se
                    presenta no puede desdeñarlo, tiene que considerarlo y
                    resolverlo; obedece á la iniciativa de las partes, que
                    tienen el derecho de obligarlo á obrar; si no hubiera
                    partes, no tendría que hacer; no transforma ni promue-
                    ve; de un modo inmediato, su acción es nula para el pro-
                    greso, porque sólo es su auxiliar en la condición estática,
                    el orden; pero carece de la dinámica, el movimiento.—
                    2o. UNIDAD. El Legislativo se compone de dos Cámaras
                    y cada una de éstas de muchos representantes; pero la
                    acción es una, aunque se ejerza por muchos; ninguna otra
                    autoridad puede legislar, ni siquiera en categoría subal-
                    terna. El Ejecutivo está depositado en una sola persona;
                    los secretarios de Estado son simples auxiliares, y en
                    todo caso su intervención es concurrente, no divide la
                    acción, que es una; debajo de los consejeros no hay más
                    que agentes ejecutores. El departamento judicial com-
                    prende, además de la Corte Suprema, los tribunales in-
                    feriores con autoridad propia y cuyas resoluciones no
                    siempre son revisadas y que pueden, en muchos casos,
                    ser tan definitivas como las de la Corte. 3o. AUTORIDAD
                    GENERAL. El Legislativo y el Ejecutivo establecen pre-
                    ceptos de observancia general que afectan á la comunidad
                    entera ó dictan disposiciones que comprenden á todo el
                    que esté ó se ponga en las condiciones previstas. Nunca
                    tiene este alcance una resolución del órgano judicial;
                    sus mandamientos sólo se refieren al caso controvertido
                    y no afectan sino á las partes interesadas; la única ex-
                    tensión á que puede aspirar un fallo, consiste en la fuer-
                    za del precedente como interpretación legal que fija un
                    
                    •*6 , s268 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    principio jurídico; pero el precedente no tiene nunca la
                    fuerza definitiva de un mandamiento invariable.
                    
                    El mismo genio de Montesquieu sentía repugnancia en
                    la concepción del órgano judicial igual á ¡os otros dos,
                    cuando decía: "de las tres potestades, la encargada de
                    juzgar- es en cierto modo nula;" pero se nota que su
                    concepción de las tres potestades (puissances) del Esta-
                    do no era equivalente á la que avanzó después hasta la
                    teoría matemática que adoptó nuestra Constitución, y
                    no habló de tres poderes (pouvoirs). Lo que él percibía
                    casi como nulidad, no era sino la índole diferente de la
                    facultad de juzgar, comparada con la representación y
                    ejercicio de poder que corresponden al Legislativo y ai
                    Ejecutivo; porque es imposible que su profundo espíritu
                    desconociera la importancia de la función judicial, "tan
                    terrible entre los hombres," según su propia expre-
                    sión (*).
                    
                    Decir que el órgano de la justicia no es un poder pú-
                    blico en el sentido de la ciencia constitucional, no es de-
                    cir que no tenga poder: lo tiene, por cierto formidable,
                    especialmente en los gobiernos constituidos sobre el sis-
                    tema federal americano, y quizá en ninguno como en el
                    nuestro. Aun excluyendo su intervención decisiva en la
                    calificación de las leyes y los actos del Legislativo y el
                    Ejecutivo, y considerándolo simplemente como autoridad
                    que resuelve sobre derechos privados en una contienda
                    entre individuos, es decir, la mera función de juez, su
                    potestad merece la calificación de terrible que le aplicó el
                    ilustre filósofo del siglo XVIII. Una ley mala se deroga ;
                    sus efectos pueden eludirse por los hombres evitando po-
                    nerse en el caso de su aplicación; los ya causados puo
                    den generalmente repararse por un acto de justicia del
                    
                    (•) Espíritu de la» Leyes.—Llb. XI. Cap. VI.CARACTERES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    259
                    
                    legislador; las disposiciones del Ejecutivo tienen condi*
                    cíones análogas y pueden ser modificadas por una ley;
                    una sentencia mala causa efectos irreparables, aun para
                    el mismo tribunal que la dicta, y ni él ni poder alguno
                    tienen medio para cambiarla. La responsabilidad es di
                    fícilmente efectiva; casi nunca eficaz para la reparación
                    del mal causado.
                    
                    Pero no son las consideraciones generales á la admi-
                    nistración de justicia las que interesan para este estudio,
                    sino las que comprenden especialmente á la federal como
                    intérprete de la Constitución, y como en esta función
                    los tribunales inferiores no intervienen en realidad sino
                    para preparar la materia sobre que en todo caso falla
                    la autoridad superior, hablaremos sólo de la Suprema
                    Corte.
                    
                    II
                    
                    La Suprema Corte tiene la función más alta que pueda
                    conferirse en el orden interior de una república: la de
                    mantener el equilibrio de las fuerzas activas del gobier-
                    no; á ella está encomendada la labor de restablecer ese
                    equilibrio cada vez que se rompe, sirviéndose para ello
                    de su autoridad única de intérprete de la Constitución.
                    Esta es su función política, puesto el adjetivo en sa
                    significación pura de "relativo á las instituciones de go-
                    bierno;" función que, sin embargo, mediante el proce
                    dimiento establecido en la Constitución americana y me-
                    jorado por la nuestra, no pierde su carácter de judicial
                    y se ciñe al caso concreto que mueven los derechos priva-
                    dos.
                    
                    Los poderes públicos, los funcionarios y sus agentes
                    tienen por límite común los derechos individuales qu«
                    la Constitución consigna: la violación de uno de ellos au-
                    
                    Sr="V».r- - J--260
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    toriza la reclamación del ofendido y surte la competencia
                    de la Corte que estimando el hecho é interpretando la
                    Constitución, repara el mal y restablece el derecho. En
                    estos juicios, no obstante que sólo pueden iniciarse á
                    petición de la parte agraviada y por medio de procedi-
                    mientos de orden jurídico, no obstante que la sentencia
                    tiene que limitarse al caso concreto y que le está vedado
                    hacer declaraciones generales sobre la ley ó acto que los
                    motive, pueden tratarse y resolverse en el fondo gra-
                    ves cuestiones de orden público, que afecten profunda-
                    mente al organismo político. Por más que el fallo se re-
                    fiera sólo á un caso especial, la Suprema Corte fija, al
                    dictarlo, el alcance y sentido de unA artículo de la Cons-
                    titución, y esto basta para que la resolución sea trascen-
                    dente con respecto á la ley que la motive ó á la repetición
                    de actos como el que es su objeto. De hecho, la ley del
                    Congreso ó el reglamento ó disposición general del Eje-
                    cutivo que originan el acto desautorizado por una senten-
                    cia, quedan destruidos por ella; la cuestión es, en último
                    análisis, de competencia, y el fallo que la resuelve señala
                    un límite de jurisdicción constitucional al Poder Legis
                    lativo 6 al Ejecutivo. He aquí un aspecto del papel equi
                    librador de la Corte, papel que puede tener el tribunal
                    supremo en cualquier país regido por una Constitución
                    escrita.
                    
                    Propio del régimen federal es el que vamos á conside
                    rar ahora.
                    
                    En nuestro sistema de gobierno, los Estados se rigen
                    como pequeñas repúblicas independientes^ libres para
                    proveer á sus necesidades y mejoramiento interiores; pe-
                    ro subordinadas, en cuanto concierne al interés nacional,
                    al Gobierno de la Federación. De aquí dos jurisdicciones
                    que no sólo tienen un objeto de utilidad administrativa,
                    sino el de la seguridad política que se busca, reduciendoCARACTERES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    261
                    
                    la acción del poder central para que no llegue á ser ex-
                    cesivo. La Constitución establece los límites de ambas ju-
                    risdicciones ; ella, como distribuidora de las competencias,
                    es la ley superior, y declara que las leyes federales y los
                    tratados que la Nación celebra son también superiores á
                    las constituciones y leyes de los Estados, dejando así de-
                    finido el orden jerárquico de los mandamientos legisla-
                    tivos.
                    
                    Pero si la supremacía de la Constitución federal sobre
                    la legislación de los Estados no puede prestarse á con-
                    troversias, no es igualmente absoluto el principio con
                    respecto á las leyes y tratados de la Nación, porque ni
                    unas ni otras son invulnerables cuando invaden la juris-
                    dicción de los Estados, que es la base consagrada en el
                    pacto federal.
                    
                    Con dos jurisdicciones y autoridad legislativa en cada
                    una, el conflicto puede presentarse con frecuencia: la
                    ley federal puede violar la Constitución invadiendo la
                    esfera de acción local; la ley del Estado puede ser in-
                    constitucional por invasora de la materia privativa de los
                    poderes federales. La ley que infringe la Constitución
                    debe ser nula; pero la autoridad que tenga el derecho
                    de declararlo, tendrá el de aniquilar un poder y aun
                    de destruir el régimen de gobierno. Este es el problema
                    más grave del sistema federal y que era preciso resolver
                    para constituir un gobierno estable y seguro.
                    
                    Las leyes constitucionales de 1836 trajeron la infeliz
                    invención del Poder Conservador, que tenía como su más
                    elevado atributo el de declarar la inconstitucionalidad
                    de las obras del Congreso; consejo de dioses que, á ha-
                    ber sido libre, habría hecho sentir, por destructor y des-
                    pótico, todo lo absurdo de su institución. El Acta de Re-
                    formas de 1847 tomó el sendero de la Constitución ameri-
                    cana, encontró la fórmula para hacer efectivas las garan-262 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    tían individuales, y fundó de un modo magistral el jui-
                    cio de amparo. Halló la manera de anular la ley incons-
                    titucional que viola los derechos del hombre, sin crear
                    un poder monstruoso superior al Legislativo; pero no
                    imaginó que el mismo medio inventado podía servir para
                    sustentar el equilibrio de la Federación, por el respeto
                    de las jurisdicciones, y acudió para esto á un sistema
                    casi tan inaceptable como el ideado en el año 36: el
                    Congreso federal podía declarar inconstitucionales las le-
                    yes de las legislaturas, y la mayoría de las legislaturas
                    podía anular por inconstitucionales las leyes del Congre-
                    so; es decir, por una parte se destruía la independencia
                    de los Estados, centralizando la autoridad legislativa,
                    mientras por otra se aniquilaba la soberanía federal, so-
                    metiendo al Congreso á una autoridad superior. Dos po-
                    deres destructores en vez de una función de equilibrios.
                    
                    Débese al Congreso Constituyente, que alcanzó en este
                    punto uno ó quizá el mayor de sus títulos al aplauso de la
                    posteridad, la resolución del arduo problema; título que
                    no se rebaja porque el medio adoptado estuviese ya en
                    los usos de la nación vecina, ni porque su fórmula se to-
                    mara del Acta de 47. En los Estados Unidos no hay pre
                    cepto constitucional que establezca y coordine el procedi-
                    miento, y como derivado de declaraciones indirectas, carc
                    ce de precisión tanto como de amplitud; para derivarlo y
                    fortalecerlo, necesitaron magistrados de una superioridad
                    excepcional, que han hecho decir que la Constitución "mi
                    fué la obra de sólo los miembros de la Convención de Fi
                    ladelfia, sino también de los jueces de la Corte y, sobre
                    todo, del gran Presidente Marshall." La fórmula del am-
                    paro, ideada por el insigne legislador Otero, no enseñaba
                    un camino sino á los hombres superiores; muchas veces
                    la aplicación nueva de un principio conocido es tan admi-
                    rable como el descubrimiento original.CARACTERES DE LA SUPREMA CORTE 363
                    
                    La Constitución de 57 no hizo más que incluir dentro
                    át los motivos de la querella individual del juicio de am-
                    paro el agravio que resulte á una persona á consecuencia
                    de leyes ó actos de una jurisdicción que invada ó restrin-
                    ja la otra. Si una ley federal se entra en la materia pri-
                    vativa de los Estados, con menoscabo de su libertad inte-
                    rior, ninguna autoridad puede declararla nula por viola-
                    foria de la Constitución; pero mediante la queja de un
                    particular perjudicado por un acto ejecutivo de la ley,
                    ía Suprema Corte invalida el acto é impide el cumpli-
                    miento de la disposición legislativa sin ostentar funciones
                    de supremacía jerárquica; no en virtud de facultades que
                    subordinen al primero de los poderes públicos, sino en
                    nombre de la supremacía de la Constitución en el conflic-
                    to de leyes.
                    
                    Lo mismo ocurre con las disposiciones generales dicta
                    das por el Ejecutivo ó los actos que por su mandamiento
                    se cumplen. La Suprema Corte queda así como encargada
                    de guardar las jurisdicciones que establecen la armonía
                    del régimen constitucional, manteniendo á cada órgano
                    del Gobierno dentro del círculo de su competencia estric-
                    ta. Autoridad reguladora de la vida de la Nación, intér-
                    prete único de los mandamientos de la ley fundamental
                    que define sus preceptos, declara su alcance é integra sus
                    propósitos, la Corte, cumpliendo su objeto con indepen-
                    dencia, serenidad y firmeza, será la autoridad más alta de
                    la, República y la más propuesta al respeto de la sociedad
                    que protege y de la Nación cuya estabilidad garantiza.
                    Todo lo que la desvíe de esa elevada función, sea por ac-
                    ción extraña que se la estorbe ó por inclinación propia
                    que la impela á ensancharla con la codicia de ensanche de
                    toda autoridad activa, no hará sino rebajar su alteza y
                    echarla al desprestigio.
                    
                    La Corte guarda y vigila las jurisdicciones; pero ella.264 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    á su vea, tiene la suya; puede franquearla y hacerse in-
                    vasora, romper la armonía, desconcertar todo el gobierno.
                    No hay gran autoridad sin gran peligro, y la de la Corte,
                    desprovista de medios de fuerza exterior, los tiene formi-
                    dables de fuerza legal y de vigor moral. Tiene elementos
                    para el abuso de poder; pero, por fortuna, no para soste-
                    nerlo contra los otros órganos del Gobierno; su despotis-
                    mo sería efímero. Mas si no puede constituir ni const r
                    var, tiene el poder de destruir y desorganizar con apa-
                    riencias de uso legítimo de sus atribuciones, condición que
                    la hace muy peligrosa para pervertir la opinión pública.
                    
                    Ningún poder ejerce sobre la Corte la acción modera-
                    dora que ella emplea para poner á raya las extralimita-
                    ciones de las autoridades; la estabilidad, en cuanto á ella,
                    sólo está defendida por la debilidad orgánica del alto tri-
                    bunal, y sólo puede asegurarse por la prudencia que debe
                    ser su primera virtud. Si en el ejercicio de sus funciones
                    pretendiese una supremacía política que pusiera en peli-
                    gro el orden constitucional, el remedio no podría aplicar-
                    se en casos especiales, y habría que acudir á la disposición
                    general de las leyes por medio del Congreso; sería forzosa
                    la intervención legislativa, modiñcando las reglas de fun-
                    cionamiento en la forma que las necesidades aconsejaran.
                    Pero esto sí pondría una autoridad frente á la otra, y ya
                    se sabe que el Legislativo, con su espíritu de agresión y
                    superioridad, va fácilmente á la exageración de su fuerza,
                    y es probable que obtuviera la sumisión de la Corte, que
                    es tan perjudicial como su predominio.
                    
                    El equilibrador necesita equilibrarse por sí solo; debe
                    tener en sus propias condiciones los elementos de fuerza
                    para no ser abatido y de elevación de carácter para ence-
                    rrarse voluntaria y dignamente en el círculo de sus altas
                    funciones. Ahora bien, la Constitución ha dado á la Su-
                    prema Corte condiciones de origen y de subsistencia <jueCARACTERES DE LA SUPREMA CORTE 2bi
                    
                    la privan de faena y son propias para rebajar y corrom-
                    per su carácter.
                    
                    TU
                    
                    I
                    
                    Ninguna de las ramas del Gobierno tiene, según la ley,
                    una libertad más completa ni independencia más absolu-
                    ta que el departamento .judicial. El fallo dé la Suprema
                    Corte no puede ser detenido ni estorbado por autoridad
                    alguna; lo que importa y lo que lian procurado con ahin-
                    co las leyes de los pueblos cultos, es asegurar á los tri-
                    bunales la libertad para dictar sus sentencias, y el misino
                    empeño demostrado por las leyes es una indicación de
                    que el fin es difícil de alcanzar. Para que la independen-
                    cia teórica del tribunal sea un hecho, es preciso asegurar
                    la independencia afectiva del magistrado; esta es la con-
                    dición primera de la buena administración de justicia; y
                    *i se toma en el alto sentido de falta de ligas con los Po-
                    deres, con los partidos y con el pueblo mismo, es la condi-
                    ción única de orden moral. ¿Cómo la procuró la Consti-
                    tución? Por el medio de salud universal proclamado por
                    las teorías revolucionarias: la elección popular. Con atri-
                    buir al sufragio del pueblo todas las virtudes posibles,
                    forjar la ley suprema resulta ya tan fácil como realizar
                    en un cuento de niños las maravillas más estupendas.
                    
                    No es raro tropezar en las discusiones verbales con es-
                    te desatinado silogismo: todo poder público dimana del
                    pueblo (Artículo 39 áv: la Constitución); el Judicial es
                    un poder públieo, (Artículo 50) ¡ luego los ministros de
                    la Corte deben ser designados por elección popular. Con
                    la misma lógica debería exigirse la elección de los magis-
                    trados de circuito y jueces de distrito, que forman parte
                    
                    nLA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    del Poder Judicial según el articulo 90. Pero lo cierto
                    es que tan falsa es la teoría de la Constitución, como vi-
                    cioso el silogismo que la hace decir lo que no se propuso.
                    
                    Esta forma de nombramiento de los ministros do la
                    Corte, ni es una necesidad lógica, ni puede racionalmente
                    llevarse á la práctica, y si se pudiera, conduciría á los
                    peores resultados. La teoría la reprueba, porque la elec-
                    ción popular no es para hacer buenos nombramientos, si-
                    no para llevar á los Poderes públicos funcionarios que
                    representen la voluntad de las mayorías, y los magistra-
                    dos no pueden, sin prostituir la justicia, ser representan-
                    tes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni
                    propia. En los puestos de carácter político, que son los
                    que se confieren por elección, la lealtad de partido es una
                    virtud; en el cargo de magistrado es un vicio degradante,
                    indigno de un hombre de bien. En la lucha electoral de
                    diputados, senadores y Presidente de la República, los
                    elegidos por la mayoría triunfante adquieren para con
                    ésta las obligaciones que contiene el credo del partido ó
                    la plataforma aceptada; la designación de un juez no de-
                    be imponerle obligación que no esté en las leyes, ni com-
                    promisos con sus electores; porque para la administración
                    de justicia no puede haber diversidad de programas, ni
                    deben existir los intereses' ó tendencias antagónicos que
                    dan vida á los partidos. El pueblo, cuando tiene educa-
                    ción cívica, es idóneo para escoger á los hombres que de-
                    ben representarlo ó gobernarlo, porque las condiciones de
                    los candidatos son ostensibles, están al alcance de los
                    electores, son precisamente populares y de aquellas que
                    se exhiben por los candidatos mismos; pero ese pueblo
                    no tiene á su alcance las virtudes de los hombres hechos
                    para la magistratura y es incapaz de apreciarlas; el hom-
                    bre probo, sereno, estudioso y de profundos conocimien-
                    tos en ciencias jurídicas, no ostenta estas cualidades áCARACTERES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    267
                    
                    la vista de las masas y es esencialmente impopular. Toda
                    elección para funciones políticas va precedida de la cam-
                    paña electoral en que el candidato se exhibe, combate á
                    sus adversarios, promete sobre un programa y encabeza
                    á sus partidarios; la campaña electoral de un candidato
                    á la magistratura no tendría sobre qué fundarse, salvo
                    que tomara el tema de elogiar sus propias virtudes, su
                    ilustración y su independencia de carácter; tal campaña
                    sería vergonzosa y ridicula en un hombre que ha de tener
                    la rectitud por resumen de sus deberes en el cargo.
                    
                    La elección popular no se realiza en ningún país del
                    mundo sino por partidos organizados; es inútil soñar con
                    el sufragio espontáneo de cada elector por inspiración
                    propia, que haría, además, imposible la reunión de una
                    mayoría absoluta. Si los partidos luchan en la elección
                    de magistrados, éstos tendrán siempre carácter y compro-
                    misos políticos incompatibles con la serenidad y la neu-
                    tralidad requeridas en sus funciones. Pero aun suponien-
                    do hacedera la elección sin partidos, caemos en otra im-
                    posibilidad que ha retraído á los países cultos de aplicarla
                    á los magistrados: los cuerpos colectivos, como las Cáma-
                    ras, se forman de miembros designados aisladamente por
                    circunscripciones cortas; aun bajo el sistema de escruti-
                    nio de lista (sólo posible en pueblos muy adelantados), si
                    es verdad que se designa un grupo de diputados á la vez,
                    la elección no es nacional, sino de circunscripción (*).
                    
                    La elección de los quince ministros de nuestra Corte
                    Suprema, encomendada á la Nación y sin campaña de par-
                    tidos políticos, es irrealizable; y si no la hiciera el gobier-
                    no, como la ha hecho de 57 acá, daría un resultado de
                    
                    (*) En ellas intervienen los partidos, y de otro modo sería imposible
                    Lo mismo sucede con el nombramiento de electores en los Estados Uni-
                    dos, que si bien ss hace por lista en un Estado entero, es por medio da
                    los partidos nacionales.268 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    cómputo imposible para la comisión de la Cámara de Di-
                    putados encargada de d¿seifrar la voluntad de la Nación.
                    
                    Se ha imaginado, para vencer esta dificultad, un medio
                    que, por salvar la teoría de la elección de los poderes, sa-
                    crifica todas las demás: dividir la Nación en quince cir-
                    cunscripciones para que cada una elija un ministro; con
                    lo cual, por más que las leyes dijesen lo contrario, cada
                    ministro sería un representante ó un delegado de su cir-
                    cunscripción, con los ojos vueltos siempre á ella como los
                    vuelve todo elegido á su elector, llámese éste partido po-
                    lítico, distrito electoral ó gobierno. Los ilusos de los prin-
                    cipios superiores quieren divorciar al funcionario del can-
                    didato, considerarlo puro y hasta inmaterial, suponerlo
                    sin relación con la fuente de que emanó su poder, é ig-
                    noran que, á su nacimiento, el funcionario trae también la
                    mancha de origen para la que no hay agua lustral co-
                    nocida.
                    
                    Es penoso tener que combatir una preocupación des-
                    echada y hasta olvidada ya en todo el mundo, porque la
                    misma discusión descubre nuestro atraso lastimoso. En
                    ninguna nación de Europa se eligen popularmente los
                    magistrados. En América se nombran así: Estados Uni-
                    dos, por el Presidente, con aprobación del Senado. Perú,
                    por el Congreso, á propuesta en dos ternas del Ejecutivo.
                    Chile, por el Ejecutivo á propuesta del Consejo de Es-
                    tado. Holivia, por la Cámara popular en terna del Se-
                    nado. Venezuela, por el Congreso á propuesta en lista
                    de las legislaturas locales. Ecuador, por el Congreso. Hai-
                    tí, por el Presidente, conforme á las reglas de ley orgá-
                    nica. Uruguay, por la Asamblea general. Salvador, Ni-
                    caragua, Santo Domingo y Costa Rica, por la Asamblea
                    legislativa. Brasil, Colombia y Paraguay, como en los
                    Estados Unidos. Sólo están con nosotros Guatemala y
                    Honduras en todo el mundo civilizado, y no podemos li-CARACTERES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    2M
                    
                    wnjearnoi» de qttt tul compañía justifique nuestro sia-
                    tema.
                    
                    Un ejemplo edificante experimental de la magistratura
                    electiva se encuentra en la historia y en la situación pre-
                    sente de la judicatura local en los Estados de la Unión
                    americana. En los comienzos de su vida independiente,
                    los magistrados y jueces eran nombrados por las legis-
                    laturas ó los gobernadores. "Los anales de esta época han
                    conservado en los Estados Unidos la memoria de magis-
                    trados de alto valer; la jurisprudencia que se debe á su
                    sabiduría, se cita hoy aún para la instrucción de sus
                    sucesores, que no valen ciertamente lo que aquéllos" (*).
                    La invasión de las teorías puras de los Jéfferson demó-
                    crata, que no eran sino las teorías jacobinas, alentadoras
                    de las codicias impacientes, y fáciles para deslumhrar
                    á las masas, derramaron en el país las ideas de upa de-
                    mocracia exaltada y enfermiza, con el sufragio popular
                    sin límites como principio imperativo; se declaró que «1
                    nombramiento de los jueces era un atentado contra los
                    derechos del pueblo, y comenzando la reforma por es-
                    tablecer la elección pública para los puestos inferiores,
                    llegó á mediados del siglo XIX á implantarse en dos ter-
                    cios de los Estados hasta en la magistratura superior.
                    En la actualidad, todos los listados del Oeste, má.s New
                    York, Ohio y Pennsylvania, mantienen la elección popu-
                    lar, mientras los de la nueva Inglaterra y el Sureste eon-
                    servan el sistema de nombramiento, ya de todos los jue-
                    ces, ya de sólo los miembros de los tribunales superio
                    res. La magistratura electiva en aquellos Estados ha
                    degenerado espantosamente y ha perdido por completo
                    su primer prestigio; las plazas, disputadas por los pro-
                    fesionales de la política, adjudicadas por la influencia
                    
                    (•) Nerincx - L'organizalion judicieire aux Etals Unís. Pág. 206.370 LA CONSTITUCION Y LA. DICTADURA
                    
                    del bofis, nó se confieren, por lo común, á hombres de
                    ciencia ni de probidad; la elección se mancha con todos
                    los fraudes y cohechos de la baja intriga; los candidatos
                    pagan su contribución electoral para reunir fondos desti-
                    nados á la campaña, contribución que ha llegado, para
                    aspirantes á la magistratura de New York, hasta á 15,000
                    dólares; los puestos judiciales se conquistan con sumas
                    de dinero, con sumisión obligatoria á los principales
                    agentes de la elección, ó más comunmente con una y otra
                    cosa.
                    
                    A pesar de todo—observau Bryoe y Nerincx—el siste-
                    ma electivo no produce en los Estados americanos todo el
                    mal que debía esperarse, merced á la defensa social de
                    que se encargan algunos elementos poderosos, debidos
                    al carácter superior de aquel pueblo. La opinión pública,
                    expresada sobre todo por la prensa, persuade á los jue-
                    ces que debieran ser malos, de que el camino mejor es
                    el de la honradez; la Barra, alerta y activa, interviene
                    para mejorar á los que pueden ser buenos y amaga á
                    los que buscan el mal camino; la presencia de los jueces
                    federales, por lo general honorables y aptos, es un freno
                    y aun puede ser estímulo. Sucede en suma con la judi-
                    catura en los Estados americanos, lo que pasa con varias
                    de sus instituciones dañadas: se corrigen hasta hacerse
                    tolerables, gracias á la juventud potente y sana de la
                    Nación que provee de fuerzas compensadoras. Pero nos-
                    otros no contamos con fuerzas parecidas.
                    
                    En cambio, los Estados que conservan la judicatura de
                    nombramiento son modelos de probidad y ciencia en sus
                    jueces. Un magistrado federal decía á Nerincx, que uü
                    abogado ó juez americano coloca las decisiones de las
                    cortes de Massachusets y de New Jersey en el mismo
                    rango que las de los grandes jueces de Inglaterra. No
                    cabé'elogio mayor.CARACTERES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    2tt
                    
                    > IV * -
                    
                    Ningún cargo de elección popular puede ser vitalicio,
                    porque si confiere la representación y supone la voluntad
                    del pueblo, es preciso que éste tenga ocasión de renovar
                    su confianza de tiempo en tiempo, ya porque el funciona-
                    rio puede cambiar de conducta, ya porque el pueblo no
                    i'S el mismo en el transcurso de diez años. Lógicamente,
                    nuestra Constitución señaló ¡i la suprema magistratura
                    electiva un período de seis años.
                    
                    Como además de las dificultades para la elección de
                    todo cuerpo colectivo por una nación entera, tenemos
                    nosotros el obstáculo de nuestro sufragio universal en
                    un pueblo del cual un ochenta por ciento ignora que
                    existe la Suprema Corte, la elección de los ministros re-
                    sulta materialmente imposible, y la ha hecho y ha te-
                    nido que hacerla el Gobierno. La verdad, pues, de nuestra
                    Constitución positiva, á diferencia del texto de la literal,
                    es que los ministros de la Corte son nombrados por el
                    Ejecutivo para un período corto. Este deplorable resul-
                    tado es el fruto de las teorías jacobinas y jeffersonianas
                    que han confundido la igualdad zoológica con la igual-
                    dad social; que del derecho uniforme á la protección de
                    las leyes han inferido el derecho uniforme al ejercicio
                    de las funciones políticas, y que del postulado de la so-
                    beranía nacional han deducido el dogma de la infalibili-
                    dad del sufragio del pueblo.
                    
                    Con el sistema á que nos ha conducido este error cons-
                    titucional, la independencia de la magistratura es impo-
                    sible, y la del magistrado es rara, porque tiene que des-
                    cansar en condiciones de carácter excepcionales en el
                    hombre, y ya hemos dicho que las instituciones no deben
                    exigir de los funcionarios sino lo meramente humano.
                    Un ministro nombrado por el Presidente de la Repúbl'272 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    ea no difiere en origen ni en libertad moral, de cual-
                    quiera de los agentes superiores cuya designación co-
                    rresponde al Ejecutivo; y lo que tenga á su favor por la
                    independencia que la ley le atribuye, se compensa de so-
                    bra con la ilegitimidad del procedimiento empleado para
                    elegirlo. "En el curso ordinario de las cosas humanas,
                    dice Hámilton, un poder sobre la subsistencia de un hom-
                    bre equivale á un poder sobre su voluntad." Es inútil
                    debatirse contra esta dura verdad, cuya aceptación es
                    tan saludable para no bordar ilusiones sobre un cendal
                    que vela el abismo. El que da, obliga; el que puede vol-
                    ver á dar, docilita por la esperanza; el que puede quitar,
                    intimida por el temor. La hipocresía de las virtudes con-
                    vencionales puede ofénderse ó ruborizarse ante la des-
                    nudez que en la autopsia moral descubre los móviles de
                    la conducta humana; para el investigador severo de la
                    ciencia social, es tan indiferente como para el anatomista
                    la desnudez del cadáver en el anfiteatro.
                    
                    "El Judicial dice "El Federalista." es sin compara-
                    ción el más débil de los tres departamentos del poder...; y
                    es necesario tener todo el cuidado posible para ponerlo en
                    estado de defenderse contra los ataques de los otros....
                    Convengo en que no hay libertad si la potestad de juz-
                    gar no está separada de la legislativa y la ejecutiva.
                    (Montesquieu). Resulta en fin que, como la libertad no
                    puede tener nada que temer del Judicial solo, y tendría
                    que temerlo todo de su unión con uno de los otros de-
                    partamentos; que como la dependencia en que estuviera
                    de cualquiera de estos dos últimos departamentos pro-
                    duciría los mismos efectos que su unión, á pesar d» una
                    separación nominal y aparente; que como en razón de la
                    debilidad natural del Judicial, éste está expuesto con-
                    tinuamente al peligro de ser subyugado, intimidado ó in-
                    fluenciado por las ramas coordinadas: y que como nadaCARACTERES DE LA SUPREMA CORTE 273
                    
                    puede contribuir tanto á su fuerza y ¡i su ind -pendencia
                    como la permanencia en la función, esta cualidad debe
                    *er considerada justamente como un elemento esencial de
                    su organización y sguramente como la fortaleza de la
                    justicia y de la tranquilidad pública."
                    
                    Kxpone en seguida llámilton que tai independencia «8
                    particularmente necesaria bajo una constitución que es-
                    tablece limitaciones al Legislativo con la inviolabilidad
                    fie las garantías individuales, que se ponen bajo la sal-
                    vaguardia del Poder Judicial, y luego añade: "Este ape-
                    go inflexible y uniforme á los derechos de la Constitu-
                    ción y á los derechos de los individuos, que hemos visto
                    indispensable en los tribunales de justicia, no puede
                    ciertamente esperarse de jueces que no tengan sus ofi-
                    cios sino como una comisión temporal. Los nombramien-
                    tos periódicos, de cualquier modo que fuesen reglamen-
                    tados, por cualesquiera personas que fuesen hechos, se-
                    rían de todos modos fatales á su independencia necesa-
                    ria. Si el poder de nombrar estuviese confiado al Ejecu-
                    tivo ó al Legislativo, habría que temer una complacencia
                    lamentable de los jueces por la rama que poseyese ese
                    poder; si ambos estuviesen investidos de él, los jueces
                    no querrían correr el riesgo de desagradar á uno ni á
                    otro; si el derecho de nominación estuviese reservado al
                    pueblo, habría en el juez un deseo demasiado grande de
                    adquirir popularidad para que pudiera esperarse que só-
                    lo se atuviera á la Constitución y á las leyes."
                    
                    Estas verdades, que conquistaron hace ciento veinti-
                    cinco años los votos de las convenciones provinciales en
                    favor de la Constitución norteamericana, y que por más
                    de un siglo ha acreditado la gran Corte de la Unión, no
                    han encontrado cabida todavía en el Congreso federal de
                    México. Nuestros legisladores siguen creyendo que es de
                    superior interés mantener en la Constitución la promesa274 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    de la soberanía popular en la elección de magistrados',
                    que asegurar, por medio de la .justicia independiente, él
                    goce efectivo de los derechos del hombre. Esto es com-
                    prar al pueblo mismo las garantías que lo defienden del
                    atentado, por el precio de una superchería que lo adula.
                    
                    La inamovilidad del magistrado es el único medio de
                    obtener la independencia del tribunal. Está establecida
                    en las principales naciones de Europa; en América la
                    han consagrado en sus instituciones los países mejor re-
                    gidos; Estados Unidos, Brasil, República Argentina y
                    Chile, y además Colombia, Perú. Haití y Uruguay.
                    
                    El nombramiento puede ser del Ejecutivo con apro-
                    bación del Senado, que es probablemente el procedimien-
                    to que origine menores dificultades y prometa más oca-
                    siones de acierto. Poco importa que, confiado el poder
                    de nombrar al Presidente de la República, éste haya de
                    preferir á los hombres de su partido; la intervención
                    del Senado añade alguna probabilidad de cordura; pero
                    en todo caso, un presidente durante su período de seis
                    años no hará sino muy pocos ministros, y concluido su
                    sexenio, la influencia personal del nuevo presidente n-i
                    encontrará obligados en la Corte. Sobre un alto juez vi-
                    talicio, no tienen ya su fatal influencia ni el temor ni
                    la esperanza; aun para con el mismo que nombra, la in-
                    amovilidad confiere al ministro una posición digna, que
                    no impone deberes de sumisión, aunque los conserve de
                    agradecimiento; la designación ha sido legal y decorosa,
                    limpia de sospechas de connivencias bastardas.
                    
                    Las ligas de origen se rompen por la inamovilidad, por-
                    que el Presidente que confiere el nombramiento no
                    puede ni revocarlo ni renovarlo; el magistrado vive con
                    vida propia, sin relación posterior con el que tuvo lá
                    sola facultad de escogerlo entre muchos, y que no vuelve
                    * tañer influencia alguna ni en sus funciones ni en laCARACTERES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    275
                    
                    duración de su autoridad. La responsabilidad se acre-
                    cienta y crea peligros mayores, porque la opinión pública
                    (efectiva para los jueces, porque la forman primeramen-
                    te «1 foro y los hombres de negocios), no tiene, para cal-
                    mar su impaciencia, la perspectiva de la conclusión do
                    un período breve, y obraría sobre las Cámaras legislati-
                    vas para emplear la eficacia de una acusación vigorosa,
                    si su clamor no fuese bastante para producir la enmien-
                    da ú obligar la dimisión del funcionario indigno.
                    
                    No hay que insistir en las ventajas de un sistema que
                    sólo se combate por apego á las viejas y desprestigiadas
                    teorías que privaban en 57, cuando no por móviles me-
                    nos respetables ó por simples temores de momento á los
                    cuales se sacrifica la suerte de la Nación. Compárese la
                    justicia de los países en que los magistrados son inamo-
                    vibles con la de aquellos en que ejercen temporalmente
                    sus funciones; compárense sus gobiernos y su vida de-
                    mocrática. La inamovilidad anda siempre hermanada con
                    la buena administración de justicia y con las libertades
                    públicas. Hay una excepción: Suiza; pero Suiza es el
                    único país del mundo en que la civilización moral es un
                    hecho; con las instituciones de la República modelo, fra-
                    casaría cualquier otro pueblo de la tierra. Pero aun esta
                    excepción es más aparente que real, porque el Consejo
                    federal suizo es de hecho inamovible, y él desempeña,
                    además de sus funciones ejecutivas, las más altas de la
                    justicia, relacionadas con la Constitución de la Repú-
                    blica.CAPITULO XV
                    
                    Las invasiones de la Suprema Corte
                    
                    I
                    
                    Un departamento del Gobierno federal, á quien la
                    Constitución da el título de poder, á la misma altura que
                    los dos departamentos que representan la voluntad de la
                    Nación, ya está por este sólo inelinado á no permanecer
                    excluido de la acción que conduce los negocios públicos:
                    pero por más que se tomase en serio aquella declaración
                    teórica respecto al Judicial, podría quedar sin efecto per-
                    nicioso alguno, si no fuera porque la misma Constitu-
                    ción se encargó de dar á la Suprema Corte los caracte-
                    res esenciales de un cuerpo político.
                    
                    La elección popular para el nombramiento de los mi-
                    nistros y la repetición periódica y frecuente de esa elec-
                    ción, le dan claramente la índole de un mandato con
                    poderes de representación ó con delegación de faculta-
                    des desprendidas de la soberanía popular, y estas son
                    condiciones netamente de carácter político, que en nada
                    difieren de las que tocan al Legislativo y al Ejecutivo.
                    Esto quita á la opinión común la repugnancia para ad-
                    mitir que la Corte se inmiscuya en los asuntos de la
                    política general; repugnancia que se haría sentir muy
                    duramente en Inglaterra ó en los Estados Unidos, por
                    ejemplo, si su tribunal supremo dirigiera alguna vez su278 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    acción legal de corporación del Estado en relación con
                    las cuestiones políticas. Y la opinión pública tendría ra-
                    zón, porque cualquiera intervención política de un tri-
                    bunal rebaja y corrompe la dignidad de la institución
                    y la hace inepta para cumplir su única pero alta fun-
                    ción legítima.
                    
                    El Senado de los Estados Unidos cortó muy temprano
                    ese camino, no ya á la Corte en cuerpo, sino aun á los
                    magistrados individualmente, sentando un precedente de
                    severidad oportuna. En 1795, Washington nombró ma-
                    gistrado á Rutlege, que antes lo había sido ya y había
                    dimitido para servir el cargo de gobernador de la Caro-
                    lina del Sur; antes de la confirmación de su nombra-
                    miento, Rutlege pronunció discursos sobre temas que
                    entonces preocupaban á la política nacional, y esto bas-
                    tó para que el Senado, juzgando esa conducta como in-
                    digna de la severa discreción de la alta magistratura,
                    negara su aprobación al nombramiento.
                    
                    Pero el magistrado americano no tiene motivos cons-
                    titucionales sino para considerarse excluido de los asun-
                    tos políticos, en tanto que nuestro juez los tiene para
                    sentirse autorizado á mezclarse en ellos, y la importan-
                    cia de sus atribuciones lo alienta á esperar que encon-
                    trará en ellas la compensación á la debilidad de sus
                    medios de fuerza.
                    
                    Nuestras costumbres políticas, favorecidas admirable-
                    mente por las circunstancias que acompañan al manda-
                    to, no han podido confirmar mejor en la conciencia pú-
                    blica y en la de los mismos hombres de gobierno, la idea
                    de que el magistrado no está impedido por el decoro
                    de sus funciones para tomar participación en las luchas
                    de partido. El hombre que ocupa un puesto que dura
                    sólo seis años, no puede menos que considerar como
                    transitoria su posición, como un grado en su carreraLAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    •279
                    
                    pública, al cual se llega después de otro cargo inferior
                    de cualquiera índole, y del que, en trabajo iiscendente,
                    debe pasarse á alguno de mayor importancia, como el
                    de secretario de Estado ó aun el de Presidente de la
                    República. La magistratura inamovible no presenta va-
                    cantes á la codicia sino de tarde en tarde, observación
                    que ha hecho decir al experimentado pueblo americano
                    que " el magistrado de la Corte nunca renuncia y rara
                    vez se muere." La inamovilidad sustrae la magistratura
                    del comercio de los puestos públicos, porque hace nulas
                    la oferta y la demanda. Pero cuando además de las va-
                    cantes de accidente, se tienen las normales de quince
                    por sexenio, la magistratura entra en el acervo común
                    de los puestos que se disputan ó que se conquistan con
                    servicios señalados y del que se toman los depojos del
                    vencido para recompensas de los capitanes del vence-
                    dor.
                    
                    La historia de nuestro departamento judicial nos pre-
                    senta ejemplos frecuentes de gobernadores que pasan
                    á la magistratura, de ministros que ascienden ;'t secre-
                    tarios de Estado, de secretarios que son elegidos para la
                    Corte, de magistrados que dimiten por necesidad políti-
                    ca ó á quienes se elige por obligaciones ó conveniencias
                    del mismo orden. Nos presenta en más de una vez el alto
                    cuerpo integrado con literatos periodistas, con oradores
                    del Congreso y hasta con generales victoriosos; nos mues-
                    tra revoluciones que buscan el apoyo de la Corte á cam-
                    bio de tácitas promesas, ó que la desconocen y renuevan
                    como elemento del Gobierno que combaten. ¿Qué puede
                    quedar en ella, después de una vida así, de institución
                    neutral á los ojos de la opinión pública? ¿Cómo,puede
                    surgir en el sentimiento de la sociedad la condenación
                    severa de la ingerencia de un magistrado en las agita-
                    ciones de la política,, si está acostumbrada á ver á los280 LA DICTADURA Y LA CONSTITUCION
                    
                    altos jueces como actores, vencedores, vencidos, vícti-
                    mas y hasta juguetes en la ItiOha de los partidos que se
                    disputan el Poder I
                    
                    Se ha creído que el carácter político de la Corte de-
                    pendía de que la Constitución asignaba á su presidente
                    la substitución interina de la República. Ciertamente
                    ese grave error de la Ley fundamental contribuyó po-
                    derosamente á corromper la índole del Tribunal, sobre
                    todo con la experiencia viva que mostró á dos presiden-
                    tes de la Corte llegar á la sustitución interina y pasar
                    definitivamente á la suprema magistratura de la Nación:
                    pero no era esa condición la causa única de aquel caráe-
                    ter político, y si después de modificada la ley de susti-
                    tución, la Corte no volvió ¡'i figurar en las agitaciones de
                    partido, fué porque desde .1882 no hubo ya ni partidos
                    ni agitaciones, y porque el reclutamiento de magistrados
                    se hizo en adelante con el criterio distinto que a"onseja-
                    ba la seguridad.
                    
                    Cuando entre el Ejecutivo y la Corte Suprema no hu-
                    bo uno inteligencia cabal (siempre dañosa para la justi
                    cia), tendió aquel cuerpo á ampliar su acción y amenazó
                    al Gobierno. Lo mismo sucederá en todas las épocas. Por
                    más que la designación de los magistrados no sea en rea-
                    lidad hecha por elección., la teoría constitucional preva-
                    lecerá tan pronto como aquéllos se sientan por cualquier
                    motivo desligados del Gobierno. Los mismo» colegios
                    electorales que nombran al Presidente de la República,
                    eligen á los jueces de la Corte, el mismo artículo cons-
                    titucional da á ambos departamentos el título d-: pode-
                    res federales, y los jueces tendrán el derecho de pensar
                    y aun de decir como los nobles de Aragón, que juntos
                    valen más que el rey.
                    
                    De la influencia de la política no ha escapado la Cor-
                    te americana, puesto que el partido que predomina du-LAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE 281
                    
                    rante un período largo, tiene ocasión de llenar las va-
                    cantes que ocurran con personas de sus ideas, por me-
                    dio del Presidente y el Senado, como lo haria también
                    si se proveyeran los cargos por elección popular. Preva-
                    lecieron en la primera época los federalistas; después de
                    Jéfferson dominaron los demócratas con una mayoría en
                    la Corte, y el triunfo posterior de los republicanos ha
                    dado la preponderancia á éstos hasta la época actúa!.
                    Sucede en el alto tribunal lo que es de esperarse: predo-
                    minan los principios que profesa el partido gobernante ¡
                    pero hasta .allí se detiene su influencia. La Corte no
                    toma participación en luchas de ningún género ¡ no ha-
                    ce política; no se sirve de sus funciones para favorecer
                    el triunfo de un candidato ni para debilitar ó fortalecer
                    al gobierno de sus correligionarios. Pero esto no es así
                    por una virtud de raza, sino por efecto de sus leyes que
                    fueron calculadas para producirlo, como se ve en los ar-
                    tículos de "El Federalista;" y la judicatura de los Es-
                    tados del Oeste, electiva y periódica, persuade de que, si
                    los magistrados americanos fuesen elegidos por el pue-
                    blo y para un período breve, estarían entregados á los
                    vaivenes de la política, á los compromisos de partido y
                    á las insinuaciones de los agitadores profesionales.
                    
                    Si suponemos entre nosotros una elección popular de
                    ministros de la Corte, y llevamos la pueril concesión
                    hasta imaginarla espontánea y sin partidos que la vi-
                    cien, tendremos como resultado una Corte con fuerza
                    política, deseosa de ampliar su esfera de acción, agresi-
                    va en sns funciones, peligrosa por la facilidad con que
                    el corto número de miembros se concierta y une. El afán
                    de supremacía que atormenta al poder, sobre todo cuan-
                    do se siente inferior á otros, excitaría al cuerpo judi-
                    cial, que tiene en la extensión da sus facultades la pro
                    
                    18282
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    mesa tentadora de abatir á los que representan mayor
                    potestad.
                    
                    Una preocupación que concita enemigos á la inamovi-
                    lidad, consiste en creer que su resultado sería hacer
                    perpetua una institución viciosa; cuando precisamente,
                    porque se reconoce que el vicio está en la institución y
                    no en los hombres que la sirven, se trata de modificarla
                    para que funcione bien. Es evidente que no bastan leyes
                    buenas para hacer buenos jueces; pero es imposible que
                    haya buena administración de justicia cuando la insti-
                    tuyen leyes malas. Quince juristas probos, diligentes y
                    sabios, forman un pésimo tribunal si no tienen indepen-
                    dencia ó si toman participación en las agitaciones polí-
                    ticas, en los intereses de partido.
                    
                    Las leyes que organizan los departamentos de la ad-
                    ministración pública no pueden perder de vista, por se-
                    guir principios filosóficos, el instrumento de que tienen
                    que servirse: el funcionario; es decir, el hombre. Y el
                    hombre, por más que permanezca el mismo dentro de su
                    carácter y sus tendencias propias, se modifica como fun-
                    cionario según la investidura que las instituciones le
                    dan y las condiciones en que lo colocan pura el ejerci-
                    cio de las virtudes que su cargo requiere. La magistra-
                    tura inamovible que marca el final de la carrera de un
                    hombre, que le asegura ud puesto respetable y una si-
                    tuación tranquila, obra en la conducta efectos total-
                    mente distintos (y hasta diametralmente opuestos), de
                    los que produce la magistratura ganada en los comicios
                    ó debida al favor, y que sólo puede prolongarse después
                    de un breve período por una nueva gracia ó por una
                    elección nueva. La primera despierta y levanta las vir-
                    tudes del magistrado; la segunda enciende y atiza los
                    intereses y las pasiones del político do combate.LAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    283
                    
                    II
                    
                    Los tratadistas norteamericanos señalaron desde bftee
                    mucho tiempo á la Corte Suprema como el órgano míis
                    peligroso para sus instituciones, y vieron en su facultad
                    de intérprete de la Constitución un poder formidable,
                    rapaz de romper, con una obcecación ó un abuso delibe-
                    rado, el equilibrio que mantiene la existencia ordenada
                    del Gobierno; pero las condiciones de su Corte federal,
                    que la sustraen de la política, la fuerza vigorosa de los
                    dos Poderes, la virilidad de los Estados para mantener
                    su independencia, y las energías de la opinión pública,
                    encarrilaron desde el principio al tribunal en una con-
                    ducta de severa discreción y hasta de prudente descon-
                    fianza de sí misma.
                    
                    Hay en el peligro de la Corte una circunstancia que
                    lo hace más grave. El Legislativo y el Ejecutivo, cuando
                    invaden las atribuciones extrañas, pueden suplir la fun-
                    ción de la autoridad invadida; sojuzgan legalmente; pe-
                    ro sustituyen al órgano excluido ú obran por medio de él
                    imponiéndole su voluntad: su acción resulta ilegítima,
                    atentatoria; pero no se suspende un elemento indispensa-
                    ble del mecanismo. La Corte, impotente para desempeñar
                    funciones que no sean las suyas, cuando abusa de su po-
                    der destruye un órgano, aniquila una autoridad; pero no
                    la reemplaza. Los dos Poderes pueden usurpar en su pro-
                    vecho: la Corte destruye en provecho de la anarquía.
                    
                    Cuando el Ejecutivo somete al Legislativo, él hace
                    las leyes, que pueden hasta ser buenas; cuando somete
                    á los jueces, les ordena las sentencias, que aun pueden
                    tropezar con la justicia; pero si la Corte Suprema nuli-
                    fica al Ejecutivo, no puede gobernar por su medio in-
                    directamente; si acaba con la autoridad de un goberna-284 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    dor ó una legislatura, es impotente para sustituirlos en
                    sus funciones. La acción invasora de la Corte destruye
                    lo existente y abandona los despojos al acaso.
                    
                    El ejemplo clásico de extensión de facultades de la
                    Corte, que la invención no lograría mejorar para poner
                    de bulto los peligros de la interpretación de un precep-
                    to, es la cuestión que se ha llamado de la competencia
                    de origen, calurosamente debatida desde 1873 hasta
                    1881. Vamos á exponerla brevemente.
                    
                    Dice el artículo 16: "Nadie puede ser molestado en su
                    persona, familia, domicilio, papeles y posesiones hiño
                    en virtud de mandamiento escrito de autoridad compe-
                    tente que funde y motive la causa legal del procedimien-
                    to".... Tanto el precepto de la Constitución american*
                    de que éste procede, como el que proponía el proyecto
                    de la Comisión del Constituyente y como la discusión á
                    que dió motivo, conducen á interpretar nuestro artículo
                    con la sencillez con que D. José María Lozano lo hace en
                    su tratado sobre "Los derechos del hombre," á que nos
                    remitimos por no ser de este lugar ni de nuestro intento
                    hacer el comentario de la asendereada garantía. De ori-
                    gen inglés, adoptado en una de las enmiendas de la ley
                    americana, recogido por todas las constituciones mo-
                    dernas, el precepto quiso corregir los atropellos arbitra-
                    rios que bajo un régimen despótico cometen los agentes
                    de la autoridad ejecutando aprehensiones, cáteos, em-
                    bargos, registros de correspondencia, principalmente en
                    averiguación de conspiraciones y para amedrentar eon el
                    abuso; todo ello sin formalidades protectoras ni respon-
                    sabilidad de los ejecutores obedientes ó perversos. Tanto
                    las leyes extranjeras como los antecedentes en nuestra
                    legislación constitucional, demuestran que el mandamien-
                    to á que aludimos no pretendió mayor alcance, y á la
                    verdad, no lo necesita para merecer un lugar entre losLAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    285
                    
                    más preciados derechos individuales, ni para ser objeto
                    de la competencia del más alto tribunal de la República.
                    Un los Estados Unidos no ha dado ocasión á trastornos
                    en la jurisdicción ni á amenazas en la armonía de los
                    órganos gubernativos. No tenemos noticia de que en
                    otros países se haya dado ni pretendido dar, al sencillo
                    precepto, una extensión trascendental.
                    
                    Nuestro artículo, entregado á la interpretación cavilo-
                    sa de las palabras aisladas, bajo el concepto contradicto-
                    rio expresado en alguna sentencia de que para entender
                    ta Constitución "no importa la intención del legislador
                    enando sus palabras son terminantes," llegó á poner en
                    peligro toda la organización de los gobiernos de la Pe-
                    deración y los Estados.
                    
                    En 1871 se movió el primer caso de competencia de
                    origen ante el Juez de Distrito de Hidalgo, en juicio de
                    ¡unparo contra actos de un juez conciliador de Pachuca.
                    ¡lindado en que éste, nombrado por la Asamblea munici-
                    pal contra algún decreto del Estado, era una autoridad
                    ilegítima, y que siendo ilegítima, no tenía competencia
                    para conocer del asunto en que había dictado cierta reso-
                    lución. La Corte Suprema, en su ejecutoria, resolvió con
                    la sencillez y el acierto de la interpretación ingenua que
                    suele ser resultado de la primera impresión, ajena á las
                    prevenciones que vienen después; dijo que "Los Estados,
                    <;ii uso de su soberanía, son los únicos que pueden decidir
                    sobre la legitimidad de las autoridades en el régimen in-
                    terior; que no toca ¡i los Juzgados de Distrito examinar,
                    ni menos decidir, sobre la legalidad de las autoridades
                    que funcionan, pues esta ingerencia violaría el artículo
                    40 de la Constitución." La resolución, breve y dictada
                    por unanimidad de votos, revela no haber encontrado
                    i-ontradicciones en el seno de la Corte: fué la cuístión
                    tenida por obvia.286 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    En Junio de 1872 la Corte amparó á un quejoso contra
                    actos de un juez de Yucatán, que, elegido por dos años,
                    prolongaba sus funciones en virtud de una reforma cons-
                    titucional que daba al período de los jueces una duración
                    de cuatro. Pero la ejecutoria se fundó en violación del
                    artículo 14, considerando retroactiva la aplicación de la
                    reforma á jueces elegidos antes de que la modificación
                    legal se hiciera.
                    
                    Poco después, en el mismo año, la Corte admite que
                    hay casos en que puede examinarse el origen de la auto-
                    ridad ejecutora de un acto. Una ejecutoria de Noviem-
                    hre de 72, declara la incompetencia de un magistrado de
                    Querétaro, fundándose en que, según la Constitución lo-
                    cal, los magistrados debían ser elegidos popularmente,
                    condición que no tenía el funcionario cuya resolución se
                    objetaba. Comienza la interpretación forzada: la senten-
                    cia de un magistrado se encaja en las palabras del ar-
                    tículo 16 "orden escrita;" la legitimidad se equipara
                    con la "competencia;" ya no es el articulo 40 el atendi-
                    ble, aunque vaya de por medio la soberanía del Estado,
                    sino el 41; éste dice que "el pueblo ejerce su soberanía
                    por medio de los poderes de los Estados, por lo que toca
                    á su régimen interior, en los términos establecidos en sus
                    constituciones particulares," y la Corte, en lugar de vir
                    en esta disposición la confirmación de la libertad inte-
                    rior que se garantiza á los Estados, infiere de ella la
                    obligación de éstos de someterse á sus constituciones
                    bajo la férula de la autoridad federal, y la facultad de la
                    Corte para interpretar y exigir el cumplimiento de las
                    constituciones locales. Cuando se desacata la Constitu-
                    ción local, se viola la federal en su artículo 41... ! Dos
                    días después (Noviembre 14), otro caso de Querétaro
                    contra actos de un juez de letras obtiene la misma reso-
                    lución por fundamentos parecidos.LAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    287
                    
                    Picado en el juego el foro de aquel Estado, tomó
                    el hilo de la lógiea que iba á enredarse en las manos del
                    tribunal de la Nación, y presentó á éste un caso cuyas
                    consecuencias hicieron retroceder á los ministros de la
                    justicia suprema. Se promueve un amparo contra exac-
                    ción de impuestos que dos decretos establecen: uno de la
                    Legislatura, otro del Gobernador. Contra el primero se
                    alega que fué votado por un congreso que se instaló sin
                    quorum legal: contra el segundo, que es obra de un go-
                    bernador ilegítimo, porque ha sido reelecto, siendo qtte
                    la Constitución local prohibe la reelección. La Corte no
                    acepta la responsabilidad de una declaración tan grav '
                    y niega el amparo, porque "si en la elección de un dipu-
                    tado hubo vicios, sólo á la Legislatura toca calificarlos."
                    y porque "si ésta, al declarar elegido un gobernador, in-
                    fringió la Constitución local, esto no es materia de ampa-
                    ro, sino de apreciación de la misma Legislatura." La
                    Corte prefirió ser inconsecuente á destruir la organiza-
                    ción de los Estados.
                    
                    La lógica sobre los principios de las ejecutorias con-
                    tradichas recobró su imperio en 1874. Un caso muy se-
                    mejante al que precede fué resuelto en sentido contrario
                    y sirvió de base á la jurisprudencia que había de mante-
                    ner la Corte hasta 1870. Entablóse juicio de amparo con-
                    tri! la Ley de Hacienda de Morelos de 12 de Octubre de
                    73 con motivo de exacción de impuestos. La queja se
                    fundó: lo., en que la Legislatura, al votar la ley, integra-
                    ba el quorum legal con un diputado que, siendo Jefe
                    Político al tiempo de su elección, había sido ilegalm _>nte
                    electo; 2o., en que el Gobernador que promulgara la ley
                    era ilegítimo por haber sido reelecto, siendo que la Cons-
                    titución primitiva prohibía la reelección, y si bien 1»
                    Constitución había sido reformada, no se habían llenad»
                    en los procedimientos reformatorios  los requisitos lega-288 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    les. El .Juez de Distrito negó el amparo en una sentencia
                    breve, que trajo ya los fundamentos capitales de la teo-
                    ría negativa: el respeto á la soberanía interior del Estado
                    y la diferencia entro el concepto jurídico de la competen-
                    cia y el de la legitimidad.
                    
                    La Corte revocó la sentencia y otorgó el amparo. Una
                    mayoría de los ministros adoptó nuevamente la interpre-
                    tación favorable á la amplia facultad de la Corte para
                    examinar la legitimidad de las autoridades; la cuestión
                    atrajo la atención de la prensa, del foro y del Gobierno,
                    tanto por aquel caso como por otros que le siguieron, y
                    ■e publicaron artículos y folletos en pro y en contra He
                    la opinión de la Corte.
                    
                    Sostuvo la Corte que tenía la facultad de desconocer
                    «orno legítima á la autoridad que, debiendo ser popular-
                    mente elegida, no lo hubiese sido, ó si en su elección se
                    hubiese violado la Constitución general ó faltado á las
                    prescripciones de la del Estado. Encontraba extraño jue
                    esta doctrina pareciera peligrosa, puesto que nada te-
                    nían que temer las autoridades legalmente elegidas; mas
                    no tomaba en cuenta que el peligro estaba precisamente
                    en que ella se arrogara el derecho de calificar aquella
                    legalidad. La doctrina de las ejecutorias relativas á Que-
                    rétaro era otra vez consagrada; puesto que el art. 41
                    dice que los Estados se regirán en su gobierno interior
                    por las Constituciones particulares, la infracción de éstas
                    • s una violación de la federal. Además, si el art. 109 di-
                    ce que los Estados adoptarán la forma de gobierno re-
                    presentativo popular, las irregularidades en las elecciones
                    de los Estados violan también este artículo; de suerte
                    que de la obligación de adoptar la forma de gobierno
                    se deducía la ingerencia federal en cada easo de elec-
                    •ión.
                    
                    Natural era inferir de estas afirmaciones, emanadas deLAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    289
                    
                    niia interpretación sutil, el peligro que corrían eon la
                    acción de la Corte los mismos Poderes federales; pero
                    no había necesidad de inferencias, porque los hechos ha-
                    cían con claridad las declaraciones necesarias. En uno
                    He los considerandos de la ejecutoria de Morelos se re-
                    conocía la competencia exclusiva de los colegios electo-
                    rales superiores para decidir sobre las elecciones de sus
                    miembros, sin revisión posible por parte de la Corte;
                    pero cuatro ministros no estuvieron conformes con esa
                    salvedad, pues profesaban la doctrina de que podía la
                    justicia federal desconocer, por ejemplo, la legitimidad
                    de la elección de un diputado que no tuviese el requisito
                    de vecindad. Esta opinión extrema no contó con la ma-
                    yoría; pero supuesto que la excepción única que hacía la
                    ejecutoria era la calificación del Colegio electoral respec-
                    to á la elección de sus miembros, no quedaba salvado el
                    Presidente de la República, cuya legitimidad podría des-
                    conocer la Corte por los mismos fundamentos que la del
                    Juez de Letras de Querétaro, aunque la Nación cayese
                    en un abismo. Por otra parte, el hecho de que la teoría
                    extrema no contara sino con cuatro votos en el tribunal,
                    no bastaba para tranquilizar á nadie; si la persuasión
                    ganaba unos cuantos votos, la Corte podría echar abajo
                    al Congreso y anular todas sus leyes.
                    
                    En pro de la intención del Alto Tribunal, se aducía
                    también el especioso argumento de que, suponiendo que
                    fuese dudosa la competencia de la Corte para declarar
                    la ilegitimidad de las autoridades, sólo ella podía resol-
                    ver la duda, como último intérprete de la Constitucióu.
                    Los Poderes amagados contestaron desconociendo ene
                    principio, con el decreto de 19 de Mayo de 1875, para
                    prevenir la disolución con que se amenazaba á los Pode
                    res públicos de la Nación y los Estados. El decreto de-
                    cluró que sólo los colegios electorales resuelven sobre la290 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    legitimidad de los nombramientos que deben hacerse po-
                    pularmente, y que ningún poder, autoridad ó funcionario
                    de la Federación, puede revisar ni poner en duda los tí-
                    tulos de un funcionario federal ó de los Estados, proce-
                    dentes de aquellas resoluciones. Los infractores serían
                    castigados con las penas del capítulo VII, tít. XI del
                    Código Penal.
                    
                    Sin contar los males que. la aplicación de la teoría
                    de la Corte pudiera causar, ya desde luego su enuncia-
                    ción y adopción había producido este demasiado grave:
                    los órganos del Gobierno nacional estaban en completa
                    discordia, sosteniendo principios opuestos y apercibidos
                    liara una lucha de que la autoridad suprema no había de
                    sacar nuevos prestigios ¡i los ojos de una nación que tan-
                    to los necesita en los funcionarios superiores.
                    
                    La Corte no hizo caso del estorbo que se ponía en su
                    camino y desdeñó la amenaza de la pena. En su ejecuto-
                    ria de 10 de Agosto de 75, declaró ilegítimas á las auto-
                    ridades de Puebla por el origen inconstitucional de Ion
                    representantes de los Poderes locales, considerando qn?
                    la Corte Suprema "está en la imprescindible obligación,
                    sobre todo miramiento, de cuidar de que no sean violados
                    los derechos del hombre, que-son base y objeto de nues-
                    tras instituciones, y á resolver toda controversia que se
                    suscite sobre la competencia de las ¡¡utoridades cuando
                    procedan sin legítima investidura." El Juea de Distrito
                    de Puebla dictaba, justamente un día antes, un fallo en
                    que decía lo mismo, declarando, además, que el decreto
                    de 19 de Mayo era inconstitucional y por tanto inaten-
                    dible; y la Corte confirmó la sentencia, por sus propios
                    fundamentos, en ejecutoria de 2 de Octubre.
                    
                    Y (iiertamente, el decreto era inconstitucional; á la
                    expansión funcional de la justicia, el Congreso había
                    querido oponer el  abUSO legislativo, imponiendo bajoLAS INVASIONES DE LA SUPRCMA CORTE        29i
                    
                    penas la interpretación de la Ley fundamental. La Cor-
                    te, aceptando el réto, conservaba su actitud agresiva ante
                    ta amenaza de los dos Poderes. El conflicto prometía
                    consecuencias tan graves, que los tres actores debieron
                    de sentir el peso de su enorme responsabilidad.
                    
                    Rompióse esta situación por el triunfo de la revolución
                    de Tuxtepec, que cambió el personal de la Corte. Entró
                    en la presidencia del Tribunal de la Nación el Lic. D. Ig-
                    nacio Vallaría, hombre en quien, sin menoscabo del ju-
                    risconsulto, predominaba el estadista, y en cuyas con-
                    vicciones ocupaba lugar superior un federalismo arrai-
                    gado, que se muestra frecuentemente en sus estudios y
                    en sus votos de juez federal. La mayoría de la Corte
                    se alineó con él en las más importantes cuestiones que se
                    trataron bajo su presidencia; entre ellas, la tan debatida
                    de la competencia de origen, que rechazó en repetidos
                    casos. Uno de ellos, objeto de esfuerzos poderosos de la
                    parte quejosa, volvió á dar motivo á amplias y notables
                    discusiones, y obligó á Vallaría á escribir un estudio para
                    fundar su voto, que fué también el voto definitivo de la
                    Corta Suprema para condenar la doctrina y transfor-
                    mar la jurisprudencia de los tribunales.
                    
                    Es éste, á nuestro parecer, el trabajo más notable y
                    más meritorio de los que el Presidente Vallaría produjo
                    para enriquecer nuestra literaíura consliíucional y fijar
                    algunos principios de nuesíro derecho público. Traíó de
                    volver el aríículo 16 á sus sencillos términos, negándole*
                    la extensión supuesía, y limitándose á verlo como una
                    garantía eoníra las violencias y aíropellos de la autori-
                    dad y sus agentes. Negóse á extremar la interpreíación
                    litoral de las palabras que en nombre de la garanlía in-
                    dividual, ensanchada por la sutileza, destruía todas las
                    garantías que la sociedad encuentra en la estabilidad
                    de la organización gubernativa, y sosíuvo que la exten-292 LA. CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    sit'ui del derecho individual no puede destruir la indepen-
                    dencia de los Estados y debe detenerse ante la sobera-
                    nía local, que también está consignada en ttn precepto
                    de la Constitución y que es también una garantía ne-
                    cesaria.
                    
                    Su fundamento jurídico principal no era nuevo: la
                    diferencia entre la competencia y la legitimidad; pero
                    lo expuso con gran lucidez y erudición. Destruyó el
                    error que atribuía á la jurisprudencia nortoamerieana
                    precedentes favorables á la competencia de origen, y pre-
                    sentó, sobre todo, en forma enérgica y con vivos colores,
                    las consecuencias desastrosas á que conduciría á las ins-
                    tituciones la facultad de la Corte para desconocer la le-
                    gitimidad de los funcionarios públicos, deponer goberna-
                    dores, disolver congresos y derribar al mismo Presidente
                    de la República. Con razón decía, como corolario de es-
                    tas ideas, que si el recurso de amparo conducía á seme-
                    jantes consecuencias, lejos de ser un medio de mantener
                    los derechos humanos, debía considerarse como una ins-
                    titución anárquica, indigna de conservarse en el Código
                    supremo de una nación culta. Esta fué, en realidad, la
                    palabra decisiva que dió cuenta de la pretendida compe-
                    tencia de la Corte para examinar los títulos de todas las
                    autoridades ée la República.
                    
                    Es singular: la Corte parece no haber pensado nunca
                    en que también ella tenía títulos que podían examinarse,
                    por más que hubiese de quedar encomendada la tarea al
                    juicio de la Corte misma; olvidó también que si un con-
                    greso puede ser de origen ilegítimo y nulos sus actos, uno
                    de éstos es el cómputo de los votos en las elecciones de
                    los altos jueces federales. De modo que, continuando
                    el camino de las sutilezas lógicas, había que admitir el
                    suicidio del Tribunal de la Nación, el caos en la admi-
                    nistración pública.   Y todo porque "nadie puede serLAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    293
                    
                    molestado sino por orden escrita de autoridad competen-
                    te;" garantía que pasa, de defensa contra el abuso de
                    los agentes, á amenaza de destrucción del ord^n en que
                    descansan todas las garantías, todos los derechos, la vida
                    de la sociedad y la existencia de la Nación.
                    
                    La Suprema Corte, al declararse el Poder de los Pode-
                    res, como arbitro irresponsable é indiscutible de las com-
                    petencias, olvidaba también su impotencia constitucional
                    para la organización, y absorta en la contemplación de
                    su poder negativo, no veía que, así como su único panel
                    recto es equilibrar, su único abuso posible sólo es capaz
                    de destruir. Podría declarar malas todas las elecciones
                    de todos los funcionarios electivos, y á buen seguro que,
                    ahondando en los procedimientos del sufragio universal,
                    no habría encontrado un solo nombramiento legalmente
                    puro; nunca hubiera podido encontrar á las masas anal-
                    fabetas votando con libertad el nombramiento de un di-
                    putado, pero mucho menos el de un ministro de la Corte;
                    y sobre el sólo considerando de la ignorancia absoluta
                    de la mayoría de los electores, hubiera podido negar el
                    origen legítimo de todas las autoridades de la República,
                    lín cambio, le habría sido imposible hacer elecciones bue-
                    nas, ni habría hallado medio de hacer cumplir la Consti-
                    tución en los comicios; pero aun supuesta la maravilla
                    de dar con él, la Corte habría sido, de derecho y de
                    hecho, impotente para ponerlo en práctica.
                    
                    A tales extremos llegó una Corte compuesta de hom-
                    bres probos, que contaba con talentos de primer orden,
                    con juristas de reconocida instrucción, probidad y
                    notoria buena fe. Y es que el mal está en la institución
                    viciosa del Tribunal de la Nación que desvía los más sa-
                    nos criterios. Por esto mismo no hay que confiar en que
                    la peligrosa cuestión de la competencia de origen esté de-
                    Unitivamente muerta. Mientras la Corte Suprema tenga294
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    H título y los caracteres esenciales de un poder político,
                    tenderá á la expansión de su fuerza y á ensanchar, á .ex-
                    pensas de los otros Poderes, el campo de su .jurisdicción.
                    
                    [II
                    
                    Si algo hay de razón en el sistema federal para supo-
                    ner que la libertad interior de cada pequeña república
                    favorece la felicidad de los pueblos que la forman, por-
                    que provee mejor á sus necesidades y mejor sigue las
                    condiciones peculiares de su población regional; si adop-
                    tar el sistema federativo es aceptar como buena aquella
                    razón, debe en él ser sagrada la independencia de los
                    Estados, principalmente en cuanto concierne á su dere-
                    cho común, base de la vida interior de las sociedades y
                    norma de las relaciones privadas de sus miembros. Sin
                    embargo, nuestros Estados, á quienes se reconoce y no se
                    estorba la libertad de legislar en las materias del dere-
                    cho común, están sometidos á la tutela federal en la apli-
                    cación de sus propias leyes. El Congreso de la Unión
                    no puede derogar las leyes de una legislatura so pretex-
                    to de que las encuentre malas; pero la Corte puede revo-
                    car todas las sentencias de los tribunales de un Estado,
                    si cree que éstos no aplicaron bien sus propias leyes.
                    
                    No vamos á tratar aquí de una cuestión que en otro
                    libro hemos estudiado con amplitud (*); pero no pode-
                    mos dejar de consagrar breves páginas á los efectos de
                    un artículo de la Constitución que ha acabado con la
                    independencia de los Estados en una de sus más impor-
                    tantes manifestaciones, supuesto que lo exige el tema del
                    presente libro.
                    
                    La independencia judicial es uno de los elementos
                    esenciales de la libertad interior de los Estados, sin el
                    
                    (*) cEl Artículo 14>, 1896.LAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE 295
                    
                    cual el régimen federal es una falsa promesa de la Cons-
                    titución, desmentida en sus disposiciones concretas. Esta
                    sola consideración fundamental debió inclinar siempre á
                    la Suprema Corte á dar una interpretación seriamente
                    restrictiva al artículo 14, pues si éste pone entre las ga-
                    rantías individuales la de que las leyes han de ser exac-
                    tamente aplicadas en las sentencias, el 40 garantiza á
                    los Estados el gobierno federal y su libertad de régimen
                    interior, y si es preciso no considerar nulo el primer ar-
                    tículo, es mayor la necesidad de no destruir eon él el se-
                    gundo.
                    
                    El Presidente Vallaría, el juez federal que ha mostra-
                    do más respeto á la organización constitucional del Go-
                    bierno, quiso restringir, como atentatoria del sistema fe-
                    deral, la amplitud que al artículo 14 habían dado los li-
                    tigantes que buscaban recursos extremos y los jueces fá-
                    ciles al ensanche de su jurisdicción; la misma recta in-
                    tención lo había hecho volver á sus quicios el artículo 16,
                    combatiendo victoriosamente la incompetencia de ori-
                    gen; pero quiso limitar sus teorías á la materia civil en
                    cuanto al 14, por escrúpulos en la penal que afecta la
                    libertad y la vida, y su argumentación fué débil, porque
                    era falsa. En vez de fundar en las exigencias del régi-
                    men federal la restricción prudente de la interpretación
                    del precepto, sostuvo el vigor absoluto de éste en los jui-
                    cios criminales, y su anulación absoluta en los civiles. Su
                    interpretación convencional no le sobrevivió; sus suce-
                    sores dieron al artículo la mayor amplitud posible, sin
                    cuidarse de la independencia local vulnerada y destruida.
                    
                    Hay en la Constitución americana un precepto del que
                    pudo hacerse tan mal uso como del nuestro. "Ningún
                    Estado, dice, puede privar á una persona de la vida, la
                    libertad ó la propiedad sin el debido proceso legal." Las
                    condiciones de un proceso legal son todas las de la apli-296 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    eación correcta de las leyes que rigen el juicio y el dere-
                    cho de que se trate. ¿Qué efectos ha causado en los Es-
                    tados Unidos esta expresión de la ley? No vamos á de-
                    cirlo nosotros, para ceder la palabra á una autoridad de
                    peso: "No hay litigante descontento de sus jueces, dice
                    Boutmy, que no pueda sacar de ese texto los medios de
                    una apelación á la Corte federal. La magistratura su-
                    prema presintió el abuso y percibió el peligro, y no se
                    prestó al papel que se le invitaba á atribuirse. Se iba
                    nada menos que á erigirla en protectora de todos los
                    derechos privados y á constituirla Corte de revisión de
                    casi todas las leyes de Estado. Si se hubiese dejado ten-
                    tar, el Congreso no habría resistido la tentación, mucho
                    más fuerte aún, de valerse de la quinta Sección de la
                    enmienda: "el Congreso podrá asegurar la ejecución de
                    este artículo por medio de una legislación apropiada," y
                    habría federalizado todo el derecho civil, que en el fondo
                    no es más que un conjunto de garantías para las personas
                    y las propiedades. La Corte no se empeñó en facilitar
                    semejante extensión de competencia; consintió en decla-
                    rarse garante de los privilegios é inmunidades de los ciu-
                    dadanos de los Estados Unidos; protectora de su vida, de
                    su libertad, de su propiedad, de su igualdad ante la ley;
                    pero solamente en tanto que éstos derechos están enun-
                    ciados y definidos en el resto de la Constitución fede-
                    ral.... En suma, estos derechos, encomendados de tiem-
                    po inmemorial á la salvaguardia de las autoridades de
                    los Estados, han continuado sin más garante que ellas,
                    y sin ninguno contra ellas" (*).
                    
                    Todo lo contrario sucedió en México: la Corte cedió á
                    la tentación de .extender su poder y se empeñó en am-
                    pliarlo ; consintió en declararse garante de lodos los de-
                    
                    (*) Boutmy.—Psyc'ologh Politique du Xeuple Americain.LAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    297
                    
                    recbos civiles; federalizó el derecho común, y mediante
                    las reglamentaciones sucesiva», multiplicadas y minucio-
                    sas que se prestó á hacer «1 Congreso, se arrebató á los
                    jueces locales su jurisdicción privativa y ;i los Estado*
                    la garantía superior de 1» independencia federal.
                    
                    El párrafo de Boutmy es la más ingenua censura de
                    nuestras leyes y del espíritu que ha guiado la interpreta-
                    ción del artículo 14, porque no se refirió á ellos, ni los
                    conoce, probablemente, el publicista que la hace. Elogiar-
                    la conducta de la Corte americana por esos motivos, es
                    condenar la de la nuestra.
                    
                    La Constitución de 1824 contenía un artículo que lo*
                    constituyentes de 57 no pudieron desechar por malo, sino
                    que suprimieron porque lo creyeron redundante en una
                    organización federal. Disponía que los juicios comunes
                    se seguirían y fenecerían en cada Estado conforme á sus
                    leyes, hasta su última instancia y la ejecución de la sen-
                    tencia. Esta es regla elemental en toda nación federada,
                    menos en México. La Constitución brasilera dice, en su
                    artículo 62, que ''la justicia federal no puede intervenir
                    en cuestiones sometidas á los tribunales de los Estados,
                    ni anular, alterar ó suspender las decisiones ú órdenes
                    de éstos;" la Argentina confiere al Congreso federal la
                    legislación común, y sin embargo, deja la jurisdicción
                    independiente y autónoma á los jueces de los Estados.
                    
                    Pero hay más para ejemplo de lo que importa en las
                    buenas instituciones federales la independencia judicial
                    de los listados: la Constitución del Brasil previene que,
                    "en los casos en que hubiere de aplicar leyes de los Es-
                    tados, la justicia federal consultará la jurisprudencia d •
                    los tribunales locales." Tal precepto surge por sí solo d<1
                    régimen federal cuando hay el propósito de consolidar
                    la organización que requiere y necesariamente supone;
                    así la justicia de la Unió» americana lo tiene como regla
                    
                    19296
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    invariable, aunque no está expreso en la Constitución.
                    "Al aplicar la ley de un Estado, dice Bryce, los tribuna-
                    les federales tienen la obligación de seguir la jurispru-
                    dencia de los tribunales del Estado, i No constituyen es-
                    tos tribunales, ciertamente, en cada Estado la más alta
                    autoridad en materia de derecho? Esta doctrina está
                    hoy tan bien cimentada, que acontece á la Corte Suprema
                    Tolver sobre sus decisiones anteriores concernientes á
                    puntos de derecho local, á fin de poner su jurisprudencia
                    de acuerdo con la del tribunal superior del Estado" (••).
                    
                    i Qué pasa entre nosotros? Precisamente lo contrario:
                    en virtud del derecho de revisión que se atribuyó la jus-
                    ticia federal, es lógico que sea la Corte quien fije la ju-
                    risprudencia, pues no puede concebirse un tribunal revi-
                    sor obligado á acatar la jurisprudencia de sus inferiores.
                    "Los Estados son soberanos para dictar leyes en materia
                    de derecho común; pero no para apricarlas." Esta es la
                    extravagante fórmula de nuestro principio federal en
                    materia de justicia.
                    
                    La tímida adición que en 1908 se hizo al artículo 102
                    con el objeto de disminuir el número de los negocios de
                    amparo, se limitó á poner por condición á la querella,
                    que se interponga en materia civil contra la sentencia
                    que da fin al litigio. En cambio, hizo constitucional la
                    interpretación del artículo 14, cuyos efectos atentatorios
                    difícilmente podrá moderar en lo sucesivo la Corte me-
                    jor intencionada. No cabe ya más remedio que la supre-
                    sión del precepto ó su atinada modificación.
                    
                    Los Estados, sin el espíritu de independencia que no
                    tienen por tradición ni puede inyectarles el artículo cons-
                    titucional que la declara, vieron con indiferencia el cer-
                    cenamiento de su libertad interior; los litigantes descon-
                    
                    ;*y Bryce.   The Ame-ican Comrr.onwealth.- Vo!. I. Csp. XXII.LAS INVASIONES DE LA SUPREMA CORTE
                    
                    299
                    
                    tentos de sus jueces, lo vieron siempre con satisfacción;
                    los abogados lo sostuvieron como una fuente próvida de
                    fuertes y fáciles lucros; la Corte lo acogió satisfecha
                    como un dón que se hacía á su poder. Ninguno, no obs-
                    tante, ha ganado nada, salvo los abogados, que nada tie-
                    nen en ello que perder, aun cuando pierdan <ú pleito.
                    Para los litigantes, el amparo en asunto civil es arma de
                    dos filos, y siempre que el uno lo bendice tiene que mal-
                    decirlo el otro. Para la Corte, lo que mediante él ha ga-
                    nado en extensión de facultades, lo ha perdido en alteza
                    de funciones; de intérprete soberano de la Ley suprema
                    lia pasado á intérprete discutido del derecho común, y
                    si no ha logrado levantar el Código civil á la altura de
                    la Constitución, sí ha conseguido asumir ella el papel de
                    tribunal de provincia.
                    
                    Es este uno de los defectos más graves de nuestra or-
                    ganización constitucional, y sin embargo, el apego á él
                    se ha extendido en las gentes con los caracteres de una
                    preocupación difícil de desarraigar. Será una verdadera
                    desgracia para nuestras instituciones, que hayan perdi-
                    do definitivamente los Estados su independencia judicial
                    y la Nación la majestad de su justicia.CAPITULO XVI
                    
                    Los Estados
                    
                    I
                    
                    No vamos á considerar á los Estados que forman la
                    Fnión federal, sino bajo el aspecto que presenta interés
                    para el objeto de este estudio; es decir, como elementos
                    del mecanismo integral del sistema adoptado por la Cons-
                    titución.
                    
                    Según la teoría del gobierno federativo, los Estados
                    ¡numen un papel de primera importancia en la división
                    de las funciones; establecen un límite á la acción del
                    Poder nacional; cierran el campo jurisdiccional á cada
                    una de las ramas que ejercen aquél, y contribuyen en esta
                    forma al equilibrio del Gobierno, añadiendo así un obs-
                    táculo al peligro siempre acecbado de que se erija un po-
                    der omnipotente.
                    
                    La defensa contra tal peligro consiste en la división ó
                    independencia de jurisdicciones. Por una parte, se des-
                    lindan las de los departamentos del Poder; por otra, se
                    separan la jurisdicción federal y la local. Como concepto
                    teórico que en la práctica sirve de norma, aunque no ae
                    aplique con rigor inflexible, corresponden á la primera,
                    en los grandes fines del Estado abstracto, la vida de la
                    Nación como personalidad autónoma (representación y302
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    defensa contra enemigos exteriores), y la organización
                    constitucional interior para la existencia normal de los
                    pueblos; á la segunda quedan encomendadas las relacio-
                    nes íntimas de la sociedad, es decir, las reglas que asegu-
                    ran el imperio del derecho en la vida común, fin mediato
                    y superior de la formación de las nacionalidades, y para
                    el cual no son sino medios la organización política y la
                    vida internacional.
                    
                    La diferencia y separación de fines que cada una debe
                    cumplir, marca las funciones que tocan á las dos enti-
                    dades, federal y local, excluyendo á la una de las que á
                    la otra corresponden; de modo que el Poder queda para
                    ambas, por las restricciones recíprocas, incapacitado pa-
                    ra la expansión que necesita la omnipotencia. Al llevar
                    estas teorías á la letra de la Constitución, pierden nece-
                    sariamente su simplicidad y su pureza, porque los pre-
                    ceptos positivos tienen que ajustarse á las necesidades
                    de la realidad; pero la teoría no llega á destruirse y sirve
                    de base para la ley escrita.
                    
                    El Estado no es libre para establecer su organización
                    interior, ni tampoco lo es el simple poder central; ni
                    pudieran serlo, supuesto que se trata de demarcar á cada
                    uno su esfera de acción; sobre uno y otro hay el poder
                    supremo que pudiéramos llamar nacional, único sobera-
                    no, porque es el solo que tiene la facultad de determinar
                    las competencias. Est ■ es el que puede reformar la Cons-
                    titución ó adicionarla. La libertad del Estado para su
                    organización interior, obra solamente dentro de los lími-
                    tes que el pacto federal le impuso y dentro de la juris-
                    dicción que le demarcó, lo mismo que el poder central
                    sólo puede ejercer su autoridad dentro de las líneas que
                    señalan el distrito de su competencia. El poder nacional
                    supremo, que es el único capacitado para la omnipoten-
                    cia, porque su autoridad no tiene límites eonstituciona-LOS ESTADOS.
                    
                    303
                    
                    les que no sean íegalmente franqueables, se ejerce por
                    una cooperación que nuestra ley fundamental ideó para
                    suplir al plebiscito ¡ del poder legislativo central y «1 le-
                    gislativo local, concertando el voto del Congreso federal
                    con los de los Estados como entidades políticas iguales.
                    
                    Creada la independencia de los Estados por la primera
                    Constitución nacional, tres años después de consumada
                    nuestra separación de España, cada uno, para organizar-
                    se, se atuvo al modelo de la Ley federal, haciendo de ella
                    una adaptación que más parece una copia; después, cuan-
                    do la ley de 57 se promulgó y cuando por el peligro y la
                    victoria se prestigió, los Estados, en lo general, modifi-
                    caron ó anularon la constitución locul primitiva, y la
                    substituyeron por otra que se ajustara á los principios
                    reformistas y á la nueva organización federal; y en esta
                    vez, el modelo también fué, más que seguido, copiado,
                    tanto porque la tarea era así más fácil, cuanto porque
                    estaban con ese procedimiento menos expuestos á errores
                    y á originar conflictos con la Ley federal. El sistema, por
                    lo mismo, fné uniforme en todos los Estados, sin que és-
                    ta uniformidad tuviese las ventajas del propósito deli-
                    berado de alcanzarla; porque los Estados no se conocían
                    ni se comunicaban y casi se ignoraban unos á otros; en
                    cambio, tenía el inconveniente de recoger todos los erro-
                    res de la Constitución general y derramarla en las orga-
                    nizaciones locales, y hacía perder una de sus ventajas
                    del federalismo, que consiste en la diversidad de institu-
                    ciones en que pueden probarse sistemas diversos, sin gran
                    daño por los que resulten malos y con el provecho de la
                    experiencia de los que se muestren mejores.
                    
                    Para todos el gobierno propio <?ra una novedad extra-
                    ña y casi incomprensible; en la mayor parte la cultura
                    de los hombres llamados á dirigir la cosa pública era muy
                    inferior á la tarea; en muchos, esos hombres reducido*;30* LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    en número sólo se encontraban en las antiguas capitales
                    de intendencia; el resto del nuevo Estado, desprovisto de
                    ellos, sólo daba señales de vivir para los motines frecuen-
                    te* que respondían á las agitaciones continuas de la anar-
                    quía pretoriana que imperó tantos años en el país.
                    
                    La unidad nacional, á que se oponían la gran extensión
                    del territorio, las malas vías de comunicación, el atraso
                    intelectual, la falta de prensa, la pobreza del comercio,
                    se palpó en la guerra de 47, á la que no concurrieron to-
                    dos los Estados. No hay que decir cuándo comenzó á
                    iniciarse la unidad, porque ésta se forma en la vida co-
                    mún que afecta con sus malas y buenas fortunas á todos
                    los pueblos que integran una nación; es decir, se forma
                    eon la historia; de suerte que los comienzos de nuestra
                    unidad están aun antes de la guerra de independencia.
                    Sin embargo, lo que sí puede decirse, son los motivos que
                    F>rincipalmente la han servido y apresurado: una idea, la
                    de la Reforma, que se propagó en todo el país y dió una
                    causa común para las dos banderías; una lucha con po-
                    tencia extranjera, la guerra de intervención, en que cada
                    listado contribuyó á la defensa nacional y peleó también
                    en su propio territorio ¡ un gobierno, el del Gral. Díaz,
                    que por su larga duración, por la época de prosperidad
                    mundial que aprovechó, por la energía uniforme de su
                    aeeión que mantuvo la quietud de los pueblos, hizo sen-
                    tir en todos los Estados, con el desarrollo de la riqueza,
                    las ventajas de la solidaridad nacional, sin la que habrían
                    sido imposibles las obras de mejoramiento que se mos-
                    traron por todas partes.
                    
                    El desenvolvimiento de la riqueza pública y el aumen-
                    to de la población continuarán la obra. Mientras tanto,
                    ya las relaciones de uno á otro Estado son relativamente
                    fáciles y fíecuentes para que todos ellos vayan teniendo
                    conciencia de su papel político, de su derecho y de suLOS ESTADOS
                    
                    305
                    
                    fnerza, tanto como de las responsabilidades que esas mis-
                    mas condiciones implican; y el sentimiento de su autori-
                    dad 7 su importancia es la primera necesidad del siste-
                    ma federativo, porque sin él no hay más que Pistados
                    anémicos, incapaces del vigor que han de tener las En-
                    tidades que constituyen la Nación y que equilibran su
                    gobierno, poniendo a raya la tendencia invasora del po-
                    der central.
                    
                    Ya hemos dicho que las instituciones políticas han sido
                    desdeñadas casi siempre por los hombres de estudio, co-
                    mo material de disquisiciones meramente especulativas,
                    dignas solamente de un teorismo platónico; pero esa afir-
                    mación puede hacerse absoluta con referencia á la admi-
                    nistración de los Estados, que ni como curiosidad abs-
                    tracta se ha tomado en cuenta. No se ha pensado en que
                    <'s imposible hacer una nación ordenada y fuerte con pro-
                    vincias sin organización ni energías, como es absurdo
                    mierer construir un edificio sólido y firme con bloques
                    de material deleznable ó dúctil. En los días de nuestra
                    liistoria, los Estados (mejor sería decir los gobiernos de
                    los Estados), á semejanza de lo que acontece con los in-
                    dividuos, no han sabido asumir más que dos actitudes
                    igualmente malas: la de sumisión y la de rebelión. Es
                    preciso substituirlas por la entereza y la disciplina que
                    nacen de la estimación del derecho.
                    
                    Cuando las instituciones del país en general cobren su
                    acción viva, la intervención funcional de los Estados co-
                    mo unidades políticas va á producir sorpresas que en
                    gran parte escapan á la previsión más penetrante; no
                    es fácil la anticipación de remedios que preparen al ad-
                    venimiento de la era institucional, porque á ello se opon-
                    drán las preocupaciones de los años mal vividos; por lo
                    mismo, muchas de las sorpresas tienen que ser malas y
                    penosas. En cambio, la acción ñ ■ los Estados en el fun-306.
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    cionamiento del gobierno general, á poco que se ordene
                    y se aultive, será la fuerza más poderosa para asegurar
                    la estabilidad de las instituciones, la dignidad de los
                    pueblos y la majestad de la Nación.
                    
                    Un representante, de ideas más que moderadas, pero
                    que se distinguía por su ilustración y su patriotismo,
                    Don Marcelino Castañeda, decía en el Congreso de 57:
                    "El Gobierno debe entregarse á la lealtad y buena fe de
                    los Estados, porque esto es entregarse en manos de la
                    Nación, identificarse con el pueblo, seguir la senda de la
                    democracia.... Vigor y respetabilidad en el centro por
                    medio de la cooperación de los Estados: he aqni el pro-
                    blema que se debe resolver." Medio siglo después, la fór-
                    mula del problema no se acepta todavía y el vigor del
                    Centro se cree que ha de fundarse en quebrantar toda
                    fuerza que no sea la suya.
                    
                    IT
                    
                    Dos cosas hay que considerar para formarse el cabal
                    juicio de la influencia que los Estados puedan ejercer en
                    el sistema general de nuestro Gobierno, puesto á la obra
                    por la acción libre de las leyes: su organización interna,
                    para calcular su valor como unidad política; sus relacio-
                    nes activas y pasivas con el Poder central, para apreciar
                    su peso como elementos de equilibrio. Con variaciones
                    de detalle, que no alteran la esencia de su constitución,
                    pueden considerarse con un tipo común para uno y otro
                    aspectos; y por lo que hace á su desenvolvimiento inte-
                    lectual y económico, la suposición de un término equidis-
                    tante del más favorecido y el más atrasado, sirve bien
                    para estimarlos á todos.
                    
                    Una legislatura con las funciones de su carácter; el
                    Kjeeutivo representado por un gobernador que dirigeLOS ESTADOS
                    
                    307
                    
                    toda la Administración y de quien dependen, como agen-
                    tes, los jefes políticos y ayuntamientos, lo mismo que la
                    tesorería general con los empleados de su dependencia;
                    un Tribunal superior que conoce en segunda instancia de
                    asuntos civiles y criminales y que tiene por subalternos
                    y bajo su vigilancia á. los jueces inferiores, á quienes, por
                    lo común, no tiene facultad de nombrar. El Tribunal su-
                    perior, falto de una atribución que produzca efectos se-
                    mejantes á los del amparo, no es peligroso para el Eje-
                    cutivo sino en algunos Estados, en que se le atribuye la
                    instrucción y sentencia del juicio político.
                    
                    El sistema local, aunque tomado del federal con seme-
                    janzas de copia reducida, no pudo violar la naturaleza de
                    las cosas, y produjo un gobierno que difiere en la esencia
                    del Gobierno de la Nación, en la constitución literaria;
                    porque mientras éste limita su jurisdicción á los intere-
                    ses generales, dejando á las fracciones que forman la Re-
                    pública una acción independiente, el gobierno de Estado
                    centraliza todas las funciones y abarca toda la adminis-
                    tración de los asuntos locales, cualesquiera que ellos
                    sean. La tendencia á la extensión sin restricciones, que
                    se ofende aun con los más legítimos obstáculos, es en el
                    poder local tan inevitable como fácil de satisfacerse; su
                    único freno sería la elección efectiva de los funcionarios,
                    que surte sobre ellos efectos más eficaces quizá, porque el
                    objeto de la elección local está al alcance de mayor nú-
                    mero de individuos en el pueblo, y el interés que des-
                    piertan tanto la lucha como la conducta de los mandata-
                    rios, hace á los ciudadanos más asiduos en el trabajo
                    electoral y más aptos para juzgar del gobierno. La opi-
                    nión pública puede ser enteramente desoída por el Go-
                    bierno; pero seguramente que tiene más vigor, más am-
                    plitud y más perspicacia en los asuntos políticos de la
                    localidad que en los negocios de la Nación.306 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Por debajo del Gobierno están los jefes políticos, que
                    nomo simples agentes suyos, no hacen sino cumplir sus
                    órdenes y servir para que la autoridad que representan
                    tenga medios inmediatos de acción y centralización. Para
                    jurisdicción más estreeha, los ayuntamientos ejercen en
                    los municipios en que el distrito se fracciona, la admi-
                    nistración de las ciudades, villas ó aldeas, comprendien-
                    do en la demarcación de su incumbencia parte del terri-
                    torio del distrito, en que se encuentran poblados rurales,
                    generalmente de carácter de propiedad privada. En es-
                    tas condiciones y dada la distancia no corta que suele
                    haber entre las poblaciones, el territorio jurisdiccional
                    de los ayuntamientos es muchas veces de tal extensión,
                    que la corporación municipal sólo nominalmente tiene
                    autoridad ni ejercicio alguno en cuanto so halla fuera
                    del lugar en que reside.
                    
                    Legalmente los ayuntamientos tienen facultades de-
                    terminadas y libertad de acción, restringida para ciertos
                    actos por la obligación de obtener la aprobación del Go-
                    bierno para su validez. Es frecuente que los actoü res-
                    tringidos se refieran á enajenación de cosas raíces, con-
                    tratos que comprometan sus fondos, y otros de esta im-
                    portancia, y no es raro que se'les exija también la pre-
                    sentación de sus presupuestos, que no rigen sino median-
                    te la venia del superior. Y por más que una subordina-
                    ción llevada á tales extremos parezca indebida tratán-
                    dose de corporaciones que se eligen popularmente, lo
                    cierto es que las poblaciones á quienes pueda confiarse
                    la administración libre de sus fondos y de sus intereses
                    son muy pocas en cada Estado, en tanto que el mayor
                    número necesitan la dirección y vigilancia superiores;
                    porque unas veces cortas de población, otras sin educa-
                    ción bastante, y por lo general sin instrucción alguna, noLOS ESTADOS
                    
                    309
                    
                    tienen personal idóneo para llenar satisfactoriamente loa
                    deberes del cargo.
                    
                    El medio más llano y quizá •ol único de corregir el de-
                    fecto de amplitud ilimitada del poder local, sería dar
                    libertad completa á la administración municipal y exten-
                    der sus atribuciones constitucionalmente á cuanto re-
                    quiera el cuidado do la pequeña jurisdicción, de suerte
                    que pudiera recaudar los fondos que cada una haya me-
                    nester en vista de sus necesidades y de sus recursos. De
                    esta libertad surge el self-government, que tiene un «1
                    gobierno municipal libre y responsable, su mejor mani-
                    festación, y ella sirve para redueir en los Estados nor-
                    teamericanos la acción del gobierno local á una estre-
                    chez que lo imposibilita para crearse una autoridad que
                    pudiera ser de algún modo amenazadora. Pero no hay
                    un solo Estado cu la República que si ensayara tal sis-
                    tema en una ley general, no tuviera que suspenderlo bien
                    pronto, por los efectos de desorden y desbarajuste que
                    produciría en todas partes. Cuando se encomia y predica
                    la libertad municipal, se olvida cuáles son y cómo son
                    las municipalidades de cada Estado casi en su totalidad ¡
                    se piensa en la teoría y se construye el ideal, sin cuidar
                    que después hay que alojar en él las inflexibles reali-
                    dades.
                    
                    De todas maneras, sin una completa libertad de la ad-
                    ministración municipal, con ampliación de las funciones
                    que hoy se le admiten, hasta donde sea preciso para ase-
                    gurar su acción independiente, el poder del Estado no
                    tiene límite, ni su acción centralizadora más correctivo
                    que la buena voluntad de los que lo ejercen. La supre-
                    sión de las jefaturas políticas podrá extinguir la presión
                    personal de que se acusa á esta institución, cargada de
                    los vicios que adquirió cuando su acción eficaz fué nece-
                    saria contra un estado de perpetua rebelión: pero no in-310
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    fluirá para reducir el absoluto y directo dominio que el
                    poder local ejerce en todos los ramos del gobierno del
                    Estado 7 que va hasta las minucias más recónditas si
                    asi le place.
                    
                    . Si es que no hemos acertado con el sistema del gobier-
                    no interior y hay que buscarlo más de acuerdo con las
                    circunstancias de poblaciones disímiles; si es que hay
                    que romper con las leyes generales y especializar de al-
                    gún modo el régimen urbano y rural de los diversos lu-
                    gares, fuerza será probar reformas, idear métodos; pero
                    no es probable que la necesidad de crear el embrión del
                    gobierno popular pueda llenarse de otro modo, que con
                    el bien lento y trabajoso de educar y enriquecer.
                    
                    En tanto, el poder ilimitado reside en la Legislatura y
                    el Gobernador. Su equilibrio es indispensable, no sólo
                    porque lo exige la estabilidad del gobierno, de que depen-
                    den la tranquilidad y el orden públicos; sino porque á
                    falta de otras sujeciones, la intervención legítima de un
                    poder en las funciones del otro previene el abuso de los
                    dos y ofrece probabilidades de prudente ejercicio de su
                    autoridad. Este equilibrio no se ha visto hasta hoy en
                    Kstado alguno de la República (y sería gran noticia la
                    de un solo caso), ni es posible que con el sistema vigente
                    llegue á establecerse como normal en el más culto ni en
                    el más pacífico de los que cuenta el país, porque las cons-
                    tituciones han puesto las condiciones de un equilibrio in-
                    estable.
                    
                    En ellas se conservan los errores que hemos detallado
                    de la Constitución general como bastantes para la de-
                    presión del Ejecutivo ante la superioridad del Legisla-
                    tivo; la falta de hábil conexión de ambos poderes para
                    determinar una influencia recíproca que mantenga la
                    armonía sin perjuicio de la independencia entre uno y
                    otro en lo que tiene de esencial por su institución. Pe-LOS ESTADOS 311
                    
                    nodos fijos y largos de sesiones; incapacidad ó muy poca
                    intervención del Ejecutivo para convocar á reuniones ex-
                    traordinarias ; facultades en el Legislativo, cuyo ejercicio
                    puede anular al Gobernador; juicio de responsabilidad
                    definido por la Legislatura por simple mayoría absoluta;
                    falta de veto.
                    
                    Ya conocemos los inconvenientes de estas condiciones
                    de organización en el Gobierno federal, que son los mis-
                    mos en el local; pero en éste suben de punto por varios
                    motivos; especial y principalmente por éste: el número
                    de los miembros que componen las legislaturas es tan
                    corto, que éstas no tienen los caracteres esenciales y
                    útiles de un congreso.
                    
                    Es muy difícil romper las preocupaciones que origina
                    la costumbre, y pocos habrá que no repugnen la idea de
                    que una legislatura deba componerse por lo menos de cin-
                    cuenta diputados; poro lo cierto es que siete, quince ó
                    veinte, no forman la institución «special que se llama
                    congreso, sino una comisión que sólo puede ser ó inútil ó
                    peligrosa. Creer que el cuerpo legislativo de un Estado,
                    porque éste es una república pequeña, debe ser de pocos
                    miembros, es tan extravagante como reprochar á la Na-
                    turaleza que haya dotado de una dentadura cabal á los
                    hombres de pequeña talla. La composición del órgano gu-
                    bernativo no debe proporcionarse con la importancia de
                    la república, sino con la naturaleza de la función.
                    
                    Un cuerpo legislativo, que tiene atribuciones políticas
                    aún en su recta función de discutir las leyes, pero que
                    las tiene «sencialmente políticas en lo demás de la ac-
                    ción que le es propia, necesita perder el carácter de los
                    individuos que lo forman y llegar á las condiciones pe-
                    culiares de la muchedumbre, cuya mentalidad, emotivi-
                    dad y facultad volitiva difieren en mucho de las indi-
                    viduales. Es preciso que reúna un buen número de carac-312
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    teres, capacidades é intereses diversos, para que no haya
                    ninguno personal, invariable é inflexible: en una palabra,
                    es forzoso, para que haya un Congreso, que éste no tenga
                    el alma de una persona, sino la psicología de una colecti
                    fidad, porque en él se han menester las ventajas de esta
                    psicología, aun á costa de soportar sus inconvenientes.
                    
                    Para hacer tangibles estas teorías, cuya ampliación se-
                    ría impropia de estas páginas, lleguémonos á las eoncep
                    dones reales. Un Congreso de doce personas podra cele-
                    brar sesiones con siete miembros presentes, en que la
                    mayoría absoluta será de cinco votos; suponiendo que
                    concurran todos, la mayoría será de siete: la de dos
                    tercios, de ocho; un voto determinará la diferencia en
                    tre la mayoría absoluta y la fuerte de dos terceras par-
                    tes. Siete votos bastarán para hacer una ley en dos ho-
                    ras, sobre los más graves ó difíciles asuntos; los mismos
                    tendrán el poder de sobreponerse al veto del gobernador:
                    y esos siete serán poderosos para deponerlo, declarándolo
                    culpable de un delito oficial. No sólo la mayoría, sino la
                    totalidad de los diputados pueden concertar sus volunta-
                    des y ayudar recíprocamente sus intereses, lo cual suce-
                    de siempre cuando se trata de pocas personas; y todas las
                    pasiones, todas las codicias, todas las pequeneces tendrán
                    satisfaceión completa en el ouerpo irresponsable y sin
                    freno.
                    
                    Ya de por sí el Legislativo local parece inclinado al
                    cohecho por una tendencia que dimana de causa distinta.
                    Acudiendo al único ejemplo de gobierno análogo que te-
                    nemos, bajo una libertad efectiva de las Legislaturas,
                    vemos que las de los Estados americanos, á pesar de ser
                    numerosas (pues son pocas las que tienen menos de cien
                    miembros, y las hay de doscientos y trescientos), á pesar
                    de que constan de dos Cámaras, son presas de una co-
                    rrupción casi todas, que lia sido denunciada a! públicoLOS ESTADOS
                    
                    313
                    
                    por hombres tan enérgicos y autorizados como Roosevelt,
                    y contra ella se han propuesto y aplicado diversos co-
                    rrectivos. Uno de ellos consiste en limitar cuanto es dable
                    la acción legislativa, acortando los períodos y distan-
                    ciándolos uno de otro hasta en dos años. Pero la mala
                    conducta de las Legislaturas no ha logrado dañar mu-
                    cho á los Estados, merced al veto del gobernador, que
                    los pueblos aplauden y apoyan, acostumbrados ya á verlo
                    como el medio salvador de sus intereses. El gobernador
                    es la salvaguardia del Estado; su responsabilidad mo-
                    ral es efectiva, y personalmente reúne condiciones de
                    distinción, honorabilidad y posición social y política que
                    no es fácil encontrar en muchos miembros de las Cáma-
                    ras; pero si su veto es eficaz, se debe á que basta para
                    sostenerlo un tercio de cualquiera de las dos ramas le-
                    gislativas y á que la de diputados es numerosa.
                    
                    Hemos tomado como tipo de legislatura nuestra una
                    de doce representantes; pero las hay de siete, y segura-
                    mente ninguna tiene más de veinticinco. Calcúlese lo que
                    será la mayoría de una de tantas cuando el desenvol-
                    vimiento deje en libertad á sus miembros, y el desarrollo
                    económico erija grandes compañías interesadas en con-
                    cesiones ó exenciones que dependen de la voluntad del
                    congreso estrecho, unitario y sin el obstáculo del veto.
                    Gobernarán entonces las compañías, como ya hemos visto,
                    bajo el régimen de los gobernadores absolutos, Estado so-
                    metido al gobierno de los agricultores fuertes, y Estado
                    influido poderosamente por los comerciantes millonarios.
                    
                    Si el Legislativo de escaso número escapa por milagro,
                    siendo libre y elegido popularmente, al peligro de la con-
                    fabulación perversa, será para caer en la sumisión al
                    mando del gobernador, vicio <jue no sólo lo hace inútil
                    para intervenir en la labor de la ley, sino que lo despoja
                    
                    de su fuerza para moderar y encauzar la acción ejeculi-
                    
                    20314 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    va. En la función política, ninguna legislatura, que se-
                    paraos, ha guardado nunca, con respecto al Ejecutivo, la
                    actitud de independencia armoniosa, de libertad respe-
                    tuosa, que es la única útil y la absolutamente necesaria.
                    Lo que encontramos en la historia quizá de todos los Es-
                    lados, son ejemplos de legislaturas que han desconocido,
                    enjuiciado ó depuesto gobernadores, ya por movimiento
                    propio, ya sirviendo de instrumento á los fines é insi-
                    nuaciones del Gobierno general. Así se vió no pocas veces
                    en años atrás; los casos repetidos amenazaban conver-
                    tirse en una institución consuetudinaria, y los Gobiernos
                    locales hubieron de evitarlos en lo sucesivo, cuidando de
                    intervenir en las elecciones de diputados de una manera
                    decisiva, en favor de amigos insospechables. Por su par-
                    te, el poder federal tuvo en cuenta el mal que denuncia-
                    ba la experiencia y procuró,al hacer la reforma bicama-
                    rista, el remedio, confiando al Senado la facultad de re-
                    solver legalmente tales conflictos.
                    
                    Resulta de lo expuesto, que las constituciones locales
                    no preparan una organización interna capaz de resistir
                    el movimiento natural de los elementos que entran en su
                    formación. En 1867 el gobierno de Juárez, en la convo-
                    catoria para la elección general, al proponer las refor-
                    mas de que ya hablamos, en la Constitución de la Repú-
                    blica, quiso que igualas cambios se hicieran en las de los
                    Estados; de manera que no sólo aconsejaba las reformas
                    relativas al veto y convocaciones de la Legislatura, sino
                    el establecimiento de dos cámaras. El Presidente v su
                    sabio ministro Lerdo de Tejada tenían el propósito de
                    constituir el equilibrio del gobierno nacional, y sabían
                    que éste debía fundarse en el equilibrio del gobierno lo-
                    cal ; y hay que reconocer que en estas materias ambos
                    eran autoridades de primer orden.
                    
                    flay una falta absoluta de equilibrio constitucional.LOS ESTADOS 315
                    
                    que determinará el desequilibrio de hecho en el sentido
                    en que incline los pesos el carácter individual de un go-
                    bernador ó de un diputado; el orden y la paz no descan-
                    sarán en las instituciones, sino que, cuando eventuai-
                    mente existan, dependerán de la situación pasajera crea-
                    da por una persona, por un concierto ó por verdaderas
                    complicidades. El Estado así constituido, no es la per-
                    sonalidad política calculada en el sistema federal como
                    elemento constitutivo de la Nación, y cuyos derechos,
                    dignamente mantenidos, circuyen el campo del poder del
                    Centro cerrando su inmoderada expansión; es una en-
                    tidad raquítica y enferma de cuya debilidad se abusn y
                    á quien, por lo general, se ha creído incapacitada para
                    vivir en relativa autonomía; y falta de vigor sano en días
                    serenos para llenar sus fines, es impotente para conservar
                    su paz interior por el equilibrio de gobierno, ni para im-
                    pedir las convulsiones de sus pueblos á la hora de las re-
                    vueltas que nos desprestigian.
                    
                    FA régimen local tiene que ser un gobierno de ejecu-
                    tivo, sin asomos de predominio congresional; pero por
                    eso mismo es indispensable que haya un legislativo ca-
                    paz de independencia y de cordura, que limite la acción
                    de aquél sin aspirar á la preponderancia. La Constitución
                    local debe reformarse hasta donde sea preciso para orga
                    nizar un Ejecutivo fuerte en la acción y limitado en la
                    extensión; seguro contra las intrigas y confabulaciones
                    de la Legislatura, armado para impedir sus asechanzas
                    y sus codicias; pero contenido por jurisdicciones inferio-
                    res que tengan su esfera de acción propia y libre. La
                    Legislatura debe ser numerosa para S3r congreso y para
                    que su independencia pueda realizarse sin que se con-
                    vierta en amenaza de desconcierto; sus reuniones han
                    de ser cortas y distanciadas, y destinadas á resolver so-
                    bre los asuntos preparados con la experiencia del Eje-316 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    eutivo; la remuneración de los representantes ha de ser
                    tal, que el cargo antes resulte gravamen asignado al pa-
                    triotismo que granjeria codiciable como prebenda.
                    
                    La preponderancia del Gobierno central y la impor-
                    tancia de sus funciones, ha hecho que se descuide y aun
                    desprecie la categoría de los Estados, á punto d<» que
                    algo como una reacción centralista ha ido medrando en
                    el seno del partido liberal. Nosotros creemos que sí debe
                    desearse que en los Estados desaparezca el espíritu lo-
                    calista mezquino, es una obra patriótica y noble levantar
                    en ellos la conciencia de su valer y el sentimiento de su
                    fuerza.
                    
                    III
                    
                    Hay, independientemente de los poderes que detalla
                    la Constitución, un poder supremo á que ya nos refe-
                    rimos antes, que podría llamarse nacional, y para el que
                    se ha establecido un órgano de ejercicio accidental con
                    elementos permanentes que están destinados á otras
                    funciones; este poder, sustituto del plebiscito y único de-
                    positario de la soberanía, representa la voluntad de la
                    Nación en el acto más importante y grave: la modifica-
                    ción de la Ley fundamental. Las Cámaras de la Unión,
                    votando por dos tercios de sus miembros, y las Legisla-
                    turas concurriendo á la formación de la Ley suprema
                    como unidades del concierto federal, constituyen el ór-
                    gano de la voluntad de la Nación; pero ni las Cámaras ni
                    las Legislaturas ejercen en esos casos sus funciones
                    legislativas propias, ni tienen la autoridad de su institu-
                    ción genuina, ni obran con las facultades que emanan de
                    su carácter; y es que constituyen un órgano nuevo, dis-
                    tinto de cada uno de los elementos que entran en su for-LOS ESTADOS
                    
                    317
                    
                    mación y destinado á una función especial y única. Esta
                    distinción quizá uo tenga sino un interés teórico; pero
                    es preciso no olvidar que el error ó confusión de las teo-
                    rías propende á producir después extravíos no insignifi-
                    cantes en las consecuencias prácticas.
                    
                    El poder federal y el del Estado solos, obran dentro de
                    la Constitución y en funciones que ella otorga y regla-
                    menta, en tanto que el supremo poder de la Nación obra
                    sobre la Constitución misma, para dictar la ley de las le-
                    yes y para dar, restringir ó quitar atribuciones á los Po-
                    deres de la Federación y del Estado. El poder sumo na-
                    cional es indestructible; no es reglamentable porque es
                    ilimitado; por lo mismo llega á la omnipotencia, y si no
                    lo detienen el respeto a las verdades y derechos teóricos
                    del sistema federal, no puede tener más correctivo que
                    la fuerza. Pero el órgano que se instituye para su ex-
                    presión no tiene las mismas condiciones; es creación de
                    la ley y puede ser cambiado y sufre también ser someti-
                    do á reglas. Por una necesidad imprescindible, las reglas
                    y limitaciones de este órgano no pueden dictarse ni dero-
                    garse sino por él mismo; pero como representante del
                    Poder, mientras aquéllas no sean derogadas, tiene que
                    obedecerlas, porque forman parte de la convención fede-
                    ral fundamento de la Nación.
                    
                    Si esta exposición tiene una apariencia de sutileza me-
                    tafísica, es porque toca un principio de origen del poder,
                    que no puede tener antecedente; pero la teoría está apli-
                    cada en la Constitución, como vamos á verlo en el caso
                    que guía nuestro intento y que aclara y simplifica lo que
                    pudiera parecer abstruso.
                    
                    El Congreso federal y las Legislaturas, órgano consti-
                    tuido para substituir al plebiscito (que sería absurdo en
                    México), tienen la facultad de reformar los preceptos
                    constitucionales, modificarlos ó suprimirlos: para ello se318 LK CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    necesita que el Congreso de la Unión, por el voto de dos
                    terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las
                    reformas, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de
                    las Legislaturas. En esta disposición general, el poder
                    reformador no tiene limitación ninguna en el procedi-
                    miento ; pero hay un artículo de la Constitución, el 43,
                    que enumera las partes integrantes de la República, cuya
                    reforma está sometida á otros requisitos, según el caso
                    de que se trate, y que no puede modificarse sino en él
                    sentido que indican las fracciones í. IT y ITT del ar-
                    tículo 72.
                    
                    Cuando se trata de admitir nuevos Estados ó Territo-
                    rios á la Unión federal (fracción I) y cuando se ha de
                    erigir un territorio en Estado (fracción II), el artículo
                    43 se reforma por el voto normal de las Cámaras fede-
                    rales, puesto que ambas materias son de la facultad co-
                    mún del Legislativo nacional, que dicta para el efecto
                    una ley ordinaria, aunque de hecho adiciona el artículo
                    referido. Pero para formar nuevos Estados dentro de los
                    límites de los existentes, no sólo se emplea ya al órgano
                    superior que reforma la Ley suprema, sino que éste debe
                    sujetarse á requisitos más escrupulosos y más exigentes,
                    sobre todo si el Estado ó Estados que van á padecer una
                    reducción de territorio, se niegan á ello. Esto no es sino
                    la consagración de la teoría que reconoce en los Estados
                    entidades autónomas, unidas con sacrificio limitado de
                    su autonomía para formar la Nación federal.
                    
                    Nuestra Constitución fué más estricta que la america-
                    na, porque no admite el caso de la unión de dos Estados
                    para formar uno. Los legisladores de 57 se negaron á
                    tomar para la nuestra ese único motivo que hay en la ley
                    sajona de desaparición posible de una de sus estrellas.
                    El artículo 43 no puede, pues, reformarse sino en tres
                    sentidos, todos ellos de mejoramiento y de avance: el319
                    
                    de admitir nuevos Estados ó Territorios, el de erigir un
                    Territorio en Estado y el de erigir un Estado nuevo den-
                    tro de los existentes. El poder reformador omnipotente
                    no ha dado á su órgano (Congreso federal y Legislatu-
                    ras) faeultad para unir dos Estados en uno; para hacerlo
                    sería forzoso que se comenzara por adicionar el artículo
                    72 con aquella facultad y usar de ésta después.
                    
                    ¿Qué diremos, entonces, de la erección de nuevos Te-
                    rritorios dentro del área de los Estados existentes? Que
                    no tiene fundamento legal y que es contrario á los pre-
                    ceptos constitucionales tanto como á la esencia del ré-
                    gimen federativo. El Congreso de la Nación no tiene
                    facultad para proponerla á las Legislaturas, ni éstas es-
                    tán autorizadas para aprobar la adición que en tal sen-
                    tido se les proponga, y ninguna autoridad de las que
                    forman el poder público tiene más atribuciones que las
                    que la Constitución le confiere. En cuanto al régimen
                    federal, es de su esencia la integridad de las personas
                    jurídicas que lo pactan, y estará virtualmente destruido,
                    si los Estados pueden paulatinamente pasar al dominio
                    de la jurisdicción del centro por medio de desmembra-
                    ciones sucesivas.
                    
                    La creación de Territorios puede estar fundada en la
                    conveniencia del momento, porque un Estado carezca
                    de fuerza para dominar á algunos de sus pueblos; quizá
                    el auxilio de la Federación en la forma constitucional
                    tenga menos eficacia para mantener el orden que el go-
                    bierno directo de los poderes nacionales; pero el benefi
                    ció que se pierda por no instituirlo, será menor que e!
                    mal profundo que se hace á la nación entera hiriendo la
                    médula de sus instituciones, rebajando la autoridad de la
                    Ley suprema, lastimando la dignidad de un Estado y
                    creando la desconfianza de todos los demás, que sienten
                    que su primer derecho etttí desconocido.320
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Es mal fundamento, para apoyar la erección de terri-
                    torios, el artículo 117 que dice la manera de haeer las
                    reformas de la Constitución en general. Las reglas del
                    artículo 72, especiales para lo que se refiere á modifica-
                    '•iones de la división territorial, son las que rigen la ma-
                    teria y tienen precisamente por objeto exceptuarla de los
                    procedimientos comunes del artículo 117. De admitirse
                    tal fundamento, éste sería igualmente aceptable para de-
                    clarar Territorio un Estado entero, y si esto fuese po-
                    sible, habría que aceptar que con los procedimientos re-
                    formatorios del artículo 117 se puede cambiar la forma
                    de gobierno, lo que está en contradicción con el sentido
                    eomún, además de estarlo con el mismo artículo 117, que
                    .-.ólo consiente adiciones y reformas; pero no destrucción
                    constitucional de la Constitución; y eon el 39, que reserva
                    al pueblo el derecho de modificar la forma de gobierno.
                    
                    Hemos tocado este vicio, aunque no está en la Consti-
                    tución, sino en la falsa manera de aplicarla, tanto por su
                    gravedad suma, como porque sentados dos precedentes,
                    pueden éstos tomarse por una autorizada interpreta-
                    pión de preceptos que son,fundamentales y formarse cou
                    ella una institución consuetudinaria disolvente.
                    
                    IV
                    
                    Los peligros que liemos apuntado para la estabilidad
                    y buena guarda del gobierno central, procedentes del ex-
                    ceso de poder á que invita la ley al Congreso y á la Corte
                    Suprema, amagan también la independencia de los Es-
                    tados y la autonomía de sus gobiernos.
                    
                    Son enjuiciables por la ('¡'uñara de Diputados los go-
                    bernadores, "por infracción de la Constitución y leyes
                    federales," y de estos juicios de responsabilidad hemos
                    i «nido ejemplos que demuestran con cuánta frecuenciaLOS ESTADOS
                    
                    321
                    
                    pueden presentarse cuando la vida política de los Esta
                    dos recobre un poco su actividad de otras épocas. Ya
                    se comprende cómo de un proceso federal cabe hacer una
                    excelente amia para derrocar á un gobernador poco gra-
                    to, cuando la Cámara puede condenarlo por simple ma-
                    yoría absoluta. Contando con esta mayoría, el Gobierno
                    central someterá incondicional mente á los Estados oon
                    la sumisión de los gobernadores; y si el Gobierno central
                    no tiene la mayoría en su favor, la Cámara agregará á
                    sus otros medios de supremacía el de poner de su parte
                    y contra el Ejecutivo federal á los Gobiernos locales.
                    
                    El fuero constitucional que establecen las disposiciones
                    relativas del Título IV, es una garantía <|iie se da al fun-
                    cionario público de que no será sometido á juicio crimi-
                    nal sino cuando la Cámara de Diputados, examinando el
                    hecho de que se trate y las circunstancias' políticas del
                    momento, otorgue su permiso para que aquél sea entre-
                    gado á sus jueces. En materia de responsabilidad por
                    delitos oficiales, el fuero debiera tenor el mismo objeto;
                    pero ya hemos visto que en vez de ser así, la Cámara
                    entra desde luego en el conocimiento del delito imputa-
                    do; es ella sola el tribunal competente para declarar so-
                    bre la culpabilidad, y más que una garantía del acusado
                    parece una amenaza de parcialidad y ligereza en el jui-
                    cio. Como los gobernadores no gozan del fuero constitu-
                    cional federal por delitos del orden común, no lo tienen
                    en la parte que es garantía en su favor, y bien claro está
                    que, al comprenderols entre los funcionarios sometidos al
                    juicio de la Cámara de Diputados, el artículo 103 no tuvo
                    más mira que su responsabilidad ni más interés que el de
                    sujetar á los gobernadores á la jurisdicción federal.
                    
                    No existe esta disposición en las constituciones federa-
                    listas de América, lo que nos permite asegurar que pue-
                    de vivir sin ella un buen sistema federativo: en cambio.322
                    
                    nuestras condiciones pewiliárel políticas. H abuso que
                    en momentos de necesidad y aun de simple conveniencia
                    hacemos de una pal ibra d( la ley, y la fn 'iza de nuestras
                    tradiciones centralistas y autoritarias, suri motivos bas-
                    tantes para que podamos conven,- mu de que la situa-
                    ción que el artículo 103 crea á los gobernadores, hace
                    imposible su independencia del Poder centra!. La perma-
                    nencia de un gobernador en el puesto que su Estado le
                    confía, deberá ganarse con la obediencia y la subordina-
                    ción si el Presidente cuenta con la Cámara popular:
                    cuando ésta esté desavenida con aquél, la permanencia
                    sólo estará asegurada haciendo causa común con la Asam-
                    blea para hostilizar al Presidente.
                    
                    Se objetará que las infracciones de la Constitución de
                    que el gobernador sea culpable necesitan la intervención
                    federal para no quedar impunes; que no puede confiarse
                    el correctivo á los medios que provea la Constitución lo-
                    cal ; y nosotros no negaremos que hay en el precepto que
                    combatimos una lógica de jurisdicciones cuyo desprecio
                    puede originar dificultades; pero cuando se ha aceptado
                    el régimen federal, hay que soportar sus deficiencias, que
                    son siempre un mal mucho menor que cualquiera de los
                    muchos que acarrea la destrucción del sistema de go
                    hierno y el desprestigio de las instituciones por inútiles.
                    Es preferible buscar en cada caso el remedio con que
                    el Gobierno central pueda combatir ó atenuar los incon
                    venientes que traiga un gobernador con su conducta, re-
                    medio que nunca falta de un modo absoluto y que aconse-
                    jan é indican las circunstancias. Y si alguna vez, por la
                    gravedad del caso y la urgencia de la represión, el Go-
                    bierno federal llegase á emplear cierta violencia, malo y
                    todo, el hecho encontraría una disculpa y aun quizá un
                    aplauso en la opinión pública, y el daño en las institucio-
                    nes, por excepcional y pasajero, sería bien insignificanteLOS ESTADOS
                    
                    323
                    
                    al lado del que se pone pomo permanente en una entra-
                    ña del organismo nacional.
                    
                    Los tribunales de la Federación tienen también en el
                    juicio de amparo un elemento poderoso para acabar con
                    el gobierno local, anulando sus leyes, desautorizando sus
                    aefOS y estorbando su acción constantemente. El peligro
                    será remoto en general y tendrá escaso valor cuando mo-
                    dificadas las condiciones de la Corte Suprema, se eleve
                    su carácter por encima de las agitaciones é intereses po-
                    líticos.
                    
                    Hay una fuente de peligros para los Estados que no
                    puede segarse, y contra la cual no tienen más salvaguar-
                    dia que la cordura y la lealtad de los funcionarios que
                    intervienen en la expedición de las leyes federales: 1»
                    amplitud inevitable de las facultades legislativas. Por
                    esta amplitud, una ley federal puede violar los principios
                    esenciales y las garantías de justicia del sistema federal
                    sin infringir un artículo expreso de la Constitución, im-
                    posibilitando así la defensa.
                    
                    Toda ley que impone cargas ó distribuye beneficios,
                    puede ser agresiva ó injusta; el presupuesto de egresos
                    que cada año puede favorecer á un Estado con perjuicio
                    de las necesidades de los otros y á costa de los fondos
                    nacionales, rompe sin obstáculo las bases de equidad en
                    que reposa la asociación de los pueblos.
                    
                    La solidaridad nacional tiene ciertamente que sobre-
                    ponerse al egoísmo de las localidades, que deben ver
                    sin calos las obras de mejoramiento en un Estado, puesto
                    que no es posible hacerlas simultáneamente en todos; pe-
                    ro la misma solidaridad, que no puede fundarse sino en
                    la distribución equitativa de los beneficios, exige que
                    sucesivamente se atienda á la prosperidad de todos, aun-
                    que en ninguno de ellos pueda así llevarse á un alto pun-
                    to. Hay algunos que han llegado á irritarse al ver otras324 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    regiones cruzadas por varias líneas férreas mientras
                    ellos no tienen una sola y viven con sus puertas cerrada*
                    al comercio del mundo en que podrían derramar el pro-
                    ducto abundante de su actividad emancipada. Pero lo
                    que todos, sin excepción, han visto con un sentimiento
                    de irritación exasperada, es la aplicación de gran número
                    de millones ¡il mejoramiento de la capital d° la Repúbli-
                    ca, no siempre para obras necesarias ni siquiera mera-
                    mente útiles; millones que hacen falta en los Estados
                    para las obras más indispensables á su vida pobre y di-
                    fícil.
                    
                    La constitución del Brasil, una de las mejores del
                    Continente, adoptó la siguiente disposición: "Los gas-
                    tos de carácter local en la capital de la República, incum-
                    ben exclusivamente á la autoridad municipal." El precep-
                    to es justo; pero lo cierto es que debiera ser innecesario
                    escribirlo en una constitución que establece el régimen fe-
                    deral, que es el régimen de la justicia para los pueblos
                    asociados en el pacto de la República.CAPITULO XVII
                    Problema actual
                    
                    Ninguna situación política es permanente mientras no
                    esté de acuerdo con la ley, puesto que ésta es la que con-
                    serva la unidad de dirección y movimiento al través del
                    cambio de hombres; pero ninguna ley es durable ni pue-
                    de servir para la adaptación d«e la política práctica, si no
                    es la representación del espíritu y de las condiciones so-
                    ciales. El buen legislador (ha hecho observar un trata-
                    dista de cuenta) hace un trabajo, más que de creación,
                    de interpretación del espíritu público y de la época en
                    que hace la ley. Y en verdad, sólo hay que pedir por
                    agregado que su obra vaya por delante del estado de
                    los pueblos, y al interpretarlo lo presida y lo estimule al
                    avance, abriendo el camino para facilitarlo.
                    
                    La ley de 57, en desacuerdo con el espíritu y condicio-
                    nes orgánicas de la Nación, no podía normar el gobierno,
                    porque el gobierno resulta de las necesidades del pre-
                    sente y no de los mandamientos teóricos incapaces de
                    obrar por sugestión ó por conquista sobre las fuerzas
                    reales de los hechos. Así; la situación política en que lia
                    vivido la Nación, divorciada por completo do la ley, ha
                    sido y seguirá siendo transitoria, hasta que entre el Go-
                    bierno y la sociedad, la ley sea un vínculo en vez de ser
                    un obstáculo, norma de conducta para el primero y base
                    de los derechos de la segunda.32*
                    
                    LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    Los desencantados del régimen constitucional por los
                    resultados que acusa, mas no por los principios que sus-
                    tenta, han creído encontrar una solución al conflicto de
                    sus preocupaciones, declarando que la Constitución es
                    muy adelantada para el pueblo que ha de regir. Nada
                    más erróneo, por más que esa afirmación tenga visos de
                    sabia y gane cada día terreno en la opinión de los que no
                    quieren parecer ilusos. La Constitución, en lo que tiene
                    de mala y de impracticable, obedeció á errores del pasa-
                    do que ya estaban demostrados y desechados en 1857;
                    porque se fundó en teorías del siglo XVIII, cuando ya la
                    ciencia en general seguía las concepciones positivas, y
                    cuando la del gobierno buscaba sus fundamentos en la
                    observación y la experiencia. Los principios fundamen-
                    tales de que nuestra organización constitucional emana,
                    son dos: la infalibilidad incorruptible de la voluntad del
                    pueblo, siempre recta y dirigida al bien público; la re-
                    presentación única, igualmente incorruptible é inmacula-
                    da de aquella voluntad, en la asamblea legislativa. Estos
                    dos principios tienen siglo y medio de haber estado en
                    boga, y más de media centuria de desprestigio absoluto.
                    Una Constitución que se funda en ellos, es una ley lasti-
                    mosamente atrasada.
                    
                    Si la ley que funda el gobierno en la quimera de un
                    pueblo ideal es una ley adelantada, habrá que convenir
                    en que el niño que construye sus aspiraciones sobre los
                    cuentos de hadas y encantadores está más cerca de la per-
                    fección que el hombre que ajusta sus propósitos á las rea-
                    lidades de la vida.
                    
                    Vuelve aquí á mostrarse la confusión de los principios
                    de organización constitucional, que nada tienen de ade-
                    lentados, con la obra revolucionaria de ia lleforina, que
                    constituía un real progreso; pero que, lijos de estar tn
                    la Constitución, pugnaba con su espíritu moderado. EnPROBLEMA ACTUAL
                    
                    327
                    
                    la obra de 57, fuera de las garantías individuales y del
                    juicio federal que les dió realidad jurídiea, muy poco ha-
                    brá que pueda estimarse como un avance. En cambio,
                    hay mucho que, como derivado de los dos viejos princi-
                    pios jacobinos, no debe envanecernos ni por su novedad
                    ni por su acierto.
                    
                    Por encima de la Constitución que debía unirlos, el go-
                    bierno desconcertado con ella, y el pueblo que no lograba
                    coordinar, tenían el concierto r<al, sin /;) que ninguna si-
                    tuación puede mantenerse ni como transitoria; las dos
                    grandes dictaduras que llenan la época constitucional
                    tuvieron ¡a aquiescencia y el concurso de la Nación que
                    sentía su utilidad. La de Juárez, llamada á hacer la
                    transformación social y política y á romper con la tradi-
                    ción secular, para fundar el gobierno en la conciencia
                    nueva; consagrada á echar las bases de la organización
                    del gobierno en un pueblo que las había removido todas
                    y no encontraba ninguna lirme; la de .luárez, que no tu-
                    vo límite de poder ni freno en la audacia heroica, obró
                    sus maravillas de triunfo mediante el concurso de la Na-
                    ción, que lo aplaudió en vida, y muerto ensalzó su memo-
                    ria. La del Gral. Díaz, que tomó la tarea de desenvolver
                    las fuerzas todas del país y proteger su acción para crear
                    «1 trabajo olvidado y la riqueza desconocida; de asen-
                    tar la vida de la Nación en los principios económicos que
                    sustentan á los pueblos civilizados de la tierra, arrancán-
                    dola de la mera lucha política que constituye los estados
                    anárquicos; de fundar en el interior, por el interés y el
                    sentimiento, la unidad de todos los pueblos en la comu-
                    nión de la República, de la que debe surgir la vida demo-
                    crática, y en el exterior el crédito financiero por la ri-
                    queza, y la confianza política por la paz; la del Gral. Díaz,
                    que sobre las bases de la dictadura anterior, levantó la
                    organización de pueblos que nunca la habían tenido, y328 LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    que pudieron respirar, vivir y prosperar protegidos por
                    el poder público y libertados de la tiranía del desorden,
                    tuvo, para realizar su empresa, la cooperación de la so-
                    ciedad, que vió durante muchos años sin recelos aquel
                    poder enorme, y le hizo tácitamente la concesión de to-
                    das las facultades que hubiese menester para garantizar
                    su tranquilidad.
                    
                    La dictadura desde 1857 sirvió para satisfacer las ne-
                    cesidades del desenvolvimiento nacional, que la Constitu-
                    ción era incapaz de impulsar ni de proteger; y el pueblo.
                    
                    que con su instinto de las realidades sigue á quien le hace
                    bien, desoyó la voz de los políticos mientras los dictado-
                    res lo servían, y en tanto que la dictadura laboraba á
                    diario el beneficio de la comunidad, la protegía, y á se-
                    mejanza de los señores feudales, dormía, para defender-
                    la, con la armadura puesta y apercibido el caballo de
                    combate.
                    
                    La profunda observación de Taine tiene una aplicación
                    general á todas las instituciones cuyo papel ha concluido.
                    Los reyes de la línea de Capeto habían sido temibles je-
                    fes en la guerra; fueron los libertadores de las Comunas
                    contra los señores, y distribuyendo la justicia con San
                    Luis, hicieron que la encina de Vincennes proyectara su
                    sombra sobre toda la Francia; en cada rey tuvo el pueblo
                    un jefe para la guerra, un libertador y un juez. Pero
                    cuando ya no mandó los ejércitos, ni las Comunas lo ne-
                    cesitaron, ni la justicia se hizo por su boca ¿qué era el
                    rey? ¿de dónde emanaban sus privilegios? (*). Bajo
                    las ficciones del derecho divino y al través de las apa-
                    riencias de. un despotismo por voluntad propia, los reyes
                    habían tenido en realidad su poder y sus privilegios de
                    la fuerza popular que era su aliada.  Cuando ellos no
                    
                    (*) Louis Madelin.—La Revoiution, Chsp. !PROBLEMA ACTUAL
                    
                    eran ya útiles, la alianza se rompió y el pueblo les negó
                    su apoyo.
                    
                    llecha la Nación mexicana por obra de una dictadura
                    de medio siglo, severa y fuerte, pero de evolución y de
                    mejoramiento, los dictadores han concluido su tarea y no
                    tienen ya sus privilegios ni razón en que ampararse ni
                    fuerza popular que los sostenga. Habrá dictadura de
                    accidente, de que ningún pueblo está exento; pero como
                    régimen, ha muerto con la etapa histórica que debía pre-
                    sidir por ley ineludible.
                    
                    La etapa constitucional debe seguirla. Antes de los
                    estudios históricos y sociológicos que han venido á es-
                    bozar, por lo menos, las leyes que encauzan las evolu-
                    ciones sociales, el avance quedaba encomendado á ana
                    como generación espontánea de los hechos, difícil, incier-
                    ta y penosa; pero hoy las fuerzas conscientes de la so-
                    ciedad pueden y deben concurrir para enderezar el movi-
                    miento y acrecentar su impulso.
                    
                    No pretendemos nosotros, con optimismos de teori-
                    zantes, que baste acordar la Constitución con la estabili-
                    dad del Gobierno para que comience y se afirme el rei-
                    nado de la democracia. La Ley no tiene el poder de ha-
                    cer la democracia; pero lo tiene absoluto para impedirla.
                    La Constitución, depurada de sus errores, hará posible
                    la intervención popular en el régimen de la Nación; tal
                    como está, hace imposible la estabilidad de un gobierno
                    legal. La situación de la República queda en tal caso
                    peor que nunca: la dictadura, necesaria para no llegar á
                    la desorganización de todos los elementos de gobierno,
                    pero inútil ya para el bien, sin apoyo en las fuerzas so-
                    ciales y repugnada por la opinión pública; la democra-
                    cia, indispensable, urgente como régimen único que la
                    Nación puede aceptar; pero incapaz por su organización
                    
                    constitucional de sostener el gobierno que ella misma
                    
                    21«H LK CONSTITUCION Y LA DICTADURA
                    
                    obstruye. Imposible la dictadura, imposible la desatiera -
                    cia; el gobierno que se establezca, apelando por necesi-
                    dad á la una; el pueblo, reclamando por necesidad la
                    otra; el antagonismo permanente como situación inevi-
                    table entre la Sociedad y el Poder, y la ineompatibi'idad
                    de hace cincuenta años entre la libertad que la una re-
                    clama y el orden que el otro exige.
                    
                    En estas condiciones, cualquiera situación política qu<-
                    aparente estabilidad es falsa, porque es en realidad un
                    estado de revolución latente, pronto á pasar al ríe lucha
                    sangrienta y destructora. La revolución que triunfa es-
                    tablece un gobierno, y después de prometer la democra-
                    cia, tiene que convertirse en mantenedora del orden, que
                    sólo encuentra en la dictadura; así, su único efecto es
                    cambiar los papeles: los revolucionarios se hacen mante
                    nedores del gobierno dictatorial, y los que eran defenso-
                    res del Gobierno, se hacen partidarios de una nueva revo-
                    lución democrática. Y esta situación es indefinida, por-
                    que sus causas viven ocultas é ignoradas.
                    
                    Mientras tanto, las condiciones de la vida internacio-
                    nal han cambiado en el mundo á influjo del acercamien-
                    to de todos los pueblos y del cosmopolitismo de todos los
                    países; la solidaridad humana, progresa día á día, y cada
                    nación tiene ya una responsabilidad de su conducta an-
                    te los pueblos civilizados, que son espectadores constan-
                    tes de sus actos. Ya no nos aislan, como antaño, los ma-
                    res y los desiertos; maestras conmociones se sienten, mo-
                    lestas y dañosas, en los países de cultura occidental; y
                    ellos, que no han de entrar en el estudio minucioso y de-
                    licado de las causas que las producen, llegan á la con-
                    clusión, cada día más firme, de nuestra incapacidad de
                    raza para la vida autónoma. La única manera de hacer-
                    nos inviolables en nuestra debilidad material, es hacer-
                    nos respetables por el eiimplimiento de nuestras leyes.PROBLEMA ACTUAL
                    
                    331
                    
                    por el afianzamiento del gobierno institucional, por el es-
                    tablecimiento inmutable del orden y de la paz interior.
                    Esta es la obra que reclama imperiosamente el verdade-
                    ro patriotismo.
                    
                    Si la Constitución se modifica, adaptándola ¡í las nece-
                    sidades de la organización del gobierno legal y estable,
                    no llegaremos á la democracia de los sueños en que el
                    pueblo todo auna sus anhelos y su voluntad en la acción
                    y aspiración comunes del bien, la justicia y la verdad.
                    Ningún pueblo de la tierra ha logrado ni logrará nunca
                    tal perfección. No alcanzaremos tampoco el régimen am-
                    pliamente popular que ya da sus frutos en los países de
                    más alta moralidad cívica, como Suiza é Inglaterra. Pero
                    sí nos será dado llegar á esa suerte de oligarquía demo-
                    crática on que entran y figuran todos los elementos po-
                    pulares aptos para interesarse é influir en los negocios
                    de la repúbliea; en que el reclutamiento de los ciudada-
                    nos depende de calidades que cada hombre puede ad-
                    quirir por el propio esfuerzo que lo dignifica; en que no
                    hay exclusivismos odiosos, sino condiciones en nombre
                    del decoro nacional, y en que la clase gobernante acrece
                    todos los días su número por el procedimiento automáti-
                    co y libre de la riqueza que se multiplica, la educación
                    que se difunde y la moralidad que se extiende.
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